Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Familias maya q’eqchi’ son expulsadas de la comunidad Buena Vista, en el norte del lago de El Estor. Foto: Juan Bautista / Prensa Comunitaria}

La mañana del miércoles (22), cientos de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala desalojaron a la comunidad maya Q’eqchi’ de Buena Vista Tzinté, ubicada en la parte norte del Lago de Izabal, departamento del mismo nombre, Guatemala.

Tras la afectación de su previo asentamiento, cuya condición inhabitable fue declarada por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) debido a deslaves ocurridos en la sierra Santa Cruz, desde el año 2015 las familias de Buena Vista ocupaban las tierras que sus abuelos reivindicaban ancestralmente y donde hasta hace unos días sembraban alimentos para el autoconsumo.

En total, 29 familias fueron expulsadas de un terreno de siete caballerías (un predio agrícola de 6 a 43 hectáreas) pertenecientes a la micro región “El Bongo” y cuya propiedad reclama el agroindustrial Luis Fernando Arriaza Migoya, dueño de monocultivos de palma aceitera que suministra insumos a la empresa Naturaceites, también señalada por utilizar violencia para expandirse en la región del Valle del Polichic.

Según reporta Prensa Comunitaria, el conflicto por las tierras tiene su origen debido a que, en el año 1980, Arriaza Migoya “se apropió de 7 caballerías del Bongo”, por lo que entre 2019 y 2021 las familias campesinas ya habían sido objeto de intentos de desalojo por parte de los agroindustriales que mantienen monocultivos de palma aceitera en aquellas tierras.

Ya desde el año 2016, la Cámara del Agro acusaba los campesinos de invasión y usurpación contra la Finca Tzinté. A través del empresario cafetalero Nils Pablo Leporowski Fernández, el gremio agroindustrial presionaba al poder judicial de Guatemala para efectuar el desalojo de las familias al sostener, mediante denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos, la destrucción del bosque por los campesinos.

Ahora, niños y adultos padecen el desabrigo tras ser desalojados debido a la orden emitida por la jueza Sandra Nineth Ayala Tello, del Juzgado de Paz de El Estor, atendiendo los reclamos por supuestos delitos medioambientales.

Un comunicado firmado por el Comité de Unidad Campesina (CUC) asevera que dicha sentencia aún no está firme, ya que está siendo revisada en un recurso extraordinario de casación. “A pesar de esto, el Juzgado de Paz ha procedido con la ejecución del desalojo”, denuncia la organización que es acompañada por articulaciones sociales a nivel internacional.

Resalta que desde la Finca Tzinté se provee de racimos de frutos frescos a la procesadora Pataxte, al sur del Lago de Izabal y propiedad de Naturaceites, quien a su vez vende el aceite de palma a Ferrero, la tercera empresa de confitería de chocolate más grande del mundo.

“Está claro que la ejecución del desalojo es promovida por una orden judicial que presenta evidentes de irregularidades. La finca Tzinté, en la que habitan estas familias, es parte de un grupo de propiedades bajo investigación judicial por diversas irregularidades, investigación que hasta la fecha no ha avanzado. Estas acciones son promovidas por los poderes ocultos que tienen cooptado a jueces y cortes corruptas que avalan estas ordenes ilegales”, asevera el CUC.

Para agravar la situación, de acuerdo a testimonios recabados por el periodista Carlos Ernesto Choc, además del desalojo existen siete personas con órdenes de captura, tres de ellas mujeres, lo que mantiene a los campesinos en estado de alerta.

En estado de alerta

En el año 2019, durante el intento de desalojo de la comunidad Plan Grande y el caso de criminalización contra Abelino Chub Caal, el historiador Harald Waxenenecker presentó un peritaje para coadyuvar en el proceso penal de Chub Caal, perseguido por las empresas Inversiones Cobra S.A y Bananera de Izabal S.A, propiedad de Miguel Ángel Arriaza Migoya.

En su estudio, el historiador demuestra el entretejido familiar-empresarial de los Arriaga por medio del cual consiguió el título de propiedad de las fincas donde ahora producen palma de aceite. El documento “Relaciones sociales de poder y apropiación de recursos naturales y de la tierra en El Estor, Izabal” detalla que fue gracias a los beneficios otorgados a empresarios y militares, durante y después del conflicto armado interno (1960-1996), lo que les permitió a los Arriaga apoderarse de grandes extensiones de tierra.

En ese contexto, las afectaciones no se limitan a la comunidad de Plan Grande, -como en el caso de Chub Caal-, ni de Buena Vista solamente. Habitantes de la comunidad maya Q’eqchi’ de Chapin Abajo, al sur del lago de Izabal, aseguran que sus tierras también fueron despojadas durante los años de la guerra por lo que actualmente mantienen procesos de recuperación de sus tierras ancestrales. 

En entrevista con Avispa Mídia, Pedro Cuc Pan, autoridad ancestral de Chapín Abajo asegura que en días previos recibieron información, cuya fuente se mantienen en anonimato por seguridad, sobre el desalojo de Buena Vista y el preludio de nuevas agresiones por parte de la agroindustria, en complicidad con el poder judicial guatemalteco a través del Ministerio Público (MP).

Desde el pasado viernes (17), autoridades ancestrales de comunidades alrededor del Lago de Izabal emitieron la denuncia sobre las amenazas de desalojo. Peor aún, aseguraron que la empresa Naturaceites pretende capturar o asesinar a líderes comunitarios.

Cuc Pan detalla que, de acuerdo a la información obtenida, el plan de la agroindustria es detenerlo junto con Pedro Choc Ico y Mariano Choc Bol, también autoridades Q’eqchi’. Según Cuc Pan, si no logra capturar a las autoridades ancestrales, la empresa Naturaceites está dispuesta a contratar sicarios para ordenar su asesinato.

El indígena Q’qechi’ sostiene que estas amenazas ocurren en un contexto de intimidación, debido a que, desde el mes de enero de este 2024, han escuchado detonaciones provenientes de un embarcadero naval cercano. Cuc Pan asegura que los disparos son realizados con armas de grueso calibre. 

“Nos pueden capturar, asesinar un par de nosotros, no importa, de todos modos tenemos hombres, mujeres, jóvenes, jovencitas, niños y niñas que se le están inculcando sobre estos derechos históricos”, destaca la autoridad, pues asegura que las tierras son propiedad indígena, “no como lo dice un documento, sino como lo declara la historia”.

Por su parte, la mañana de este jueves (23), autoridades ancestrales de Iximulew -con la participación de pueblos mayas, xingas y garífunas-, se pronunciaron contra el que calificaron como “desalojo ilegal” de las 29 familias de Buena Vista Tzinté.

Mediante comunicado, el Consejo Ancestral Maya Q’eqchi’ del Estor condenó las violaciones a los derechos humanos cometidos por el MP y la jueza Ayala Tello, así como declaro como non grata a la Fiscal General, Consuelo Porras.

“Alzamos nuestra voz como autoridades ancestrales Maya Q’eqchi’ en el territorio y exigimos el respeto a nuestros derechos, especialmente al MP, que está al servicio de la corrupción, del crimen organizado, de terratenientes y empresas extractivas, como también de jueces cooptados y que criminalizan a las y los hermanos quienes defendemos la Madre Tierra y los territorios”, sostienen en el documento, y exigen un alto a los desalojos y criminalización.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Mundial

A quienes suscribieron Una Declaración por la Vida

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

Al Pueblo de México

A los medios libres y autónomos

24 de mayo de 2024

Hermanos, hermanas de México y del mundo, queremos compartir lo sucedido a lo largo de estos días, desde el 30 de abril de 2024, fecha en la que el gobierno municipal y estatal de Guerrero, se comprometieron a vigilar el territorio colindante entre San Jerónimo Palantla, Nuevo Amanecer y Xochitempa tras nuestras denuncias por ataques provenientes de San Jerónimo hacia la comunidad de Xochitempa y Nuevo Amanecer, pertenecientes éstas dos últimas al CIPOG-EZ. Los ataques ya habían sido constantes, disparos, incursiones y falsas denuncias.

Tras el compromiso firmado con el gobierno municipal de Chilapa y el gobierno del estado de Guerrero de que pondrían un cuartel de la Guardia Nacional para evitar los ataques y de que entrarían a San Jerónimo Palantla a detener a nuestros agresores pertenecientes al grupo Frente de Defensa Popular (FDP), grupo que se vinculó en su momento al grupo narco-paramilitar Los Rojos y hoy en día al grupo narco-paramilitar Los Ardillos, ni se instaló el cuartel, ni se detuvo a nuestros agresores; entre los principales agresores se encuentran Clemencia Guevara Tejedor, Efraín Torres Fierro, Constantino Calvario Merino y Redolfo Colorado.

Después del 30 de abril, fecha en la que se firmó el compromiso, las comunidades de Nuevo Amanecer y Xochitempa, continuaron siendo atacadas, 26 ataques con armas de fuego en lo que va de este año 2024. Es por eso que el jueves 23 de abril, decidimos tomar el control como Sistema Comunitario que somos, por la inseguridad que se vive, para detener a nuestros agresores. En esta acción que corresponde al mal gobierno pero que al no hacer nada, nos obliga a hacerlo a nosotros, perdió la vida uno de nuestros compañeros, policía Comunitario Pedro Vázquez Matiaz, de la comunidad de Zacapexco, pues al ingresar a San Jerónimo fuimos recibidos con R-15 y cuernos de chivo.

Queremos decir con mucha claridad que la violencia que se vive en Guerrero y en el país, es responsabilidad del estado. La violencia que recorre a nuestro país se despliega hasta lo más profundo del territorio, la sangre de los pueblos, de quienes defienden el territorio y con ello la vida, es irrelevante para quienes gobiernan este país, para ellos lo único que importa es ser los mandones e imponer su visión del mundo, es continuar con la lógica de destrucción del territorio para generar más riquezas aunque de ello dependa el futuro de la humanidad; una carrera acelerada hacia el colapso.

En estos tiempos electorales para los calendarios de arriba, en nuestros calendarios, tal como si fuera el mismo día desde hace cientos de años, sigue marcando el tiempo de la resistencia y de la organización. Mientras para los de arriba la paz es un estorbo para sus aspiraciones de ser elegidos para gobernar y traer la paz y así de manera ininterrumpida de tal forma que prefieren la muerte, la guerra, la miseria, para así hacerse necesarios y mantener este sistema de gobernantes-gobernados, nosotras y nosotros hemos demandado la paz de muchas formas, pero como ya lo vean hermanos y hermanas, para ellos la vida no es prioridad.

Que vergonzoso necesitar de la muerte y de la miseria del pueblo para lucrar con su desesperación, aparecer con recetas mágicas y pedir ser votados para gobernar y ver así la posibilidad de llevar el pulgar arriba para que vivan o abajo cuando ya no sean necesarios. Pero eso sí, se rasgan las vestiduras cuando a alguien se le ocurre decir “no hay que votar” o “boicoteemos las elecciones” o peor aún, “votes o no votes, organízate y lucha”. Estos son para los de arriba el cáncer de México, traidores a la patria.

Todos los partidos políticos se burlan del pueblo, todos son despreciables.

En estos momentos nos encontramos en alerta máxima, pues luego de lo ocurrido en San Jerónimo Palantla, empezaron las amenazas de parte de sus habitantes al más puro estilo de los Ardillos, tal como son, ordenando a “los transportistas, materialistas, abarroteros y a todos los que levanten pasaje de Rincón Zacapexco Alcozacan Xicotlan Tula Xochitempa les vamos a rajar su madre así que están avisados ya que el gobierno no ase (SIC) caso nos vamos a levantar…” Llamamos al mal gobierno a cumplir con sus deber y con su palabra, a detener la violencia que se vive en nuestro territorio.

ATENTAMENTE

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA

AL PUEBLO DE SIMOJOVEL
A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
A LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL A LA ARQUIDIÓCESIS DE TUXTLA GUTIÉRREZ.
A LA DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
A LA DIÓCESIS DE TAPACHULA
A TODOS LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUENA VOLUNTAD

“PEREGRINACIÓN POR LA PAZ Y LA VIDA”

“Dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios” (Mt. 5,9)

El Pueblo Creyente de la Parroquia de San Antonio de Padua, Simojovel, Chiapas; y en el nombre de Nuestro Señor Jesucristo les deseamos paz y bendiciones a todos los hombres y mujeres de buena voluntad en este día que peregrinamos y denunciamos las situaciones sociales injustas que lastiman y dañan a nuestros pueblos y comunidades. Les saludamos en este día, cercano también a cumplirse 3 años del asesinato de nuestro hermano catequista Simón Pedro. Cuya Sangre inocente sigue clamando justicia al cielo. Les saludamos, a los pocos días de la terrible masacre de nuestros hermanos catequistas y candidato al diaconado permanente del Ejido Morelia, Municipio de Chicomuselo, con quienes hoy nos solidarizamos y enviamos una palabra de aliento: hermanos y hermanas de Chicomuselo permanezcan fieles al único camino, el camino de la Paz y de la Vida, el camino, cuya sangre Cristo Jesús nos ha dejado señalado.

En el contexto social actual que vivimos como pueblos y comunidades vemos mucha inseguridad. Inseguridad que se manifiesta en las detonaciones de armas de fuego de alto calibre durante el día y la noche; los secuestros, los feminicidios, personas que manejan vehículos en estado de ebriedad sin que nadie haga algo para evitar estos actos de peligro, vemos civiles armados que intimidar a las personas y a los comerciantes, venta de alcohol a menores de edad y a cualquier hora del día y la noche, venta de droga en las escuelas y en diferentes comunidades de nuestra parroquia, la inseguridad también se manifiesta en el robo de vehículos para después venderlos de forma ilegal.

Como Iglesia nos preocupan los Jóvenes de nuestro pueblo y nuestras comunidades. Al día de hoy muchos de ellos se agrupan para vender armas de fuego e incluso se promocionan en las redes sociales. Son agentes de venta de drogas, armas y muchas jovencitas son prostituidas en cantinas irregulares que hay aquí en Simojovel, mientras que otros jóvenes son contratados para realizar actos ilícitos. Todo esto es por la cooptación de grupos delincuenciales que esclavizan a las juventudes. Estos grupos delincuenciales se aprovechan de la pobreza de la gente y del sueño de los jóvenes buscando una mejor oportunidad de vida.

En el contexto socio-político de las próximas elecciones municipales en Simojovel y San Andrés Duraznal, por pertenecer a nuestra parroquia, elecciones estatales y federales; como Iglesia queremos recordar que:

• el voto es libre y secreto, y no se le puede condicionar a nadie;

• que obligar a votar por un partido o candidato, recoger credenciales para favorecer a un candidato, pagar los votos, hacer promesas a la gente para que voten a favor de un candidato o partido SON DELITOS ELECTORALES Y VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS.

Les recordamos que las elecciones son un ejercicio ciudadano en favor de la democracia en nuestro país. Cada persona es libre de votar según sea su voluntad y sus convicciones. Que todo proceso democrático debe realizarse en ambientes de paz y justicia.

Ante este panorama social que hemos descrito, plateamos las siguientes Exigencias para el próximo 2 de junio:

• Exigimos elecciones pacíficas tanto en el municipio de Simojovel como en el de San Andrés Duraznal; y en nuestras comunidades.

• Exigimos respeto a las diferencias políticas existentes en nuestros municipios y el respeto a los derechos humanos de cada persona. No se puede, ni se debe violentar la vida y la libertad por enojos y rencores políticos.

• Exigimos elecciones políticas sin armas, ni violencia, ni amenazas a persona alguna.

• A quien resulte ganador le exigimos el cierre de cantinas y el alto a la venta de drogas tanto en el municipio como en las comunidades, que implemente acciones concretas de seguridad para nuestras comunidades y nuestros pueblos; que investigue y sancione a las personas y grupos que efectúan disparos de armas de fuego que amedrantan y meten miedo a la población, que investigue y sanciones los responsables de los feminicidios y que ponga alto a la intimidación a los comerciantes.

• Le exigimos justicia y equidad para todas y todos.

• Que actúe como un verdadero gobernante para todo el pueblo, sin favoritismos, sin discriminaciones ni exclusiones y que busque el bienestar para todos.

Rogamos a Dios nuestro Padre, a nuestra Madre Santísima de Guadalupe, Patrona de nuestro País, a nuestros Santos Patronos y Mártires que, como Iglesia, nos sostengan en este camino que hemos iniciado desde hace muchos años para la construcción de la paz en nuestros pueblos y comunidades.

Simojovel de Allende, Chiapas. México. A 23 de mayo de 2024.

¡Qué viva Cristo Rey! ¡Qué viva nuestra madre Santísima de Guadalupe! ¡Vida San Antonio de Padua! ¡Qué viva el Príncipe de la Paz! ¡Qué viva la Justicia, Que viva la Libertad, que vivan los hombres y mujeres que luchan y trabajan por la paz, Que viva nuestra Diócesis de San Cristóbal, que Viva nuestro hermano Simón Pedro!

ATENTAMENTE

PUEBLO CREYENTE DE LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA

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Fuente: Avispa Midia

^{Texto y fotos por Elizabeth Díaz} 

“Desafortunadamente el ejido de San Antonio Calpulalpan es de los más deforestados de la región, sus áreas boscosas están desapareciendo junto con los vestigios arqueológicos y nuestra identidad – sin ellos, sin su estudio no sabremos quienes fuimos y no sabremos defender quienes somos y qué tenemos- a pasos agigantados sin que ningún representante ejidal se pronuncie al respecto afectando no solo al ejido sino a toda la región con sus malas decisiones y su ambición de poder y dinero”, integrantes del Colectivo 16 de Octubre. 

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En los últimos cuatro años, Calpulalpan, Tlaxcala, México, ha enfrentado una serie de desafíos que han afectado profundamente a su comunidad. Entre estos se encuentra la instalación de varios proyectos industriales, incluido el Parque Solar Nueva Xcala, así como una planta cartonera, una cervecera y una maltera. Estas iniciativas han generado tensiones dentro de la población, exacerbando problemas preexistentes y contribuyendo a un clima de inseguridad. Se ha observado un aumento en la actividad del crimen organizado, con casos de robos a mano armada, narcomenudeo, desapariciones y asesinatos. Sin embargo, la respuesta de la administración municipal ha sido su falta de atención a estas problemáticas y su aparente falta de voluntad para abordarlas de manera efectiva. 

En este contexto de adversidad, ha surgido un movimiento de resistencia liderado por un grupo de vecinas-vecinos, ejidatarios y defensores de derechos humanos conocido como Colectivo 16 de Octubre (C16O). Esta organización, que se describe a sí misma como apartidista y sin fines de lucro, busca proteger el territorio y el patrimonio de la comunidad frente a lo que perciben como intentos de despojo por parte de diversas entidades e instituciones. Su labor se enfoca en la defensa integral del territorio, abordando tanto las amenazas ambientales como las violaciones de derechos humanos que enfrenta la población local. 

“Nos organizamos para defendernos colectivamente de las personas, instituciones y empresas que quieren despojarnos de nuestro territorio y patrimonio que nos dejaron nuestros antepasados,” sostienen integrantes del C16O. 

En términos de acciones concretas, el C16O ha colaborado estrechamente con la asociación civil Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) para presentar una demanda legal destinada a anular contratos de usufructo de tierras ejidales con empresas fotovoltaicas, como ENGIE. Esta demanda busca garantizar que las decisiones tomadas por la Asamblea General de Ejidatarios se realicen conforme a la ley y en beneficio de la comunidad en su conjunto. El colectivo ha llevado a cabo investigaciones sobre las actividades de las empresas involucradas en los proyectos industriales y ha realizado labores de concientización y movilización ciudadana. 

“En el año 2023 presentamos una demanda que busca anular las actas de las Asambleas Generales de Ejidatarios y Ejidatarias de los años 2017 y 2018, donde se autorizó de forma ilegal la celebración de contratos de usufructo de las tierras ejidales de San Antonio Calpulalpan con empresas fotovoltáicas como ENGIE. Pues queremos que las decisiones que tome la asamblea se realicen respetando la Ley Agraria y en beneficio de la comunidad y las familias de Calpulalpan”, señalan integrantes del C16O. 

Los impactos del Parque Solar Nueva Xcala en los habitantes de Calpulalpan han sido profundos y multifacéticos. Además de fracturar el tejido social y limitar el libre tránsito en áreas cercanas al parque, se ha observado un cambio en el clima regional, con consecuencias devastadoras para la agricultura y otras actividades económicas tradicionales, como la ganadería y la producción de pulque. Este cambio climático, exacerbado por la presencia de la empresa fotovoltaica y sus instalaciones, ha llevado al despojo de territorio y a la violación de derechos fundamentales de la población, incluido el acceso a la alimentación y la consulta sobre decisiones territoriales.

Existe una preocupación creciente por los efectos potenciales de futuros proyectos industriales en la región. La instalación de más parques solares y la construcción de un libramiento en la carretera federal México-Veracruz amenazan con aumentar los daños ambientales, la deforestación y la disminución de tierras de cultivo, lo que podría tener consecuencias devastadoras para la comunidad local y el medio ambiente. Estos proyectos también podrían afectar negativamente la economía local, aumentando la inseguridad y la migración de la población. 

“Ante este escenario vemos la llegada de otros dos parques solares en el municipio y otros en la región; la pretensión de instalar un basurero en la cabecera bajo la imposición de la actual gobernadora. Quisieron instalar uno en el ejido de Cuaula pero metieron una demanda y no se ha instalado; y una imposición más, un libramiento en Calpulalpan, en la carretera federal México-Veracruz sin consultar a la población”, informan integrantes del C16O.

La lucha de Calpulalpan va más allá de la resistencia a proyectos industriales específicos; es un reflejo de un contexto político más amplio de corrupción, saqueo y falta de representación efectiva por parte de las autoridades locales y ejidales que está presente en todo el país. 

La falta de transparencia y la complicidad de las administraciones municipales en la promoción de megaproyectos industriales han generado una profunda desconfianza en las instituciones gubernamentales y han llevado a la población a buscar otras formas de organización y resistencia. En este sentido, el trabajo del C16O y otros grupos de defensa de derechos humanos es fundamental para empoderar a la comunidad y proteger su territorio y patrimonio frente a intereses externos y el despojo. 

22 de mayo 2024

• Organizaciones manifestamos nuestra preocupación ante el asesinato de Antonio Regis Nicolás, comunero de Santa María Ostula

El 17 de mayo de 2024 fue asesinado Antonio Regis Nicolás, comunero de Santa María Ostula, en el municipio de Aquila, Michoacán, quien fue interceptado por un comando fuertemente armado de la delincuencia organizada, vestido con trajes militares. El lugar donde fue asesinado el comunero, ha sido señalado de manera reiterante ante el gobierno Federal y Estatal como un área controlada por grupos criminales, hasta el momento todos los niveles de gobierno han sido omisos a la solicitud de las autoridades de Ostula por fortalecer la vigilancia en estas zonas. Ante los recientes hechos reiteramos la preocupación que manifestamos en febrero de este año, cuando la comunidad de Ostula vivió un ataque armado.

La comunidad de Ostula informó del asesinato en un pronunciamiento, en donde refieren que el comunero fue asesinado por formar parte de la Comunidad de Ostula. Antonio Regis, su esposa e hijo de 2 años viajaban por una emergencia médica.  Desde hace meses el camino que conduce al hospital es vigilado por grupos delincuenciales, por lo que la comunidad se ve obligada a tomar rutas alternas que ante una emergencia médica toman mucho tiempo para llegar al hospital.

Esta situación es un ejemplo del alto riesgo que se vive en Santa María Ostula. Al estar  las vías de comunicación y los accesos controlados por grupos del crimen organizado, se vulnera la vida comunitaria y los derechos más fundamentales como el de la salud, la alimentación y el acceso a servicios públicos para la subsistencia, entre otros.

Ante el incremento de los ataques y asedio permanente hacia la comunidad hacemos un llamado a las autoridades gubernamentales del Estado de Michoacán a atender de manera urgente la situación histórica de violencia y agresiones en contra de las y los pobladores de Santa María Ostula.

Llamamos al Gobierno Federal a cumplir con sus obligaciones y hacer un reconocimiento público al pueblo indígena, así como garantizar las condiciones para  que puedan ejercer sus derechos colectivos a la autonomía y libre determinación, así como el respeto a su jurisdicción para el funcionamiento del gobierno comunal de Santa María Ostula y su Guardia Comunal para garantizar la seguridad del poblado.

Urgimos a la Fiscalía General de Justicia de Michoacán a iniciar una ruta para la justicia, que incluya la investigación de los hechos y el seguimiento activo de las carpetas de los crímenes cometidos en Ostula, que van desde la desaparición forzada hasta el asesinato.

Urgimos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del cual la comunidad está incorporada, para que  fortalezca las medidas de protección y genere acciones necesarias para garantizar la vida, integridad y seguridad de las personas de la comunidad.

Justicia por el reciente asesinato de Antonio Regis Nicolás, la ejecución extrajudicial del jóven Lorenzo Froylán de la Cruz Ríos en agosto de 2023, así como el asesinato de los 3 guardias comunales: Isaul Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes, Rolando Magno Zambrano, el 12 de enero de 2021.

ANEXO: Lista de asesinatos y desapariciones verificada por la Comunidad de Santa María Ostula, su Concejo Comunal y su Comisión de Seguridad.

Comisión de Coordinación y Seguimiento del CNI/CIG

CNI Milpa Alta

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas. 

Las organizaciones que integran el Espacio OSC son: ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), ​​Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México.

Escuela Comunal Casa del Arte Tlaixco

Movimiento Agrario Indígena Zapatista

Movimiento de Articulación de Los Pueblos Olvidados de la Cañada (MAPOC Sierra Mazateca)

Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)

(Integrada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Agua y Vida, mujeres, derechos y ambiente (Chiapas); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.) Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Espacios para la Defensa y el Florecimiento Comunitario (ESPADAC), (Oaxaca); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Frontera con Justicia A.C. Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ (Guadalajara, Jal.); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF); Programa Universitario de Derechos Humanos Ibero León (Guanajuato) Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).

Red Solidaria de Derechos Humanos A.C. (Michoacán)

Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Acteal, Chenalhó, Chiapas, México.

22 de mayo 2024

Al Congreso Nacional Indígena

Al Consejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A las y los Defensores de los Derechos Humanos

A los Medios Libres y Alternativos

A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional

A la Sociedad Civil, Nacional e Internacional

Hermanas y Hermanos:

Les queremos decir que hoy nos unimos al dolor de nuestras hermanas y hermanos de Chicomuselo, pidiendo a Dios que consuele su corazón. También compartimos la esperanza de que la lucha de nuestros pueblos nos traerá la justicia que anhelamos. Y denunciamos la fallida estrategia de seguridad nacional del gobierno saliente, pues tuvimos un gobierno con más de lo mismo, que fue incapaz de desterrar la injusticia, la inseguridad, y que se dedicó a deslegitimar a las personas, organizaciones y pueblos que luchan y defienden sus derechos humanos, así como la lucha y defensa por la vida, la tierra y el territorio.

Las primeras lluvias de mayo, animan el corazón de nuestra madre tierra, y también el de nosotras y nosotros, pero nuestra memoria nos vuelve a recordar que la masacre de Acteal, continua impune. Hoy también recordamos con dolor la masacre de Nuevo Morelia en el Municipio de Chicomuselo, donde a hermanas y hermanos nuestros, tras resistir amenazas y hostigamientos, les fue arrebatada su vida mientras se dedicaban a construir la paz, en medio de la violencia impuesta por los grupos delincuenciales que los asesinaron. También vemos en su sacrificio, al igual que en el de nuestros mártires de Acteal ¡el triunfo de la dignidad, la verdad, y la verdadera libertad! Y ya forman parte de las personas bienaventuradas por su compromiso. Tenemos la esperanza de que Dios pedirá cuentas por la sangre derramada de nuestras hermanas y hermanos, como Yahvé lo hizo con Caín, porque la sangre de las y los mártires clama a Dios desde la tierra. Y ¡ay de aquellos que gozan haciendo sufrir al pueblo de Dios, porque serán malditos y condenados por Dios!

En estos tiempos difíciles que vivimos, nos mantenemos en alerta, ya que los miembros de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal vivimos en diferentes parajes y municipios, y no en todos los municipios hay tranquilidad. Como sabemos, hay desplazados y ahora que ya es el tiempo de sembrar el maíz y el frijol, como muchos otros hermanos, unos no pueden salir a trabajar, porque las entradas y salidas están controladas, hay hombres armados, se escuchan disparos, y nos preocupa que todos los que andan en esos caminos, se encuentren en medio de un fuego cruzado y se pierdan más vidas.

Oímos noticias de violencia por todos lados, pero gracias a Dios, que con jTtotik Samuel aprendimos que la lucha por la justicia nunca nos debe llevar al enfrentamiento, que es mejor aprender del evangelio de la paz, donde Jesús nos enseña que la violencia y el odio son semillas incapaces de producir algo que no sea odio y violencia, como queda demostrado en nuestro estado. Nuestra respuesta a la violencia, antes y ahora, ha sido no cooperar con los gestores de la violencia. El ayuno y la oración, junto con el testimonio de nuestros mártires, son nuestra fuerza. Creemos que toda violencia es siempre un retroceso y un derroche inútil de vidas inocentes en la construcción de la paz.

Alegraría mucho nuestro corazón que, aunque pensamos que los candidatos luchan por el poder y no les importa el pueblo, antes del cambio en la Presidencia de nuestro País, cumplieran con su obligación de hacer justicia pronta y expedita, como dicen los licenciados, a nuestros hermanos de Chicomuselo, para que no pase como la masacre de Acteal de la que nunca vimos prevención, investigación y justicia por parte del Estado Mexicano, ni con los autores intelectuales ni materiales.

La llamada solución amistosa, que hizo con el gobierno un grupo de sobrevivientes que se separaron de nuestra Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, fue una farsa. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en voz de Alejandro Encinas, ex-Subsecretario de Derechos Humanos el día de la firma dijo: “Es un acto cometido presuntamente por grupos paramilitares que habrían actuado con la tolerancia del estado y de sus autoridades”; o sea, que ni este gobierno reconoce plenamente la responsabilidad de los tres niveles de gobierno, de los militares y de la policía. Nada dijo de los implicados, ni de sus acciones ni de sus omisiones. Terminó diciendo “nunca más otro Acteal”. Contrario a esta declaración, aun en este sexenio, han continuado muchas otras masacres.

Sin embargo, escuchamos, que el mismo día de la masacre en Chicomuselo entró el ejército a Nuevo Morelia, junto con gente de los criminales (MAIZ y CJNG) que les quitaron la vida a nuestros hermanos. Las autoridades no los protegieron, al contrario, probablemente existe un vínculo entre autoridades y grupos criminales. Tal como ocurrió con la masacre de Acteal, cuando policías y militares que estaban a doscientos metros se mantuvieron indiferentes ante el grito, dolor y derrame de sangre de nuestras hermanas y hermanos mártires. Recordamos que el pueblo de Chicomuselo no sólo está asediado por el crimen organizado, también por la minería a cielo abierto que está en el municipio. Y nos preguntamos si ahora el Estado tendrá la capacidad de reconocer su complicidad y omisión en Nuevo Morelia y en otros lugares de Chiapas, donde a diario sabemos que ocurren asesinatos.

Todo lo que sucede a nuestro alrededor nos hace pensar que la humanidad sólo puede liberarse de las guerras y de cualquier forma de violencia, por medio del diálogo y el perdón, o sea en el camino de la no-violencia. 

Ante los hechos vergonzosos e indignantes ocurridos en el Ejido Nuevo Morelia, EXIGIMOS a los tres niveles de gobierno:

1.     Justicia para las personas masacradas del Ejido Nuevo Morelia.

2.     Que la Fiscalía del estado de Chiapas realmente haga su trabajo de investigación y pueda dar con los responsables de la masacre.

3.     Que el Estado reconozca la presencia de grupos armados y delincuenciales en el estado y que intervenga la Fiscalía General de la República.

4.     Que el Estado realice acciones concretas para que pare la expansión de la venta o distribución de drogas en las comunidades.

¡VIVAN LOS MARTIRES DE ACTEAL!

¡PAZ Y JUSTICIA PARA NUEVO MORELIA!

¡NO MÁS MASACRES EN CHIAPAS!

¡NO A LOS GRUPOS ARMADOS!

¡NO AL GENOCIDIO EN PALESTINA!

¡VIVA LA NO VIOLENCIA!

Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza.

Atentamente,

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

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Victorio Pérez Paciencia	Oscar Hernández Gómez
Presidente	Secretario
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Alfredo Jiménez Pérez	Juan Pérez Santiz
Sub-Presidente	Tesorero

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

^{En portada: Comunidades indígenas de Xapuri, en la Amazonía brasileña, han denunciado esquemas de despojo de tierras impulsados por entes financieros internacionales. Foto: GRAIN.}

El Banco Mundial anunció durante su Conferencia sobre la Tierra, realizada entre el 13 y 17 de mayo, en Washington, Estados Unidos, que aumentará de 5,000 millones de dólares a 10,000 millones de dólares, en el transcurso de los próximos cinco años, sus inversiones en gestión y en estrategias para garantizar la tenencia de la tierra en todo el mundo. 

Acorde al discurso oficial de representantes del órgano financiero, el objetivo del banco es ayudar a los países en desarrollo a lograr la seguridad de la tenencia de la tierra para todos los hombres y todas las mujeres.

Más específicamente, las discusiones en la conferencia giraron alrededor de la necesidad de garantizar la tenencia de la tierra en todo el mundo para viabilizar los proyectos que visan a mitigar el cambio climático y promover la “transición energética”.  

“Estamos trabajando en 28 países el tema de la tierra, y queremos duplicar esta cifra”, dice Juergen Voegele, vicepresidente del Banco Mundial. El órgano ha invertido 38,600 millones de dólares, durante el 2023, en iniciativas relacionadas con el clima en los “países en desarrollo”, de manera que es la principal entidad de financiamiento internacional en temas relacionados a la “transición energética”, dentro de los lineamientos del Acuerdo de París.

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Durante la conferencia, en medio a discursos impregnados de un tono filantrópico que predicaban la necesidad de proteger las tierras indígenas, el pragmatismo del mercado saltaba a los ojos. “Hasta hoy no hemos encontrado suficiente tierra para las inversiones en energía renovable que se necesita. Y no es simplemente que tenemos que lograr que las zonas rurales aborden el tema naturaleza, sino que necesitamos de lugar para inversión”, dice el ex director de medio ambiente del Banco Mundial Andrew Steer, hoy presidente de la organización Bezos Earth Fund, que ha financiado proyectos de conservación ejecutados por organizaciones conservacionistas internacionales como WWF y Conservation International.

No necesitan solamente de tierras. Necesitan que las tierras estén tituladas, ¿por qué? 

Las discusiones durante la conferencia trataron de responder. En resumen, lo que se menciona es que la mala gobernanza de las tierras, leyes pocos claras y la tenencia insegura de la tierra limitan la seguridad de la inversión y el acceso a financiamientos de proyectos climáticos. Las inversiones del Banco Mundial, por ejemplo, exigen que las tierras estén tituladas.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, en el mundo solamente el 30% de la población tiene un título de propiedad debidamente registrado de sus tierras. 

“Vimos que los registros de la tierra incompletos y desactualizados causan dilaciones y obstáculos al desarrollo de la infraestructura con la consiguiente consecuencia social que es el desplazamiento”, dijo. Con los recursos destinados a la titulación de la tierra por el Banco Mundial, “esperamos que se contribuya a la infraestructura necesaria que nos permita alcanzar los objetivos climáticos a nivel mundial”, sostiene el vicepresidente de infraestructura del Banco Mundial, Guangzhe Chen.

En el ámbito de la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la máxima reunión de los órganos de negociación internacional de cambio climático, la necesidad de la reglamentación de las tierras también está presente. Tanto es así que los países acordaron destinar, en la COP 26, en Glasgow, 1,700 millones de dólares en tenencia de la tierra, recordó Andrew Mitchell, Ministro de Estado del Reino Unido, uno de los propulsores de la conferencia. 

Reglamentar para acaparar

Si para el Banco Mundial las acciones para garantizar la tenencia de la tierra han significado la seguridad de los negocios de grandes inversionistas, para organizaciones de productoras y productores de alimentos a pequeña escala, pueblos indígenas, trabajadoras y trabajadores, comunidades de base han significado el acaparamiento de tierras, en medio del desplazamiento de millones de personas en los países del Sur Global. 

La denuncia fue hecha por 94 organizaciones de todo el mundo pocos días antes de iniciar la conferencia. El banco ha promovido “la financiarización de la tierra, los bosques y la pesca, transformando los derechos tradicionales y consuetudinarios sobre la tierra en títulos privados listos para el mercado”, señalan las organizaciones en una declaración.

Exigen que el Banco Mundial se quede fuera de las tierras de las comunidades. “El Banco Mundial no sólo invierte directamente en proyectos de tierras, sino que también tiene un largo historial promocionando una gestión de los recursos naturales basada en una estrategia de mercado (…) al tiempo que facilita la privatización de los recursos naturales y su concentración en manos de élites y corporaciones con intereses propios”, sostienen.

La política de “reforma agraria asistida por el mercado” del Banco, con su modelo de “comprador dispuesto-vendedor dispuesto” que se impulsó en varios países en desarrollo, “aumentó la desigualdad de la tierra y la pobreza y creó las condiciones para la concentración de la tierra en lugar de su redistribución”.

Más recientemente, el órgano se ha convertido en un promotor de los mercados de carbono y otras medidas de mitigación del cambio climático con un enfoque de mercado. Es un actor importante en la creación de mercados mundiales del carbono a través de numerosos fideicomisos de carbono y mecanismos de financiación. 

“Estas medidas pretenden utilizar los territorios de las poblaciones como sumideros de carbono para los grandes contaminadores, permitiendo al mismo tiempo nuevas emisiones de gases de efecto invernadero y la destrucción de los ecosistemas”, afirman.

Las organizaciones hacen un llamado a los Estados para que garanticen que el Banco Mundial se abstenga de influir en las políticas mundiales, regionales y nacionales relativas a la tenencia, la tierra y los territorios, así como al cambio climático y la protección de la biodiversidad.

Además, que reorienten su financiación del Banco Mundial relacionada con la tierra y el cambio climático hacia las “soluciones verdaderas aplicadas por las personas y las comunidades en sus territorios”.

A LOS PUEBLOS DE MEXICO Y DEL MUNDO,

A LOS MEDIOS DE INFORMACION NACIONALES E INTERNACIONALES,

A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.

Con mucha tristeza y coraje informamos que el día viernes 17 de mayo del presente año, alrededor de las ocho de la noche, en el tramo de la brecha que corre de la cabecera municipal de Aquila a la encargatura de la Mina de Providencia, a la altura de la localidad de La Estanzuela, municipio de Aquila, Michoacán, el comunero de Santa María Ostula, ANTONIO REGIS NICOLÁS, de cincuenta y dos años, en compañía de su esposa y su pequeño hijo de 2 años, FUERON INTERCEPTADOS POR UN COMANDO FUERTEMENTE ARMADO DE SUJETOS VESTIDOS CON TRAJES MILITARES Y PORTANDO LAS SIGLAS CJNG QUE DISTINGUEN AL CÁRTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN, CUANDO REGRESABAN EN UNA MOTOCICLETA DE LA CABECERA MUNICIPAL A SU HOGAR, DESPUÉS DE
ATENDER UNA URGENCIA MÉDICA DE SU BEBÉ.

Al momento, Toño fue separado unos metros de su familia y uno de los sicarios le requirió violentamente sus identificaciones al tiempo que lo amenzaba por el simple hecho de sospechar, como se lo dijo repetidamente, que era comunero de Ostula. Antonio, por no portar sus documentos personales, no pudo mostrarlos, CIRCUNSTANCIA QUE PROVOCÓ LA IRA DEL SICARIO QUIEN, EN REPETIDAS OCASIONES, DESCARGÓ SOBRE EL TRONCO Y LAS PIERNAS DE NUESTRO COMPAÑERO UN AK-47 O CUERNO DE CHIVO, SITUACIÓN QUE PROVOCÓ SU DOLOROSA AGONÍA Y MUERTE UNOS MINUTOS DESPUÉS DELANTE DE SU ESPOSA E HIJO. OCURRIDO LO ANTERIOR, SU ASESINO HUYÓ EN UNA CAMIONETA BLANCA JUNTO CON OTROS HOMBRES TAMBIÉN VESTIDOS CON TRAJES Y CAMUFLAJE MILITAR.

La brecha que conduce de La Estanzuela a nuestra comunidad es vigilada desde hace meses por integrantes del CJNG, razón por la que se ha convertido en un territorio de terror y desolación que difícilmente es atravesado por integrantes de la comunidad y de otras localidades. Antonio y su familia, dada la urgencia médica que tuvieron, se vieron obligados a tomar dicho camino con la trágica consecuencia que estamos denunciando.

Los más altos niveles del gobierno federal (Secretaría de Gobernación y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana) y del gobierno del estado tienen pleno conocimiento de la situación de violencia que priva en toda la región y de las agresiones que constantemente ha sufrido nuestra comunidad; sin embargo, se han negado a tomar medidas efectivas para brindar protección a las poblaciones de la región y particularmente a las familias de nuestra comunidad ante la presencia cada vez mayor y más violenta del CJNG en la zona, argumentando que requieren de servicios urbanos óptimos para estar en posibilidades de desplazar personal en la zona que realice las funciones de seguridad a que están constitucionalmente obligadas las instituciones del Estado mexicano.

Denunciamos la conducta omisiva del gobierno federal ante la grave situación descrita y la colusión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán y la Guardia Civil, así como de diversos funcionarios estatales, con el CJNG, mediante la protección otorgada a Cemeí Verdía y el fortalecimiento de toda suerte de negocios ilegales que dañan la vida en nuestra comunidad, en la región y en todo el país.

Exigimos al gobierno del estado y a la Fiscalía General de Justicia en Michoacán hacer su trabajo y llevar hasta sus últimas consecuencias la investigación de los hechos denunciados, castigando a los culpables de este terrible crimen y desarticulando al CJNG; asimismo, de todos los niveles de gobierno exigimos:

1. EL CASTIGO A LOS CULPABLES DEL ASESINATO DE ANTONIO REGIS NICOLÁS Y DE LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE LORENZO FROYLÁN DE LA CRUZ RÍOS, ASÍ COMO LOS ASESINATOS DE ISAUL NEMESIO ZAMBRANO, MIGUEL ESTRADA REYES, ROLANDO MAGNO ZAMBRANO, EUSTAQUIO ALCALÁ DÍAZ Y JUAN MEDINA, Y LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE ANTONIO DÍAZ Y RICARDO LAGUNES.

2. EL DESMANTELAMIENTO DEL CJNG Y EL CESE DE LA PROTECCIÓN QUE OTORGAN A DICHO CARTEL FUNCIONARIOS Y MANDOS POLICIALES CORRUPTOS, ASÍ COMO EL ESTABLECIMIENTO DE BASES DE OPERACIONES INSTITUCIONALES EN LOS PUNTOS SEÑALADOS A LOS GOBIERNOS DEL ESTADO Y FEDERAL POR NUESTRA COMUNIDAD.

3. EL RESPETO Y OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRA GUARDIA COMUNAL Y PARA EL EJERCICIO DE NUESTRA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA.

¡Castigo a los autores del asesinato de nuestro compañero Antonio Regis Nicolás!

¡Castigo a los culpables del asesinato de nuestros comuneros en la lucha por la tierra y las libertades de la comunidad!

¡Respeto a nuestra Guardia Comunal!

SANTA MARÍA OSTULA, A 20 DE MAYODE 2024.

ATENTAMENTE

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Participantes de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida durante protesta en Santiago Mexquititlán, Querétaro. Febrero, 2023. Foto: Santiago Navarro F}

Colectivos, pueblos indígenas y organizaciones sociales se reunieron el pasado sábado (18) en la Casa de los Pueblos “Samir Flores Soberanes”, en la Ciudad de México, para llevar a cabo el foro “En medio de la farsa electoral, la guerra capitalista contra los pueblos”.

Las y los presentes compartieron análisis y reflexiones en torno a la violencia y represión que se vive en México, enfatizando que, con la denominada “Cuarta Transformación” (popularmente conocida como 4T), la militarización incrementó contra las comunidades indígenas, especialmente en territorios zapatistas en Chiapas.

“Grupos paramilitares y el crimen organizado operan con toda impunidad como garantes de la imposición no solo de megaproyectos de muerte como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos; están al servicio del Estado y el gran capital para llevar a cabo el despojo del territorio, la Madre Tierra y la vida”, aseveraron mediante comunicado firmado por la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida.

En medio del contexto electoral, las y los particpantes del foro sostuvieron que, el próximo 2 de junio, no está en disputa la democracia, sino el poder económico y político “que busca sostenerse con la militarización, con la impunidad, y con la acumulación de riqueza en las manos un@s cuant@s al servicio de las grandes transnacionales”.  

“Las crisis en múltiples niveles del capitalismo y la devastación de la naturaleza están provocando fenómenos nuevos, que no habíamos observado o que no se observaban de manera tan aguda. Nuestro país, nos digan lo que nos digan, de un modo cada vez más creciente está siendo dominado, está siendo controlado por cárteles criminales que, de manera relativamente nueva, están poniendo sus miras en los territorios donde existe mayor concentración de riqueza natural y de agua”, enfatizó Carlos González García, integrante del Congreso Nacional Indígena.

Por ello, la Asamblea sostuvo que el plan de la 4T es sostener una guerra capitalista contra los pueblos y comunidades indígenas y para denunciarlo, destacaron las agresiones armadas contra comunidades autónomas zapatistas; la intimidación policial contra la comunidad otomí y Diego García, quienes mantienen la toma de la Casa de los Pueblos; así como la violencia contra Pueblos Unidos de la región choluteca, quienes resisten a la operación irregular de un basurero; casos de presos políticos; el encubirmiento militar en el caso Ayotzinapa, entre muchos otros.

Ante las agresiones, miembros de la comunidad Otomí de Santiago Mexquititlán pidieron no parar con la difusión de los casos, “de hacer acciones directas para seguir denunciando, visibilizando y arrancándole (al Estado) lo poquito de justicia que podemos seguir recuperando desde nuestras fuerzas como comunidades organizadas”.

Agresiones contra zapatistas

Durante el foro se denunció el incremento de las agresiones armadas contra las comunidades autónomas zapatistas, especialmente las realizadas por la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), quienes durante años han atacado impunemente a las Bases de Apoyo del EZLN (BAEZLN), provocando desplazamientos forzados, tortura, desapariciones e intentos de homicidio. 

En lo que va del 2024, fueron desplazadas 28 personas BAEZLN de la comunidad La Resistencia. En enero, cuando se registraron las agresiones también fueron destruidas la Escuela Primaria Autónoma, 15 casas y siembras; además robaron una tienda y otros bienes de la comunidad. 

En el poblado autónomo de Emiliano Zapata quemaron un potrero de las bases de apoyo. Para febrero, integrantes de la ORCAO atacaron la comunidad autónoma zapatista de Moisés y Gandhi, donde registraron más de 100 disparos con arma de fuego de alto calibre. 

Ante el incremento de la violencia, denunciaron la agresión armada, ocurrida en mayo del 2023 contra el integrante base de la base de apoyo Jorge López Sántiz, que puso en grave riesgo su vida. También mencionaron el caso del indígena chol, BAEZLN, José Díaz Gómez, quien desde el 25 de noviembre del 2022 es rehén del gobierno de Chiapas, pues se encuentra encarcelado acusado por robo con violencia, “como represalia por su adherencia política zapatista”.

La Asamblea sostiene que, programas sociales como Sembrando Vida, han empoderado a grupos criminales, exacerbando la violencia y el despojo de tierras colectivas. “La guerra integral de desgaste contra la autonomía zapatista, empezada desde hace décadas por los diferentes partidos políticos, ha sido intensificada durante este gobierno de la cuarta simulación”, señalan.

Guerra 

De acuerdo a las y los participantes del foro, a través del territorio mexicano existen otros ejemplos de violencia contra los pueblos organizados, como es el caso del hostigamiento a la Comunidad Otomí en CDMX, quienes desde el año 2020 tomaron el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en demanda de vivienda justa y por ello han sido objeto de violentos intentos de desalojo, así como de criminalización. 

La Asamblea denuncia la complicidad del director del INPI, Adelfo Regino Montes, y del gobierno de la CDMX en estos ataques.

En Puebla, en la región Choluteca, diversos pueblos resisten desde el pasado 21 de marzo contra la operación de un relleno sanitario, de la empresa ProFaj Hidro Limpieza, mediante protestas y un campamento, pero indican que han recibido represión estatal. 

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“El gobierno envió un operativo con más de 500 policías y grupos de choque para forzar la entrada de camiones recolectores de basura, policías estatales y municipales dispararon en contra de los habitantes que resisten en las barricadas para impedir la entrada de dichos camiones, y tras muchas horas de represión dirigida hacia el plantón y barricadas, las unidades de policía y guardia nacional, así como los camiones de basura se retiraron”, sostienen mediante comunicado.

La Asamblea denuncia la criminalización de los defensores del territorio, como Miguel López Vega, primer preso político de la 4T y Alejandro Torres Chocolatl, ambos defensores del río Metlapanapa. 

Destaca también el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A punto de cumplirse una década y, a pesar de numerosas investigaciones que apuntan como actor clave la participación del ejército mexicano en el crimen, el gobierno continúa negándose a entregar documentos, en posesión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que podrían dar pistas para dar con el paradero de los estudiantes. 

La Asamblea resalta que, en el cierre del sexenio de López Obrador la cifra de desaparecidos alcanza la cifra de 116 mil personas, en cuya mayoría de los casos no existen avances en la búsqueda por parte de las autoridades, sino que son las madres y familiares buscadores quienes realizan las investigaciones. 

“Las madres y familiares están en constante riesgo de ataques por grupos criminales, policía, ejército alentados por el desdén con que el ejecutivo federal se refiere a ellas. Andrés Manuel López Obrador termina su sexenio manchado de la sangre de 7 madres buscadoras que fueron asesinadas por buscar a sus hijos”, acusan.

Las y los participantes del foro también exigieron justicia para las víctimas del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, ocurrido en marzo de 2023 y donde murieron 40 migrantes. Ante ello, denunciaron la violencia sistemática contra las personas en movilidad, pues solo en 2023, durante su paso por México fueron detenidos 782 mil 176 migrantes, un récord histórico de personas que muchas veces son víctimas de funcionarios del Instituto Nacional de Migración, quienes los extorsionan o entregan a grupos del crimen organizado.

Los periodistas y defensores de derechos humanos también fueron mencionados por las agresiones en su contra. México se ha consolidado como uno de los países más peligrosos para el periodismo, con 56 periodistas asesinados en el último sexenio, que han ocurrido en medio de la legitimación de la violencia desde la presidencia contra quienes muestran una postura crítica hacia el gobierno y sus nexos criminales.

Por último, reconocieron la lucha de las y los presos políticos con casos como los defensores del territorio de San Juan Cancuc, Saúl Rosales Meléndez, los presos de Eloxochitlán, así como el caso de criminalización contra Karla y Magda de la Okupa Cuba. 

En un llamado a la acción, la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida se sumó a la iniciativa zapatista de “el común y la no propiedad” para mantener su lucha por autonomía y autodeterminación.

Dada la situación alarmante que vivimos en Chiapas, les convocamos a este espacio de encuentro para repensarnos en el marco del 30 aniversario del zapatismo y conocer elementos de la compleja situación que actualmente atraviesan las comunidades zapatistas e indígenas así como Chiapas todo. Trabajadorxs de las Ciencias Sociales, de los Centros de Derechos Humanos, activistas y artivistas de Chiapas nos juntaremos en la CDMX a compartir nuestra palabra, aprendizajes y balances con la esperanza de seguir construyendo autonomía y el común de cara a los proyectos de muerte en curso.

Les invitamos a sumarse a este homenaje a las niñas(os), mujeres, jóvenas(es), mayoras(es), otroas y hombres zapatistas en sus más de 500 años de resistencia y lucha.

Di Sí a la Vida, NO a las Guerras.

¡NO FALTES!

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