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(Español) Jornada de oración y ayuno en el noveno aniversario de la Masacre de Viejo Velasco
Desde la fe y convicción, encontramos caminos hacia la verdad y la justicia
Expresaremos nuestro sentimiento en lucha pacífica organizada
A 3,287 días que el Estado mexicano a través de grupos civiles armados, acompañados por la entonces Policía Sectorial, funcionarios y servidores públicos, cometieron la Masacre de Viejo Velasco en el municipio de Ocosingo, Chiapas, provocando crímenes de lesa humanidad como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y desplazamiento forzado, mismos que hasta hoy continúan en impunidad.
El día 13 de noviembre del 2006, a las 6:00 horas, en un contexto de reubicaciones forzosas y desalojos violentos de decenas de poblados indígenas asentados en la zona de la Reserva de Biosfera Montes Azules, un grupo de aproximadamente 40 personas civiles, provenientes de la comunidad Lacandona, Nueva Palestina y Frontera Corozal, armados y vestidos con uniformes tipo militar y de seguridad pública, entraron de manera violenta a la comunidad Viejo Velasco, acompañados por 300 elementos de la entonces Policía Sectorial dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Chiapas, con armas de alto poder conocidas como “cuerno de chivo” y R-15; así también, eran acompañados por 5 Fiscales del Ministerio Público, 2 peritos, el Comandante Regional Zona Selva de la Agencia Estatal de Investigación con 7 elementos a su mando y un representante de la Secretaría de Desarrollo Social.1 Quienes de inmediato rodearon la comunidad integrada por indígenas Tseltales y Choles, allanaron las casas, robaron las pertenencias y cometieron la masacre, con un trágico saldo de 4 personas muertas (entre ellos Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez y María Núñez González) y 4 más desaparecidas, (Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo, Pedro Núñez Pérez y Antonio Peñate) todas ellas de Viejo Velasco.
(Español) Minería a la baja: una oportunidad para los pueblos
Por Raúl Zibechi | 26 octubre 2015 | Programa de las Americas
Por primera vez en muchos años, la minería retrocede en América Latina. A la caída de los precios internacionales y al aumento de los costos de producción, con la consiguiente disminución de las ganancias, se le suma la creciente resistencia de la sociedad por los impactos ambientales y sociales.
“El modelo extractivo minero es un problema de poder y por tanto político”, dice en su último informe el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL)[1]. A pesar de la caída de los precios internacionales de los minerales, la región sigue recibiendo la mayor parte de la inversión en exploración minera a nivel mundial.
El informe agrega: “El extractivismo minero es un problema de derechos humanos”, ya que las grandes empresas multinacionales aprovechan la desatención de las obligaciones del Estado “para promover una imagen de responsabilidad social que satisface necesidades de la población”.