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Muere en Washington, D.C., la hermana Dianna Ortiz de la orden católica de las Ursulinas del monte Saint Joseph, a los 62 años después de una batalla contra el cáncer. Dianna valientemente denunció que fue secuestrada y detenida en un centro clandestino, en donde fue torturada por el ejército de Guatemala en noviembre de 1989, de quienes logró escapar. Ella denunció esto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien dio su opinión afirmando que “los actos en el caso de la Hermana Ortiz fueron perpetrados por agentes del Gobierno de Guatemala, que actuaban al amparo de su capacidad oficial.”
Por lo que pidieron al Estado de Guatemala que investigara acerca de la responsabilidad por las violaciones cometidas. Así como que se sometiera a un proceso judicial a quienes fueron responsables de estos crímenes y en consecuencia repararan el daño.
En 1995 una corte federal en Estados Unidos resolvió la responsabilidad del general Héctor Gramajo, exministro de Defensa de Guatemala, por el asesinato, tortura y desaparición de nueve guatemaltecos y la violación y tortura de la monja estadounidense Diana Ortiz. La corte ordenó a Gramajo pagar 47,5 millones de dólares como indemnización por los daños, a las víctimas.
La hermana Diana Ortiz de origen estadounidense murió “después de una breve enfermedad” informó en su página la comunidad de Pax Christi, a la que pertenecía en donde fue directora del programa y coordinadora del programa de pasantías, también recibió el premio Maestra de Paz de Pax Christi USA en 2000.
Fue profesora en la escuela Immaculate Conception School, Hawesville, Ky., y en la escuela Blessed Mother School, Owensboro, Ky. antes de trabajar en Guatemala. Fue una de las fundadoras de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington y la Coalición Internacional de Apoyo a la Abolición de la Tortura y a los Sobrevivientes en Washington
En base a su testimonio escribió el libro “Los ojos vendados: Mi viaje de la tortura a la verdad” publicado en 2002.
“Muchos de nosotros en el mundo de Pax Christi conocimos o supimos de Dianna en la década de 1990 cuando, con gracia y perseverancia, presionó al gobierno de los Estados Unidos para que dijera la verdad sobre el secuestro y la tortura que sufrió en Guatemala en noviembre de 1989. Dianna se basó en ella propia experiencia insoportable para crear la Coalición de Apoyo a la Abolición de la Tortura y a los Supervivientes (TASSC), que proporciona herramientas y asistencia para que los supervivientes de la tortura se defiendan por sí mismos, creen conciencia sobre el uso continuo de la tortura en todo el mundo y cambien las leyes y costumbres.”
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Comuna de Lautaro, 19 de febrero 2021.- Comunidad Quiñehual 2 inicia recuperación territorial en fundo San Carlos. Esta decisión la toman en conjunto como familias desplazadas de los territorios que ancestralmente habitaron sus antepasados. Se suman así a una serie de recuperaciones territoriales iniciadas en la comuna en apoyo con otras que también han comenzado a recuperar sus tierras.
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Emisión del 18 de febrero de 2021. Quicuagésimo primer recorrido por el planeta coronavirus, contra la detención del rapero Pablo Hasél y una conmemoración de los Acuerdos de San Andrés:
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Por Francisco Simón Francisco y Nelton Rivera
En un actividad pública, Giammattei volvió a atacar a la prensa: “La lucha contra la corrupción es para nosotros mucho más que un discurso…si bien el esfuerzo que como gobierno estamos haciendo para combatir este flagelo, no ocupa las primeras planas de aquellos diarios interesados en promover falsas informaciones, ni las conversaciones prefabricadas en las redes sociales…” expresó durante su discurso en la presentación del primer informe de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción (CPCC).
Los periodistas Sonny Figueroa y Marvin Del Cid que llegaron a cubrir el evento en el Palacio Nacional de la Cultura , denunciaron que los encargados del protocolo de la seguridad de la presidencia les negaron la entrada.
¡El acceso a la información es libre! Expresó el periodista Marvin del Cid, en el momento en el que se les limitó el ingreso en la entrada principal del Palacio Nacional.
La actividad fue presidida por Oscar Miguel Dávila director ejecutivo de la comisión. Con la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad para Guatemala CICIG durante el gobierno de Jimmy Morales, Giammattei optó por crear esta comisión que funcionará con Q9 millones 785 mil quetzales para cuatro años, de los cuales Q8 millones 700 mil fueron destinados a gastos personales, según informó Dávila.
De acuerdo a los datos presentados este 16 de febrero hasta la fecha han recibido 137 alertas de corrupción que se cometen en distintas instituciones del ejecutivo, durante un año solamente 5 denuncias fueron presentadas al MP y a la Contraloría General de Cuentas. El gobierno le da una valoración positiva a esta comisión. Mostraron que algunos de estos casos son investigados por el Ministerio Público (MP), una comisión que depende directamente del presidente.
Durante el 2020, fueron registradas 149 agresiones contra la prensa, restricciones como la de hoy fueron cometidas principalmente por funcionarios públicos incluidos el presidente.
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Emisión del 14 de febrero de 2021. Quincuagésimo recorrido por el planeta coronavirus, textos de Silvia Ribero, Gustavo Esteva y Giorgio Agamben sobre nuestros tiempos pandémicos, por el agua en los Pedregales y contra la invasión turca en Kurdistán:
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Por Pelao Carvallo
La pandemia le ha permitido al ministerio de defensa chileno ocultar la gran derrota de las fuerzas armadas: el fin del Servicio Militar Obligatorio (SMO) por la insumisión masiva al proceso. Las Fuerzas Armadas y de Orden de Chile son parte de las grandes instituciones derrotadas por la Revuelta Social iniciada en octubre de 2019.
El 18 de octubre de 2019 por la mañana, el día de la Revuelta Social en Chile, la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) anunciaba la convocatoria de 81661 jóvenes para cumplir obligatoriamente el SMO[1]. Esto era un 70% de la base de conscripción para ese año, es decir todos los varones que ese año cumplían 18 años. Un mes más tarde, el 19 de noviembre, la misma DGMN informaba que habían sido 109.921 los jóvenes convocados obligatoriamente al SMO, es decir un 95% de la base de conscripción[2]. Esta maniobra de presión social sobre una juventud que se manifestaba en las calles y plazas del país, exponiendo ojos, vida y libertad fue contestada con manifestaciones, protestas, quema y saqueo de cantones de reclutamiento, pero principalmente por la no presentación a esa convocatoria, logrando que primero se alargara el tiempo de presentación de documentos para eximirse del 30 de noviembre al 31 de diciembre de ese año y posteriormente que –con la excusa de la pandemia- se suspendiera la realización del SMO durante el año 2020.
La Insumisión
El rechazo al SMO viene de lejos. El asesinato impune de Pedro Soto Tapia[3] expuso a mediados de los años ’90 la necesidad de abolirlo. El gobierno de Ricardo Lagos negoció una “modernización” que mantuvo los privilegios y la impunidad para los mandos militares, mediante un foro que tenía un objetivo: una reforma legal bajo la consigna “Voluntario en principio, Obligatorio en subsidio”[4]. Las FFAA han venido cobrando ese subsidio con creces, generando más resistencia puesto que es claro en la conciencia colectiva que el “sorteo”[5] para ser llamado a presentarse nunca afecta a los jóvenes que viven en las comunas pudientes del país, esas “3 comunas”.
El rechazo fue creciendo desde que les estudiantes secundaries se dieron tiempo y práctica asamblearia para conversar sobre la explotación que sufren, siendo una de ellas el SMO. El mochilazo del 2001[6] y la creación de la ACES (Asamblea coordinadora de Estudiantes Secundarios) retratan este crecimiento. Por otro lado, la persistencia de la propuesta insumisa de objeción de conciencia que llevaban adelante el Ni Casco Ni Uniforme[7] y otros componentes del MAOC (Movimiento Antimilitarista de Objeción de Conciencia) en la primera mitad de la década del 2000, ayudó a instalar la idea de que rechazar el SMO no participando de él, era posible y efectivo. La impunidad al tratar las barbaridades del SMO trajo aún más rechazo, práctico, por parte de los jóvenes, en el sentido de no querer ser más números para la muerte como los 44 conscriptos de Antuco[8] asesinados insensatamente en 2005. Hubo tal impunidad en ese tema que ni el comandante del regimiento, ni el general en jefe del ejército ni el ministro de defensa de ese momento fueron cuestionados o renunciaron a sus cargos.
Las movilizaciones estudiantiles, especialmente entre les secundaries, de 2006, 2011 y 2018 permitieron, especialmente en las tomas (ocupaciones) de los liceos, que circulara la palabra y una forma desmilitarizada de entender lo escolar y la vida con una crítica profunda a lo que el SMO significa. Por supuesto, las autoridades militares explicaban esta disminución bajo otros motivos: decrecimiento poblacional, mayor acceso a las universidades y mayor oferta laboral[9], incluso dejaban entrever que esto lo tenían “previsto”.
Eso de que “los números hablan por sí solos” es una falacia que los militares chilenos saben -y usan- muy bien: respecto a la debacle de la “voluntariedad” en el SMO no entregan cifras claras sino porcentajes descontextualizados, cantidades siempre aproximadas y las que dicen a un medio de prensa no son necesariamente las mismas que a otros. Saben, además, que en la prensa no habrá quien coteje las cifras dadas puesto que en general solo repiten las notas de prensa.
Los datos contradictorios
Para 2019, antes de la revuelta social de octubre, el rechazo al SMO había aumentado al descubrirse nuevos abusos y crímenes mortales[10][11]. En junio de 2019, según cifras oficiales, los y las voluntarias apenas cubrían el 28,99% del requerimiento de conscriptos para ese año cifrado en 11.067 conscriptos[12]. El total de voluntariedad del año 2019 recién fue revelado en octubre de este 2020 por el Jefe de reclutamiento de la DGMN, coronel Fredy Kirst[13] quien declaro que solo 8.926 personas se presentaron voluntarias al SMO ese 2019. Esto representaba un 7,2% de la base disponible ese año. De 12,3% del año 2018 a un 7,2% el año siguiente. Proporcionalmente, una baja de un 41,5%.
Baja coincidente con lo sucedido en años anteriores: en octubre de 2018, La Tercera recogió las declaraciones del general Jorge Morales, director de la DGMN, dadas ante la comisión de defensa de la Cámara de diputados[14]. Allí expresó que 17.308 jóvenes habían iniciado el trámite para realizar voluntariamente el SMO, esta cifra era el 12,3% del total de jóvenes (varones) nacidos el año 1999 [15], generación convocada ese año.
Finalmente, decía el general Morales, solo fueron acuartelados 10.303 jóvenes, de los cuales nos da el dato de que 1.687 eran mujeres. Esa cantidad, 10.303, era el 60% de quienes ese año iniciaron el trámite de voluntariedad. Dijo además que del total de jóvenes que NO se habían presentado voluntarios/as, se obligó a 81.661 a realizar el trámite de selección al SMO mediante el “sorteo”. Hubo entonces 27.032 jóvenes, un 21,4% del total de esa generación 125952 que no fueron molestados, para nada, por la DGMN. 21,4%, casualidades de la vida, un porcentaje similar al obtenido por el Rechazo a nivel nacional en el plebiscito de octubre[16]. Como es imposible saber a cuales comunas corresponde ese 21% de jóvenes no requeridos para el SMO, solo nos queda especular.
Una dificultad adicional para entender la situación actual del SMO es que los datos que entregan los militares encargados del tema son contradictorios. La Tercera, en esa misma nota, pone que las FFAA requieren anualmente 12 mil conscriptos… bastaba revisar los datos oficiales para saber que esa cifra, 12 mil, se había requerido por última vez en 2015[17] y que desde ese año, la cifra era 11 mil. Esta disminución fue de un 21,8% de voluntariedad en el año 2007 en la base total de conscripción (el total de jóvenes varones de esa generación) a un 13,2% en 2014.
Los datos oficiales difieren entre un documento y otro. Respecto a 2018 por una parte se dice que fueron 12.563 las personas voluntarias al SMO, y que los conscriptos requeridos eran 10.800[18], cifras muy diferentes a las presentadas por el general Morales, diferentes y menores. Otro documento oficial indica que la voluntariedad era de 15.517 jóvenes, y que el acuartelamiento requerido era de 11.152, con un cumplimiento del 100%[19]. El ministro de Defensa de ese entonces, Espina, daba la cifra de 10.500 como número de personas acuarteladas[20] ¿Cuál de todas estas cifras era cierta para 2018? A la prensa parece no importarle.
Las explicaciones de la DGMN para esta insumisión masiva y permanente consideraban muy levemente el efecto de la Revuelta Social de octubre de 2019[21]. La conexión entre la revuelta social y la insumisión al SMO es evidente, tanto que producto de las protestas[22], manifestaciones y destrozo de cantones de reclutamiento[23][24], la DGMN debió alargar, en noviembre, el proceso de excusas[25] de quienes fueron “sorteados” para hacer el trámite de selección al SMO hasta el 31 de diciembre de ese año. La insumisión fue clara así como el rechazo a ser parte de la represión y el asesinato de luchadores social encarnada en ese momento, y hasta hoy, por las FFAA encargadas de sostener los estados de emergencia que se declararon desde octubre[26]. Ese rechazo es también a Carabineros, la policía militarizada de Chile[27].
Inconsistencias
La inconsistencia de las cifras respecto a conscripción dadas por la DGMN resalta al comparar el año 2019 según los datos oficiales con los dichos del jefe de reclutamiento y la información respecto al acuartelamiento. En el primer caso requerían 11.067 conscriptos/as, pero hasta junio de 2019 solo tenían un 28,99% de lo requerido. En octubre de este año el coronel Kirst declaró que tenían 8.926 reclutas (un 81% de lo requerido, una merma de un 19%). Esto a su vez contradecía las cifras de acuartelamiento dadas en septiembre de este año que hablaban de 6.702 jóvenes haciendo el SMO[28] – siendo 1.201 de esas personas mujeres-, esta cifra (6.702) es un 58% de lo anunciado como requerido para esa generación ( y una merma de 42%). ¿Qué fue de esas 2224 personas faltantes en la cuenta ¿8.926-6.702? ¿Rechazaron ser parte del SMO, practicaron la insumisión? ¿O las FFAA prefirieron ahorrarse el gasto y la información?
Tampoco es claro el porcentaje de obligados y voluntarios (porque se nos dice que las mujeres en el SMO son todas voluntarias) en la conscripción de ese año, puesto que el coronel Kirst señaló[29] en octubre que los obligados a realizar los trámites del SMO fueron de un 70 a 80% de la base disponible el 2019, [30]es decir se molestó a entre 80.027 y 99.460 jóvenes. En noviembre, como dijimos al principio, Lo Presti contaría otra historia, con otros números.
El rechazo al SMO es más grande aún para la convocatoria 2020, pese a que los requerimientos son menores, según las mismas declaraciones. La voluntariedad solo convocó a “3.969 personas para realizar el Servicio Militar según informó el coronel del Ejército, Fredy Kurst, jefe del Departamento de Reclutamiento de la Dirección General de Movilización Nacional. Esta cifra representa una disminución de 55,5% comparados con los 8.926 del mismo periodo del año pasado”. También señala que se sorteó a 39.924 jóvenes, un 35% de la base total porque, y esto es importante, las FFAA bajaron sus requerimientos de conscriptos. Esta vez el porcentaje de NO afectados por el SMO –sorteo y voluntariedad- alcanzó a un 56.3% del total, en un guiño a las clases medias.
Aparentemente la cifra de conscriptos que se busca para el año 2021 es la misma que para este año, entre 6.500 y 7.000 jóvenes. La falta de conscripción se hace evidente con la convocatoria a reservistas que se hizo este año[31] (y el pasado con la excusa del estado de sitio contra la Revuelta) y en la ampliación del tiempo de acuartelamiento de la conscripción del año pasado[32]. La debacle del SMO es total, tanto que este año la Fuerza Aérea chilena suspendió totalmente la conscripción.[33]
Esa disminución en los requerimientos de conscripción y en los acuartelamientos no se refleja en el presupuesto nacional otorgado a la DGMN para 2021, puesto que la reducción para esta Dirección solo alcanza un 5,8 respecto al año anterior [34] y la reducción del presupuesto nacional para el Ejército (el mayor demandante de conscripción) es de apenas un 6.6%[35] . El 55% menos de conscriptos no se traduce fielmente en el presupuesto, así como la disminución del requerimiento. Lo que no es extraño puesto que las cifras oficiales aun presentan como meta de conscripción para 2020 la cantidad de 11.349 conscriptos/as[36].
Lo que falta en la discusión
El servicio militar en Chile nunca ha dejado de ser obligatorio. La voluntariedad se da en el marco de la obligatoriedad legal y, desde hace unos cuantos años es que la obligatoriedad –mediante el mecanismo del sorteo- se usa para rellenar el vacío que la falta de voluntarios genera. Las FFAA usan el SMO para cooptar a quienes necesitan para ser soldados profesionales, categoría que es hoy la base del personal de las FFAA. El reclutamiento no tiene otro objetivo que sostener el gasto militar y abastecimiento de futuros soldados profesionales.
El componente de rechazo al SMO en esta disminución de voluntarios a un Servicio Militar eminentemente obligatorio[37] se explicita en una insumisión práctica que por un lado recurre a las excusas legales para eximirse (sacarse) el SMO, como a la simple no presentación tanto para eximición como para selección y acuartelamiento. Simplemente no se presentan. La presión militar al Ministerio Público para que se persiguiera judicialmente a la insumisión no tuvo efectos, ya en 2016[38]. Esta insumisión es también una defensa de la vida y dignidad de las personas expuestas al SMO, cuya característica de torturas, maltrato y muerte no se extingue.[39]
Todos estos temas: el Derecho de Objeción de Conciencia, el rechazo al SMO, la Obligatoriedad persistente del Servicio militar pese a las declaraciones y mitología de la voluntariedad esparcida por las FFAA no forman parte de las discusiones preconstituyentes sobre el rol de las FFAA y la Defensa que se dan en los medios de prensa en estos tiempos especialmente en El Mostrador. Se ocultan las opiniones sobre el tema de quienes se oponen a una perspectiva militarizada del país, llámense objetores/as de conciencia, insumisos/as, remisos/as, antimilitaristas, personas que se han organizado para desmilitarizar el país, familiares y víctimas de las FFAA y del SMO en particular. Esta discusión en medios de prensa hasta ahora tiene un profundo sesgo militarista, de lobby de las FFAA, favorecedor de la solución armada de los conflictos y que pretende mantener el status quo favorecedor de ese poder fáctico en Chile que se llaman Fuerzas Armadas y de Orden. La discusión real sobre las FFAA la hace la gente desertando, haciéndose remisa, practicando la insumisión, declarando en lo práctico su objeción de conciencia.
1-Asamblea Antimilitarista de la Región Chilena y Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe, Ramalc. 15 de diciembre de 2020
[5]Al no haber voluntaries que cubran la totalidad de la conscripción requerida, la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) realiza un sorteo entre los no voluntarios que cumplan 18 años en el año en curso y en ese sorteo se elige quienes deben realizar el trámite de selección para el SMO.
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La grave situación humanitaria que se vive en estos momentos en Colchane,en donde miles de personas cruzan la frontera en condiciones infrahumanas, sometidos al calor, sed, fríos en la noche y personas inescrupulosas que les cobran por cruzarlos, estafadores que les roban su dinero y los proxenetas, que ya se les ha visto en ese lugar.
Es urgente que se promuevan políticas desde una orientación humanitaria , en la cual la vida humana este en el centro, no el racismo, la xenofobia y la desprotección ante usureros y coyotes que lucran con estas crisis.
La humanidad se ha caracterizado por estar en un permanente movimiento, sin embargo, en la actualidad centenares de niños y niñas además de personas adultas yancianas, se ven forzadas a abandonar sus hogares, ya que los estados capitalistas-patriarcales ponen su centro en el humano como objeto, y no como sujeto, obligándoles a desplazarse ya sea por devastación ecológica, guerras, mafias, esclavitud , racismo entre otros.
La paradoja de este mal gobierno, es que el 2019, Piñera dice que seguiremos recibiendo venezolanos, sin embargo, en esta fecha las solicitudes de visas de responsabilidad democrática han sido rechazadas masivamente.
Desde Colchane han habido voces que exigen un manejo humanitario de esta crisis , ya que niñas, niños y mujeres con embarazo de término son parte de las caravanas que ingresan a esa ciudad por pasos, en las cuales, el desierto es muchas veces mortal.
A continuación nos relatan como se vive esta emergencia humanitaria desde una perspectiva del personal de salud:
“Colchane, es un comuna ubicada en la región de Tarapacá, en la zona de los Andes, frontera directa con Bolivia, cuyo clima en estos días es de lluvia, frío, viento y sol con altos niveles de radiación por la altura que rodea los 3.800 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, lo que genera un habitad inhóspito para quienes deciden cruzar la frontera por pasos irregulares durante estos meses. Como nunca, este último tiempo se ha escuchado sobre ella en los medios de comunicación, inclusive en los medios locales. Es habitada por comunidades Aymaras, quienes viven en este territorio ancestralmente, y cuyas edades son principalmente adultos/as mayores, quienes viven de la ganadería, agricultura y del comercio fronterizo. El problema migratorio que sucede hace unos meses, especialmente con personas de nacionalidad venezolana, ha ido en crecimiento exponencial durante el último tiempo, situación que fue notificada a los cargos públicos respectivos desde agosto del año pasado por parte del equipo de salud de la Comuna, en donde nos declaramos como equipo insuficiente para cubrir las necesidades, tanto de la población migrante como de la comunidad propiamente tal. Hoy, aproximadamente 5 meses después, nos encontramos en una situación de violación indiscutible a los derechos humanos, al derecho a migración y al respeto por los pueblos originarios que demuestra el racismo del estado Chileno. Desde nuestra labor y accionar diario en este lugar, hemos podido observar y escuchar: hipotermias, crisis hipertensivas, deshidrataciones, fatiga por falta de alimentos, desabastecimiento de alimentos, hacinamientos en casas tomadas de hasta 60 personas, amenazas de partos prematuros, abortos espontáneos, sobreexigencia al equipo, sentimientos de inseguridad, muertes, demora en los procesos de traslado, esperanzas rotas, desilusiones, separaciones de los grupos familiares, niñxs, gestantes, abuelxs, jovenes y adultxs.“
“Desde el derecho a migrar y al movimiento, creemos que la responsabilidad es directa del Estado y no de las municipalidades y/o regiones, urge hacer una reforma migratoria que ofrezca protección a las personas que se muevan buscando una mejor calidad de vida en vez de un rechazo y abandono a quienes toman la decisión de arriesgar su vida por refugio y alimento. Una vez más, se demuestra que los responsables de solucionar esta problemática no están preocupados y capacitados en la realidad de las personas, protegiendo al estado y sus intereses. Carabineros, un ente ineficiente y no preparado para ejercer sus funciones legales. Agradecemos que los militares no se han puesto a disparar como soldados de guerra, situación que por este mismo contexto ha sucedido en fronteras vecinas.”
“Es importante recordar que estamos en un territorio Aymara, que por años se ha visto discriminado y aislado, este lugar no es espacio donde establecer un refugio, sino un lugar de transito para entrar al país, la comunidad y su gente hoy siente miedo, y sus animales (llamas y alpacas) están comiendo basura y no alimento. Esperamos que este territorio no sea olvidado cuando esta crisis migratoria llegue a su fin, sino que se considere como un lugar originario que debe ser respetado, acompañado y aceptado como una ruta migratoria permanente dentro de las olas que se han generado y que se generaran con el paso del tiempo.”
“Hacemos un llamado a lxs colegas que trabajan en salud, a entregar una atención de calidad y digna donde sea que estén, porque las mismas personas que hoy transitan por este lugar, en unas semanas estarán por todo chile necesitando de nosotros/as, los invitamos a una realidad mas humanitaria, empática y alejada de la indolencia porque mañana puede ser nuestra familia, nuestrxs hijxs, y nosotrxs mismos.”
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Por Elías Oxom
Tres meses después del paso de las tormentas Eta e Iota, el nivel de las inundaciones empezó a descender en la aldea Sesajal, de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, según reportó la población de ese lugar, donde el nivel del agua que se acumuló por las lluvias alcanzó unos 10 metros de altura e inundó varias casas.
Algunas personas damnificadas prevén que aproximadamente tome otro mes, para que el nivel de las inundaciones descienda por completo de las casas, donde algunas sufrieron graves daños al pasar tanto tiempo bajo el agua.
Una gran extensión de terreno que también estaba inundada ya se secó, pero las personas que se dedican a la agricultura en esa región no han podido sembrar y trabajar la tierra, porque también quedó dañada por los sedimentos arrastrados durante la inundación; no obstante, esperan que después de la época de verano, se encuentre en mejores condiciones para poder sembrar y así producir la alimentación necesaria para sus familias.
Según Santiago Quib Chub, actualmente varias familias que estaban albergadas en la misma aldea o en aldeas cercanas, ya han regresado a vivir a sus casas pero han reportado problemas con los techos que quedaron arruinados. Unas 80 familias todavía que están albergadas en la escuela, en el puesto de salud y en el salón de la referida comunidad, sobreviven gracias a la ayuda que sigue llegando de personas particulares, de organizaciones y de las aldeas cercanas a la comunidad.
El acceso a aldea ya quedó habilitado por la ruta a Campur, Carchá, pero el acceso al municipio de Chisec que es el área urbana más cercana, todavía se encuentra inundado, esto dificulta el traslado de las personas y los productos de consumo diario y de víveres por esa ruta. Los lancheros que se encuentran en el área cobran Q10 quetzales de pasaje por persona, lo que ha significado un gasto exagerado para las personas que necesitan movilizarse.
La Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred) ya realizó una primera visita a la aldea afectada y se tiene previsto que próximamente realice un estudio para determinar si las condiciones de esa aldea son ideales para ser habitada.
La población está consumiendo agua de lluvia que logran recolectar en algunos recipientes y siguen utilizando el agua de la inundación para lavar la ropa, a pesar del fuerte olor a azufre que ahora tiene. Al momento, en niñas, niños y las personas de la tercera edad se reporta un brote de fiebre, tos y diarrea que puede estar asociado al consumo de esas fuentes de agua.
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Comunicado Público
La comunidad Pedro Currilem del territorio pewenche de Lonquimay comunica lo siguiente:
El jueves 28 de enero del presente año, sufrimos la partida de nuestro lonco, el peñi Jose Nivaldo Romero Cañumir. Destacado dirigente pewenche, con una gran trayectoria y militante de la libre determinación mapuche.
Durante su vida participo activamente de distintas instancias de lucha y también de ngutram, representando a su territorio como autoridad ancestral en, nguillatun, palin, ngutramkawun, marchas y diferentes acciones de lucha y resistencia. Como también asistió a diferentes instancias internacionales, para denunciar y exponer la situación mapuche y en especial la del territorio pewenche.
El Lonco nos deja un gran legado a seguir, se va un kimche, un norche y esa perdida no la sufrimos solo su familia, sino que la sufre el pueblo mapuche en su conjunto. Durante los 3 días de elüwun nos acompañó el mawun como señal del lif newen ka lif püllü, como también peñi y lamguen de diferentes territorios del wallmapu.
Se fue con un gran ayekan, con purrun, y en su honor se largaron 3 jineteadas, mientras weichafes cortaran con barricadas la ruta 181 para despedir a un Lonco que siempre estuvo presente en la defensa del pueblo mapuche y sus derechos.
Queremos como familia y como lof, agradecer a todos quienes a pesar de la pandemia y las dificultades llegaron a acompañarnos en la ultima despedida al Lonco Romero, la lucha continuara y esta tierra seguirá pariendo weichafe que se levanten a defender el mapuche moghen.
kume ruputuaimi, kume amuimi wenu mapu mu lonco Romero
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Créditos: Feliciana Herrera
Por: Feliciana Herrera
Las Autoridades Indígenas del pueblo Ixil de Nebaj manifestaron este día que, aunque ven con buenos ojos cualquier tipo de apoyo que sirva para el beneficio de las comunidades, recalcaron que es importante que el Estado se enfoque en acciones estructurales que cambien las condiciones de fondo que hacen migrar a la población, entre ellas la corrupción. Las declaraciones fueron hechas a propósito de un programa impulsado por la agencia de cooperación de EE. UU y un grupo de empresas privadas.
Este martes fue inaugurado en Nebaj un proyecto educativo y técnico denominado Alianza por la Educación, del Proyecto Puentes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) y otras nueve organizaciones, entre ellas Fundación Tigo, que buscan capacitar a 150 jóvenes en el uso del programa de computación Excell, para evitar la migración o para lograr su reinserción laboral luego de una deportación.
El alcalde municipal de Nebaj, Virgilio Jerónimo Bernal, recibió a Mario López vicepresidente de la Fundación Tigo, el embajador de Estados Unidos en Guatemala, William Pop y a la ministra Claudia Ruiz del Ministerio de Educación.
Feliciana Herrera.
Miguel De León, autoridad comunal, manifestó que las autoridades indígenas ixiles se enteraron del evento a través de los medios de comunicación y desconocían mayores detalles del proyecto. “La migración no es porque las personas quieran, es porque no hay empleo ni políticas públicas que vayan dirigidas a resolver las problemáticas como la falta de educación”.
La autoridad añadió que las personas que han migrado a Estados Unidos, principalmente, no ven otra salida a la falta de atención de parte del gobierno. “Eso no se puede solucionar con programas pequeños, se necesitan soluciones grandes y estructurales desde el Estado, y claro que los países amigos puedan contribuir”, indicó.
Otra de las preocupaciones de las autoridades indígenas refiere a que la ministra de educación presente “como un gran proyecto la atención a 150 jóvenes, cuando somos unos 100 mil habitantes. No está malo apoyar a los beneficiarios, pero no es suficiente”, insistió De León.
Para las autoridades indígenas es impostergable que se erradique la corrupción para poder abordar el desarrollo del país. “En un país donde existan corruptos, donde exista la impunidad y donde la justicia no funciona, nada se va a solucionar y los más golpeados seguiremos siendo los que siempre quedamos excluidos”, puntualizó De León.
Capacitación técnica
A través del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP) los jóvenes que han participado en este programa recibieron capacitación en elaboración de “antojitos guatemaltecos” y cursos de computación.
Para el caso de Nebaj recibirán capacitación en Excell y Fundación Tigo aportará internet móvil a la vivienda de los beneficiarios y computadoras.
