Chiapas
Continúa la criminalización de los miembros del CNI en Tila, Chiapas
Como reportamos recientemente, los miembros de CNI del Ejido Tila y sus anexos, así como de los municipios vecinos de Tumbalá, Sabanilla, Yajalón y Salto de Agua en el norte de Chiapas, han estado sufriendo hostigamientos, amenazas, agresiones y detenciones arbitrarias, además de calumnias y difamación, por parte de los diferentes niveles de gobierno. Todo esto, con la participación activa de un grupo criminal denominado “Karma”, que itene vínculos tanto con ayuntamiento que durante años estuvo asentado ilegalmente en tierras ejidales, como con el grupo paramilitar Paz y Justicia que aterrorizó a la población en la segunda mitad de la década de 1990, como parte de la estrategia contrainsurgente del Estado para destruir al EZLN.
Como denunciamos en junio de 2024, tanto el Estado como los medios de comunicación han hecho caso omiso de la historia de lucha por la tierra y territorio, así como el despojo y la violencia criminales orquestradas desde hace décadas por el mismo Estado contra el pueblo chol de Tila.
En un comunicado publicado por el Congreso Nacional Indígena, el pueblo chol de Tila hace un recorrido histórico de dicha lucha, y exige el cumplimiento de las resoluciones legales a favor de los ejidatarios y el cese inmediato a la represión y criminalización.
A seguir, un resumen de la lucha histórica del Ejido Tila:
Antecedentes Históricos (1900–1936)
- 1900: El pueblo chol sufre su primer despojo de tierras por la finca Pensilvania Company Plantation, propiedad del finquero Maximiliano Rodemberg.
- 1910–1918: Con la Revolución Mexicana, los choles comienzan a organizarse políticamente y recuperan tierras. La gripe española de 1918 provoca la muerte de sus líderes.
- 1922–1934: El gobierno federal otorga resoluciones presidenciales, reconociendo el ejido de Tila con una superficie total de 5,405 hectáreas (2,938 hectáreas de terrenos nacionales y 2,466 de la finca Pensilvania).
- 1936: Se realiza el reparto oficial a 836 ejidatarios, con reconocimiento legal conforme al artículo 27 constitucional.
Intentos de Despojo y Conflictos con el Municipio (1943–1980)
- Desde 1943, el ayuntamiento municipal de Tila comienza a registrar casas y solares, invadiendo terrenos ejidales.
- En 1966, el gobierno local intenta crear un “fundo legal” de 130 hectáreas dentro del ejido. Esto se formaliza con el Decreto Expropiatorio N.º 72 (1980).
- Ejidatarios impugnan el decreto, lo consideran una expropiación fraudulenta.
Conflictos Agrarios y Represión (1980–2000)
- En 1981, los caciques locales y autoridades estatales retoman el poder mediante violencia y conflictos armados, despojando más tierras.
- Represión constante: Arrestos arbitrarios, destrucción del patrimonio ejidal, instalación de mercados sin permiso y apropiación de espacios ejidales.
- Entre 1990 y 2000, líderes ejidales, activistas y comunidades enfrentan hostigamiento, detenciones y amenazas.
Paramilitarismo y Manipulación Institucional (1994–2015)
- El grupo Paz y Justicia y otros grupos paramilitares son usados para controlar el territorio y reprimir a los ejidatarios.
- Autoridades locales manipulan elecciones de comisariados y falsifican documentos para legitimar su control sobre el ejido.
- Se intentan imponer proyectos sin el consentimiento de la asamblea (subestaciones, auditorios, mercados, etc.).
Resistencia Legal y Sentencias de Amparo (2008–2018)
- En 2008, se presenta el amparo 259, y en 2018, la Suprema Corte determina que:
- Nunca existió legalmente un fundo legal en Tila.
- Las 130 hectáreas son parte del ejido y pertenecen a los 836 ejidatarios.
- El Decreto 72 de 1980 fue inconstitucional y se declara insubsistente en 2019 por el gobernador Rutilio Escandón.
Corrupción, Falsificación y Violencia (2018–2023)
- Autoridades estatales y federales en complicidad con el grupo paramilitar “Karma” y líderes corruptos intentan desconocer las resoluciones judiciales.
- Se falsifican firmas y se nombra ilegalmente a comisariados como Miguel Vázquez Gutiérrez.
- Bloqueos, enfrentamientos armados y asesinatos ocurren, especialmente en 2020 (3 muertos), con impunidad total para los responsables.
Persecución Reciente y Violaciones a Derechos (2021–2023)
- Continúa la persecución armada contra líderes y habitantes del ejido.
- Se identifican agresores armados relacionados con el grupo “Karma”.
- El 13–14 de julio de 2023, se documenta el ingreso del gobierno estatal con el grupo armado, violando múltiples artículos constitucionales y de la Ley Agraria.
- Se denuncian órdenes de aprehensión fabricadas contra inocentes y nula acción contra los agresores.
Demandas del Ejido
- Cumplimiento íntegro del amparo ganado en 2018.
- Cancelación del decreto expropiatorio y todo acto derivado del “fundo legal”.
- Respeto a la autonomía del pueblo chol, reconocido por la Constitución (art. 2 y 39), convenios internacionales (OIT 169), y por la Suprema Corte.
- Cese inmediato a la represión y criminalización de ejidatarios.
Allanamiento a la vivienda de la Directora del Frayba

Allanamiento a la vivienda de la Directora del Frayba
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
24 de julio de 2025
Boletín No. 05
- En riesgo a la vida e integridad de personas defensoras en el estado “más seguro de México”.
- En menos de 10 meses 2 hallanamientos contra integrantes del Frayba.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) manifiesta su profunda preocupación ante el allanamiento a la vivienda de nuestra Directora, Dora Roblero, ocurrido la noche del 22 de julio de 2025 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Este hecho no es aislado. Tal como lo documentamos en nuestro informe más reciente “Chiapas, en la espiral de la violencia armada criminal y criminal”, la situación de riesgo para quienes defendemos los derechos humanos en la entidad se ha recrudecido. En menos de diez meses, este sería el segundo allanamiento contra un integrante del Frayba, en un contexto marcado por hostigamientos, intimidaciones y vigilancia sistemática denunciados ante instancias del gobierno federal y estatal, así como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que otorgó al Frayba las Medidas Cautelares MC-5210.
Cabe señalar que Dora Roblero fue recientemente ratificada como Directora del Frayba por su Consejo Directivo el pasado 4 de julio, en el mismo contexto en el que se perpetra este acto violento como una medida represiva en torno a la continuidad política de este Centro.
El allanamiento ocurrió aproximadamente a las 19:52 hrs., cuando una vecina advirtió que la puerta de entrada de la casa de Dora Roblero estaba abierta, tras recibir el aviso, Dora les solicitó encendieran la luz de la sala y cerraran la puerta, al hacer este hecho se percataron de un ruido en la planta alta, por lo que procedieron a cerrar inmediatamente la puerta y retirarse del lugar, acto seguido arribaron para acompañar integrantes del equipo Frayba, quienes llegaron al domicilio a las 20:30 hrs.
A su llegada, constataron varios signos de irrupción: las lámparas de la calle no funcionaban, pese a estar activadas por sensores de movimiento, la chapa de la puerta principal estaba forzada, una silla había sido desplazada hacia la cocina, la puerta del traspatio carecía de pasador, una ventana del segundo piso se encontraba abierta de par en par, un frasco de champú estaba tirado en la regadera.
Ante la gravedad de lo observado, a las 21:30 horas se activó el botón de emergencia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos. Sin embargo, la respuesta institucional fue negligente y evasiva. A las 21:39 hrs., un agente estatal se comunicó únicamente para preguntar sobre las medidas cautelares, sin ofrecer respaldo ni canalizar acción alguna. Dora señaló que jamás recibió los números de contacto de los agentes responsables de los rondines en su domicilio. Como única sugerencia, el agente le indicó que marcara al 911.
La desprotección continuó. A las 22:02 PM, una patrulla de la Policía Municipal llegó al lugar con cuatro elementos, quienes se limitaron a levantar una entrevista sin diligencia alguna. A las 22:40 hrs., llegaron cuatro agentes de la Guardia Estatal, sin que se activara un protocolo adecuado de protección, retirándose del lugar a las 23.00 hrs.
Ante estos hechos realizamos la denuncia formal ante la Fiscalía de Distrito Altos, por los delitos de allanamiento y los que resulten con el número R.A. 0958-078-0305-2025. Es claro que la justicia no vendrá del gobierno mexicano, así lo demuestra los casos de impunidad que se mantienen como una loza inquebrantable como es el caso de Simón Pedro o el caso del Padre Marcelo.
Este acto constituye una grave violación a los derechos humanos y al marco de protección internacional, pues transgrede las medidas cautelares dictadas por la CIDH, que el Estado mexicano está obligado a cumplir. Más aún, representa una agresión directa contra Dora Roblero, el Frayba como institución y quienes les integran, una clara represalia por su labor de defensa y denuncia ante las múltiples violencias que se ejercen en Chiapas.
En el Frayba hemos documentado este hecho como parte de una serie de agresiones que evidencian el grave deterioro en la garantía de derechos humanos en México, especialmente para quienes luchan por la justicia desde los territorios.
La omisión, descoordinación y falta de voluntad institucional es parte de una política sistemática de desprotección que expone constantemente a quienes defienden la vida y el territorio, en contradicción con el discurso oficial del gobierno estatal, que prioriza la propaganda y el control poblacional por encima de la garantía de derechos, vaciando de contenido conceptos de paz y justicia, utilizándolos de una manera publicitaria y trivial.
Exigimos al Estado mexicano: Que garantice plenamente y de manera inmediata la seguridad integral de Dora Roblero y del equipo del Frayba; que se investigue con seriedad y sin dilación el allanamiento ocurrido; que se cumpla cabalmente con las medidas cautelares dictadas por la CIDH; se ponga fin a las omisiones y simulaciones institucionales que vulneran los derechos de quienes defienden la vida y la dignidad. Convocamos a personas, organizaciones y colectivas solidarias a manifestarse frente a esta violencia directa y estructural promovida por los gobiernos federal y estatal; en estos momentos obscuros es vital defender y proteger la vida de quienes luchan por los derechos humanos, de la tierra y el territorio en Chiapas.
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