Por Daniel Arellano

Equinox Gold, minera canadiense “tuvo su mejor producción trimestral de oro y ganancias de las operaciones mineras en el primer trimestre de este año, a pesar de tener que sortear los desafíos relacionados con la pandemia covid-19”, afirmó el 15 de mayo de 2020 en un comunicado. Tan solo siete días después (el 22 de mayo) comenzaron a publicarse las denuncias de trabajadores de la mina, señalando que al menos 51 se encuentran contagiados de coronavirus.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señaló el manejo de la enfermedad por parte de la empresa: “En la primera toma de muestra aplicaron 170 pruebas, cuyos resultados fueron sorprendentes porque se reportaron 42 casos de personas contagiadas. Esta situación no solo alertó a la empresa, sino a los trabajadores subcontratados y a los sindicalizados. La preocupación es mayor porque dos superintendentes de la empresa, que han estado dentro de la mina, dieron positivo al COVID – 19. Lo desconcertante es que varias personas eran asintomáticas. Para este viernes -22 de mayo-  se tenía el reporte de 50 personas contagiadas, sin que la empresa haya estado preparada para ponerlos en cuarentena”.

Al principio se señalaron 44 posibles casos. La empresa minera aceptó que 51 trabajadores están contagiados. El domingo 24 de mayo habitantes de La Ciénega, municipio de Heliodoro Castillo cerraron el acceso a Tlacotepec, así mismo informa Tlachinollan, “las comunidades de Carrizalillo, Xochipala y Mezcala, han tenido que cerrar sus entradas para evitar mayor contagio entre la población que está llegando de otras regiones”.

La minera canadiense tiene operaciones en Brasil, Estados Unidos y México. Produjeron alrededor de 201 mil onzas de oro durante 2019 y prevé para 2020 un incremento que va de 540 mil a 600 mil onzas, según sus reportes técnicos. Es decir, Equinox triplicará la producción de oro en 2020. El presidente ejecutivo de Equinox, Christian Milau, dijo que tiene la capacidad financiera total para aumentar la producción en los próximos dos años. Su proyección es de más de 1 millón de onzas de oro anualmente, un objetivo anunciado en marzo.

Mientras que en Guerrero se extienden los casos de coronavirus con tal de no frenar la actividad minera, la lucha de cientos de comunidades en todo México continúa en defensa de sus tierras, luchas que abarcan sucesivas administraciones de gobiernos estatales y federales.

Los pueblos de la Sierra Norte de Puebla, denunciaron que serían afectados por una sentencia que coarta su derecho a la defensa del territorio y realizaron una campaña de rechazo digital, ante la imposibilidad de manifestarse físicamente.

Ese proyecto de sentencia se presentó en el contexto de la pandemia y pretendía dar resolución al amparo 928/2019, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, fue retirado por el mismo ministro que lo promovió. Se trata de Javier Laynez Potisek, quien recibió una andanada de críticas por afirmar que la ley minera no viola derechos de los pueblos indígenas.

Las mineras “presionan para defender sus privilegios, tanto que el Presidente de la República acaba de declarar esenciales sus actividades para que puedan iniciar operaciones aún en la pandemia del coronavirus”, señala el abogado mixteco Francisco López Bárcenas. En medio de la emergencia sanitaria resulta inverosímil que la garantía de seguridad para el propio personal de las mineras a cielo abierto, sea el rellenar un formulario denominado “Autoevaluación del Protocolo de Seguridad Sanitaria de Decir Verdad”.

Los intereses empresariales imponen una “nueva normalidad”, donde prevalece la devastación del medio ambiente y la erosión de la vida de las comunidades, con tal de aumentar las ganancias basadas en el despojo y el saqueo, las onzas de oro y plata valen más que la salud y la vida de sus propios trabajadores y de los habitantes de los pueblos donde han impuesto la explotación minera.

La furiosa lucha por justicia para el fallecido Eric Garner se llevó a cabo durante años – largos y difíciles años—por su familia y amigos antes de lograr algo trivial: el despido del policía que lo había atragantado hasta morir, sin que acusaran al policía de algún crimen.

El nombre Eric Garner se ha vuelto un eslogan por el estado de la América Negra durante décadas, si no siglos, en el cual la gente apenas puede respirar aire fresco.

La grabación por teléfono celular del asesinato policiaco de George Floyd en las calles de Minneapolis, Minnesota, por un policía corpulento que presionó su rodilla en el cuello de Floyd es un eco inquietante de las palabras de Garner de hace más de cinco años: NO PUEDO RESPIRAR.

Floyd, con su respiración cortada, grita por la persona que le dio vida –su mamá.

En pocos minutos, Floyd se va.

Eric Garner fue abordado por un escuadrón de policías después de que un comerciante se quejó de que Eric estaba vendiendo “loosies”, o cigarrillos sueltos.

Floyd fue abordado por varios policías después de que un comerciante dijo que a él le había pasado un billete falsificado de $20 dólares.

Piénsenlo. Dos hombres. Dos padres estrangulados hasta morir debido a quejas de comerciantes sobre cigarrillos sueltos y un billete de $20 dólares supuestamente falso.

Esto nos habla de la manera en que la mercancía es más importante que la vida de los Negros en una sociedad capitalista.

George Floyd se unió al colectivo al que nunca quiso unirse y tal vez nunca esperaba unirse: La Nómina de los Muertos, determinada por el Estado y un sistema de represión.

¿La vida negra importa? Todavía no.

Desde la nación encarcelada soy Mumia Abu-Jamal.

CERSS No 10
Comitán Chiapas México

01/06/2020

Comunicado de presos indígenas en lucha
Organización Vineketik en Resistencia
Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
A la Sexta Nacional e Internacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Pueblo Creyente
A los medios de comunicación
Al Pueblo de México y del mundo

Hermanxs, compañerxs y compañeroas reciban saludos desde nuestro lugar de lucha.

A doce días de haber comenzado nuestra huelga de hambre, en dos diferentes centros del estado de Chiapas.
El motivo de nuestra manifestación pacifica, es por la exigencia de nuestras libertades, hemos alzado la voz una vez más por la justicia que no haya más impunidad, menos represión a los pueblos originarios de hombres y mujeres indígenas de los más pobres y desfavorecidos de los pueblos más vulnerables y que haya igualdad en la impartición de justicia no más a las violaciones a los derechos humanos.

En estos doce días de lucha y resistencia detrás de estas cuatro paredes, no hemos tenido ninguna respuesta de parte del gobierno del estado de Chiapas el C. Rutilio Escandón Cadenas, ni de su secretario general Ismael Brito Mazariegos ya que el mismo había dicho a nuestras familiares que en 20 días daría solución, en la primera huelga que hicimos el pasado mes de marzo del 2019, nos ha traído apuras mentiras en junio de 2019 vino la jueza de Ejecuciones de San Cristóbal a comprometerse en darme la libertad en dos meses, la Lic. M. Guadalupe Flores Rocha a pasado un año y no ha vuelto aparecer. Ella viene a jugar con nuestros sentimientos y con los de nuestras familias y ha si a pasado el tiempo ya que llevamos muchos años privados de nuestras libertades pagando una condena de la cual hemos sido sentenciados injustamente de delitos prefabricados sin ningún señalamiento, somos victimas de tortura.
Es por eso que exigimos al señor gobernador Rutilio Escandón Cadenas a tomar cartas en el asunto ya que el único crimen que esta reprimiendo se llama libertad.
Y en medio de esta pandemia corremos el riesgo de infectarnos, por los deplorables medidas y la falta de medicamentos ni las herramientas o materiales que necesita los doctores. Ya que el día 28 de abril no pudo checarme la presión, porque ya no funciona esa herramienta, porque esta rota. Le hice saber que es necesario que lo tenga y el argumento que el área medica no cuenta con presupuesto, es por eso que exigimos mejores atenciones medicas.

Por ultimo hacemos un llamado a las organizaciones sociales y colectivos a unirse para luchar en contra de las injusticias y agradecemos la intervención y acompañamiento a los derechos humanos Fray Bartolomé y de mas organizaciones.

Atentamente
Marcelino Ruiz Gómez

(Vía Grupo de trabajo “No estamos todxs”)

Emisión del 25 de mayo 2020. Décimo séptimo recorrido por el planeta coronavirus: situación del personal sanitario, de l@s trabajadorxs, de l@s presos, testimonios de personas afectadas por la pandemia y algo sobre los beneficiados por la misma:

6 May, 2020  en Acciones Urgentes por Incidencia

• Urgimos la implementación de un Plan de Emergencia Alimentaria hacia pueblos originarios.

   

• Urgente la presencia del Comité Internacional de la Cruz Roja, para atender a los desplazamientos internos en Chiapas.

   

• Es apremiante que el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno de Personas en el Estado de Chiapas, atienda la situación de manera integral, de acuerdos a los Principios Rectores y a las Directrices de la ONU relacionadas al COVID-19.

   

El Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México A.C. (FISANIM), “el Fideo” y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), han recibido información directa por parte de habitantes tsotsiles del municipio de Aldama, Chalchihuitán y de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal) de Chenalhó, Chiapas, México, respecto al riesgo de una emergencia alimentaria que de prolongarse puede derivar en una hambruna y con ello la vida de las familias que viven el desplazamiento forzado ocasionada por la violencia generalizada cometida por grupos civiles armados de corte paramilitar en la región y por la falta de atención básica e integral de los gobiernos federal y estatal.

En la documentación realizada por FISANIM y Frayba constatamos la situación de marginación y pobreza en la que viven las desplazadas y desplazados, aunado a la falta de medidas sanitarias en el marco de la pandemia del COVID-19, la región Altos está marcada como una de las zonas marginalizadas en el estado de Chiapas.

3304 personas se encuentran en situación de desplazamiento forzado, las cuales pertenecen a Las Abejas de Acteal, Chenalhó, Chalchihuitán y Aldama. Estas personas se encuentran en condiciones de hacinamiento: en casas prestadas, rentadas y en situaciones críticas que cuando se activa la violencia armada se resguardan en las montañas. Varias de las familias tienen sus casas quemadas, destruidas y/o baleadas, sin acceso a sus trabajaderos para el cultivo de sus tierras y sin poder sembrar y cosechar su maíz, frijol, frutas y verduras. Hasta el día de hoy, no tienen la posibilidad de salir a algún lugar para trabajar, no pueden cosechar su café, siendo una de las fuentes de ingreso económico para completar el sustento durante el año. En los tres casos prevalece la omisión del Estado mexicano y la falta de cumplimiento de los principios rectores de los desplazamientos internos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En las actuales situaciones de desplazamiento forzado existe un grave riesgo para la vida y salud de las personas desplazadas debido a la falta constante de alimentos, atención médica y al daño emocional por el miedo permanente y desesperación a ser agredidos, las niñas/os, mujeres y las ancianas/os son las víctimas con mayor vulnerabilidad. Es importante señalar que el interés superior de la niñez, es protegido y salvaguardado por en el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que menciona lo siguiente: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá́ con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas, tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá́ guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”. El Estado mexicano no ha garantizado la seguridad personal, alimentaria y la salud psicológica.

Las autoridades de procuración de justicia no han realizado las diligencias para desarticular a los grupos civiles armados de corte paramilitar que actúan con toda complacencia de los gobiernos en el municipio de Chenalhó. El gobierno de Rutilio Escandón Cadenas solamente ha hecho acciones para administrar el conflicto, constituyéndose en un gobierno omiso y cómplice del entorno de violencia criminal.

Ante la falta de seguridad para regresar a sus casas y trabajaderos, por el riesgo constante para la vida, se prevé una situación de emergencia a la salud y desnutrición entre las mujeres y niñas/os, que son los más vulnerables en el contexto del COVID-19.

La ONU ha manifestado su preocupación por la situación de los pueblos indígenas en el marco de la pandemia. El Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Cali Tzay, expresó su preocupación por el devastador impacto que la pandemia del COVID-19 está teniendo en los pueblos indígenas, más allá de la amenaza para la salud. ¹

La soberanía alimentaria ha sido descrita como un derecho, y más específicamente como “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”. ² Ha sido ampliamente reconocida en contextos nacionales y cada vez más forma parte de los debates en el escenario mundial, incluido en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ³ El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha indicado que los Estados partes en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer “deberían garantizar la efectividad del derecho a la alimentación y la nutrición de las mujeres rurales en el marco de la soberanía alimentaria y velar por que tengan autoridad para gestionar y controlar sus recursos naturales”. ⁴

Ante esta situación grave, exigimos a los gobiernos federal y estatal una actuación con debida diligencia para implementar urgentemente las siguientes medidas cautelares:

1. La alimentación es un derecho constitucional reiteradamente violado en la población indígena y gravemente en la desplazada. Este incumplimiento produce daños graves a la salud de toda la población y en especial a la infancia, es urgente la implementación de un plan de emergencia alimentaria.

2. La actuación eficiente del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno de Personas en el Estado de Chiapas, en el marco de la Ley Para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas.

3. La intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja para la contribución en la ayuda humanitaria en los territorios donde el desplazamiento forzado se ha prolongado.

4. Atender de manera puntual y efectiva las Directrices Esenciales Para Incorporar la Perspectiva de los Derechos Humanos en la atención a la pandemia COVID-19 el cual recoge lo expresado por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Procedimientos Especiales, Órganos de Tratado y otros mecanismos y redes de la ONU respecto a los elementos de derechos humanos que se deben tomar en cuenta en la atención a la crisis por la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias.5

5. Se desactive la violencia en estos territorios provocado por grupos civiles armados de corte paramilitar que deviene de décadas de impunidad, siendo que hoy en día estamos en los escenarios previos de lo que fue la Masacre de Acteal.

A la sociedad civil nacional e internacional le solicitamos se solidaricen con acciones para combatir la emergencia alimentaria y la desnutrición en este territorio específico que sufre violencia sistemática en el marco del desplazamiento forzado, aportando con su donación al Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México. Al banco Scotiabank. Cuenta: 00107853564 Clave interbancaria: 044180001078535644.

Solicitamos también a todos quienes nos indignamos por esta situación impulsar los llamamientos a:

2. Lic. Andrés Manuel López Obrador. Presidente Constitucional de México
   Residencia Oficial de los Pinos. Casa Miguel Alemán. Col. San Miguel Chapultepec,
   C.P. 11850 Ciudad de México.
   Fax: (+52) 55 5093 4901
   Correo: amlo@presidencia.gob.mex
   Twitter: @lopezobrador_

2. Lic. Olga Sánchez Cordero. Secretaria de Gobernación de México
   Bucareli 99, 1er. piso. Col. Juárez. Delegación Cuauhtémoc
   C.P. 06600 Ciudad de México.
   Fax: (+52) 55 5093 34 14;
   Correo: secretario@segob.gob.mx
   Twitter: @M_OlgaSCordero

4. Lic. Rosario Piedra Ibarra. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
   Edificio “Héctor Fix Zamudio”, Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6°piso. Col. Tlacopac San Ángel.
   Delegación Álvaro Obregón. C.P. 01040; Ciudad de México.
   Fax: (+52) 0155 36 68 07 67
   Correo: correo@cndh.org.mx /Twitter: @CNDH

2.  Lic. Rutilio Escandón Cadenas. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
   Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, 1er Piso Av. Central y Primera Oriente,
   Colonia Centro, C.P. 29009. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
   Fax: +52 961 61 88088 – + 52 961 6188056; Extensión 21120. 21122;
   Correo: secparticular@chiapas.gob.mx
   Twitter: @JuntoscnRutilio

2. Lic. Ismael Brito Mazariegos. Secretario General de Gobierno en Chiapas
   Palacio De Gobierno, 2o. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
   Conmutador: (961) 61 8 74 60 Ext. 20003
   Correo: secretariaparticular.sgg@gmail.com

2. Lic. Luis Manuel García Moreno. Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno del estado de Chiapas.
   Carr. Emiliano Zapata Km. 1.9 , Terán C.P. 29050 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
   Teléfono: (961) 61 551 78, 615 47 12
   Correo: luismanuelgarciam@gmail.com

2. Lic. Juan José Zepeda Bermúdez. Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
   Avenida 1 Sur Oriente S/N, Edificio Plaza, 3er y 4to piso, Barrio San Roque C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
   Conmutador: (961) 602 89 80; 961-60289-81 Ext. 206; Lada sin costo 01800-55-282-42
   Fax: (961) 60 2 57 84
   Correo: presidencia@cedh-chiapas.org
   Teléfono: 01 (967) 67 465 94 Fax: 01 (967) 67 465 94

3.  Alertamos posible hambruna a indígenas tsotsiles en desplazamiento forzado

   Lee la petición

2. Forum for Food Sovereignty, Declaration of Nyéléni (2007), available

3 UN Human Rights Council, Revised Draft United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas, UN Doc. A/HRC/ WG.15/5/2 (2018).

4CEDAW, General Recommendation No. 34, supra note 30, at para. 64. See also Jean Ziegler, Report of the Special Rapporteur on the Right to Food on Food Security and Food Sovereignty, UN Doc. E/ CN.4/2004/10 (2004) [hereinafter “Ziegler 2004”]; UN Human Rights Council, Debates on the Declaration on the Rights of Peasants, UN Doc. A/HRC/21/39 (2012); Magdalena Sepúlveda Carmona, Final Draft of the Guiding Principles on Extreme Poverty and Human Rights, UN Doc. A/HRC/21/39 (2012), at para. 75

5 Directrices Esenciales Para Incorporar la Perspectiva de los Derechos Humanos en la atención a la pandemia COVID-19

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

A 26 de mayo de 2020.

3. Acción urgente No. 8

    

    

    

Fotografia: Violeta Sánchez

Al Ejecutivo Federal,

  A partir del trabajo que realizamos con pueblos y comunidades indígenas y equiparables, y del actual monitoreo que estamos llevando a cabo en el contexto de la emergencia sanitaria, organizaciones de la sociedad civil expresamos nuestra ​profunda preocupación ante las condiciones que la pandemia pueda gen​erar en las comunidades durante las siguientes semanas y meses, y pedimos que se abra un ​espacio de diálogo para construir propuestas que atiendan sus condiciones y necesidades.

Los pueblos y comunidades indígenas y equiparables han sido históricamente olvidados por las instituciones de salud pública, provocando la violación sistemática de su derecho a la salud; frente a la presente pandemia, se encuentran en especial vulnerabilidad. A la falta de infraestructura, personal médico y abasto continuo de medicamentos, se suma ​la discriminación institucional y la falta de un enfoque preventivo culturalmente adecuado y asequible a las comunidades; así como, en este contexto, la falta de un monitoreo y seguimiento adecuado a los migrantes que regresan a sus comunidades, en cuidado de su dignidad.

Igual de preocupante es el tema de la ​vulnerabilidad económica de la mayoría de las personas en las comunidades La falta de acceso a fuentes de empleo digno en las comunidades las hace dependientes del comercio y del empleo informal, así como de las remesas de los migrantes en Estados Unidos. En el contexto actual de crisis económica mundial, tanto las fuentes de ingreso local como las remesas se encuentran en riesgo de disminuir fuertemente, sin que exista un programa para ​garantizar un ingreso básico​.

En relación al ​abasto alimentario​, si bien existen comunidades que cuentan con sus propios sistemas de producción, circulación y almacenaje de productos para autoconsumo, hay otras en las que lo producido es insuficiente y dependen de la compra de granos básicos en esta temporada del año en la que están iniciando su nuevo ciclo de siembra. La ​seguridad alimentaria de estas comunidades se encuentra en riesgo ante la caída de sus ingresos y la alza de los precios en los insumos de la canasta básica, así como la ruptura de cadenas productivas y comerciales.

Por otra parte, las comunidades se enfrentan a una ​capacidad reducida para la defensa de sus territorios y del medio ambiente​, pues sus espacios para la toma de decisiones comunitarias están restringidos y el acceso a las instituciones de impartición de justicia se encuentra limitado. Por ello, está cobrando cada vez mayor atención a nivel local e internacional la exigencia de una ​moratoria a todos los proyectos de infraestructura a gran escala que están afectando o puedan afectar territorios indígenas sin su consentimiento​, con potenciales impactos adversos en los derechos humanos (1).

  Particularmente, en el contexto de incremento a la violencia contra las mujeres que está ocurriendo durante esta emergencia sanitaria, nos preocupa que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retuviera los recursos para las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIs).

La actual crisis de salud presenta ​retos importantes en materia de atención a los pueblos y comunidades indígenas y equiparables​, que pueden ser prevenidos y superados si el Estado, en todos sus niveles, adopta ​mejores acciones dirigidas a esta población en materia de salud, economía, alimentación, agua, saneamiento, atención a las conflictividades y a la seguridad​, sin menoscabo de su libre determinación y autonomía.

Por ello, las organizaciones firmantes solicitamos al poder ejecutivo federal:

  Establecer un mecanismo de atención integral inmediata a comunidades indígenas para la prevención y atención de riesgos por Covid-19, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil;

Atender de manera adecuada y suficiente a migrantes que regresan a sus comunidades, incluyendo el establecimiento de protocolos y espacios-albergues acondicionados para la cuarentena, brindándoles información en su lengua materna sobre los cuidados y medidas de seguridad que deben tener al llegar a sus hogares;

Implementar un ​apoyo monetario, directo, mensual y no condicionado, o renta básica por lo menos durante los tres meses que durará la crisis más inmediata, con posibilidad de extenderlo a cinco meses;

Asignar ​recursos suficientes para atender la violencia de género en esta emergencia sanitaria;

Reconocer el ​papel fundamental que desempeñan las ​personas defensoras de derechos humanos​ contra el abuso corporativo o estatal y ​garantizar su protección y seguridad​;

Suspender con una moratoria los proyectos de infraestructura a gran escala en los territorios indígenas que se realizan sin su consentimiento expreso.Con la ​intención de colaborar de manera solidaria frente a la emergencia sanitaria y ante nuestra preocupación por la atención a pueblos y comunidades indígenas y equiparables, llamamos al compromiso de las instituciones gubernamentales y quienes las coordinan, a abrir un espacio de diálogo y colaboración con la sociedad civil, que nos permita enfrentar esta crisis desde múltiples lugares; reconociendo los esfuerzos que ya están realizando las comunidades para enfrentar la crisis por la pandemia desde sus propios modos de vida y organización.

_________________________

1 Michel Forst y Michael Taylor, “Mientras el mundo está confinado, las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente son blancos fáciles”, 22 de abril de 2020, www.business-humanrights.org/es/mientras-el-mundo-está-confinado-las-personas-defensoras-de-la- tierra-y-el-medio-ambiente-son-blancos-fáciles

Atentamente.

Aura Investigación Estratégica,

Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos- Defensoría del Derecho a la Salud (CCESC),

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan,

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A, C.

Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC),

Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. (CONTEC),

Enlace Comunicación y Capacitación, AC.,

Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C,

Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC),

Oxfam México A.C.,

Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C.,

Salud y Desarrollo Comunitario A.C. (SADEC),

Servicios para una Educación Alternativa, AC. (EDUCA),

Servicios y Asesoría para la Paz, A. C. (SERAPAZ).

Península de Yucatán, al 17 de mayo de 2020

BOLETÍN DE PRENSA

SOLICITAN A LA COMISIÓN INTERAMERICANA PROTECCIÓN FRENTE AL “TREN MAYA”

• Organizaciones indígenas y civiles solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para evitar daños irreparables al acuífero subterráneo de la Península de Yucatán, elemento indispensable de los territorios del pueblo maya y principal fuente de abasto de agua de la población y de las comunidades mayas.
• La construcción del megaproyecto denominado “Tren Maya” pone en peligro al territorio del pueblo maya y al acceso al agua en condiciones óptimas de las comunidades mayas y poblaciones en la Península de Yucatán.
• En aplicación del principio precautorio en materia medioambiental solicitaron que el Estado Mexicano se abstenga de la construcción y ejecución del megaproyecto “Tren Maya” por los daños graves e irreparables que este pudiera ocasionar al acuífero subterráneo de la Península de Yucatán.

Debido a los daños que ocasionaría el megaproyecto “Tren Maya”, el pasado 16 de mayo, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para proteger el acuífero subterráneo de la Península de Yucatán, también llamado sistema de cenotes, del cual depende el derecho al agua, a un medio ambiente sano y al desarrollo de una vida digna de los pueblos mayas de
la península.

La solicitud fue presentada debido a que el inicio de la construcción del megaproyecto “Tren Maya” amenaza con recrudecer la ya vulnerable situación ambiental del sistema de cenotes, puesto que desde el pasado el Estado Mexicano ha permitido, tolerado y participado en su deterioro siendo un promovente importante del desarrollo de megaproyectos turísticos, inmobiliarios y agroindustriales que utilizan y contaminan sus aguas.

Las organizaciones expusieron que las autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno han sido omisas en asegurar una infraestructura adecuada y suficiente para el tratamiento de las aguas residuales y el manejo de los residuos sólidos. Además de haber otorgado concesiones para carga y descarga de agua que son operadas sin control, ni medidas de prevención ni mitigación, poniendo en peligro el patrimonio histórico, identitario y cultural de los pueblos mayas, así como su salud y sus vidas.

Estos daños a los derechos del pueblo maya se agravarían con el desarrollo del megaproyecto “Tren Maya”, el cual aumentaría considerablemente el proceso de deterioro de los territorios indígenas y del sistema de cenotes, ya que incluye la construcción de nuevas ciudades, nuevas zonas hoteleras, parques agroindustriales y distintas estaciones; y que proyecta un aumento del arribo de 3 a 4 millones de turistas a la región por año.

Subrayaron que el megaproyecto “Tren Maya” se prepara en un contexto regional de conflictos socioambientales vigentes, caracterizados por el despojo de los bienes comunes de los territorios indígenas y campesinos de la Península de Yucatán, y prevén que la construcción e implementación de este megaproyecto agudizaría y aumentaría estos conflictos debido a que supone el desarrollo de nuevos megaproyectos en distintos sectores económicos (turismo, agroindustria, energía, transporte, etc.) con impactos negativos, y en muchas ocasiones irreparables, sobre el medio ambiente y el sistema de cenotes.

En su solicitud, las organizaciones manifestaron que el Estado mexicano ha sido omiso en el cumplimiento de su obligación internacional de realizar los estudios de impacto ambiental y social de manera previa, transparente y pública; aún así, tal y como ha reconocido el Director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el pasado 30 de abril se dio inicio a la construcción del megaproyecto. Expresaron que el arranque del megaproyecto se da en ausencia de información científica que permita identificar plenamente las posibles afectaciones al ambiente, y a las comunidades indígenas y campesinas; incluso, mencionaron se ha hecho pública la intención irresponsable de exentar al megaproyecto del cumplimiento de esta obligación.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado la obligación que tienen los estados de realizar estudios de impacto ambiental y social frente a proyectos que pongan en riesgo la subsistencia de los pueblos y comunidades indígenas, incluidos los riesgos ambientales. También ha dicho que existe esta obligación frente a proyectos que impliquen un daño significativo al medio ambiente. La Corte ha reconocido reiteradamente que, para todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción en territorios tradicionales de comunidades indígenas o tribales, el Estado debe cumplir con distintas salvaguardas, entre ellas el realizar un estudio previo de impacto ambiental y social.

Para que la presente y futuras generaciones de la población de la Península de Yucatán puedan ejercer todos los derechos que el sistema de cenotes les permite gozar, como el agua y un medio ambiente sano, las organizaciones solicitaron a la CIDH ordenar al Estado Mexicano: que aplicando el principio precautorio en materia medioambiental, se abstenga de la construcción y ejecución del megaproyecto denominado “Tren Maya”; que garantice la información necesaria y completa, basada en evidencia científica, a las comunidades mayas acerca de los impactos ambientales y sociales que tendría el megaproyecto denominado “Tren Maya” en el sistema de cenotes de la Península de Yucatán y; que adopte medidas de prevención y mitigación para salvaguardar el sistema de cenotes de la Península de Yucatán frente a las amenazas y riesgos presentes.

Es indispensable que la CIDH otorgue las medidas cautelares solicitadas, dado que el megaproyecto “Tren Maya” continua sin ajustarse a los estándares internacionales para la protección de los derechos humanos, permitiendo así la pérdida del patrimonio natural y biológico del pueblo maya, y violando de manera irreparable su derecho al territorio y el derecho humano a acceder al agua limpia y salubre. Las medidas cautelares también contribuirían al despliegue efectivo de la aplicación del principio precautorio, consolidando la protección medioambiental que requiere la región. “Sin los cenotes no hay posibilidad de tener territorio maya, ni tampoco acceso al agua. Si se contamina el agua de los cenotes también se ve afectada la vegetación, así como la fauna que necesita de sus aguas para la vida. Así, la destrucción y la contaminación sistemática a los cenotes en la Península de Yucatán es una amenaza para nuestra vida como pueblo indígena maya.

Para defender la existencia misma de nuestros territorios necesitamos defender el sistema de cenotes de la Península de Yucatán del cual se sostienen”, concluyen.

Las organizaciones peticionarias esperan que la CIDH ordene las medidas cautelares para que el Estado Mexicano se abstenga de la construcción y ejecución del megaproyecto “Tren Maya”, que estaría poniendo en riesgo el futuro ambiental de la región de la Península de Yucatán y de las comunidades mayas por los daños irreparables ocasionados al territorio, al sistema de cenotes y a los derechos al agua y al medio ambiente sano, y a todos los demás derechos que se desprenden de este último.

Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal, y
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible

10 mayo, 2020 Sandra Suaste

Fotografías: Archivo. 10 de mayo de 2019.

Uno de los miedos en estos días, es perder a un familiar. Para algunas mujeres, ese sentimiento ha sido una constante durante años: las madres de personas desaparecidas y asesinadas. Ellas ya no festejan, pues incluso en 10 de mayo, viven el horror y la incertidumbre.

61 mil 637 desaparecidos en México, según las cifras de la Secretaría de Gobernación. Un día que comúnmente estaría lleno de flores, pasteles y fiesta, se pinta de indignación.

Cada año, las mamás hacen manifestaciones para exigir justicia o aparición con vida. “Lo triste es que cada año las planchas de los principales monumentos o plazas, se llenan de más personas”, comentó una mujer en la manifestación de 2019, en la Ciudad de México. Frente al Ángel de la Independencia.

Este 2020, las manifestaciones son pocas, debido al riesgo sanitario. Pero ellas persisten y no dejan de salir a las calles. En algunos estados al menos 10 madres se posaron afuera de las oficinas de gobierno. Jalisco fue uno de estos lugares: “No nos da miedo morir, estamos muertas en vida desde que no están nuestros hijos. Sin hijo, no hay festejo”.

Para ellas es común ya no festejar el Día de las madres. Así como este 2020, muchas madres no festejarán por el miedo a perder a un ser querido. Preferirán quedarse en casa, así como las buscadoras, prefieren manifestarse nuevamente.

Buenos días, Durante la cuarentena por la pandemia Covid 19, los Pueblos Originarios son población vulnerable, en mayor riesgo las comunidades en desplazamiento forzado bajo ataques armados. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, registramos agresiones a Pom, en Chalchihuitán, en la región Altos de Chiapas, en México.

Compartimos nuestra palabra urgiendo al Estado mexicano cumplir con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a 10 comunidades del Pueblo Maya Tsotsil. Adjunta y en la página www.frayba.org.mx

Agradecemos su valioso trabajo periodístico.

Azalia H. Rguez. Cel. 9671356978

Agresiones armadas, desplazamiento forzado, discriminación y COVID 19 Comunidades del Pueblo Maya Tsotsil de Chalchihuitán en mayor riesgo de crisis humanitaria.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) registró disparos de armas de fuego en contra de la comunidad de Pom, en Chalchihuitán, Chiapas, México, perpetrados por un grupo civil armado de corte paramilitar procedente de Chenalhó, en contexto de riesgo por emergencia sanitaria ante la pandemia de Covid 19.

Testimonios indicaron que el pasado 1 de mayo de 2020, aproximadamente a las 08:00 horas, hubo actos de violencia armada que aumentaron el miedo y la crisis humanitaria en comunidades que pertenecen al Pueblo Maya Tsotsil:

[…] un grupo armado de corte paramilitar vestidos de negro dispararon, esto sucedió en el tramo Chacojtón en la comunidad de Pom del municipio de Chalchihuitán, esto ha traído mucho miedo entre las y los desplazados, no podemos ir a nuestra milpa a traer nuestras verduras para comer, las mujeres y los niños sufren mucho, no pueden ir por leña y los hombres no podemos salir a trabajar.

[…] Es difícil encontrar como alimentarnos en esta situación; las autoridades nos dicen que no salgamos de la casa por la enfermedad del COVID, pero no hay maíz, ni frijol, tenemos que ir a buscar nuestra verdura a la parcela, tampoco podemos comprar en la comunidad porque los hombres no pueden salir a trabajar a la milpa ni a vender la cosecha de café, hay miedo por la enfermedad y porque nos vaya a herir una bala de los grupos paramilitares.

Esta situación de vulnerabilidad pone en alto riesgo de contagio de COVID 19 a las 273 familias, un total de 1236 personas desplazadas forzadamente, debido a que se encuentran en pobreza extrema, sin alimentación adecuada, ni agua potable, en carencia de servicios de salud accesibles y de calidad. De especial preocupación son las niñas, niños y adolescentes, así como los adultos mayores y mujeres, en las comunidades desplazadas de K’analumtik, Pom, Ch ́enmut, Bololch’ojon, Bejelton, Tulantik, Cruzton, Ts’omolton y Cruz Kakanab del municipio de Chalchihuitán y Majompepentik municipio de Chenalhó. A pesar de que las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil en deslazamiento forzado, de Chalchihuitán y Chenalhó,

anteriormente mencionadas, cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (MC 882-17)1 y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 87/20182, las autoridades del Estado mexicano no han cumplido de manera eficiente yhttps://frayba.org.mx/wp-content/uploads/2020/05/200506_boletínSan Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

06 de mayo 2020

Boletín No. 10_10_chalchihuitan.pdf eficaz con implementar las acciones necesarias para protegerlas.

Cabe señalar que históricamente las comunidades de Pueblos Originarios son uno de los sectores más vulnerables a consecuencia de la desigualdad caracterizada por la discriminación, exclusión y pobreza, que conlleva a una violación estructural y sistemática de derechos humanos.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) el municipio de Chalchihuitán ocupa uno de los primeros lugares de pobreza extrema (79.8%), la cual se agudizó desde los hechos de violencia perpetrados por un grupo civil armado de corte paramilitar procedente de Chenalhó, que provocó el desplazamiento forzado de 5023 personas, desde octubre de 2017.

La Organización de Las Naciones Unidas indicó que: “Los pueblos indígenas, en particular las mujeres y las niñas indígenas, suelen verse afectados de manera desproporcionada por las epidemias y otras crisis. Los pueblos indígenas tienen casi tres veces más probabilidades de vivir en la extrema pobreza que los no indígenas… son también custodios de una gran riqueza de conocimientos y prácticas tradicionales, lenguas y culturas, que incluyen respuestas a las crisis probadas en el tiempo”3. Se les debe incluir de manera participativa, culturalmente apropiada y respetuosa de sus derechos, en las respuestas a la pandemia y sus impactos.

Por lo anterior el Frayba solicita de manera urgente al Estado mexicano:

Garantice los derechos humanos a Pueblos Originarios en desplazamiento forzado, en doble riesgo por ataques armados y por la pandemia de Covid 19: a su integridad y seguridad personal; acceso al agua, al saneamiento y a instalaciones de higiene personal; a la alimentación; a la vivienda adecuada; a la información en su lengua para prevenir y tratar la enfermedad; a la atención médica oportuna y sin discriminación; al consentimiento libre, previo e informado; a la libre determinación; a la participación de las mujeres y especialmente los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Cumpla las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil en desplazamiento forzado de Chalchihuitán.

1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Medida Cautelar No. 882-17. Comunidades indígenas tsotsiles de Chalchihuitán y Chenalhó respecto de México. 24 de febrero de 2018. 2 Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recomendación No. 87/2018. Sobre el caso de personas víctimas de desplazamiento forzado interno en diversas comunidades de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó. 28 de diciembre de 2018. 3 Organización de Las Naciones Unidas. Los pueblos indígenas y la pandemia de Covid 19.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

06 de mayo 2020

Boletín No. 10

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