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(Español) Simojovel, Chiapas: A pesar de medidas cautelares por la CIDH, amenazas contra Consejo Parroquial continúan
-Continúa el riesgo a las y los defensores del Consejo Parroquial de Simojovel
-La CIDH otorga medidas cautelares a defensores de derechos humanos comunitarios
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
A 15 de octubre de 2015
Boletín de prensa No. 24
Frente a la crisis en derechos humanos en México, el 1 de septiembre de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó la Medida Cautelar, MC506-14, a favor de Marcelo Pérez Pérez y 10 personas más, todas y todos, defensores de derechos humanos integrantes del Pueblo Creyente y del Consejo Parroquial de Simojovel, Chiapas; quienes mantienen la defensa por los derechos humanos en esa región.
A pesar de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, el riesgo a las y los integrantes del Consejo Parroquial es cotidiano y vigente:
El día 30 de septiembre y 1 de octubre del presente año, el sacerdote Marcelo Pérez recibió varias amenazas de muerte y de privación arbitraria de la libertad “si las autoridades del Estado no liberaban Juan y Ramiro Gómez Domínguez”, ambos exalcaldes de Simojovel quienes se encuentran detenidos por posesión de drogas y de armas exclusivas del Ejército mexicano.
El 1 de octubre, día de la toma de posesión de los nuevos alcaldes en Chiapas, la situación se volvió hostil hacia el Consejo Parroquial y al Padre Marcelo Pérez, ya que se les acusa de la derrota del Partido Revolucionario Institucional en ese municipio.
(Español) Comunidad de Santa María Ostula reitera exigencias de verdad y justicia
A los medios de comunicación
A los pueblos del mundo
El día 15 de octubre de 2015, en la cabecera municipal de Aquila, Michoacán nos reunimos en representación de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, la Comisión para la Defensa de los Bienes Comunales, las autoridades civiles y agrarias, los encargados del órden de las 23 encargaturas, así como los comandantes de la policía comunitaria de Ostula y de los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Coalcoman y por otra parte representantes del gobierno mexicano, como son la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Especial para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, la Policía Federal, la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la delegación de Gobernación de Michoacán, el Gobierno del Estado de Michoacán y la presidencia municipal de Aquila.
El objetivo fue revisar el cumplimiento de los acuerdos a los que arribamos en la ciudad de México el pasado 23 de julio de 2015 y previamente el 12 de junio de 2015 en la cual señalamos nuestras exigencias urgentes e irrenunciables, que siguen siendo las mismas y que reiteramos.