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Solicitan medidas cautelares urgentes ante la CIDH a favor de la población Q’eqchi’ de El Estor
“Estamos retrocediendo en el tiempo; nos preocupa que podamos regresar a la época del conflicto armado interno”
Por Luis Ovalle
Organizaciones defensoras de los pueblos indígenas y de derechos humanos, presentarán este viernes una solicitud de medidas cautelares, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), por la situación que se vive en el municipio de El Estor, departamento de Izabal, con la imposición de un estado de sitio, en el que participan miles de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), del ejército, de la marina y de la fuerza aérea, en contra de población civil, que únicamente exige sus derechos, informó la abogada Wendy López, del Bufete para Pueblos Indígenas.
López dio a conocer que las entidades solicitantes son: el Bufete para Pueblos Indígenas, la Defensoría Q’eqchi’, la radio comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a, la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor, Prensa Comunitaria y la Fundación Guillermo Toriello. “Estamos retrocediendo en el tiempo; nos preocupa que podamos regresar a la época del conflicto armado interno, cuando desaparecían a la gente, en la que las fuerzas de seguridad estaban al servicio de los gobiernos autoritarios”.
Ya no hay a dónde acudir en Guatemala, no hay jueces imparciales, no hay órganos nacionales a dónde acudir, es por eso que buscamos la vía internacional y solicitamos a la CIDH que pueda escuchar esta petición y brindar las medidas cautelares a favor de la vida, de la seguridad y de la paz en el municipio de El Estor, Izabal”, anotó López.
¿Qué son las medidas cautelares?
Una medida cautelar es un mecanismo de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la cual se solicita a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable.
Cualquier persona u organización puede presentar una solicitud de medida cautelar a favor de una persona o de un grupo de personas, identificados o identificables, que se encuentren en una situación de riesgo. Es importante contar con el consentimiento de la persona a cuyo favor se interpone la solicitud, o en su defecto que se justifique razonablemente la imposibilidad de obtenerlo.
El mecanismo de medidas cautelares se encuentra previsto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH.
Por su parte, Eddy Aspuac, asesor jurídico del Bufete para Pueblos Indígenas, señaló que son tres los aspectos fundamentales que consideraron para presentar esta solicitud ante la CIDH; primero: hay un proceso de preconsulta y consulta, porque se está inobservando el principio de buena fe que éste debe llevar, ya que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) lo ha llevado de manera acelerada y ha vulnerado el derecho de participación a las comunidades.
Segundo, hay una exclusión sistemática de las comunidades legítimas que se sienten afectadas en sus derechos en este proceso, que ven vulnerados sus derechos. El argumento del MEM ha sido que no están dentro del área de influencia, sin embargo la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), indica que debe considerarse todo el contexto social y cultural “¿en qué momento lo hizo el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, y la empresa? no lo sabemos, pero, que obedezca solo a los 6.29 kilómetros cuadrados que establece el polígono de la licencia ambiental constituye una violación a los derechos de los pueblos indígenas, indicó.
Tercero, y lo más grave, es que ahora se establece un estado de sitio en el territorio, lo que además es totalmente incoherente, ilógico y antijurídico, porque ¿cómo es posible que el Estado pretenda desarrollar un proceso de diálogo pero a la vez imponga un estadio de sitio?; en un estado democrático como el que tenemos, esto es insostenible, destacó Aspuac.
Es por eso que pedimos a la CIDH que ordene las medidas cautelares en favor de las comunidades, que en este momento corren grave riesgo; hay persecución política, muchas autoridades indígenas se han escondido para resguardar sus vidas, agregó.
El papel de los medios periodísticos alternativos
En tanto, el diputado Aldo Dávila se refirió a la importancia del trabajo hecho por los medios alternativos en El Estor, que han dado a conocer lo que acontece, de forma permanente “no de ahora, sino desde que se dio la sentencia de la CC en contra de la minera, que ahora opera de forma ilegal”.
Es importante que quede claro eso, la licencia minera y extractiva fue cancelada por medio de una sentencia de la CC, sin embargo a pesar de ello vemos los camiones custodiados por cientos de agentes de la PNC cargados con ferroniquel. Esto evidencia un irrespeto total a las leyes guatemaltecas; las medidas cautelares son urgentes, mencionó el legislador.
Dávila destacó que la crisis está bien armada, ya que el ministro de Gobernación fue quien solicitó al ejército el apoyo, cuando en El Estor lo que hay son personas civiles, mujeres y adultos mayores. Debió ser la PNC la que continuara acompañando esta situación tan crítica.
Para López, llama la atención que se haya pretendido censurar a la prensa, en relación a lo que estaba sucediendo en El Estor ¿por qué?, porque obviamente la prensa da a conocer al mundo qué es lo que está pasando. Entonces, si se vulnera o se censura a la prensa no existiría esa posibilidad, no habría conocimiento nacional e internacional, si no fuera por la prensa. “No sabríamos qué es lo que está sucediendo”, dijo.
Momentos difíciles se viven en El Estor
Wendy López destacó que en El Estor, además de coartar la libertad de expresión, se está violando el derecho a la salud y a la educación ¿Qué niño va a estar en paz si están persiguiendo a su familia? ¿Cómo un padre o una madre va a dar de comer a su familia si están siendo perseguidos? y lo que vemos es a un Estado que protege más a una minera que otorga el 1 por ciento de regalías ¿Qué beneficio es eso para el Estado?, se preguntó.
Acabamos de recibir información de niños que están enfermos de COVID-19 y no están siendo atendidos; los centros de atención están prácticamente cerrados, a disposición de las fuerzas de seguridad. Hay desproporcionalidad, abuso de autoridad y de fuerza; además, tenemos conocimiento que otro contingente de 540 elementos de la PNC y del ejército se dirigen a El Estor.
Lin Valenzuela, de la Fundación Guillermo Toriello, lamentó que en el marco del 25 aniversario de los Acuerdos de Paz se esté violentando de esta manera al pueblo Q’eqchi’ ubicado en el área de influencia donde se instaló de facto la minera.
Valenzuela hizo un llamado a que el embajador de Suiza y las autoridades centrales de la empresa minera en ese país y que aglutina a otras naciones -ya que en Guatemala solo son visibles los rusos-, para que asuman su responsabilidad en el cumplimiento de los derechos humanos, personales, individuales y colectivos. “Criticamos fuertemente la colusión, el dejar pasar, pero también de actuar, por parte del Estado de Guatemala”, indicó.
Dávila también hizo referencia al hecho de que el presidente Alejandro Giammattei desapareciera la Secretaría de Asuntos Agrarios, la Secretaría de la Paz y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, el año en el que se cumple el 25 aniversario de los Acuerdos de Paz; “no hay instancias que deberían atender de manera más clara y objetiva, sin violencia, porque la Comisión Presidencial de Derechos Humanos no tiene las capacidades para atender la problemática”.
“No podemos callarnos; tenemos que alzar la voz ante los Estados, ante la visión de los ojos internacionales, porque no podemos permitir nuevamente un conflicto armado interno… esperaríamos que la CIDH atienda esta solicitud y ordene que la misma sea atendida por el Estado guatemalteco, demande verificación y protección a sus ciudadanos y no a los intereses mineros”, concluyó Wendy López.
(Español) Stop à la guerre au Chiapas !
« ARRÊTEZ DE JOUER AVEC LA VIE, LA LIBERTÉ ET LES BIENS DES CHIAPANÈQUES. »
Extrait du communiqué du CCRI-CG de l’EZLN, le 19 septembre 2021.
Autoféfenses du peuple El Machete. Photo: José Santiz
22 septembre. Vienne. La situation de violence au Chiapas se poursuit et l’EZLN lance l’alerte aujourd’hui sur un état « au bord de la guerre civile ». Pour comprendre ce qu’il se passe, il faut observer sous différents angles l’origine et la systématisation des violences. Ce texte, non exhaustif, tente de donner une vision d’ensemble aux processus en cours dans l’État du Sud-est mexicain, en mettant en évidence quelques thèmes et conflits.
Vendredi 17 septembre 2021, à Vienne, en Autriche, environ 20 femmes et 30 hommes zapatistes de la délégation aérienne, « La Extemporánea », récemment arrivée dans cette ville, sont venus renforcer le contingent rassemblé devant l’ambassade du Mexique.
Concentration face â l’ambassade du Mexique, à Vienne, 17 septembre.
Cet acte de protestation a inauguré une grande campagne pour dénoncer le paramilitarisme et la violence au Chiapas et exiger l’apparition en vie de José Antonio Sánchez Juárez et Sebastián Núñez Pérez, zapatistes, membres du Conseil de bon gouvernement (JBG) « Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad » [« Aube nouvelle en résistance et en rébellion pour la vie et l’humanité », ndt], du Caracol 10, « Floreciendo la Semilla Rebelde » [« Quand fleurit la graine rebelle »], situé près de Patria Nueva, non loin d’Ocosingo, au Chiapas.
Les deux compañeros avaient été séquestrés le 11 septembre par des membres de l’Organisation régionale des caféiculteurs d’Ocosingo (ORCAO) – laquelle a une longue histoire de violence paramilitaire et d’impunité dans la région – alors que la délégation zapatiste aéroportée commençait son voyage. Selon le communiqué du Comité clandestin révolutionnaire indigène-Commandement général (CCRI-CG) de l’EZLN, ils ont été libérés le 19 septembre, grâce à l’intervention des prêtres de San Cristóbal de Las Casas et d’Oxchuc, appartenant au Diocèse de San Cristóbal.
Face au bâtiment de la diplomatie mexicaine à Vienne, la solidarité internationale s’est manifestée par la présence de dizaines d’activistes de toute l’Europe qui ont dénoncé grâce à leurs microphones, banderoles et pancartes, l’implication du gouvernement du Mexique dans la réactivation des violences contre-insurrectionnelles. Les prises de paroles en espagnol, allemand, grec, français, portugais et galicien, ainsi que le récent communiqué signé par de nombreuses organisations, collectifs et individus d’Europe tiennent pour responsables tant le gouvernement fédéral d’Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que le gouvernement de l’État du Chiapas de Rutilio Escandón Cadenas, en raison de leur complicité avec les attaques paramilitaires perpétrées non seulement contre des paysans mayas zapatistes mais aussi contre des compañeras et compañeros défenseur.ses de droits humains et contre des communautés du Chiapas.
Comme le relate la dénonciation du Réseau AJMAQ, signée par de nombreuses organisations sociales et des collectifs du monde entier, en ce mois de septembre, le paramilitarisme du Chiapas intensifie ses actions délinquantes.
« Cette escalade de la violence orchestrée depuis les hauts lieux de pouvoir du gouvernement a pour contexte la « Traversée pour la vie – Chapitre Europe » de l’EZLN, une initiative d’organisation qui cherche à étendre, de manière pacifique et créative, la graine de la résistance et de la rébellion pour l’humanité et la Terre Mère, c’est-à-dire pour la Vie. »
Rappelons que la première délégation zapatiste, l’Escadron 421, est partie du Mexique vers l’Europe en bateau le 2 mai. Le 14 septembre, c’est l’Extemporánea, délégation aérienne de l’EZLN, qui est arrivée sur les terres de Slumil K’ajxemk’op/Terre Rebelle (auparavant Europe) et qu’elle a été rejointe le 22 septembre par une délégation du Congrès national indigène (CNI) et du Front des peuples en défense de la terre et de l’eau-Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT) dans le but d’écouter et de dialoguer avec les luttes d’en bas, à gauche. Depuis le 1er janvier 2021, l’EZLN a rendu publique sa Déclaration pour la vie, signée par des centaines de collectifs de l’autre Europe.
« Nous sommes là et nous y resterons jusqu’à la présentation en vie des compañeros. Ce Voyage a déjà commencé et personne ne l’arrêtera », a dit au micro, en allemand et en espagnol, une compañera activiste devant le bâtiment de la diplomatie mexicaine.
Qui est le groupe paramilitaire que dénonce l’EZLN ?
Radio Zapatista, dans « La longue histoire de violence paramilitaire et d’impunité de l’ORCAO », rappelle que l’Organisation régionale des caféiculteurs d’Ocosingo, dénoncée de manière répétée par les Conseils de bon gouvernement comme étant une organisation paramilitaire, agresse les communautés zapatistes depuis plus de 20 ans avec une violence croissante et en totale impunité.
