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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Pozol. 10 de septiembre. Con base en la propuesta del ex-Subsecretario de Gobierno, Luis E. Miranda Nava, de suspender la “reforma educativa” en el estado de Chiapas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), procedió a bajar la propuesta a sus bases para determinar si se aceptaba el ofrecimiento del gobierno y, de este modo, retornar a las aulas. Sin embargo, de última hora, el gobierno reculó una vez más, por lo que la Coordinadora decidió suspender la consulta manteniendo el paro laboral y sus demandas.

De este hecho hay dos puntos a resaltar:

1- Es claro que, en el Estado mexicano, quien manda es la clase empresarial (nacional e internacional); y quien gobierna en el gabinete es la improvisación. No hay planes, no hay estrategias, no hay capacidad de gobierno. Sólo improvisación. Es cierto, hay ideas y planes a muy corto plazo, quizá bajo el supuesto de que la sociedad no tiene memoria. De este modo, hoy ofrecen negociar, mañana dicen que no, y pasado mañana dicen que quién sabe, y cada vez de formas más torpes. Es difícil no ver una burla a toda la sociedad en este proceder.

Por otro lado, hay que hacer una diferenciación entre la capacidad de planeación del gobierno y la del capital, que es quien realmente manda, pues éste último parece seguir estrategias de mayor duración mientras que los gobiernos apenas pueden planear dónde van a poner el pie para el siguiente paso.

Si el Estado (no sólo el gobierno), planteó algún ofrecimiento político al magisterio chiapaneco pensando sólo en radiografiar su fuerza sabiendo que no iba a cumplir su ofrecimiento y, con base en su lectura actuar, de una u otra forma, para liquidar el movimiento, parece que se equivocó. Otra vez.

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Hoy se cumple el primer aniversario de la instalación oficial del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres, compromiso que adquirió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) en 2015 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la audiencia temática sobre tortura sexual en México.

Durante la audiencia, las organizaciones firmantes mostramos nuestra preocupación sobre esta terrible práctica en el país. De acuerdo a la información recabada, con frecuencia, cuando existen detenciones de hombres y mujeres, las mujeres suelen ser víctimas de diversas formas de violencia sexual usada como tortura, la violencia ejercida contra las mujeres va desde los abusos psicológicos, amenazas de violación contra ellas o sus familiares hasta el abuso sexual propiamente dicho.

En su informe “Sobrevivir a la muerte”, Amnistía Internacional entrevistó a 100 mujeres mexicanas que reportaron haber sido víctimas de tortura y malos tratos a manos de miembros de la policía y fuerzas armadas del país, concluyendo que en México la violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios.

A un año de la instalación del Mecanismo éste ha fallado en dar seguimiento a la documentación de casos que recibieron de la campaña “Rompiendo el silencio: Todas juntas contra la tortura sexual”, y por lo tanto, a la posibilidad de emitir un dictamen conjunto con recomendaciones sobre cada uno de los casos revisados ha quedado sólo en papel, y con ello, la posibilidad de garantizar el acceso a la justicia a las sobrevivientes de tortura en el país.

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AYOTZINAPA EN LA MEMORIA

Dos años de dolores, ausencias, injusticia y burlas
también de rabia, memoria, dignidad y  lucha.

Como una forma de combatir el olvido, de mantener la memoria

invitamos:

Una historia oral de la infamia

Presentación del libro de John Gibler

14 de septiembre de 2016
18:00 hrs.

Carmona  y Valle 32, Colonia Doctores, Ciudad de México
(Estación del metro y metrobús Cuahtémoc)

Invita:

Red Contra la Represión y por la Solidaridad
(RvsR)

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COMUNICADO URGENTE DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA
A LOS PUEBLOS DE MEXICO Y DEL MUNDO.

La Comunidad Indígena de Santa María Ostula comunica que el día 04 de septiembre del presente año realizó una asamblea general de comuneros en la que acordó reactivar en forma indefinida el retén que está instalado en la carretera costera 200, con la participación de los comuneros y policía comunitaria de la totalidad de la comunidad.

Lo anterior debido a que los ex templarios, a través de lugartenientes como El Tena, El Tuco y Chuy Playas, se han estado reagrupando y tomando control de regiones enteras de la costa-sierra de Michoacán, ante el silencio omiso de la Marina Armada de México y de las demás corporaciones de seguridad; y ante el fracaso evidente, en todo el estado, del mando único policial.

Por otro lado las concesiones mineras otorgadas dentro de nuestro territorio, sobre todo a trasnacionales como la Ternium, no han sido canceladas, en tanto que dentro del juicio agrario 78/2004, mismo que se ventila en el Tribunal Unitario Agrario Número 38 de Colima, se han realizado toda clase de trapacerías tendientes a modificar los linderos inmemoriales de nuestra comunidad con el fin de favorecer a los templarios de La Placita y a las empresas mineras interesadas en nuestras tierras

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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 07 de septiembre. El día de hoy, el Consejo Estatal de Directivos Federalizados (CEDEF)  que agrupa a jefes de sector y supervisores escolares del nivel de educación básica en Chiapas de la Sección VII de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, realizó el Primer Foro Educativo “Horizontes de la Función Directiva: Hacia la Construcción Democrática de una Educación Alternativa”, con la participación del Dr. Jaime Martínez Luna, destacado intelectual oaxaqueño, y la Dra. Teresa Garduño Rubio, investigadora del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Este Foro se llevó a cabo en el auditorio “Che Guevara” de la Sección 7 de la (CNTE), en el marco del movimiento magisterial contra la imposición de la autodenominada “reforma educativa”.

El objetivo principal de este evento pedagógico fue abrir un espacio para la reflexión en torno a las  funciones de los supervisores, jefes de sector, en el escenario de una educación que no ha logrado hacer realidad los postulados de la Constitución Política de nuestro país. Es decir, el anhelo de una formación que logre potenciar las máximas capacidades de los seres humanos, así como las de una educación integral para los niños, niñas y jóvenes del estado de Chiapas, lo cual es aún una asignatura que está pendiente.

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Criminalizan a grupos de acción directa y dividen al movimiento

Manifestante detenido por la Policía Militar el domingo, en Sao Paulo, Brasil. Foto: CMI Sao Paulo

Por: Eliana Gilet

Siete días de manifestaciones diarias se vivieron en Brasil durante la última semana, desde que asumió Michel Temer, el político que vino a ocupar la presidencia de la Federación, una vez que un Congreso ultra conservador – que incluye partidos de iglesias evangélicas, por ejemplo, pero no sólo – sacó de su cargo a la presidenta Dilma Rousseff, por medio de un proceso amañado.

La del domingo fue clave: más de cien mil personas se manifestaron en Sao Paulo, la gran metrópoli, rechazando a Temer y al proceso político que se vive en el país. Dos grandes federaciones de organizaciones son las responsables de convocar a las marchas: el Frente Povo Sem Medo (Pueblo Sin Miedo) y el Frente Brasil Popular. Ambos autodefinidos como defensores de la democracia, que sienten atacada por el “Golpe de Estado” que entienden ha sufrido el país.

También lo fue por las 27 personas que fueron detenidas arbitrariamente antes y después de la manifestación, y por la represión policial que se desató contra los cien mil.

En los días previos, Temer encabezó una campaña mediática denostando las movilizaciones y reduciendo el descontento de miles a “40 o 50” personas. Temer también se encargó de señalar que el problema en todo caso era la “violencia de los manifestantes”. El argumento no es nuevo, ya que Brasil conoce una larga historia de criminalización de todo grupo de acción directa, particularmente los Black Blocs, que han tenido una importante participación en las manifestaciones masivas del 2013 a la fecha. Tal vez de antes incluso.

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Pronunciamiento de la Sexta Asamblea General en Defensa de la Madre Tierra y Territorio. Temacapulín, Jalisco.

Guadalajara, 1 de septiembre 2016.-   Las 94 luchas de todo el país que integran la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio se reunieron en su sexta Asamblea General en la comunidad de Temacapulin, Jalisco los días 27 y 28 de agosto donde solicitaron la cancelación definitiva de todos y cada uno de los proyectos de despojo y desarrollo que violentan a los pueblos. Desde el pasado 10 de abril que dio inicio la campaña, pueblos, organizaciones, músicos, artistas, académicos y activistas han realizado diversas actividades en las 10 regiones que la conforman  como una respuesta a los proyectos de contaminación, explotación y destrucción de los bienes naturales.

En su sexta asamblea, la campaña se pronunció por la cancelación total y definitiva de todos los proyectos de despojo y desarrollo que violentan a los pueblos, el cese de violencia, la represión y la criminalización de las y los defensores del territorio e hicieron hincapié en los casos de la mina a cielo abierto de Peña Colorada, la represa Las Cruces en el Río San Pedro-Mezquital, la concesión para explotar una mina en Zacualpan, Colima, y el caso del pueblo Wixárica que exige  la cancelación definitiva  de todas las concesiones mineras existentes dentro del Área Natural Protegida del territorio sagrado Wirikuta.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
5 de septiembre de 2016

Boletín No 17

Impactos de megaproyectos en Chiapas en informe al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos humanos de la ONU

La responsabilidad de empresas y Estado mexicano en la violación a derechos humanos en comunidades y pueblos en Chiapas, forma parte de la información presentada al Grupo de Trabajo Sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, (ONU) en el marco de la visita oficial del organismo internacional a México, del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016.[1]

El Informe Empresas y Derechos Humanos, elaborado por una Coalición de más de 100 organizaciones, comunidades y redes de la Sociedad Civil, incluye la documentación del caso: Construcción de la represa hidroeléctrica Chicoasen II, proyecto que afecta a población, con raíces indígenas zoques, previamente desplazada y despojada de sus tierras ejidales en los años ochenta por la represa Manuel Moreno Torres, mejor conocida como Chicoasén I.

El Comité Ejidal de Ejidatarios Básicos y Posesionarios Avencidados del Ejido Chicoasen, en Chiapas (Comité Ejidal Chicoasen) informó a la ONU los abusos a derechos humanos: a la consulta previa e informada y culturalmente adecuada, a la información, a la tierra y el territorio, por parte de la Comisión Federal de Electricidad y las empresas Sinohydro Costa Rica, Omega Construcciones, Desarrollos y Construcciones Urbanas y Caabsa Infraestructura, como resultado de los avances del proyecto hidroeléctrico Chicoasen II, desde el año 2012.

La empresa Sinohydro Costa Rica, compañía matriz con sede en Beinjin, tiene antecedentes de violaciones a derechos humanos en Honduras, donde estuvo involucrada en el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras la denunció como responsable de una estrategia desarrollada también en Chicoasen: falsificar firmas, imponer comisariados ejidales, hostigar, agredir y amenazar a campesinas y compesinos en complicidad con autoridades locales. Cabe recordar que Bertha Cáceres, ambientalista, líder del COPINH, defensora de derechos humanos y ganadora del premio medio ambiental Goldman, fue asesinada en marzo del 2016 en el contexto de la lucha lenca contra las empresas, hecho que alertó de la grave situación de riesgo para las personas defensoras del territorio en América Latina.

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Convocatoria a:

JORNADA DE SOLIDARIDAD del 19 al 23 de Septiembre
POR LA LIBERTAD de Luis Fernando Sotelo Zambrano.

En los últimos años el Estado Mexicano en sus tres niveles de gobierno, ha vuelto a implantar la vieja política de la guerra sucia, por lo que la prisión política, la desaparición forzada y los asesinatos han sido una constante en la última década, año con año recrudeciéndose esto, y dirigiendo la mira hacia los jóvenes, pues si los jóvenes son el futuro el Estado no va a permitir que sean estos quienes generen una esperanza de cambio, por lo que un joven que piensa, que es crítico, que no se deja y que lucha es un objetivo claro del estado a eliminar. Acá en la Ciudad de México desde hace años la política criminal del Gobierno de la Ciudad ha sido la de atacar a todo aquél que alce la voz, que se organice y resista sus políticas de despojo y muerte.

En este contexto nuestro compañero LUIS FERNANDO SOTELO ZAMBRANO es detenido el 5 de noviembre del 2014 dentro de la Tercera Jornada Global por Ayotzinapa. Acusado del incendio de un metrobús y su estación. Esta detención como muchas otras está llena de irregularidades legales, con violaciones graves y flagrantes a los derechos humanos, sin pruebas y aun así nuestro compañero lleva más de una año y medio secuestrado por el estado dentro del reclusorio sur en la CDMX.

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Día de acción por la salud y libertad de Mumia Abu-Jamal
(En México, embajada de EU, miércoles 7 septiembre, 12 pm)

El miércoles 7 de septiembre será un día de acción internacional para exigir un tratamiento inmediato para Mumia Abu-Jamal con las nuevas drogas antivirales que pueden curar la Hepatitis C, una enfermedad que él padece junto con casi 6,000 presos en el estado de Pensilvania y miles más en las prisiones de Estados Unidos.

El 31 de agosto, el juez federal de distrito Robert Mariani se negó a ordenar dicho tratamiento por un tecnicismo, al responder a la demanda presentada hace más de un año por los abogados Robert Boyle y Bret Grote. En su dictamen, el juez Mariani, quien presidió la audiencia sobre el caso en diciembre de 2015, dice que la demanda nombra personas que no tienen la autoridad de implementar un mandamiento judicial, cuando debería nombrar los miembros del Comité de Atención a la Hepatitis C del Departamento de Correcciones (DOC) del estado de Pensilvania. Según el juez, sólo este comité tiene la autoridad para actuar.

Por otro lado, el dictamen del juez sostiene que el DOC ha violado la Octava Enmienda de la Constitución federal que prohíbe los castigos crueles e inusuales, al negarle tratamiento a Mumia y a otros presos que padecen Hepatitis C activa.

La Campaña para Llevar a Mumia a Casa describe el dictamen como “un ejemplo más de las contorsiones y acrobacias que se han utilizado desde hace muchos años para negarle justicia a Mumia y a miles de otros acusados”.

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