Frayba
[:es]Criminalización a medios libres vulnera derecho a la libertad de expresión[:]
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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
15 de septiembre de 2016
Boletín No 18
Criminalización a medios libres vulnera derecho a la libertad de expresión
Radio Zapote, frecuencia libre ubicada en la Ciudad de México, denuncia agresiones y hostigamientos que vulneran el derecho a la libertad de expresión1, en un contexto de grave riesgo para quienes se dedican a la comunicación en el país y de creciente criminalización, a partir de la Reforma en Telecomunicaciones, especialmente en contra de las radiodifusoras comunitarias.
El jueves 18 de agosto de 2016, a las 11:00 horas aproximadamente, ocho personas que se identificaron como verificadores del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) requisaron el equipo de Radio Zapote, radio comunitaria, popular y estudiantil. El equipo sustraído fue: un transmisor de frecuencia modulada de baja potencia, una antena de polarización circular y una línea de transmisión. El operativo se realizó bajo hostigamiento judicial.
Radio Zapote nació en el año 2001, en el marco de la Marcha del Color de la Tierra de la comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Es un espacio autónomo, autogestivo, colectivo, crítico, con sede en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Esta nueva agresión forma parte de una serie de ataques a su labor informativa y periodística, en aumento desde enero de 2015: amenazas de desalojo, intento de allanamiento, cortes de servicios telefónicos, obstaculización a la transmisiones, vigilancia, campañas de desacreditación a sus integrantes y ataque cibernético al portal www.radiozapote.org.
Los hostigamientos a medios libres y comunitarios vulneran el derecho a la libertad de expresión, algunas radios agredidas en 2016 son: La chilenita en Puebla, Radio Plantón en Oaxaca, la Ke Huelga Radio en la Ciudad de México, entre otras. El Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos, Gobixha, en Oaxaca, denuncia que este año han sido asesinados dos locutores de la Radio Tu’un Ñuu Savi, en Huajuapan de León: Salvador Olmos, el 26 de junio pasado y Agustín Pavia, el día 13 de septiembre; además integrantes de la Radio comunitaria Tlaxiaqueña reportan amenazas en su integridad física y en su libertad, a partir de la cobertura de las violaciones a derechos humanos en Asunción Nochixtlán.2
En septiembre de 2015 Regeneración Radio http://www.regeneracionradio.
Lo anterior conforma un patrón de violencia institucionalizada que pretende callar las voces críticas, a partir de mecanismos de censura, en medio de una crisis de derechos humanos nacional. Como lo refiere la organización Articulo 19, en su Segundo Informe Trimestral 2016: “La violencia institucional tiene diversas manifestaciones específicas tales como la judicialización y su extremo la criminalización.3
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C nos sumamos a las voces que exigen cese a la criminalización de los medios libres y comunitarios. En particular llamamos a apoyar la campaña: Murallas de solidaridad, http://kehuelga.net/muralla/
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[:es]Impactos de megaproyectos en Chiapas en informe al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos humanos de la ONU[:]
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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
5 de septiembre de 2016
Boletín No 17
Impactos de megaproyectos en Chiapas en informe al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos humanos de la ONU
La responsabilidad de empresas y Estado mexicano en la violación a derechos humanos en comunidades y pueblos en Chiapas, forma parte de la información presentada al Grupo de Trabajo Sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, (ONU) en el marco de la visita oficial del organismo internacional a México, del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016.[1]
El Informe Empresas y Derechos Humanos, elaborado por una Coalición de más de 100 organizaciones, comunidades y redes de la Sociedad Civil, incluye la documentación del caso: Construcción de la represa hidroeléctrica Chicoasen II, proyecto que afecta a población, con raíces indígenas zoques, previamente desplazada y despojada de sus tierras ejidales en los años ochenta por la represa Manuel Moreno Torres, mejor conocida como Chicoasén I.
El Comité Ejidal de Ejidatarios Básicos y Posesionarios Avencidados del Ejido Chicoasen, en Chiapas (Comité Ejidal Chicoasen) informó a la ONU los abusos a derechos humanos: a la consulta previa e informada y culturalmente adecuada, a la información, a la tierra y el territorio, por parte de la Comisión Federal de Electricidad y las empresas Sinohydro Costa Rica, Omega Construcciones, Desarrollos y Construcciones Urbanas y Caabsa Infraestructura, como resultado de los avances del proyecto hidroeléctrico Chicoasen II, desde el año 2012.
La empresa Sinohydro Costa Rica, compañía matriz con sede en Beinjin, tiene antecedentes de violaciones a derechos humanos en Honduras, donde estuvo involucrada en el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras la denunció como responsable de una estrategia desarrollada también en Chicoasen: falsificar firmas, imponer comisariados ejidales, hostigar, agredir y amenazar a campesinas y compesinos en complicidad con autoridades locales. Cabe recordar que Bertha Cáceres, ambientalista, líder del COPINH, defensora de derechos humanos y ganadora del premio medio ambiental Goldman, fue asesinada en marzo del 2016 en el contexto de la lucha lenca contra las empresas, hecho que alertó de la grave situación de riesgo para las personas defensoras del territorio en América Latina.






