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Por Blanca Juárez
La Jornada

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
05 de marzo de 2015

Boletín de prensa No. 05

• Ineficiencia en la impartición de justicia motiva impunidad y violencia tolerada
• Desplazados, en su mayoría menores y mujeres, afrontan precarias condiciones alimentarias y de sanidad
• Autoridades de Yashtinin continúan con amenazas de agresión y muerte a familias desplazas de El Bosque

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) recibió información sobre el desplazamiento forzado de 300 personas, indígenas tseltales de la comunidad El Bosque, municipio de San Cristóbal de Las Casas. Los hechos ocurrieron el pasado 19 de febrero cuando un grupo de personas de la comunidad de Yashtinin, del mismo municipio, amenazaron de muerte y con quemar las viviendas de las familias hoy desplazadas en una de las montañas de la región.

Testimonios refieren que el pasado 18 de febrero de 2014, habitantes de la comunidad El Bosque detuvieron a Aurelio Pech Palé y Julio Pech Muñoz, originarios de Yashtinin, quienes habían talado una hectárea de árboles de manera ilegal en terrenos de la comunidad El Bosque. Por este hecho, estas dos personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia Zona Altos bajo la Averiguación Previa No. 64/AL54-T1/2015 por el delito de Ecocidio, y en su declaración manifestaron que habían talado la madera por órdenes del señor Santiago Ramiro Moshan Álvarez, Comisariado ejidal de Yashtinin.

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COMUNICADO DE PRENSA

Miércoles 4 de marzo de 2015; San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, recordando la lucha de las mujeres obreras por el reconocimiento de sus derechos, así como la de tantas más que han reivindicado el vivir libres de toda forma de discriminación y explotación; compartimos nuestra palabra y preocupación por lo que está sucediendo en Hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas estamos siendo amenazadas por los intereses del mal gobierno y las grandes empresas a través de los megaproyectos de muerte y despojo. Por ejemplo, los empleados del gobernador y de los presidentes municipales están presionando o engañando a nuestras parejas y autoridades, para que acepten ceder nuestras tierras; en algunos casos hasta han amenazado y mandado golpear como es el caso de quienes se han opuesto a la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque. Los proyectos carreteros del gobierno, bajo la falsa promesa de progreso y combate a la pobreza, han generado violencia en nuestras comunidades y familias.

En nuestras tierras ya se están sembrando monocultivos y agrocombustibles que en nada nos benefician a las y los campesinos, por el contrario las semillas y los fertilizantes que nos dan para producir envenenan a la madre tierra y nos enferman, además de dejarnos sin lo que necesitamos para comer, vivir y Los proyectos ecoturísticos también nos despojan del territorio porque quieren que esos espacios estén libres de indígenas y campesinos, por ello la lucha por la defensa de los bienes naturales se criminaliza y nos mandan al ejército y a la policía para supuestamente mantener la seguridad, cuando en realidad están cuidando los intereses del capital, como sucede en centro ecoturístico Agua Azul.

Las minas y otros proyectos extractivistas también están enfocados a usar nuestras tierras y los bienes que en ellas se encuentran para beneficiar a los ricos, porque para nosotras y nuestras familias sólo generaran más pobreza, alcoholismo, prostitución, como es el caso de los ejidos del municipio de Chicomuselo en la región sierra fronteriza.

Estos son algunos de los problemas que vivimos y como mujeres hemos defendido nuestra tierra y territorio, sin embargo no se nos ha reconocido nuestra palabra y participación. Además, no se valora el trabajo que realizamos, ni nuestro aporte al cultivo, a la manutención y cuidado de los hijos y de la tierra.

Sabemos que el derecho a la propiedad de la tierra es de mujeres y hombres por igual, pero en nuestras comunidades y ejidos existen usos y costumbres que contribuyen a la exclusión de nuestro derecho a la propiedad de la tierra. Las mujeres generalmente no somos tomadas en cuenta para heredarla, cuando nos casamos pasamos a vivir a casa del hombre y si queremos permanecer junto a nuestras familias, nos multan por permiso de entrada. No se nos permite participar en las asambleas o en las reuniones comunitarias ni ejercer cargos en nuestra comunidad; aunque los asuntos que se traten en ellas nos afecten a nosotras, a nuestras familias y comunidades.

Por los problemas que hemos expuesto, consideramos que es momento de que nos juntemos, nos reconozcamos y organicemos para defendernos de todas las amenazas, despojos y represiones que atentan contra nuestro derechos y nuestras formas de vida. El 6 y 7 de marzo de 2015, nos reuniremos en el CIDECI Unitierra, para conformar un movimiento en defensa de la la tierra, el territorio y por la participación y el reconocimiento de nosotras en la toma de decisiones. El 8 de marzo marcharemos, para así celebrar el día de la mujer: organizándonos para seguir luchando para un vida digna.

ORGANIZACIONES QUE CONVOCANTES

Comité promotor del movimiento en defensa de la tierra y el territorio y por la participación de las mujeres; colectivos de mujeres de la región norte, altos y oriente; Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas; Grupo Tierra del CESMECA; Campaña contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas; Frente Cívico Tonalteco, Casa de la Mujer Ixim Antsetic y personas en lo individual.

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Con la aprobación de la Asamblea Nacional Popular (ANP) realizada el 21 de febrero de 2015, El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), los Normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raul Isidro Burgos”, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) y el Movimiento Popular Guerrerense (MPG)

La violenta represión policíaca en Acapulco contra los maestros de la CETEG el 24 de febrero, fue reivindicada por Enrique Peña Nieto como lo que se debe hacer para, según sus palabras ofensivas y denigrantes “aplicar la ley” y “darle vigencia plena” al estado de Derecho. Con prepotencia delictiva, azuzó a todos los gobernadores a que hagan lo mismo en sus estados. La violencia intolerable de los policías no fue un hecho aislado; desenmascara la política represiva impulsada desde hace varios meses por Peña Nieto y lo ubica como enemigo de los trabajadores que reclaman su salario devengado y contra los movimientos sociales que luchamos por dignidad y justicia. Esta actuación represiva y de confrontación contra los pobres de México, colocan abiertamente al presidente del lado de los poderosos quienes han impuesto su interés de clase en abierto reto contra los desposeídos.

La cúpula empresarial dijo que no permitirán que los padres de los 43 normalistas desaparecidos se metan en los cuarteles (lo que ya lograron) y que van a revisar el marco jurídico para dar cobertura a las fuerzas armadas para que se puedan mover y defender –siendo que son ellos, policías y ejército quienes ejercen la represión y la desaparición forzada contra el pueblo- . Toca a los movimientos sociales y a las organizaciones democráticas unirnos con todos los sectores del pueblo oprimido y mostrar que somos la mayoría de los mexicanos y que no vamos a permitir actos de represión como los ejecutados contra los maestros, que buscan acallar nuestras voces y eliminar nuestros derechos. Con los hechos de Iguala quedó demostrado que los delincuentes, corruptos y mentirosos son los gobernantes.  Se equivocan si creen que con la represión quedará borrada la exigencia de los padres de los 43 normalistas y de miles de ciudadanos de México y del mundo por la aparición con vida de los estudiantes normalistas desaparecidos.

También se equivocan si creen que vamos a dejar en la cárcel a nuestros presos políticos, acusados por medio de delitos fabricados. Hagamos imperar la justicia. Hagamos escuchar la voz de los pueblos.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
a 18 de febrero de 2015

Boletín No.2

México ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU

El pasado 2 y de 3 de febrero, por primera vez el Estado mexicano compareció ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), para que éste evaluara el cumplimiento de México en cuanto a sus obligaciones contraídas al ser Estado parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada.

México es uno de los 44 Estados que han ratificado la Convención y por tanto está obligado a presentar un informe para revisión del CED.

El CED ha emitido sus preocupaciones y recomendaciones al Estado mexicano, respecto al tema de desaparición forzada. Para el CED la información que recibió con anterioridad ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte de México y el grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada, en septiembre de 2014 en Guerrero, ilustra los serios desafíos que México tiene en materia de prevención, investigación, sanción de responsables y búsqueda de personas desaparecidas.

El Comité indica con preocupación la falta de información de datos precisos sobre el número de personas desaparecidas forzadamente en México y que impide conocer la magnitud de este flagelo, incluyendo el número de migrantes y de menores de edad.

En cuanto a la responsabilidad penal, el CED manifiesta su preocupación por la impunidad respecto de los casos denunciados y que se manifiesta en la casi inexistencia de personas condenadas por el delito de desaparición forzada. También ve con preocupación las amenazas hacia los familiares de desaparición forzada y hacia las y los defensores de derechos humanos que acompañan a las víctimas. Enfatiza la singular crueldad con la que las desapariciones forzadas afectan los derechos de las mujeres y niños. Las mujeres que son sometidas a desaparición forzada son vulnerables a actos de violencia sexual y otras formas de violencia de género.

Entre sus recomendaciones el Comité “alienta enérgicamente” al Estado Mexicano a reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales de casos. También lo llama a contar con un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional que permita establecer estadísticas confiables con miras a desarrollar políticas públicas integrales para prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito, además de aprobar en la mayor brevedad posible una ley que regule de manera integral los aspectos de la desaparición forzada, entre otras recomendaciones.

Para este Centro de Derechos Humanos, las preocupaciones y recomendaciones del CED dan cuenta de una emergencia nacional por las desapariciones forzadas y reflejan la política de represión en continuidad con gobiernos anteriores que ocultan y administran la crisis de las instituciones del gobierno mexicano, responsable por la falta de investigación seria y responsable.

En cuanto a hechos de desaparición forzada en Chiapas, el gobierno mexicano sigue sin reconocer su involucramiento en esos acontecimientos, a pesar de la existencia de informes y manuales que revelan su actuación en planes de contrainsurgencia, donde su objetivo es detener el reclamo de derechos y legítimas demandas de los pueblos. En este contexto, las desapariciones forzadas en Chiapas han sido desde su historia reciente una de las formas de control social.

Es necesario que se conozca el paradero de las víctimas, se esclarezcan los hechos, se encuentre a los responsables, se tomen medidas de no repetición, se reparen los daños y se haga justicia. Familiares y sociedad tienen derecho a conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en que fueron cometidas las violaciones a derechos humanos.

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EN EJIDO SAN SEBASTIAN BACHAJON ADERENTES A LA SEXTA DECLARACION DE LA SELVA LACANDONA. CHIAPAS. MEXICO. A 14 DE FEBRERO DE 2015

A la Comandancia General Comité Clandestino Revolucionario Indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A las Juntas de Buen Gobierno
Al Congreso Nacional Indígena
A l@s compañer@s adherentes a la Sexta Declaracion de la Selva Lacandona
A los medios de comunicación masivos e alternativos
A la Red contra la Represión y por la Solidaridad
Al Movimiento de Justicia por el Barrio de Nueva York
A los defensores de derechos humanos nacional e internacional
Al pueblo de México y el mundo

Compañeros y compañeras hacemos de sus conocimientos que el mal gobierno esta utilizando estrategia con supuestos empresarios turisticos para crear ambiente de persecucion en contra de las comunidades indigenas pero especialmente a nuestra organizacion por falsos delitos de asalto de carretera y delincuencia organizada para difamar nuestra lucha como si fueramos asaltantes o delincuentes de caminos, por esa razon estan enviando cada vez mas policia a nuestra region de san Sebastian que esta cerca del crucero agua azul de la carretera ocosingo a Palenque, porque no encuentran manera de acabar con la defensa de nuestro territorio y como ven que cada vez mas hermanas y hermanos ejidatarios estan abriendo sus ojos de la mala politica del gobierno y por eso cada vez esta quedando mas solo el comisariado ejidal Alejandro Moreno Gomez y el consejo de vigilancia Samuel Diaz Guzman, nada mas tiene a sus patrones de los malos gobiernos que lo abrazan.

Esta maña del mal gobierno de acusarnos de falsos delitos de asaltos y delincuencias organizada es la misma de 2009 y 2011 donde encarcelaron a compañeros presos políticos por defender la tierra, pero no tenemos miedo de sus amenazas del gobierno, exigimos a los tres niveles del mal que respeten los pueblos y comunidades organizados porque no descansaremos de defender la tierra y los derechos como pueblo.

Exigimos la retirada de la fuerza publica de nuestras tierras despojadas desde febrero de 2011 y de la comision nacional de areas naturales protegidas.

Exigimos la libertad de nuestros presos políticos Juan Antonio Gómez Silvano, Mario Aguilar Silvano y Roberto Gómez Hernández y de los compañeros presos injustamente Santiago Moreno Perez, Emilio Jimenez Gomez y Esteban Gomez Jimenez.

Desde la zona norte del estado de Chiapas las mujeres y hombres de San Sebastián Bachajón enviamos combativos saludos.

Nunca más un México sin nosotros.

¡Tierra y libertad! ¡Zapata Vive!
¡Hasta la victoria siempre!
Presos políticos ¡Libertad!
¡Juan Vázquez Guzmán Vive, la Lucha de Bachajón sigue!
¡Juan Carlos Gómez Silvano Vive, la Lucha de Bachajón sigue!
¡No al despojo de los territorios indígenas!
¡Presentación inmediata de los compañeros desaparecidos de Ayotzinapa!
¡JUSTICIA PARA AYOTZINAPA, ACTEAL, ABC, ATENCO!

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La brutal agresión del domingo 8 de febrero en contra de integrantes del Colectivo Universitario por la Educación Popular (Cuep) que se encontraban en la acampada del Zócalo de la Ciudad simplemente para impartir cursos de preparación para el examen de admisión de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) refleja un aumento en la brutalidad policíaca en Puebla, no sólo por la intensidad de los golpes y la gravedad de las lesiones que sufrieron los estudiantes, la agudización de la violencia se ve en un conjunto de elementos estratégicos que hacen que el desalojo y la agresión se asemejen más a una acción violenta de un comando del crimen organizado que a un operativo de seguridad, es decir que la policía cada vez tiende a actuar más como un grupo de sicarios que como una fuerza de seguridad.

Es alarmante que después de lo que se hizo brutalmente evidente en Iguala con la desaparición de los 43 estudiantes del a Normal Rural de Ayotzinapa, con esa herida aún sangrando, los gobiernos y los cuerpos de policía de otros lugares no replanteen sus estrategias y actitudes para enfrentar el creciente y legítimo descontento social, para ver  la necesidad de que los espacios públicos sean espacios de encuentro, expresión y debate, pareciera que más bien retomaron el ejemplo de la pareja Abarca y de aquella sangrienta noche de septiembre para convertirlo en un paradigma de la relación entre el gobierno y los ciudadanos, en particular los jóvenes y estudiantes, en una forma de imponer una especie de “orden” ornamental.

Es alarmante que en el desalojo los agresores no portaran uniforme ni algún distintivo visible que los acreditara como elementos de alguna corporación policíaca; que la policía poblana en lugar de mantener la seguridad del Zócalo permitiera que un numeroso grupo de choque armado con varillas, machetes y tubos pudiera golpear impunemente a quienes se encontraban en el Zócalo de manera pacífica.  Es terrible que frente al palacio de gobierno de Puebla el grupo de choque pudiera secuestrar a ocho jóvenes, torturarlos para después dejarlos en las afueras de la ciudad. Es trágico que lo ocurrido con los 43 estudiantes de Ayotzinapa se utilice como ejemplo para generar terror en los jóvenes, para torturarlos. No es sorprendente, pero sí muy preocupante, que el gobierno Municipal de Antonio Gali y el estatal de Rafael Moreno Valle no sólo no haya impedido la agresión (si es que no la ordenaron), sino que en lugar de condenar los hechos de violencia contra los estudiantes e iniciar una ágil investigación de los hechos mantengan un silencio sepulcral.  Es triste que la BUAP no apoye las acciones de estudiantes que trabajan voluntariamente para apoyar a otros jóvenes que buscan tener una formación universitaria y se limite a emitir un comunicado ambiguo ante la agresión a sus alumnos.

Después de Chalchiuapan, de la muerte de José Luis Alberto Tlahuitle y los lesionados de aquel brutal episodio; después de Iguala, de los jóvenes muertos y de los 43 aún desaparecidos; después de toda la violencia que se vive y crece en el país, en Puebla las estrategias de seguridad pública empiezan a parecerse a las estrategias de terror de los cárteles del narcotráfico.

Desde el Nodo de Derechos Humanos exigimos que las autoridades estatales y municipales expliquen su relación con el grupo de choque y que tomen acciones claras y contundentes para evitar que hechos como este vuelvan a ocurrir.

Nodo de Derechos Humanos

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