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[:es]”Chiapas: imposición y violencia como modo de gobierno”: pronunciamiento conjunto de la Red TDT[:]
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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
a 20 de marzo de 2017
Chiapas: Imposición y violencia como modo de gobierno
Pronunciamiento conjunto
El proceso electoral de 2015 en Chiapas, generó una serie de conflictos en diversas comunidades y municipios, que hasta el momento se encuentran latentes. Las confrontaciones han sido encabezadas, sobre todo, por simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ocasionando violencia y vacíos de autoridad en diferentes alcaldías municipales.
A esto se suma el uso de los programas asistencialistas para coaccionar el voto de las mujeres, pero también la cuota de género requerida a los partidos políticos que fue vista no como una medida para promover la participación de las mujeres en cargos de representación sino como una imposición y requisito que debía ser cubierto de manera formal.
Los enfrentamientos han derivado en un elevado nivel de violencia e impunidad, como lo sucedido en San Juan Chamula, Chenalhó, Oxchuc, San Andrés Larrainzar, Chilón, Tilá, Chanal, entre otros municipios. Todo ello propiciado por el Estado que no asume su responsabilidad e intenta trasladar el problema a los pueblos que han sido utilizados como carne de cañón en medio de los juegos del poder.
Por ejemplo, en el municipio de Chenalhó, inconformes integrados en el grupo que se ha identificado como Movimiento Pedrano, protagonizaron una serie de protestas de creciente intensidad contra la presidenta electa Rosa Pérez Pérez del PVEM, el cual en el estado de Chiapas pertenece al gobernador Manuel Velasco Coello, quien por medio de este partido ha buscado ampliar el control político Las acciones del Movimiento Pedrano, opositor al PVEM, han incluido la toma de la alcaldía, bloqueos, toma de caseta de cobro, y de las instalaciones del Congreso del Estado, así como la retención de funcionarios.
En esta inconformidad uno de los elementos es ciertamente la cuestión de género, sin embargo en el fondo se trata de una lucha por el poder y por el control de los recursos económicos tanto locales como estatales.
Las acciones de protesta de los opositores de Rosa Pérez culminaron con la retención del Presidente del Congreso del estado, Eduardo Ramírez, para obligarlo a acordar con dicho Congreso la destitución de la alcaldesa instalando como alcalde sustituto al hasta entonces síndico Miguel Santiz Álvarez.
Esta acción provocó una doble reacción de Rosa Pérez y sus seguidores; por un lado; la depuesta alcaldesa apeló ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que el 17 de agosto del 2016 falló a su favor. Por otro lado sus seguidores de la Colonia Puebla (lugar conocido por haber sido bastión de paramilitares) recibieron de manera violenta a quienes habían participado en la retención del presidente del Congreso, dejando está acción un saldo de dos muertos y el desplazamiento forzado de aproximadamente 80 familias.
Cabe señalar que el citado TEPJF en su fallo exhortó a las autoridades del estado a garantizar la seguridad de Rosa Pérez, la de su familia y colaboradores para el ejercicio de su cargo, así como a tomar medidas para asegurar la paz y tranquilidad en el municipio.
Las autoridades Chiapanecas no atendieron la sentencia ni la recomendación y permitieron de manera complaciente la muy previsible acción de los militantes del PVEM, quienes el 23 de febrero tomaron violentamente la alcaldía, una vez más con el saldo de un muerto, Jhony Orlando Vázquez Ruiz, numerosos heridos y alrededor de 250 personas de la Colonia Puebla que ya se encontraban desplazadas en la cabecera de Chenalhó y quienes ante los nuevos hechos violentos huyeron de la cabecera a San Cristóbal de Las Casas. La población refirió al uso de armas de uso exclusivo del ejército y chalecos anti-bala; también se cuenta con testimonios de que en la toma de la presidencia de Chenalhó, participaron grupos armados de Pantelho, Chalchihuitan y Chamula.
El cuerpo de Jhonny Orlando fue encontrado desmembrado el 26 de febrero de 2016, días después, el conflicto cobro otra vida y el 7 de marzo se encontró el cuerpo del joven Lorenzo Santiz hijo del Síndico Miguel Santiz Álvarez en Santa Martha. Desde esa fecha, la tensión, rumores y amenazas en las comunidades y cabecera continúan.
Cabe señalar que el estado de Chiapas estuvo administrando el conflicto, hasta permitir que fueran los grupos armados quienes ejecutaran por su cuenta la sentencia del tribunal, ello a pesar que su misma existencia los ubica fuera de la ley. Nos preguntamos: ¿este modo de actuar es una prolongación de la contrainsurgencia en la que los paramilitares son los ejecutores materiales del plan trazado por el Ejército? ¿Es connivencia y complicidad activa de las autoridades con los grupos delincuenciales? ¿O es simple y crasa incapacidad de gobernar? ¿O quizá se trata de crear una sensación de ingobernabilidad para justificar la Ley de Seguridad Interior que pretende institucionalizar la acción del Ejército mexicano en tareas que corresponden por su naturaleza a la autoridad civil?
En cualquiera de los casos, estos hechos son sumamente graves y apuntan a una responsabilidad del Estado por acción y por omisión, ante un contexto de violencia que podría seguir escalando y que ya ha costado vidas, desplazamientos forzados y un profundo malestar en la población.
Las organizaciones firmantes, hemos venido insistiendo en el desarme de los grupos paramilitares que perpetraron la Masacre de Acteal en 1997; no sólo no se nos ha escuchado en cuanto al desarme, sino que se han reactivado los grupos armados bajo la actual administración del gobernador Manuel Velasco Coello. Contamos con testimonios directos de que en medio de la última confrontación violenta estos grupos estaban adquiriendo nuevas armas.
Así pues son las semillas envenenadas de la contrainsurgencia las que han fructificado en los actuales grupos armados, enfrentados por el control político-territorial, cuyos efectos negativos hacia la población están a la vista: comunidades y familias desintegradas por el conflicto y una ingobernabilidad impulsada y fomentada desde los altos niveles del poder.
Las autoridades no pueden seguir evadiendo su responsabilidad ante lo evidente y obvio de la actuación impune de los grupos armados y el tráfico de armas en la región.
Por lo tanto las organizaciones aquí firmantes exigimos al estado lo siguiente:
1. Se desarme a los grupos armados que están operando en la región, los cuales actúan con total complacencia de las autoridades del estado de Chiapas. Así mismo, se investigue, se desarticulen a las redes de tráfico de armas.
2.-Sea investigada la acción y omisión de los funcionarios que han sido cómplices y propiciado la violencia generalizada en la región.
3.-Se garantice la integridad y seguridad personal y la vida de los pobladores en el municipio de Chenalhó.
Integrantes de la Red por la Paz:
Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC), Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ),Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (CORECO),Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI, Educación para la Paz, A.C. (EDUPAZ), Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, A.C. (CDMCH), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana)[:]
[:es]Pueblos de Oaxaca resisten contra megaproyectos eólicos[:]
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Comunidades de Oaxaca solicitan amparo ante la llegada de megaproyectos eólicos
Por Ricardo Ortíz
CDMX 21/03/2017. La Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (APOYO), anunció la intromisión de una nueva serie de megaproyectos que afectarán a diversos pueblos y organizaciones sociales, Binnizá, Ikoots, Mixes, Chontales y Zoques del Istmo de Tehuantepec.
Así mismo, denunciaron que las transnacionales de empresas eólicas y mineras, han ocasionado una serie de despojos impulsados desde el Gobierno Federal, lo cual ha detonado conflictos comunitarios y territoriales en la zona, por lo que señalaron, se ha decidido crear “organización” bajo el principio por la defensa de la vida, la tierra y el territorio.
El pasado 16 de marzo, se presentó un amparo colectivo, donde estuvieron presentes pobladores de los pueblos indígenas de los municipios de Chahuites, Ciudad Ixtepec, Juchitán, San Blas Atempa, San Francisco Del Mar, San Francisco Ixhuatan, San Mateo Del Mar, Santa María Xadani, Tapanatepec, Tehuantepec y Zanatepec; donde ante el Juzgado Sexto de Distrito de Salina Cruz, se interpuso un amparo regional.
Dicho amparo constata, que tiene como objetivo el proteger los derechos de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, respecto de la infraestructura que se pretende construir en sus territorios sin consulta previa y sin obtener su consentimiento libre, previo e informado ante la nueva etapa de instalación de parques eólicos en las distintas regiones.
Pobladores han señalado que dicho megaproyecto desconoce la existencia de los pueblos indígenas de la región en la que se pretende instalar la infraestructura, “en consecuencia, el Estado pretende evitar la garantía de todos los derechos reconocidos a nivel nacional e internacional en materia de pueblos indígenas”.
“Desde hace varios años hemos visto como se han impuesto en nuestras comunidades parques eólicos que han afectado seriamente nuestra vida, cultura y bienes naturales vulnerando nuestro tejido comunitario, ahora el Gobierno Federal ha autorizado la construcción de infraestructura para una segunda fase de expansión eólica en el Istmo que será un adicional de 3,683 MW, lo cual implicaría triplicar la capacidad de generación eólica actualmente instalada en la región que son 2192 MW, con alrededor de 1900 aerogeneradores en 22 parques eólicos”.
Afirmaron que la segunda fase eólica está llegando de manera impuesta con promesas de desarrollo y crecimiento, sin embargo, denunciaron que “los resultados reales que se han visto en más de 10 años de presencia son el acaparamiento de tierras de miles de hectáreas, los altos niveles de pobreza, aumento de la desigualdad y marginalidad, falta de fuentes de trabajo, disminución de la producción agrícola e incremento del crimen organizado”.
“La migración de familias enteras de la población campesina de comunidades de Oaxaca ha ido en aumento, además, se han observado impactos en la desecación de los suelos, los aceites que riegan las turbinas contaminan los suelo, el agua, y el mar; las luces y el ruido de los aerogeneradores afectan la pesca y la salud de las personas que se encuentran en contacto permanente con los aerogeneradores”, puntualizaron.
Finalmente, denunciaron que la segunda fase de desarrollo eólico es “la punta de lanza de las Zonas Económicas Especiales, que se caracteriza por tener leyes y reglamentos muy específicos que violan los derechos individuales y colectivos de las comunidades, donde solo benefician las empresas privadas y la validación de una política económica de despojo”.[:]
