Radio Pozol
(Español) Chiapas: Otorgan amparo a Pueblo Maya Tsotsil en Desplazamiento Forzado
_Omisiones de autoridades de gobierno incrementan el riesgo a población vulnerable en contexto de COVID 19.
El Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, otorgó el 28 de marzo del presente año, el amparo 340/2020 para proteger la vida, integridad y seguridad de comunidades del Pueblo Maya Tsotsil, en desplazamiento forzado, del municipio de Aldama, Chiapas, México.
El 27 de marzo de 2020, representantes de las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil, en desplazamiento forzado, de Aldama, interpusieron solicitud de amparo y protección de la justicia federal para la: “suspensión definitiva de la violencia de grupos civiles armados de corte paramilitar quienes actúan con la aquiescencia y tolerancia de funcionarios del Estado”. Sin embargo hasta la fecha las autoridades responsables1 continúan la omisión en el cumplimiento de la resolución.
Por lo anterior, la violencia en la franja limítrofe con Chenalhó se intensificó en un contexto de alto riesgo para población vulnerable en medio de la emergencia sanitaria por COVID 19, las autoridades señaladas han sido omisas en el cumplimiento de la suspensión de plano otorgada por un Juez Federal, por lo que se promovió un incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión consistente en que: “se […]brinde la protección y seguridad que requieren los quejosos […] medidas necesarias que garanticen la vida, seguridad e integridad personal de la población del municipio de Aldama, quienes se encuentran sufriendo situaciones de violencia generalizada y de violaciones a los derechos humanos, derivado del conflicto armado a fin de garantizar la paz pública.”
Desde el pasado 24 de marzo, al día de hoy, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) registró al menos 47 actos de agresión armada. Durante la última semana los ataques aumentaron y se realizaron de manera sistemática. Reportes de la Comisión Permanente de Comuneros y Desplazados de Aldama informan que los grupos armados de corte paramilitar procedentes de Chenalhó, utilizan las trincheras de Tok’oy, Pajaltoj, Oxch’om, Slumka, Tojtik, de la comunidad de Saclum, que se encuentran en territorio del municipio de Chenalhó para realizar disparos dirigidos hacia las casas de Xuxch’en, San Pedro kotsilnab, Koko’ y Tabak, en Aldama. El día de ayer, la Comisión Permanente de Comuneros y Desplazados de Aldama reportó nuevos ataques armados, que iniciaron durante la madrugada, hacia las comunidades de Ye’ton, Koko’, Tabak, Chivit, Xuxch’en y San Pedro kotsilnab. De acuerdo a testimonios hombres armados vestidos de negro están realizando disparos desde las trincheras de Tok’oy y de Pajaltoj, así como de Vale’tik, pertenecientes a Santa Marta, Chenalhó.
La entrada a la fase 3 de la emergencia sanitaria en México, pone en evidencia que las comunidades de Pueblos Originarios son altamente vulnerables, ya que su vida se encuentra en constante riesgo, ya sea por un ataque de armas de fuego o por contraer COVID 19 y no contar con garantías de atención médica adecuada.
Las Directrices Esenciales de las Naciones Unidas para Incorporar la Perspectiva de Derechos humanos en la Atención a la Pandemia por COVID 19, establecen la necesidad de proteger a la población más vulnerable como son las comunidades en desplazamiento forzado: “Los Estados deben aplicar medidas adicionales con el fin de abordar la repercusión desproporcionada que el COVID 19 puede tener sobre las minorías, a causa de las zonas remotas donde viven, en las que hay un acceso limitado a bienes y servicios esenciales”2.
Desde el inicio de las agresiones armadas en marzo de 2018, el Frayba realizó intervenciones a 30 autoridades de dos periodos de los gobiernos en los ámbitos federal y estatal, sin embargo se mantiene la impunidad en graves violaciones a derechos humanos como son: La Privación Arbitraria de la Vida, el Desplazamiento Forzado y la Privación Arbitraria de la Libertad al defensor comunitario Cristóbal Sántiz Jiménez3.
Por lo anterior urgimos a las autoridades responsables de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Rutilio Escandón Cadenas que cumplan con el mandato judicial del Tercer Juzgado de Distrito que otorgó el amparo 340/2020 para proteger la vida, integridad y seguridad de las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil, en desplazamiento forzado, de Aldama. Entre las exigencias se encuentran:
Garantías de seguridad para proteger la vida de la población del Pueblo Maya Tsotsil del municipio de Aldama, en riesgo por hechos de agresiones armada que se intensificaron desde el 24 de marzo de 2020.
Cumplimiento de las Recomendación número 71/2019, emitida el 23 de septiembre de 2019, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos4.
Investigación de las agresiones armadas, desde marzo del 2018, perpetradas por grupos civiles armados de corte paramilitar procedentes de Santa Martha, municipio de Chenalhó, que provocaron el desplazamiento forzado de las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil de Aldama.
Atención humanitaria, vivienda, salud, alimentación adecuada y digna para las personas víctimas de desplazamiento forzado del Pueblo Maya Tsotsil de Aldama, Chiapas, en mayor vulnerabilidad durante la pandemia por COVID 19.
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San Cristóbal de La Casas, Chiapas, México
28 de abril de 2020
Foto: Carlos Hogaz
(Español) La Solidaridad de Los de Abajo, indígenas injustamente presos exigen la libertad de Fidencio Aldama y Cristóbal Santos
Chiapas, México. 6 de abril.
“Desde este penal #10 de Comitán Chiapas, la organización Vineketik en Resistencia, nos solidarizamos con el compañero Fidencio Aldama de la Tribu Yaqui, del estado de Sonora”, es la palabra de los indígenas chiapanecos en solidaridad con su compañero preso por “resistir el embate contra los megaproyectos, en su caso contra el gasoducto que intentan atravesar por su territorio sin importar el daño y el riesgo que corre la Tribu por este proyecto”, como también lo ha denunciado el Congreso Nacional Indígena (CNI), en reiteradas ocasiones desde hace más de tres años.
“Exigimos la liberación de Fidencio, ya que su detención es arbitraria e injusta porque su único delito es su resistencia y la lucha por la vida al oponerse en contra del gaseoducto del patriarcado capitalista”, denuncian los indígenas chiapanecos desde la prisión de Comitán, en el contexto de la pandemia del Covid-19. “Los gobiernos y las empresas sólo les interesan sus ganancias a costa de la extracción y envenenamiento, sin medir las consecuencias que le trae a la madre tierra y el riesgo a la vida de los pueblos indígenas”, reitera Viniketik en Resistencia.
“La estrategia que han tomado estos gobiernos es la intimidación por medio de las represiones como encarcelamiento, desapariciones forzosas, asesinatos de todos aquellos que tienen conciencia y se resisten a vender su dignidad y luchan por la vida y los derechos”, expresan desde el penal 10. “Es por eso que les decimos al compañero que no estás solo y que somos muchos que nos indignamos por las injusticias de este mal gobierno represor. Es por eso que hago un llamado a todas las organizaciones en la sociedad civil, al pueblo de México con conciencia, para solidarizarse con nuestro compañero Fidencio por su liberación”, convocan los presos en resistencia, ya que la promesa de la 4T, de liberar a los presos políticos en México, no se ha dado en el caso de Fidencio.
De igual forma la organización Vineketik en Resistencia, se ha solidarizado con el luchador social Cristóbal Santos Jiménez, preso en el penal del Amate, por exigir justicia para su pueblo de Aldama Chiapas. “Su detención es injusta y arbitraria de parte del gobierno del estado de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas y su secretario Ismael Brito Mazariegos, es una muestra más de su incapacidad de resolver los dos desplazamientos forzosos de parte de paramilitares y se le hace más fácil encarcelar a los que protestan y buscan la justicia, con represiones y encarcelamientos; queriendo así dejar en impunidad el sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas que han sido desplazadas en el municipio de Aldama, que han sido agredidos y hostigados por paramilitares”, explica Viniketik.
“El gobierno y el sistema lo quieren es callar la verdad y la justicia, sabiendo que nuestro compañero Cristóbal es un defensor de los derechos humanos que se indigna del sufrimiento de su pueblo”, exponen los presos en lucha.
Desde este penal de Comitán Chiapas, la organización Vineketik en Resistencia también se solidariza y exige “las libertades a lxs prisionerxs politicxs de la revuelta bajo el gobierno represor de Chile”. En dicho país exponen los reclusos, “se ha abusado del poder al encarcelar a los que protestan contra las injusticias utilizando la represión como medio para callar a su pueblo utilizando la cárcel. Y en este tiempo de la pandemia del COVID-19 sabemos que el estado no protege a nadie, ni fuera ni dentro de la cárcel, pero en las prisiones hay vulnerabilidad por la deplorable atención médica y que no cuentan con los medicamentos ni medidas sanitaria para enfrentar esta pandemia”, afirman los indígenas chiapanecos, los cuales han realizado una serie de huelgas de hambre, ayunos y jornadas de lucha desde hace más de un año para obtener su libertad, al ser inocentes del delito que se les inculpa, como lo ha reiterado el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
FUENTE: http://www.noestamostodxs.tk/
