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(Español) COMUNICADO | Omiso el Estado ante, derechos de jornaleras y jornaleros agrícolas
Omiso el Estado ante, derechos de jornaleras y jornaleros agrícolas
Ciudad de México a 5 de mayo de 2017.
La pobreza extrema, discriminación y exclusión son los patrones con quienes conviven día con día las y los jornaleros agrícolas desde sus lugares de origen.
La falta de trabajos y de acceso a los derechos básicos a la alimentación, salud y a la educación, obliga a miles de familias a abandonar sus hogares y buscar en los campos agrícolas una oportunidad que les permita sobrevivir. La Red de Jornaleras/os Agrícolas Internos ha documentado la existencia de al menos 2 millones de jornaleros en todo el país. La mayoría son originarios de pueblos indígenas, principalmente de los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero -también los estados más pobres de México-.
En el caso de Guerrero, el Consejo de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas de la Montaña documentó tan solo del 1 de septiembre al 14 de octubre de 2016, la salida de 677 jornaleros y jornaleras agrícolas, entre ellos, menores de edad, mujeres embarazadas y personas enfermas.
El forzado éxodo, es el impacto de la omisión de las autoridades municipales, estatales y federales para garantizar los derechos básicos de la ciudadanía.
Esta omisión obliga a que los originarios dueños de la tierra migren para emplearse temporalmente con empresas chinas, en los campos agrícolas del norte del país.
Según los registros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, los estados a los que migra la población jornalera de Guerrero son estados como: Coahuila, Chihuahua, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Guerrero (Tierra Caliente), -por lo menos 90 % de estas zonas enfrentan delincuencia organizada-.
Los abusos y violaciones a sus derechos, inician desde el momento de su partida. En el caso de Guerrero, las autoridades han incumplido sus compromisos. Un ejemplo de ello es la Casa del Migrante, ubicada en Tlapa de Comonfort, dicho espacio se encuentra en condiciones deplorables y los recursos para los insumos básicos para la limpieza, acondicionamiento y alimentación se encuentran ausentes (a pesar de que existe presupuesto específico para la atención a jornaleros agrícolas). Ante ello, es el propio Consejo de Jornaleros y Jornaleras de la Montaña el que lo sostiene.
En su traslado, los accidentes automovilísticos, los retenes policiales y militares son algunas de las arbitrariedades a las que las familias jornaleras se enfrentan.
Una vez en los campos agrícolas -en donde siembran frutas y verduras de exportación-, las y los jornaleros se enfrentan nuevamente a la marginación económica, a la desprotección en el acceso a servicios de seguridad social por parte del Estado. No cuentan con contratos formales sino que les pagan a destajo, es decir, según la cantidad de fruta o verdura que cosechen. Las jornadas laborales son de 9 a 15 horas.
Además de ello, las y los jornaleros agrícolas se enfrentan a condiciones infrahumanas en sus espacios de trabajo; no existen condiciones sanitarias, viven hacinados y mayoritariamente en casas de cartón o lámina.
Ante esta realidad, jornaleras y jornaleros agrícolas se han organizado y conformado espacios como el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA) y la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas con el objetivo de incidir para que las autoridades garanticen sus derechos laborales como lo marca la ley y se atienda de manera integral la problemática que origina la migración de miles de personas año con año.
La respuesta que se necesita no es un paleativo sino una transformación estructural que garantice a los niños/as permanecer en sus hogares y recibir educación sin la necesidad de trabajar, que las mujeres jornaleras no sean acosadas ni abusadas sexualmente, que la juventud no sea cooptada por la delincuencia en los campos agrícolas y que hombres y mujeres tengan un salario justo y las condiciones necesarias en un trabajo digno, entre otros ejemplos de arbitrariedades.
Recientemente en el Foro “Jornaleros y jornaleras agrícolas, presente y futuro”, además de prever una agudización de la problemática ante el contexto global actual, tanto los jornaleros/as agrícolas, académicas/os, estudiantes, defensoras/es de derechos humanos e integrantes de la sociedad civil organizada, recalcaron una vez más que la responsabilidad para transformar esta realidad, es una responsabilidad compartida, sin embargo, es evidente que lejos de contribuir de manera positiva, las autoridades son quienes vulneran los derechos de las personas migrantes y ante quienes no se cesará la exigencia para que los derechos humanos sean garantizados y se logre frenar la omisión del Estado frente a los derechos de las jornaleras y jornaleros agrícolas.
(Español) [libertadamumia+] Mumia avanza en el terreno jurídico
Mumia avanza en el terreno jurídico
Sólo cinco días después de la audiencia celebrada el lunes 24 de abril de 2017 para retomar la Apelación de Remedio Post-Condena (PCRA) en el caso de Mumia Abu-Jamal, el juez Leon Tucker del Tribunal de Causas Comunes emitió una orden sumamente favorable a él.
El 29 de abril de 2017, el juez Tucker dictaminó: “El Commonwealth tiene que producir cualquier documento o record en posesión o bajo el control de la Fiscalía de Filadelfia que demuestra el involucramiento personal del ex Fiscal Ronald Castille en el caso… y declaraciones públicas suyas durante y después de su mandato como el Fiscal de Filadelfia”.
Y lo tiene que hacer dentro de 30 días.
Es la primera vez que un juez ha ordenado que la Fiscalía de Filadelfia entregue evidencia y abra sus archivos en una apelación de Mumia.
En la audiencia del día 24, Mumia fue representado por las abogadas Christina Swarns, de la NAACP LDF, y Judith Ritter, de la Universidad Widner. Cientos de personas llenaron el tribunal y las calles para exigir justicia para Mumia el día de su cumpleaños 63.
La petición para reabrir las apelaciones se basa en el reciente dictamen de la Suprema Corte de Estados Unidos en el caso de Williams vs Pensilvania, que establece que el juez en una apelación no puede participar en un caso en el cual él anteriormente tenía un papel personal en una importante decisión procesal. En este caso el juez era Ronald Castille.
Castille también había sido sub-fiscal y supervisor durante el juicio de Mumia en 1982 y Fiscal durante la apelación de Mumia en 1989. Después de ser elegido como juez de la Suprema Corte de Pensilvania con el apoyo de la policía organizada en 1994, Castille se negó a recusarse en las audiencias de Mumia y falló en su contra en todos los casos que impugnaron las acciones de la Fiscalía de Filadelfia que él había encabezado.
Durante la audiencia del día 24, Swarns dejó bien claro que no se va a tolerar la costumbre de la Fiscalía de Filadelfia de mentir a los tribunales de apelación. Dijo que esta costumbre también había sido revelada en el caso Williams, el cual destaca el doble papel del mismo Castille como procurador y juez contra Terrence Williams. En ese caso la Suprema Corte fustigó a la Fiscalía duramente por no revelar evidencia crucial—evidencia que la Fiscalía había ocultado durante muchos años. Cuando la procuraduría argumentó que el abrir más de 30 apelaciones costaría demasiado tiempo y dinero y que esto, en efecto, sería “demasiada justicia”, la Corte dejó en claro que no hay tal cosa como “demasiada justicia”.
La decisión de Tucker implica un rechazo a los argumentos de la Fiscalía de Filadelfia de que la petición no se presentó “a tiempo” y que el dictamen de la Suprema Corte de Estados en Williams no se aplica al caso de Mumia. Ésta es una oportunidad para empezar a desentrañar las décadas de corrupción policial y procesal que han plagado los esfuerzos de Mumia para ganar justicia y libertad después de ser criminalizado del asesinato del policía Daniel Faulkner el 9 de diciembre de 1981. Es un paso crítico hacia lograr la derogación de todas las decisiones de la Suprema Corte estatal de Pensilvania desde 1995 hasta 2008, las cuales avalaron el veredicto de culpabilidad de Mumia emitido en 1982.
Sabemos que habrá nuevas maniobras para limitar su acceso a los tribunales y ganar su libertad y también sabemos que su libertad no sólo depende de lo que pasa en los tribunales, sino de un tremendo aumento en el apoyo público para llevarlo a casa.
*Información tomada de Noelle Hanrahan de Prison Radio, la abogada Rachel Wolkenstein y the Campaign to Bring Mumia Home.
Amig@s de Mumia de México.