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Por Juan Villoro | Reforma

“Para estar fuera de la ley hay que ser honesto”, canta Bob Dylan. La frase invita a revisar la ley electoral diseñada por los partidos. Para ser candidato independiente a la Presidencia hay dos alternativas: perder con limpieza o ganar con trampa.

Conseguir 867 mil firmas en al menos 17 estados, teniendo en cada uno de ellos el 1% del padrón electoral, es una desmesura. Con el nombre de “candidaturas independientes” se brindó un repechaje para los profesionales que no alcanzan nominación. De modo lógico, quienes declararon haber cubierto las firmas provenían del PRD, el PRI y el PAN.

El INE creó una aplicación para recabar firmas que sólo funcionaba en celulares de gama media, recurso discriminatorio en un país con más de 50 millones de pobres. María de Jesús Patricio, candidata del Concejo Indígena de Gobierno, protestó por estas condiciones, pero las acató con total honestidad, demostrando que un movimiento social prefigura en su conducta el futuro por el que lucha.

Cerca de diez mil auxiliares se movilizaron para apoyar a la vocera indígena sin otro pago que la ilusión. Con recursos que apenas llegaron a los 600 mil pesos, y una solidaria economía de préstamos, Marichuy recorrió buena parte del país.

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EXIGIMOS LA INMEDIATA LIBERTAD DEL COMPAÑERO FIDENCIO ALDAMA PÉREZ DE LA TRIBU YAQUI

 A la tribu Yaqui
Al pueblo de México
A los medios de comunicación

En el Concejo Indígena de Gobierno y el Congreso Nacional Indígena nos mantenemos atentos a la determinación del Juzgado de Oralidad Penal del Distrito Judicial de Cd. Obregón, en cuyas manos está la libertad de nuestro compañero Fidencio Aldama Pérez,  de la tribu Yaqui en Loma de Bácum. El día de mañana 21 de marzo de 2018, dicho juzgado emitirá una resolución sobre el expediente mediante el cual se ha querido acusar, sin fundamentos, a nuestro compañero por delitos inexistentes.

Esos supuestos delitos se derivan del ataque que sufrió Loma de Bácum el día 21 de octubre de 2016, en que un grupo de personas simpatizantes de la instalación de gaseoductos en el territorio Yaqui, intentaron tomar por asalto el recinto tradicional de Loma de Bácum para imponer sus proyectos.

No estamos dispuestos a acostumbrarnos a ser nosotros los delincuentes y los encarcelados, cuando son los malos gobiernos y los empresarios los que cometen todo tipo de crímenes en nuestra contra y por lo tanto exigimos la libertad inmediata de nuestro compañero Fidencio Aldama Pérez y deploramos que sea criminalizada la decisión autónoma y constitucional de la comunidad de Loma de Bácum en la Tribu Yaqui, de impedir la entrada de megaproyectos que contaminan, destruyen, privatizan y despojan a nuestros pueblos

ATENTAMENTE

Marzo de 2018
Nunca mas un México sin Nosotros
Congreso Nacional Indígena
Concejo Indígena de Gobierno

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Estimados compañeros y compañeras, por medio de este correo quiero hacerles una invitación para este jueves 22 de marzo a las 15:00 afuera de la embajada de Turquía en CDMX.

El motivo de la protesta es la solidaridad con los pueblos del norte de Siria y con los compañeros kurdos que son objeto de la guerra colonialista del Estado turco. De igual manera, se hará la exigencia al gobierno turco para que detenga la agresión militar “Rama de Olivo” por violar los artículos 1 y 2 de la Carta de Naciones Unidas al invadir el territorio soberano de Siria.

Los esperamos!! Internacionalismo!

Jueves 22 de marzo, 15:00 hrs.
Mitin, Embajada de Turquía.
(Monte Líbano 885, Lomas de Chapultepec, CDMX).
Cita: 14:00 hrs. Metro Auditorio, salida dirección Barranca del Muerto.
Caminemos Junt@s

Denunciamos al gobierno Turco y exigimos fuera las manos imperialistas en la región.
Llamamos a colectivos, organizaciones, ciudadan@s y a tod@s aquell@s que luchan desde abajo y a la izquierda, a participar en esta manifestación y a generar una plataforma amplia, nacional, de solidaridad con el pueblo kurdo.
#DefenderAfrin
#ApoyAFRIN
#ResistenciaGlobal
#TurquíaEstadoTerrorista

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La Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC) manifiesta su repudio y pesar por el brutal asesinato de Marielle Franco, activista, defensora de los derechos humanos y consejal del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y de Anderson Pedro Gomes, su chofer, el 14 de marzo, en la Ciudad de Rio de Janeiro.

El asesinato se produjo en el marco de la intervención de las fuerzas militares en la seguridad del Estado desde el 20 de febrero de este año, decisión tomada por el Presidente Michel Temer y que generó amplio rechazo entre diversas organizaciones de Derechos Humanos, entre ellas la RESLAC. Recientemente, Marielle había sido nombrada relatora de la comisión que se creó en la Cámara de Concejales, con el propósito de dar seguimiento a eventuales violaciones a los Derechos Humanos, en el marco de la militarización de la ciudad. Además había denunciado recientemente ante la Asamblea, episodios de violencia que fueron perpetrados por policías militares del 41º Batallón, contra moradores de la comunidad de Acari, en la Zona Norte de Rio de Janeiro. En esta comunidad, dos jóvenes fueron asesinados en la última semana, en circunstancias que no han sido esclarecidas por el Estado.

En la noche del día 14, Marielle volvía de un evento denominado “Jóvenes negras –moviendo las estructuras”, cuando fue asesinada en el interior del auto en que se desplazaba. Su chofer, Andreson Gomes, también murió. Su asesora que también estaba en el auto resultó herida y fue llevada a un hospital de la ciudad.

La muerte de Marielle se inserta en un contexto de violencia sistemática contra defensores de Derechos Humanos en Brasil, en las grandes ciudades o en el campo, que lamentablemente se manifiesta de manera cada vez más frecuente. Su muerte también cuestiona los argumentos oficiales usados para justificar la intervención militar federal en Rio de Janeiro y demuestra la fragilidad de la Democracia y de los Derechos Humanos en Brasil.

La Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC), demanda al Estado Brasileño una investigación rápida e independiente, para la identificación no sólo de los ejecutores de este asesinato sino de quienes ordenaron este odioso crimen.

De igual forma, expresamos nuestra solidaridad a parientes y amigos de estas dos nuevas víctimas.

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Comunicado de Prensa
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 17 de marzo de 2018.

La Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas se reúne con Embajadora de Suecia.

• Violencia feminicida, desplazamiento forzado, militarización, migración, situación de las mujeres indígenas, niñas, niños, adolescentes y feminicidios temas de la agenda.

El pasado martes 13 de marzo de 2018 en la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, integrantes de la Campaña Popular Contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas (Campaña Popular) sostuvieron una reunión con la Embajadora de Suecia en México, la Sra. Annika Thunborg, en el marco del Encuentro de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Chiapas.

La organización internacional de acompañamiento a personas defensoras SweFor (Movimiento Sueco por la Reconciliación), como preámbulo, mencionó el interés del gobierno sueco por conocer la situación actual de los derechos humanos de las mujeres y la violencia feminicida en México, trayendo a la memoria la impunidad en que se mantiene el asesinato de la Defensora Digna Ochoa perpetrado en el año 2001 en la Ciudad de México.

Durante el encuentro, las organizaciones participantes denunciaron la existencia de un contexto  histórico, persistente y sistemático de violación a los derechos humanos de mujeres, niñas, adolescentes, indígenas y migrantes en Chiapas. Se hizo especial énfasis en el recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres, la conflictividad social y la división comunitaria ante la coyuntura electoral.

La Campaña Popular precisó que a más de un año de haberse declarado la Alerta de Violencia de Género las acciones implementadas por el Gobierno de Chiapas tienen un carácter publicitario, manipulador y de uso de las mujeres a través de los programas asistencialistas (ej. PROSPERA, Salario Rosa) y de los partidos políticos, que encubren la grave omisión del Estado Mexicano a su deber de atender, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.

El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa refirió que las acciones estatales han sido una burla para la lucha contra la violencia hacia las mujeres, ejemplo de ello fue la rodada ciclística realizada el pasado 8 de marzo en la Ciudad de Tonalá, organizada por el Ayuntamiento para “evitar más agresiones a mujeres”, sin que ello trascienda a garantizar acceso a la justicia para las personas denunciantes que refieren que las carpetas de investigación contienen crímenes en impunidad.

Ana Isabel Nigenda Cervantes, de Formación y Capacitación A.C., también denunció la grave situación que enfrentan las mujeres y niñas en el contexto de movilidad humana, quienes se insertan en contextos que vulneran no solo sus derechos sino su dignidad humana, son constantemente víctimas de la violencia estructural, que se presenta en forma de servidumbre, trata de personas, trabajos forzados, tortura y tratos crueles e inhumanos, explotación y violencia sexual, embarazos no deseados, secuestros, extorsiones, desapariciones forzadas, violencia intrafamiliar y feminicidios, por parte de grupos delictivos, sumado al abuso de las autoridades mexicanas civiles y militares. En Chiapas existe incluso una Fiscalía Especializada para personas Migrantes y otra especializada contra la Trata de Personas y ninguna de estas es funcional pese a que estamos en un estado fronterizo en donde las denuncias por trata y abuso a personas migrantes es una constante que documentamos las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Jennifer Haza de la organización Melel Xojobal, expusó el contexto de violencia por la que atraviesan niñas y adolescentes, ya que desde 2011 a la fecha se han registrado 47 feminicidios de niñas y adolescentes por su condición de género, de igual forma mencionó que en Chiapas un 44% de mujeres de 15 años o más han experimentado algún tipo de violencia.

Gloria Flores y Julieta Gómez del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC, denunciaron que la situación de violencia cultural que viven las mujeres indígenas y campesinas fue otro de las temáticas que, de manera atenta, escuchó la Embajadora Thunborg, sobre la cual el Gobierno de Chiapas ha demostrado su falta de interés y capacidad para abordar con políticas adecuadas la transformación de las prácticas culturales que las discriminan, así como la generación de acciones que les garanticen el acceso a la justicia y combatan la constante impunidad de la violencia feminicida y los feminicidios que se han registrado en las comunidades de la Entidad. El no tener acceso a la justicia las hace más vulnerables y deciden no denunciar porque las revictimizan.

Karla Aguilar Herreros, de la Organización Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente A.C., compartió la omisión del Estado a su deber de garantizar a las mujeres el acceso al agua potable y a servicios de salud de calidad. Lo que ha generado el incremento de muertes maternas, tracoma y diabetes. En este sentido, San Cristóbal de Las Casas, Bejucal de Ocampo, y El Porvenir son los municipios con más alto índice de muerte materna. También denunció que en todo Chiapas existe una falta de infraestructura hospitalaria significativa que se refleja en el funcionamiento de únicamente dos bancos de sangre (Tapachula y Tuxtla Gutiérrez) para toda la Entidad. El Colectivo, de igual manera, hizo hincapié en las violaciones sexuales a mujeres en el trayecto de su casa al ojo de agua.

Susana Montes, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC alertó sobre las consecuencias que la militarización genera en la vida de las mujeres y sus comunidades, situación que debe atenderse ante la posible aplicación de la Ley de Seguridad Interior. Además Chiapas ha vivido la violencia que la incursión militar en los territorios conlleva: desaparición forzada, desplazamientos, ejecuciones extrajudiciales, violaciones, aumentos de embarazos e hijos sin padres, etc.

Mercedes Ozuna de Semilla del Sur denunció la falta de atención a las 1329 personas desplazadas en el municipio de Chalchihuitan, Chiapas, a quienes el Gobierno de Chiapas ha dejado de suministrar alimentos y atención médica a pesar del compromiso que adquirió ante organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, entre ellos, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas.

Martha Figuera, de COLEM, expusó que en períodos electorales los feminicidios aumentan, que si bien el Gobierno de Chiapas se ha comprometido a atender la problemática, las acciones han sido insuficientes y solicitó a la Embajadora transmitiera esta información al Gobierno de Suecia para que se pronuncié respecto del incumplimiento del Estado Mexicano a su deber de garantizar los derechos humanos específicamente de las mujeres y niñas.

Las participaciones terminaron con la palabra de dos personas desplazadas del Municipio de  Chalchihuitan, quienes narraron la situación de desplazamiento forzado a causa de grupos civiles armados y las condiciones actuales en las que viven tras el olvido institucional.

El encuentro finalizó con una ronda de preguntas por parte de la Embajadora, quien mostró interés en cada una de las participaciones de las integrantes de la Campaña Popular.

¡No más violencia contra las mujeres!

Atentamente:
Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas

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Ahora es todavía más evidente que la teoría de la PGR fue una fabricación, destacaron.

Ciudad de México, 16 de marzo de 2018. Al fijar su posición después de la publicación del informe Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa, presentado ayer por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa sostuvieron que ahora es todavía más evidente que la teoría del Basurero de Cocula fue una fabricación y exigieron avances concretos y relevantes en la investigación.

Las familias especificaron que no están defendiendo a los presuntos responsables ni juzgando si son culpables o inocentes, sino exigiendo conocer la verdad de lo sucedido con sus hijos en vez de una ‘verdad’ fabricada bajo tortura.

Las familias acusaron que el conjunto de irregularidades y alteraciones de documentos y escenas realizado por la PGR y confirmado por el documento de la ONU-DH ha provocado que madres y padres no puedan acceder a la verdad.

Lamentaron que, en los tres años y medios transcurridos desde los hechos en la ciudad de Iguala, el Gobierno federal se ha dedicado a mentir y encubrir a funcionarios en vez de asumir sus responsabilidades y explicar con pruebas lo sucedido con los estudiantes. “El informe de la ONU es la investigación de la investigación de un gobierno mentiroso que nos quiere imponer su mentira histórica”, explicó don Mario González.

Afirmaron que, como desde el primer día, siguen preguntando dónde están sus hijos, y reiteraron que continuarán en su lucha.

Las familias ponderaron el valor del informe de la ONU-DH al señalar que confirma la existencia de un patrón de tortura contra las personas detenidas, particularmente en los casos de aquellos bajo cuyas declaraciones se construyó la teoría del Basurero de Cocula, seguido del encubrimiento a los funcionarios responsables. “Esto nos da más información pues a estas personas las obligaron a declarar lo que sus torturadores querían escuchar y no la verdad”, agregó don Mario González.

Doña Cristina Bautista sostuvo que el informe de la ONU exhibe que el gobierno ha mentido en su teoría del caso, como lo exhibieron anteriormente tanto el Equipo Argentino de Antropología Forense como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Por ello, exigieron madres y padres, la PGR debería retirar ya la narrativa del Basurero de Cocula.

“¿Por qué no han detenido a los policías federales que estuvieron en el Puente del Chipote y que incluso hablaron con los policías municipales cuando se llevaban a nuestros muchachos? Porque no quieren decir la verdad”, cuestionó don Emiliano Navarrete, quien destacó otra inconsistencia. “En tres años y seis meses ha sido una basura lo que el Gobierno ha mostrado. Agarran a La Rana cuando lo relevante sería que investigaran a Aguirre o a Iñaky Blanco o determinaran la participación del Ejército”, agregó don Epifanio Álvarez.

Los padres señalaron que ya no pueden tener expectativas en unas autoridades que les han mentido sistemáticamente y los han ofendido, a menos que hubiera avances concretos en las líneas de investigación delineadas por el GIEI.

Contacto:
Nancy Gocher Padilla
Coordinadora de comunicación de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz)
Correo electrónico: comunicacion@serapaz.org.mx
Número celular: 55 5404 9045

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