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Llamado urgente de solidaridad con el movimiento campesino del Bajo Aguán, Honduras
¡LLAMAMIENTO URGENTE DE SOLIDARIDAD CON EL
MOVIMIENTO CAMPESINO DEL BAJO AGUAN EN HONDURAS!
CARTA ABIERTA A LOS PUEBLOS Y GOBIERNOS DE NUESTRA AMÉRICA
Hermanos y hermanas:
Estamos profundamente preocupados y preocupadas por la gravedad que está alcanzando la situación del movimiento campesino del Bajo Aguan, en la región norte de Honduras. Día a día nos llegan nuevas denuncias –algunas desesperadas- sobre crímenes cometidos en su contra. Con una presencia militar y policial además fuertemente intensificada en los últimos tiempos – la misma que es señalada repetidamente por su responsabilidad en la represión – estamos convencidos que es urgente actuar para evitar desenlaces peores.
Especial preocupación nos agobia, por la situación de terror que viven los niños y niñas del Bajo Aguan, ya que sus traumas -generados por la represión y el miedo a los que están permanentemente sometidos – perdurarán y afectarán su vida de manera permanente. Hace algunos días, cuando se iniciaba precisamente el operativo militar Relámpago, un grupo de campesinos y campesinas que venían del cementerio donde visitaron las tumbas de sus familiares y de sus compañeros campesinos caídos en la lucha por la tierra, fueron atacados, resultando algunos asesinados y otros heridos. Los niños y las niñas que les acompañaban fueron testigos de ese brutal ataque.
Por todo esto, levantamos nuestra voz de alerta y solicitamos una pronta y eficaz respuesta de parte de los pueblos, gobiernos e instituciones de nuestra América en defensa de la vida y para sentar las bases para una justa resolución de los conflictos de fondo.
Algunos antecedentes
La gravedad del problema fue denunciada el pasado 24 de octubre, en el marco del 143º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se documentó el incremento de los asesinatos -42 asesinados/as afiliados a organizaciones campesinas entre septiembre del 2009 y octubre del 2011-, persecuciones, amenazas e intimidaciones en contra de unas 3.500 familias campesinas que reclaman su derecho a la tierra y a la alimentación, y se encuentran en total indefensión frente a la criminal represión y saqueo de la oligarquía hondureña, ligada fundamentalmente a la producción de palma aceitera en esa zona y estrechamente vinculada al régimen político instaurado tras el golpe de estado de 2009. A esos asesinatos se agregan los procesos judiciales en contra de más de 160 campesinos -iniciados hasta julio del 2011-, los desalojos forzosos y la destrucción de las viviendas y medios de vida de pueblos enteros.
Según informes y denuncias públicas disponibles, en el país hay más de 600 mil familias que carecen de tierra, sin que exista por parte del Estado hondureño una estrategia agraria para solventar la grave problemática social. El conflicto agrario en Honduras se polariza a raíz de la Ley de Modernización Agrícola del año 1992, que permitió rebalsar los topes existentes en relación a la tenencia de la tierra, dando lugar a enormes plantaciones concentradas, en el Bajo Aguan, en manos de terratenientes como Miguel Facussé, Reynaldo Canales y René Morales Carazo.
En vez de responder por esta situación de violaciones graves y sistemáticas a los derechos económicos, sociales y culturales de la población, el gobierno actual inició la operación conjunta Xatruch II, que desde mediados de agosto desplegó en la zona unos mil efectivos policiales y militares de la Fuerza Naval y del Batallón de Infantería con sede en el Aguan, y el Operativo Relámpago –a partir de noviembre del 2011-, bajo la justificación de “disminuir la ola de asesinatos y secuestros en el país”.
En ese contexto se generan graves y alarmantes denuncias en la zona, que señalan la participación de agentes de la Operación Xatruch II en torturas de campesinos, en el asesoramiento al Ejército y a guardias privadas de los terratenientes, por marines norteamericanos y paramilitares colombianos; así como la presencia de los paramilitares ligados al narcotráfico conocidos como “los zetas” de México.
Irónicamente, mientras la muerte y el terror continúan recorriendo los campos del Bajo Aguan, y el régimen criminaliza la lucha campesina y profundiza la militarización del territorio, su titular Porfirio Lobo asegura que se avanza en el proceso de pacificación y reconciliación del país, logrando así que la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras instancias internacionales reincorporaran al Estado de Honduras como miembro activo con plenos derechos. Asimismo dan rienda suelta a los planes ambiciosos de inversión, endeudamiento y ocupación territorial del país a fin de profundizar el saqueo y la depredación. Lejos de alcanzar esa pacificación y reconciliación, el pueblo hondureño sufre los embates de un sistema colapsado.
La Policía Nacional, responsable de proteger a la población de los criminales, está siendo sacudida por la crisis más profunda de su historia, siendo señalada por su incapacidad de perseguir el delito y los delincuentes, sus violaciones a los derechos humanos, y por la vinculación de muchos de sus miembros al tráfico de drogas, al crimen organizado, y al sicariato.
En lugar de acabar con los crímenes que se multiplican por miles cada año -y que ubican a Honduras como uno de los países más violentos del mundo según el Estudio Global sobre Homicidios (2011) de la Oficina de las Naciones Unidas sobre la Droga y el Crimen (UNODC)- la policía hondureña ataca sin piedad a la población, siendo los campesinos del Bajo Aguan algunas de sus víctimas principales, debido a su firmeza en la lucha por la tierra.
Respuestas desatinadas
Ante este panorama, desde la comunidad internacional las respuestas tienden más al agravamiento de los conflictos que su resolución. Amén de la plena reincorporación de Honduras a la Organización de Estados Americanos, ignorando la ola represiva desatada y la indefensión jurídica que emanan del colapso del sistema jurídico y la impunidad reinante, los EE.UU. han incrementado notoriamente su presencia, entrenamientos y gastos militares en el país, abriendo incluso tres nuevas bases militares en el período posterior al golpe de 2009.
A partir de junio de este año y con la concurrencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, los EE.UU. y otros, bajo la justificación de una nueva Iniciativa Regional Centroamericana de Seguridad que se supone indicada para mejorar el combate al narcotráfico y otras formas de crimen organizado, se está consolidando un fuerte respaldo y aprovisionamiento justamente a los sectores más implicados en el mismo. Esta nueva transnacionalización de un muy particular concepto de seguridad, siempre bajo el dominio de EE.UU., ya tiene muchos antecedentes en el país y la región, incluyendo el “capítulo de seguridad” incorporado al NAFTA cuyos resultados en México están a la vista. Tampoco pueden ignorarse sus vínculos con las políticas de inversión, endeudamiento y control territorial que en el Bajo Aguan y las zonas costeras Garífunas, entre otras partes de Honduras, buscan imponer sus proyectos de saqueo reverdecidos – “energía renovable”, “reforestación ecológica” y “turismo sustentable” – por sobre la resistencia de las poblaciones cuyas posibilidades de vida se ven cada vez más violentadas.
Nuestra solicitud
Por estas razones:
– Nos dirigimos a los presidentes y presidentas latinoamericanos y caribeños, entre ellos a quienes han aprobado el reingreso de Honduras a la OEA, para:
- Pedirles que sus gobiernos se hagan presentes en el Bajo Aguan, nombrando a un representante de sus embajadas para que se apersonen en la región, y hagan los esfuerzos que se requieran para detener la sistemática agresión y asesinatos contra los campesinos y campesinas.
- Pedirles que suspendan toda ayuda financiera al gobierno, especialmente la destinada a las Secretarías de Defensa y Seguridad Pública. Que se suspenda toda cooperación internacional dirigida a fortalecer al Ejército, la Policía Nacional y a sostener la intervención extranjera, sea ésta en calidad de préstamo o de donación.
– Nos dirigimos a la Organización de Estados Americanos, para pedir que proceda con urgencia a nombrar una Comisión de Verificación de la situación del Bajo Aguan, con apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
– Nos dirigimos a la Organización de las Naciones Unidas, para solicitar que envíe Relatores Especiales al país para constatar las denuncias de las poblaciones afectadas en el lugar de los hechos.
– Nos dirigimos a las Instituciones Financieras Internacionales, a los inversores y llamados “donantes” internacionales, para que suspendan toda operación que afecta la zona, hasta tanto su necesidad y legitimidad sean comprobadas desde la perspectiva de los derechos de las comunidades afectadas.
-Nos dirigimos a las autoridades hondureñas, para exigir que respeten los compromisos asumidos frente a la comunidad internacional de:
1) Velar por los derechos humanos:
- Dando protección a las personas y comunidades en riesgo.
- Investigando y sancionando los crímenes cometidos y castigando a sus responsables.
- Terminando con la criminalización de los movimientos campesinos y con la impunidad de la que gozan los grandes terratenientes.
2) Avanzar desde el Estado hacia la solución de la grave problemática agraria que afecta al campesinado hondureño:
- Deteniendo los desalojos forzosos.
- Garantizando el derecho a la tierra, a la educación, a la salud, a la vivienda, de los y las campesinas organizadas.
- Impidiendo el avance de la agroindustria por sobre la soberanía alimentaria y la concesión y entrega del territorio y del patrimonio natural sin la obligatoria consulta previa e informada de los afectados.
3) Desmilitarización de la región:
- Suspender los operativos militares.
- Poner fin a la presencia militar extranjera.
– Finalmente, nos dirigimos a los pueblos del continente para que se mantengan en alerta frente a la situación de grave peligro que se presenta en Honduras y especialmente en la zona del Bajo Aguan y activen la solidaridad, participando de las distintas iniciativas de las organizaciones populares de la región, como el Observatorio Internacional de Derechos Humanos para el Aguan y las brigadas solidarias.
¡Es Urgente Detener la Masacre en el Bajo Aguan!
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz – Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Jubileo Sur/Américas – Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas, COMPA – Espacio Refundacional-Honduras – Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH – Organización Fraternal Negra de Honduras OFRANEH – Rights Action/Derechos en Acción – Colectivo Italia Centro America CICA – Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía de Argentina (primeras firmas)
-11 de noviembre de 2011
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(English) Two Years of Impunity in the Case of H.R. Defenders Margarita Martínez and Adolfo Guzmán
TO NATIONAL AND INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS ORGANIZATIONS
TO GRASSROOTS AND CITIZENS’ ORGANIZATIONS
TO MAINSTREAM AND ALTERNATIVE MEDIA
TO THE GOOD GOVERNMENT COUNCILS
TO THE OTHER CAMPAIGN
TO NATIONAL AND INTERNATIONAL CITIZENS’ ORGANIZATIONS
TO THE MOVEMENT FOR PEACE:
We denounce two years of impunity in the case of human rights defenders Margarita Guadalupe Martínez and Adolfo Guzmán
Two years have passed since members of the Chiapas state attorney general’s office (PGJE), specifically the District Office of the Border Mountain zone (FDFS), unlawfully entered our home in Comitán, Chiapas, committed abuse of authority and tortured the four members of our family. A formal complaint was made regarding these injustices at the Special Office for Protection and Attention to Human Rights NGOs (FEPAONGDDH), yet in spite of the time that has elapsed, neither the Special Office nor the Chiapas state government has done anything to shed light on what happened and they continue dragging their feet in order to cover up government officials and prevent the truth from coming to light.
Since legal proceedings of this case began, we have received death threats six times, Margarita Martínez has been kidnapped and tortured twice, first on February 25, 2010 (36 hours before the legal re-enactment of what occurred), then on November 24, 2011. Formal public complaints were filed on each occasion.
Following the kidnapping of Margarita on February 25, 2010, the Inter-American Commission on Human Rights (ICHR) called on the Mexican army to protect our family and decreed protection measures for us, consisting of police guards to be assigned by the Chiapas state government, from a “special corps” from the Secretary of Public Security and Citizen Protection (SSyPC). We were forced to accept these measures in light of the imminent risk and vulnerability we faced.
Yet protection measures have not helped our case nor have they produced a less stressful situation. In fact, Margarita’s kidnapping in November, 2010 happened while being accompanied by a police guard and in October of this year we received an anonymous death threat at our home, supposedly protected by the SSyPC,.
We believe that the ineffectual actions of the judicial branch of the state of Chiapas and its complicity with the parties we have sued have to do with the following circumstances:
First, regarding the delays in obtaining a verdict: FEPAONGDDH divided the case into three separate events, supposedly to carry out a better investigation, i.e. 1) illegal entry with abuse of authority, torture (which authorities have dropped); 2) threats, a charge aggravated by the fact that it was a death threat; 3) Kidnapping, torture and rape. Charges stemming from these three events were filed with FEPAONGDDH, but only the first has been formally admitted and prosecuted, and even then the accusation of torture was omitted.
Second, dealing with the reclassifying of crimes, a procedure we have questioned: FEPAONGDDH alleges that due to a lack of proof, the charge of torture cannot be prosecuted, in spite of the fact that a UN-certified psychologist on torture carried out an evaluation in accordance to the standards outlined in the Istanbul Protocol, and found that all members of our family had been tortured.
Third: the protection measures requested by the ICHR and implemented by the government of Chiapas have hardly ensured security, since, as noted before, two very serious crimes were committed even while our family was receiving police protection.
The Attorney General of Chiapas, Raciel López Salazar, and the Governor of the State, Juan Sabines Guerrero, have not contributed to clearing up these matters, in spite of the request by the ICHR, thus clearly showing a lack of justice and accountability in prosecuting efficiently and objectively the crimes committed by state officials under their authority.
Given the above, we hereby lodge a protest against the state’s breach of duty to carry out a prompt and impartial investigation. Two years have passed and the facts have yet to be investigated fully nor has a verdict been handed down against the accused parties. This points to a clear dereliction of duty of the Mexican government, and particularly the government of Chiapas, and underscores the total lack of guarantees for human rights defenders.
We therefore demand the following from the governments of Chiapas and Mexico:
- Full implementation of the ICHR’s protection measures (decree 52-10) in a efficient and professional manner.
- Guarantees for the lives and physical and emotional wellbeing of all members of our family.
- Public officials implicated in the serious accusations that have been filed (illegal entry, abuse of authority, death threats, torture, kidnapping and rape) should be suspended from duty until the matter is legally resolved, insofar as those involved have used their government posts to avoid prosecution.
- Those officials responsible for the crimes committed should be prosecuted and sentenced for the violations of human rights that occurred.
Stop the harassment of Human Rights Defenders
Stop the torture of Human Rights Defenders
Never again a Mexico without Human Rights
Sincerely,
Margarita Guadalupe Martínez Martínez
Adolfo Guzmán Ordaz
