Publicado en: Contralínea
Con la “guerra” contra el narcotráfico, Chiapas se militarizó de nueva cuenta. Las tensiones entre el EZLN, las bases de apoyo, la sociedad civil en general y el gobierno han aumentado a la par de la criminalización de la protesta pacífica. En entrevista, Víctor Hugo López –director del Centro de Derechos Humanos Frayba– señala que con la militarización también ha aumentado el despojo de los recursos naturales, minerales y energéticos de la entidad.
Caminos rurales y comunidades indígenas de Chiapas fueron ocupados, poco a poco pero de manera contundente, por elementos del Ejército Mexicano y la Armada de México durante el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa. Hoy, todavía con el pretexto de combatir al narcotráfico, los militares tienen bajo su control zonas que se habían liberado en la gestión de Vicente Fox Quesada como una muestra de la “voluntad gubernamental” para pacificar la región.
Así, el máximo logro de la “guerra” calderonista en esa entidad del Sureste mexicano no fue exterminar el crimen organizado, sino reposicionar a los militares al punto de que la actual situación es equiparable a la que se vivió hace 2 décadas, cuando se levantó en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
En entrevista con Contralínea, el director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Víctor Hugo López, explica que, aunque en Chiapas no se han visto “escenas espectaculares de violencia” y de enfrentamientos en las calles, la estrategia de la “guerra” contra el narcotráfico sí tuvo repercusiones serias en las comunidades. En principio, porque logró un reposicionamiento del Ejército Mexicano y de la Armada en distintos territorios indígenas y en todos los puntos fronterizos de la entidad, caracterizada por su miseria y marginación.
El joven defensor de derechos humanos recuerda que una de las condiciones que la administración foxista relativamente atendió para mantener el diálogo con el EZLN fue la desmilitarización: se eliminaron algunas de las zonas militares más importantes, dice. Sin embargo, “esta situación se perdió con la estrategia de Calderón: mientras que elementos del Ejército patrullan y montan retenes a lo largo del territorio, los de la Armada custodian los puntos fronterizos, incluido el de Guatemala”.
En la actualidad, expone, integrantes del Ejército Mexicano están presentes en distintas comunidades y caminos rurales en los que antes no se les había visto. “Están haciendo nuevamente rondines; están incluso haciendo operativos de desarme. De pronto, dicen ellos, [operativos] discretos, pero están tocando justo la frontera o la línea de fuego aquí en Chiapas. Esto es grave, porque me parece que ellos no están midiendo la posibilidad de registrar nuevamente un enfrentamiento [armado]”.
Víctor Hugo López observa que la estrategia antidrogas tuvo otras graves repercusiones en Chiapas. Una de éstas se refiere a la política de seguridad estatal, expone, porque ahora las policías civiles están al mando de militares.
También, refiere, aumentó la criminalización hacia la sociedad en su conjunto. Ejemplifica con los operativos de las unidades mixtas (militares acompañados por policías municipales y estatales). Éstos, indica, son quienes han estado cometiendo el mayor número de detenciones arbitrarias de jóvenes (hombres y mujeres) en las calles por su simple apariencia; también cometen abusos y torturas.
En ese mismo sentido, se endurecieron las leyes y se legalizaron las formas de violencia y mecanismos de violación a los derechos humanos: “por ejemplo, aunque se eliminó el arraigo en Chiapas y esto se publicitó como un logro del gobierno estatal anterior, aumentaron las casas [de seguridad] de la Procuraduría, en donde se desaparece a las personas, se les tortura, se les detiene de manera ilegal”.
Y a pesar de que tanto los operativos policiaco-militares como las modificaciones legales se han justificado como una estrategia contra el narcotráfico, el defensor de derechos humanos observa que no se reguló la venta y el consumo de alcohol y de todo tipo de drogas.
“Contradictoriamente con el discurso del combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada, hemos visto que, de manera exponencial, en distintas comunidades se ha autorizado y se está incluso promoviendo, porque en algunos casos los dueños son los alcaldes, la proliferación de cantinas donde se da un consumo indiscriminado de drogas, y obviamente hasta trata de personas.”
Víctor Hugo López advierte que se están creando las condiciones para mantener el estado de inseguridad. Ejemplo de ello es la alianza entre los gobiernos de México, Estados Unidos y Guatemala: “el argumento es que los grupos de delincuencia organizada y el narcotráfico no operen entre Chiapas y Guatemala; pero estas políticas han endurecido las medidas no contra la delincuencia, sino contra la población”. Particularmente, señala, de las personas migrantes.
“Para nosotros, el blindaje de la frontera, el reforzamiento de la seguridad y el combate a la delincuencia organizada han significado mayor control social y mayor índice de represión contra la población en su conjunto. Y esto ha impactado de manera al parecer invisible, pero presente. Está muy presente aquí en los casos que recibimos día a día de detenciones arbitrarias.
“En el Frayba estamos recibiendo al día de hoy un promedio de entre 900 y 1 mil casos en general; pero hace 3 años recibíamos de 400 a 500 casos. Ahora, de esos 900 o 1 mil casos, unos 400, es decir, el 40 por ciento, tienen que ver con temas de criminalización, acceso a la justicia, detención arbitraria, privación arbitraria de la vida, tortura y judicialización. En nuestro análisis, vemos que son efectos de la estrategia de la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada: podríamos decir que un 40 por ciento de esos casos son derivados de la estrategia.”
Megaproyectos, la otra amenaza
A pesar de las evidencias reunidas por el Frayba respecto del aumento de las violaciones a los derechos humanos, los gobiernos federal y estatal aseguran que en Chiapas se respetan esos derechos. Estos discursos no sólo buscarían ocultar la situación que enfrentan las comunidades, sino también promover las inversiones extranjeras en la región.
Víctor Hugo López explica que “el Estado mexicano ha hecho un trabajo de cabildeo impresionante a nivel internacional de ser garante, promotor y de respetar los derechos humanos en México, y concretamente en Chiapas, en las poblaciones indígenas; para ello ha ratificado, firmado y propuesto todo tipo de leyes, reglamentos, convenciones, protocolos que le puedan generar el amparo de este discurso. México es promotor de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y nuevamente comenzaron a decir que los Acuerdos de San Andrés había que legislarlos y aprobarlos; en Chiapas tenemos leyes locales como la Indígena, una ley de protección a las mujeres, etcétera. Entonces han creado todo el andamiaje jurídico-legal para poder sostener frente a gobiernos del mundo y agencias en el extranjero que ellos están garantizando condiciones de respeto, promoción y protección a los derechos humanos y que, por lo tanto, los niveles de vida, la seguridad social, la tranquilidad y la paz están garantizadas en nuestro estado”.
Agrega que recientemente 12 parlamentarios europeos han visitado Chiapas con el interés de conocer la situación de los derechos humanos, pero, sobre todo, para cerciorarse de las condiciones de seguridad que brinda la zona para la inversión.
“Lo que ellos están diciendo es que el gobierno mexicano está impulsando o reimpulsando proyectos de inversión, ecoturísticos, para las empresas de extracción mineral, de recursos petroleros, diciendo que en Chiapas está todo el andamiaje de respeto y promoción a los derechos humanos que garantizan seguridad en su inversión.”
El director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas dice que en la entidad se va identificando un mapa de conflictividad social provocada por los megaproyectos de inversión privada. Uno de esos conflictos, detalla, es el de la zona de Agua Azul. En el área de cascadas, los campesinos se oponen a la propuesta gubernamental de crear un centro ecoturístico.
“Nosotros vemos que se está reimpulsando la afrenta a las comunidades que defienden sus territorios porque vienen de manera decidida a impulsar los proyectos que han comprometido. Y lo hemos podido corroborar en ese sentido, porque hay un binomio seguridad-inversión-derechos humanos que se está vendiendo en el extranjero. Ellos [los representantes extranjeros] están viniendo a ver si lo que está vendiendo el gobierno de México en el extranjero es real. Entonces nos espera sin duda en este momento y de aquí en adelante nuevamente procesos de tensión en los que las comunidades estarán oponiéndose a esos proyectos que vienen de manera decidida a imponerse.”
En este contexto, Víctor Hugo López advierte que en la lucha territorial hay otro actor: la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Ésta, asegura, ha operado como mecanismo de contrainsurgencia: “lo único que busca la Cruzada es dividir a las comunidades, generar mayor dependencia y aumentar las condiciones de pobreza extrema en la entidad”.
Frayba: 25 años de defensoría
El pasado 18 de marzo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas cumplió 25 años. Fundado por el ya fallecido Samuel Ruiz García –entonces obispo de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas–, en la actualidad se le considera una de las organizaciones mexicanas más importantes de defensa de las garantías individuales y colectivas.
Respecto de estas 2 décadas y media de trabajo, su actual director, Víctor Hugo López, reflexiona: “Llevamos 25 años de existencia del Centro de Derechos Humanos, pero más de 500 años siendo influidos por los pueblos indígenas que han estado de manera insistente generando propuesta y alternativas ante la crisis de Estado y del sistema”.
En el Centro Frayba, indica, se valora mucho que existan cinco regiones autónomas, cinco Juntas de Buen Gobierno, que mantienen el menor índice de violaciones a los derechos humanos. “Son poblaciones que han logrado hacer frente a todo este sistema de violencia estructural y sus consecuencias. En este contexto es que llegamos a estos 25 años: reconocemos que el Frayba por sí mismo no hubiera logrado tal proyección si no fuera gracias a la influencia de estos actores políticos y del sujeto que es el pueblo indígena”.
Añade que quienes han conocido el proyecto y han colaborado en él son afortunados también por estar en territorio chiapaneco. “Es una tierra en donde se presentan contrastes significantes y muy visibles: la riqueza innegable de los recursos energéticos, naturales, pero también la riqueza cultural y de propuesta política que hemos estado viendo nacer de esta tierra, y que tiene su origen no sólo a partir de 1994, sino que se reconoce su historia de hace más de 500 años, con un actor fundamental que son los pueblos indígenas.
“Nos sentimos afortunados de que nuestra cuna sea fundamentalmente indígena. Justo las poblaciones indígenas en México forman parte de la población en donde la violencia y la violación a los derechos humanos llegan a alcanzar niveles impresionantes. Es decir, si muchos mexicanos nos enfrentamos al tema de la corrupción, discriminación, injusticia, para los pueblos indígenas este tipo de violencia se magnifica, por su condición de ser pobres, indígenas y campesinos.”
Víctor Hugo López refiere que la violencia en Chiapas tiene muchos frentes: aunque la más visible es la imagen del territorio ocupado militarmente, hay un territorio ocupado y copado por proyectos de “desarrollo” que están dividiendo a las comunidades y que están afrontando directamente a territorios enteros para dividirlos y confrontarlos.
Sin embargo, dice, esas condiciones y esas tensiones naturales del propio sistema van generando propuestas y alternativas. Por ello, aunque desde hace 15 años en la entidad se vive lo que él califica como una guerra contra la población, se han ido creando alternativas, muchas de éstas, autonómicas, de propuesta de otra justicia, de reconstrucción del tejido comunitario que, sin duda alguna, pueden ser guías o elementos de experiencia que podrían significar algo en el México actual.
En Chiapas, ejemplifica, han ocurrido situaciones violentas que posteriormente han reproducido su estrategia o sus efectos a nivel nacional, como la masacre de Acteal, en 1997, que impactó a nivel mundial: 45 personas más cuatro que no nacían aún fueron masacradas en una comunidad. Hoy, en el país ha habido un símil de estas masacres, que han ocurrido en distintos contextos y en distintos territorios, como Michoacán, Tamaulipas y todos los estados que están enfrentando la estrategia contra la delincuencia organizada.
En riesgo, 20 por ciento de la biodiversidad de México
Chiapas posee el 20 por ciento de toda la biodiversidad de México y ocupa el segundo lugar nacional en esa materia, indican datos del gobierno estatal, encabezado por Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México.
De acuerdo con la información oficial, algunos de los recursos naturales más importantes son: 10 cuencas hidrográficas y dos de los ríos más caudalosos del país: Grijalva y Usumacinta; 266 kilómetros de litoral, dos cañones (el del Río La Venta y el del Sumidero); posee siete de los nueve ecosistemas más representativos en el país y 46 áreas naturales protegidas (entre éstas, la Biósfera de Montes Azules, El Triunfo, La Encrucijada, La Sepultura, El Ocote y las Lagunas de Montebello).
Actualmente, la administración local planea explotar dichos recursos a través de los proyectos “ecoturísticos”. Al anunciar que Chiapas será la sede de la Feria de Turismo de Aventura 2014, el 12 de mayo pasado se dio a conocer que la administración estatal “prepara un plan integral de desarrollo turístico de la región Norte y Selva, teniendo como eje de partida la Ciudad de Palenque y su zona arqueológica. Este plan proveerá de inversiones en infraestructura, señalética, capacitación y promoción, lo que permitirá consolidar rutas turísticas de la Selva y otras regiones del estado”.
Cuatro días después, los gobiernos federal y estatal señalaron como “necesidad prioritaria” efectuar un ordenamiento territorial de la Selva Lacandona, Reserva de la Biósfera Montes Azules y áreas naturales protegidas:
“El gobierno de la República y de Chiapas expresan su convencimiento de que es prioritario el ordenamiento territorial para otorgar las condiciones necesarias para el desarrollo pleno de la comunidad lacandona y los ejidos adyacentes para mejorar la calidad de vida de sus habitantes con apego al marco jurídico, privilegiando la consolidación de las áreas naturales protegidas y el desarrollo sustentable de estas zonas. Asimismo, de conformidad con lo que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su artículo 46, que a la letra dice ’en las áreas naturales protegidas no podrá autorizarse la fundación de nuevos centros de población’, no podrán regularizarse los asentamientos irregulares existentes dentro de la Reserva de la Biósfera Montes Azules, ni en los que en un futuro puedan asentarse en ésta, así como en ninguna otra área natural protegida. Por lo tanto no podrá llevarse a cabo ningún tipo de proceso de indemnización, pues no hay, ni habrá, ningún programa ni recursos destinados a este fin.”
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Contralínea 389 / 15 de Junio al 21 de Junio
Below is an interview with Victor Hugo López, Director of the Frayba Human Rights Center in Chiapas. It gives a good overview of the current situation the Indigenous Peoples are facing.
By: Nancy Flores
With the “war” against drug trafficking, Chiapas was once again militarized. Tensions among the EZLN, the bases of support, civil society in general and the government have increased together with the criminalization of peaceful protest. In an interview, Victor Hugo López –director of the Frayba Human Rights Center– points out that the militarization has also increased dispossession of the state’s natural, mineral and energy resources.
During the PAN government of Felipe Calderón Hinojosa, members of the Mexican Army and Navy occupied rural roads and indigenous communities of Chiapas little-by-little but overwhelmingly. Today, still with a pretext of drug trafficking, military personnel have zones under their control that had been liberated during the presidency of Vicente Fox Quesada as an example of the “governmental will” to pacify the region.
Thus, the maximum achievement of the “Calderón War” in that state of Southeast Mexico was not exterminating organized crime, but repositioning military personnel to the point that the current situation is comparable to that which it lived in two decades ago, when the Zapatista National Liberation Army (EZLN) rose up.
In an interview with Contralinea, the director of the Fray Bartolomé de las Casas Human Rights Center (Frayba), Victor Hugo López, explains that, although “spectacular scenes of violence” and confrontations in the streets have not been seen in Chiapas, the strategy of the “war” against drug trafficking did have serious repercussions in the communities. In principle, because it achieved a repositioning of the Mexican Army and Navy in different indigenous territories and at all the border points of the state, characterized by its misery and marginalization.
The young human rights defender remembers that one of the conditions that the Fox administration attended to in order to maintain dialogue with the EZLN was demilitarization: some of the most important military zones were eliminated, he says. Nevertheless, “this situation was lost with the Calderón strategy: while members of the Army patrol and put up checkpoints throughout the territory, members of the Navy take custody of the border points, including that of Guatemala.”
Currently, he exposes, members of the Mexican Army are present in different rural communities and roads in which they had not previously been seen. “They are making rounds again; they are even making operations of disarming. Sudden, they say, discreet [operations], but they are just touching the border or the line of fire here in Chiapas. This is serious, because it seems to me that they are not measuring the possibility of once again registering an [armed] confrontation.”
Victor Hugo López observes that the anti-drug strategy had other grave repercussions in Chiapas. One of these refers to the state security policy, because now the state police are at the command of the soldiers.
He also refers to the criminalization towards society as a whole. He gives as an example the operations of mixed units (military personnel accompanied by state and municipal police). These, he indicates, are the ones that have been committing the greatest number of arbitrary detentions of young people (men and women) in the streets simply for their appearance; they also commit abuses and torture.
In that same sense, the laws were hardened and forms of violence and mechanisms for human rights violations were legalized: “for example, although arraigo was eliminated in Chiapas and it was publicized as an achievement of the previous government, the Attorney General’s [security] houses, where people are disappeared, tortured and illegally detained, have increased.”
And despite the fact that the police-military operations as much as the legal modifications have been justified as a strategy against drug trafficking, the human rights defender observes that the sale and consumption of all kinds of drugs and alcohol are not regulated.
“In contradiction of the discourse of combatting drug trafficking g and organized crime, we have seen the exponential proliferation of cantinas where indiscriminate consumption of drugs and even human trafficking has been authorized and is even being promoted in different communities, because in some cases the owners are the mayors.”
Victor Hugo López warns that the conditions to maintain a state of insecurity are being created. An example of that is the alliance between the governments of Mexico, the United States and Guatemala: “the argument is that the organized crime and drug trafficking groups do not operate between Chiapas and Guatemala; but these policies have hardened the measures not against crime, but against the population.” Particularly, he points out, against the migrants.
To us, the protection of the border, the reinforcement of security and the combat against organized crime have meant greater social control and a greater index of repression against the population as a whole. And that has impacted in a way to appear invisible, but present. It is very present here in the cases that we receive every day of arbitrary detentions.
“In the Frayba we are receiving today an average of between 900 to 1000 cases in general; but 3 years ago we received from 400 to 500 cases. Now, of those 900 to 1,000 cases, some 400, in other words 40 percent, have to do with themes of criminalization, access to justice, arbitrary detention, arbitrary deprivation of life, torture and legalization. In our analysis, we see that they are effects of the strategy of the war against drug trafficking and organized crime: we could say that 40 percent of those cases are derived from that strategy.”
Megaprojects, the other threat
Despite the evidence Frayba gathered with respect to the increase in human rights violations, the federal and state governments assure that those rights are respected in Chiapas. Those discourses not only seek to conceal the situation the communities confront, but also to promote foreign investment in the region.
Victor Hugo López explains that: “the Mexican State has done an impressive lobbying job at the international level of being a guarantor, promoter and of respecting human rights in Mexico, and concretely in Chiapas, in the indigenous populations; for that it has ratified, signed and proposed all kinds of laws, regulations, conventions and protocols that can generate protection of that discourse. Mexico is a promoter of the Universal Declaration of the Rights of Indigenous Peoples and once again began saying that it had to legislate and approve the San Andrés Accords. In Chiapas we have local laws like the indigenous law, a law for the protection of woman, etcetera. Then they have created all the legal-judicial scaffolding to be able to maintain in front of world governments and foreign agencies that they are guarantying conditions of respect, promotion and protection of human rights and that, therefore, the levels of life, social security, tranquility and peace are guarantied in our state.”
He adds that recently 12 members of the European parliament have visited Chiapas wanting to know the human rights situation, but, above all, to ascertain the security conditions the zone offers for investment.
“What they are saying is that the Mexican government is impelling or re-impelling projects for investment, ecotourist projects, for the companies that extract minerals and petroleum resources, saying that in Chiapas it is all the scaffolding of respect and promotion of human rights that guarantee security in their in vestment.”
The director of the Fray Bartolomé de las Casas Human Rights Center says that a map is being identified of social conflict in the state provoked by the megaprojects of private investment. One of those conflicts, he details, is that of the Agua Azul zone,. In the area of the cascades, the campesinos are opposed to the governmental proposals for creating an ecotourist center.
“We see that the insult to the communities that defend their territories is being impelled again because they come in a decided manner to impel the projects that they have promised. And we have been able to corroborate it in this sense, because there is a security-investment-human rights conjoint that it is selling outside the country. They [foreign representatives] are coming to see if what they are selling is true. Then without a doubt it awaits us at this time and from her on once again processes of tension in which the communities will oppose those projects that come in a decided way to impose themselves.”
Within this context, Victor Hugo López warns that there is another actor in the territorial struggle: the National Crusade Against Hunger. This, he assures, has operated as a counterinsurgency mechanism: “the only thing that the Crusade seeks is to divide the communities, generate greater dependency and increase the conditions of extreme poverty in the state.”
Frayba: 125 years of Advocacy
On March 18, the Fray Bartolome de las Casas Human Rights Center turned 25 years old. Founded by the late Samuel Ruiz García – then Bishop of the Diocese of San Cristóbal de las Casas, Chiapas-, today is considered one of the most important Mexican organizations for the defence of the individual and collective rights.
With respect to these 2 and a half decades of work, its current director, Víctor Hugo López, reflects: “It has been 25 years of existence of the Center for human rights, but more than 500 years being influenced by indigenous peoples who have been insistent in generating proposals and alternatives to the crisis of the state and the system”.
The Frayba Center much appreciates that there are five autonomous regions, five good government juntas, which have the lowest rate of human rights violations. “They are people who have managed to cope with this system of structural violence and its consequences. “In this context is that we reach these 25 years: we recognize that the Frayba would not have had this success if it wasn’t thanks to the influence of these political actors and the subject that is the indigenous people”.
He adds that people who have known of the project and have collaborated on it are also fortunate in being in Chiapas territory. “Is a land where meaningful and highly visible contrasts arise: the undeniable wealth of energy, natural resources, but also the cultural wealth of policy proposal that we have been seeing born from the region, and that stems not only from 1994, but also from recognizing more than 500 years of history, with a major player which are the indigenous peoples.”
“We feel fortunate that our origin is essentially indigenous. The indigenous populations in Mexico are part of the population where violence and the violation of human rights come to impressive levels. In other words, if many mexicans are faced with the issues of corruption, discrimination and injustice, for indigenous peoples this type of violence is magnified, by their condition of being poor, indigenous people and peasants.
Víctor Hugo López mentions that violence in Chiapas has many fronts: Although the most visible is the image of the territory occupied by the military, there is territory occupied and cordoned off for “development” projects that are dividing communities.
However, he says, those conditions and those natural strains of the system are generating proposals and alternatives. Therefore, although for 15 years the state has been living what he calls a war against the population, there have been alternatives constructed mand of these autonomous, proposals of alternative justice models, reconstruction of the social fabric which, no doubt, can be guides in addressing the issues facing the current state of Mexico.
In Chiapas, there have been violent situations that subsequently reproduced their strategy or their effects at national level, such as the massacre of Acteal in 1997, which had a global impact: 45 people and four that were not born yet were massacred in a community. Today, the country has seen similar massacres that have occurred in different contexts and in various territories, including Michoacán, Tamaulipas and all states who are facing the strategy against organized crime.
At risk, 20 percent of the biodiversity of Mexico
Chiapas owns 20 percent of the biodiversity of Mexico and is the second nationally in biodiversity, this is accoriding to data from the state government, headed by Manuel Velasco Coello, the Green ecologist party of Mexico.
According to the official information, some of the most important natural resources are: 10 river basins and two of the largest rivers of the country: Grijalva and Usumacinta; 266 kilometers of coastline, two canyons; It has seven of the nine most representative ecosystems in the country and 46 protected areas (among these, Montes Azules biosphere, El Triunfo, La Encrucijada, La Sepultura, El Ocote and Lagunas de Montebello).
Currently, the local administration plans to exploit these resources through the “ecotourism” projects. Announcing that Chiapas will host the 2014 adventure tourism fair, this past May 12th is became known that the state administration is to “prepare a comprehensive plan of development of tourism in the region north and the jungle, having an axis starting at the city of Palenque and its archaeological zone. This plan will provide investment in infrastructure, signage, training and promotion, which will allow to consolidate tourist routes in the forest and other regions of the state.”
Four days later, the federal and state governments designated as “priority need” to carry out a formal territorial designation of the Selva Lacandona, Montes Azules biosphere reserve and protected natural areas:
“The government of the republic and of Chiapas expressed his conviction that territory is top priority to provide the necessary conditions for the full development of the Lacandona community and the adjacent towns to improve the quality of life of their inhabitants in accordance with the legal framework, favouring the consolidation of the protected natural areas and the sustainable development of these areas. Also, in accordance with the provisions of the general law of ecological balance and the protection of the environment, in its article 46, the letter says ‘in protected natural areas the foundation of new centers for populations will not be permitted’, you won’t be able to regularize the existing unauthorized settlements within the Montes Azules biosphere reserve, or any other protected area. Therefore no plan for compensation can be carried out since no resources will be allocated for those purposes.
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Originally Published in Spanish by Contralinea
Translation: Chiapas Support Committee
June 17, 2014
En español:
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/06/17/chiapas-militarizacion-saqueo-amenazan-indigenas/
