Ante el avance de las autonomías, vuelven a resurgir las difamaciones y las amenazas de muerte en contra del portavoz del CSIM

A los Organismos Defensores de los Derechos Humanos
A los Pueblos y Comunidades Originarias
Al Pueblo de México y de Michoacán
A los Medios de Comunicación
Al Estado Mexicano

Comunidades originarias y afromexicanas de Michoacán,
a 19 de febrero de 2026.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo libre y autónomo, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por autoridades tradicionales de 80 comunidades de los Pueblos P’urhépecha, Otomí o Hñahñú, Matlazinca o Pirinda, Nahuatl y Afromexicanos, manifestamos conjuntamente lo siguiente:

Desde el inicio del presente año, se ha difundido en redes sociales una campaña sistemática de calumnias, injurias y difamaciones en contra del Consejo Supremo Indígena, y en particular, de nuestro vocero, el historiador Pavel Ulíánov Guzmán, esta es una operación financiada que tiene como objetivo el quitar legitimidad a los pueblos que luchan por su libre autodeterminación, autogobierno y autonomía, de la cual categóricamente hacemos responsables a Ayuntamientos y sus operadores políticos quienes ven amenazados sus intereses particulares o de partido.

De igual forma, han vuelto las amenazas de muerte en contra de nuestro portavoz Pavel Ulíánov, quien desde el año 2016 fue amenazado con ser desaparecido si no cesaba de apoyar a los autogobiernos indígenas, posteriormente, en el 2023 reiteradamente fue amedrentado por apoyar los procesos de autonomía, por lo que fue integrado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno de la República y subsiguientemente en mayo del 2025 nuevamente fue intimidado por luchar al lado de los pueblos, hoy otra vez sufre de nuevos ataques en su contra, incluyendo amenazas de muerte y hostigamientos con el objetivo de hacerlo desistir de la defensa de los pueblos y comunidades originarias.

En este contexto, recordamos que entre los años de 1974 y 1976, la familia Guzmán Cruz, de la que forma parte nuestro vocero Pavel Guzmán, fue víctima de desaparición forzada de 5 de sus integrantes por agentes del Estado mexicano en la denominada “guerra sucia” en contra de opositores políticos y actualmente el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos #CIDH. Por lo anteriormente exigimos:

1.- Tomar de inmediato medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de Pavel Ulianov Guzmán, de su familia y de quienes conformamos el Consejo Supremo Indígena de Michoacán.

2.- Llevar a cabo una investigación completa, exhaustiva e imparcial sobre los ataques al honor e imagen, así como por las amenazas que ha recibido el compañero Pavel Uliánov con el fin de identificar a los responsables y llevarlos ante un tribunal competente.

Finalmente, manifestamos que Pavel Guzmán Macario, es un p’urhépecha, un guerrero, un defensor del territorio y un compañero de las resistencias indígenas que no se encuentra solo, nos declaramos listos para emprender las movilizaciones y luchas necesarias para su defensa así como de las comunidades que resisten con dignidad y esperanza.

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

Por Jeny Pascacio | Avispa Midia

Los días 23 y 30 de diciembre de 2025, previo a la Noche Buena y Año Nuevo, el Colectivo de Madres Buscadoras de Chiapas se trasladó a la región de Los Llanos para buscar a Jesús Esteban Mazariegos Moreno y los hermanos Luis y Marvin Nanga Pérez, en uno de los territorios más hostiles de la entidad, controlado por el crimen organizado. 

Sin embargo, “fueron sólo simulaciones de búsqueda”, coincidieron las integrantes de la colectiva, pues, para ellas, la falta de capacitación e interés son obstáculos para una investigación eficiente e integral.

Avispa Mídia acompañó las dos búsquedas. Esta es la primera entrega de dos de la documentación realizada a partir de la convocatoria de las familias para participar en las actividades programadas en ambas fechas.

La zafra; “Caso Pujiltic” 

Por lo menos desde 2022, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contaba con las coordenadas del predio conocido como “El Cedro”, según un informe de novedades del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI) Sureste. El documento, contenido en Guacamaya Leaks al que Avispa Mídia tuvo acceso, da seguimiento a llamadas telefónicas de tres presuntos líderes del grupo delictivo ‘Los Pelones’, señalado por actividades de tráfico de drogas, armas y personas, cohecho y de vínculos con el Cártel de Sinaloa. 

El reporte fechado del 6 de julio al 31 de agosto de 2022, menciona que Alan Aurelio N, sobrino de Luis Alejandro N, líder de Los Pelones, tuvo una comunicación con una tercera persona para indicar el traslado de armas y de alguien referido como ‘El Armero’ a ‘El Cedro’, predio ubicado en San Francisco Pujiltic, municipio de Venustiano Carranza. 

Entonces, CERFI dio parte a la VII Región Militar de Tuxtla Gutiérrez y 31a Zona Militar, ubicada en Rancho Nuevo, “a efecto de identificar alguna actividad ilícita”, reza el mismo informe de la Sedena. 

Hace dos años (2024), las Madres Buscadoras de Chiapas recibieron un mensaje anónimo con las coordenadas de ‘El Cedro’, la denuncia fue por fosas clandestinas y les señalaron que el lugar funcionaba para reclusión de personas desaparecidas y adiestramiento criminal. La colectiva dio aviso a la fiscalía, pero no hubo seguimiento. Les advirtieron que el riesgo en la zona era alto: las familias podían ingresar, aunque nadie podía asegurar su regreso.

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Texto y fotos: Javier Bedía Prado | Avispa Midia

Desde hace más de treinta años, Marly Anzualdo busca a su hermano Kenneth, desaparecido en el Cuartel General del Ejército del Perú. Los responsables hoy tienen a su favor una ley de amnistía que podría anular los procesos y sentencias por violaciones a derechos humanos en el período de violencia política ocurrida entre los años de 1980 al 2000.

Contra la impunidad y el olvido, cada jueves en el centro de Lima, las familias de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno y de víctimas de represión estatal en democracia se reúnen frente a la sede principal del Poder Judicial. Un ejercicio de memoria desde un presente bajo terrorismo de Estado.

“Quien busca, encuentra. Ninguna persona desaparece, son desaparecidas, y cuando lo hace el Estado, sabemos quiénes tienen que darnos una respuesta. No importa cuánto tiempo pase. Queremos justicia, no puede haber paz sin justicia”, expresó para Avispa Mídia, Marly Anzualdo.

El 16 de diciembre de 1993, Kenneth Anzualdo Castro, estudiante de economía de la Universidad Nacional del Callao, fue secuestrado en Lima por agentes del Servicio de Inteligencia de la Marina, cuando se movilizaba en un bus, en represalia por denunciar la desaparición de un compañero. 

La guerra subversiva-contrasubversiva causó 69,000 muertes, de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la mayoría de población civil quechuahablante de los Andes peruanos, víctima de la violencia extrema de Sendero Luminoso y el Estado. En el conflicto también actuó el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

De las más de 22,000 personas cuyo paradero se desconoce, solo se ha finalizado la búsqueda de 2,582, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade). 

Sin embargo, en mayo de este año la Dirección de Búsqueda de Desaparecidos fijó un plazo de 18 meses de investigación en casos de desaparición forzada, lo que contradice la ley que obliga a las entidades públicas a realizar pesquisas de forma permanente, hasta hallar a la persona o sus restos. 

La Ley de Amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, comités de autodefensa y funcionarios del Estado fue decretada por el Congreso en junio, con el apoyo de partidos de ultraderecha y conservadores, vinculados a las instituciones armadas y partícipes de la represión.

El dictamen elimina la responsabilidad penal para los sentenciados y procesados mayores de 80 años. Las fuerzas del orden perpetraron masacres de comunidades campesinas e indígenas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones, torturas y desapariciones de menores de edad, ancianos, sindicalistas, militantes de izquierda, autoridades políticas y estudiantes universitarios.

Hay 156 sentencias y más de 600 procesos en curso que, en el papel, pueden eliminarse, pero en los juzgados peruanos no se está aceptando aplicar la ley que contravienen la jurisprudencia internacional.

“Matan a nuestros hijos y nos llaman terroristas”

Tras el retorno de la democracia, entre los años 2002 y 2019, se registraron alrededor de 300 muertes en conflictos sociales. En su mayoría de manifestantes y defensores de territorios asediados por extractivismos, indican los datos de la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.  

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Este podcast nos acerca a la crisis de desapariciones forzadas en Chiapas y en específico a la lucha de familiares de 7 habitantes de San Cristóbal que este 23 de noviembre cumplen un año de haber sido desaparecidos.

[podcast]https://radiozapatista.org/wp-content/uploads/2025/11/podcast-7-desaparecidos-de-San-Cristobal-de-Las-Casas.mp3[/podcast]

PLAN MICHOACÁN: DISCRIMINATORIO, UNILATERAL Y ENGAÑOSO

AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA MEXICANA

AL GOBIERNO DE MICHOACÁN

A LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS

AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Comunidades indígenas y afrodescendientes de Michoacán a 10 de noviembre de 2025.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo libre y autónomo, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por autoridades tradicionales de 80 comunidades de los Pueblos P’urhépecha, Otomí o Hñahñú, Matlazinca o Pirinda, Nahuatl y Afromexicanos, manifestamos conjuntamente lo siguiente:

Gobiernos de diversos partidos políticos han gobernado México y Michoacán y ninguno ha podido resolver la crisis de inseguridad, violencia y derechos humanos en que vivimos. Históricamente han convertido a nuestra entidad en un laboratorio de “políticas de seguridad” y “planes nacionales y estatales”, desde la “guerra contra el narco” con el “Operativo Conjunto Michoacán”, pasando por la “Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán” con la imposición de un “Virrey”, hasta el “Plan de Justicia P’urhèpecha”, el “Plan Lázaro Cárdenas del Río” y ahora el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, en este contexto, estamos cansados y hartos de tanta incapacidad, inseguridad, injusticia e impunidad sistémica.

Ante la conformación del Plan Michoacán, exigimos enérgicamente al Estado mexicano, que no sea un acto de simulación como lo que acontece con el “Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha” donde no tiene un presupuesto propio para su operación, ni brinda ninguna justicia, toda vez que las comunidades solicitaron la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia para los Desaparecidos, Asesinados y Encarcelados de los Pueblos Indígenas, esto para los más de 70 casos de autoridades tradicionales y comuneros que han sido reprimidos o criminalizados por defender los bosques, el territorio o sus comunidades, sin embargo, a la fecha no ha sido instituida, ni mucho menos, hay obras de infraestructura realizadas o acciones de alto impactos para los pueblos. De igual forma, solicitamos el inicio y acompañamiento de un juicio internacional en contra de la Corona Española por el genocidio, saqueo y brutal explotación que significó el periodo colonial, pero el Gobierno Federal se ha mostrado incapaz ante esta solicitud histórica.

Ahora, denunciamos públicamente que para la conformación del Plan Michoacán, no fueron consultadas debidamente las comunidades, toda vez que únicamente convocaron a 48 de 500 que existen en la entidad, dándoles únicamente una “participación” de 2 minutos por cada pueblo para exponer sus problemas. Así mismo, manifestamos que ninguna de las propuestas de las comunidades con autogobierno, fueron tomadas en cuenta en este plan, tales como el reconocimiento constitucional de los Jueces Tradicionales, el incremento en los fondos de seguridad comunales, la dotación de armamento y equipamiento, la formación de un cuerpo de seguridad para cuidar los bosques o la instauración de las Bases de Operaciones Interinstitucionales, entre otras sentidas demandas ¿Para que simulan consultar a los pueblos indígenas? ¿Por qué solo convocan a algunas comunidades?

En síntesis, el Plan Michoacán es discriminatorio, unilateral y engañoso, por lo que exigimos categóricamente que se consulte apropiadamente a todos los pueblos originarios y se incorporen sus exigencias, finalmente, invitamos a todas las comunidades a movilizarnos hasta lograr sea respetada su palabra.

Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM

Ayotzinapa y Palestina sangran en el mismo mapa

Escucha este especial en el onceavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el genocidio en curso del pueblo palestino.

Información generada por Eduardo Ibañez (Plantón de los 43 CDMX).
Producción de Radio Cósmica Libre en colaboración con las jornadas de articulación de Comunicadorxs por Palestina.

[podcast]https://archive.org/download/ayotzinapa-y-palestina-a-11-anos/Ayotzinapa%20y%20Palestina%20-%20A%2011%20a%C3%B1os.mp3[/podcast]

– * –

México, 26 de septiembre de 2014. Palestina, julio de 2014. Dos fechas que parecieran no dialogar entre sí, pero que resuenan con un eco compartido.

Esa noche en Iguala, 43 estudiantes campesinos fueron arrancados de sus dormitorios, de sus aulas, de sus sueños. Ese verano en Gaza, más de 2 mil vidas palestinas fueron cegadas en cuestión de semanas por la maquinaria militar de Israel. ¿Qué une a un joven normalista guerrerense con una niña palestina que jamás llegará a ser adolescente? La respuesta está en el lenguaje de la violencia de Estado, en la economía de la muerte que conecta al narcoestado mexicano con la necropolítica israelí.

La historia es larga. En México, las normales rurales nacieron en los años 30 para educar a los hijos de campesinos pobres y formar docentes comprometidos con sus comunidades. En Palestina, la Nakba de 1948 inauguró una vida bajo ocupación, despojo y desplazamiento forzado.

Dos procesos que parecen distintos, pero que comparten la experiencia de pueblos a los que se les niega el derecho a existir en condiciones de dignidad. En 2014, las historias se cruzan. Mientras Gaza sufría bombardeos durante julio y agosto, estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa salieron a las calles de México a protestar en solidaridad.

Apenas un mes después, ellos mismos fueron víctimas de desaparición forzada y asesinato en Iguala. La desaparición no sólo borra cuerpos, también condena a madres, hermanas y esposas a una vida de búsqueda interminable. La violencia de Estado produce viudas, huérfanos, familias mutiladas, comunidades condenadas al duelo permanente.

El crimen de Estado no tiene pasaporte. Los gobiernos que matan en nombre de la seguridad aprenden unos de otros. La necropolítica se habla en varios idiomas, pero la muerte siempre dice lo mismo: “Ustedes no importan”.

Ayotzinapa y Palestina son heridas que sangran en un mismo mapa. Cuando los gobiernos callan, los pueblos se buscan. Así ocurrió días después de la desaparición de los 43. Desde Gaza llegaron mensajes de apoyo a las madres y padres mexicanos. No eran palabras diplomáticas, eran ecos de un dolor que reconocía su reflejo en otro continente.

En 2019, la organización palestina BDS envió un video a los padres de Ayotzinapa en el aniversario de la desaparición. En el Zócalo de Ciudad de México se organizó el juicio popular al papel de Israel en la militarización de América Latina. Ahí se documentó cómo el transporte y los equipos de comunicación usados en Iguala tenían origen israelí.

Los pueblos comenzaron a hablar de negocios de sangre, armas, spyware y entrenamiento vendidos como seguridad que en realidad sostienen regímenes represivos. La solidaridad no es abstracta. Madres campesinas de Guerrero y mujeres palestinas en campos de refugiados comparten la carga de sostener a sus comunidades fracturadas.

La resistencia se teje desde lo doméstico, lo escolar, lo comunitario, con cuerpos que cargan tanto con el dolor como con la dignidad. Si Gaza miró hacia Ayotzinapa y Ayotzinapa hacia Palestina, no fue por romanticismo, sino porque reconocieron que el enemigo es el mismo, el Estado que desaparece y el imperio que lucra con la muerte. Si los muertos fueran negocio, México e Israel serían socios mayoritarios. Y de hecho lo son.

Pegasus es el ejemplo más claro. El software israelí de espionaje se usó en México para vigilar a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, incluyendo a los propios padres de los 43. El abogado Bidulfo Rosales fue una de sus víctimas.

El caso de Tomás Zerón muestra la complicidad transnacional. Zerón, arquitecto de la llamada verdad histórica, fabricó pruebas, encubrió responsabilidades y torturó a acusados. Hoy vive protegido en Israel, que se niega a extraditarlo.

No lo protegen por compasión, sino porque Zerón conoce demasiado sobre contratos de armas y sobre Pegasus. La vigilancia digital nunca es neutra. Periodistas mujeres, defensoras de derechos humanos, disidencias sexuales, madres buscadoras, son blancos prioritarios del espionaje.

El control patriarcal se refuerza con tecnología de ocupación. El ejército mexicano, implicado directamente en la desaparición de los normalistas, se entrena con fuerzas israelíes. La Guardia Nacional, presentada como institución de confianza, también nació con asesoría y equipo de ese país. Funcionarias como Rosalinda Trujillo Marial presumieron su cercanía con Israel mientras autorizaban compras multimillonarias de espionaje digital. Israel exporta la ocupación como modelo de seguridad. México la compra como receta para reforzar un narcoestado con fachada democrática.

El resultado es el mismo. Vidas descartables. Pueblos sometidos. Impunidad asegurada. Negocios de sangre. Así nombran los pueblos lo que los gobiernos maquillan como cooperación internacional. Pegasus en México. Bombas en Gaza. Contratos millonarios en Tel Aviv. La factura siempre se paga con cuerpos pobres.

Ante tanta impunidad, cabría esperar silencio. Pero lo que nace es lo contrario: resistencia. Y la resistencia no necesita visa. Viaja de guerrero a Gaza, de los campos a los barrios, de las aulas rurales a los campamentos de refugiados.

Las madres y padres de Ayotzinapa se convirtieron en símbolo contra el olvido. El pueblo palestino, que resiste a un genocidio continuado desde hace 77 años, es referente de dignidad frente a la barbarie.

México exige la extradición de Zerón. Israel la bloquea. La ONU condena crímenes de guerra en Gaza. Potencias occidentales los financian.

La impunidad es global. Pero también lo es la solidaridad. La lucha contra el olvido no puede separarse de quienes cargan con ella. Son mujeres, madres buscadoras, comunidades indígenas, pueblos desplazados quienes sostienen la memoria y ponen el cuerpo en primera línea. ¿Qué pasaría si los pueblos del sur decidieran romper con los negocios de sangre? ¿Qué pasaría si las luchas de Ayotzinapa y Palestina no fueran excepciones, sino el inicio de un frente global contra la necropolítica? Los 43 y Palestina son espejos. Nos devuelven la imagen de un mundo gobernado por la impunidad.

Pero también la certeza de que la resistencia es transnacional. Que el grito de justicia no tiene fronteras. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Porque Palestina vive en cada lucha digna. Y porque la memoria es nuestra arma más peligrosa.

En el caso de Palestina, la exigencia es clara y urgente. Que el Estado sionista de Israel deje de intervenir en el caso Ayotzinapa. Que cese la protección a Tomás Zerón y lo extradite de inmediato para que enfrente a la justicia mexicana. Porque la impunidad no puede seguir siendo un bien de exportación. En el caso de Ayotzinapa, la exigencia es igual de contundente. La aparición con vida de los 43 normalistas y justicia para los caídos en Iguala.

No discursos, no simulaciones, no verdades históricas fabricadas. Justicia real, verdad completa, reparación integral y castigo a los responsables materiales e intelectuales. Ambas luchas, la de Palestina y la de Ayotzinapa, están unidas por una misma consigna.

Que los pueblos no pueden seguir siendo mercancía en el mercado de la muerte, ni botín de la necropolítica. Que la solidaridad entre pueblos se convierte en un muro mucho más fuerte que los muros de ocupación o de silencio. Decir justicia para Ayotzinapa es decir justicia para Palestina.

Decir verdad en México es también exigir verdad en Gaza. La memoria y la dignidad no se negocian, se defienden, se gritan y se siembran como semillas que tarde o temprano florecen.

Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.

Porque Palestina será libre y porque la justicia no tiene fronteras.

 

Balance a 6 meses de la sentencia de la Corte IDH sobre el Caso Antonio González

Antonio González Méndez es un indígena maya originario de la comunidad El Calvario, municipio de Sabanilla, Chiapas, México. Cuando fue desaparecido en 1999 contaba con 32 años de edad. Él y su pareja Zonia López Juárez tenían 3 hijas y un hijo: Ana, Magdalena, Elma Thalía, y Gerardo.

Ante la falta de actuación del Estado mexicano para esclarecer los hechos y localizar a Antonio, su familia, acompañada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2000. El 4 de mayo de 2019, la CIDH aprobó el Informe de Fondo No. 62/19. Debido a la falta del Estado mexicano al cumplimiento integral de las recomendaciones, el 22 de enero de 2022, la CIDH sometió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), cuya sentencia fue publicada el 12/12/2024. En ella, la CoIDH declaró al Estado mexicano responsable de la desaparición forzada de Antonio.
 
(In)cumplimiento de la sentencia a seis meses de su publicación
Lamentamos que a seis meses después de la publicación de la sentencia, México no haya demostrado voluntad política para cumplir con las reparaciones ordenadas. La única medida que implementó a cabalidad fue la reparación económica. Si bien saludamos esta acción, notamos que tanto la investigación como la búsqueda, disposiciones más urgentes para la familia, y que más impacto tienen para la sociedad en su conjunto, no están atendidas con seriedad.
 
            Investigación de los hechos
Un punto crucial es la investigación de la desaparición forzada de Antonio. La Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares de Chiapas presentó un primer plan de investigación con graves fallas, y haciendo caso omiso a las demandas de la familia.

En su plan de investigación, queda patente que la Fiscalía desconoce la propia sentencia, pone en duda hasta la presencia de Paz y Justicia en Sabanilla, y la existencia de un motivo para desaparecer a Antonio.

De igual forma, se sugiere indagar sobre el perfil de Antonio para determinar si era susceptible de haber sido blanco de un grupo paramilitar. Es otro grave retroceso; la sentencia deja claro que el motivo de la desaparición de Antonio es su pertenencia a un movimiento político-social que el Estado, a través de una política de contrainsurgencia plasmada en su “Plan de Campaña Chiapas 1994” buscaba “destruir y/o desorganizar”.

Las acciones de investigación propuestas evidencian además una ignorancia de las pruebas e indicios que sostienen la sentencia de la CoIDH, y que fueron aportados no solo por la familia y el Frayba, sino también por el mismo Estado.

El sentimiento que queda al leer el plan de investigación es que no se está tomando en serio el esclarecimiento de los hechos. Pareciera que la Fiscalía no tiene claros ni los hechos más básicos del caso. Además, el documento es de difícil lectura, y es obvio que varios apartados fueron copiados y pegados del anterior plan y/o de otros documentos.
 
            Búsqueda de Antonio González Méndez
Otro de los pilares de la reparación del daño, y el más importante para la familia de Antonio, es la búsqueda. A más de 26 años de su desaparición, y tras la emisión de la sentencia, el Estado por primera vez organizó jornadas de búsqueda en abril 2025. Al menos, así fue presentada esta acción a la familia. Pero más que una búsqueda, fueron acciones de prospección dentro de un perímetro muy importante, en una lógica de reconocimiento del terreno. Esto fue un primer golpe para la familia de Antonio. La invitación a una búsqueda creó importantes expectativas que fueron decepcionadas.

Apareció claramente la falta de coordinación interinstitucional necesaria para desarrollar acciones de esta magnitud. La familia y el Frayba nos pudimos percatar de que la mayoría de los y las funcionarias presentes no tenían conocimiento ni de la sentencia de la CoIDH, ni de los hechos de la desaparición, ni mucho menos del contexto en el cual se dio.

Es preocupante en particular que la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) de Chiapas en todo momento ignoró a la familia y sus representantes en sus diálogos con las demás autoridades. Pese a ser una acción de reparación fundamental para la familia, en esta primera búsqueda el trato hacia ellas fue irrespetuoso, y no se tomó en cuenta su palabra, quedando clara la falta de voluntad de realizar una búsqueda real y profunda con la plena convicción de hacer todo lo posible por localizar a Antonio.
 
            Otras medidas de reparación
La familia, el Frayba como sus representantes, y el Estado, hemos llegado a varios acuerdos sobre la implementación de la sentencia de la CoIDH. Los espacios de interlocución han sido importantes, sobre todo los que permitieron aterrizar en medidas concretas las exigencias de la CoIDH hacia el Estado. Dichas medidas, además de la investigación y búsqueda, abarcan varios temas, desde la atención de salud para familiares de Antonio, hasta la difusión de la sentencia en redes sociales, y medidas de no-repetición.

Sin embargo, lamentamos la falta de solidez de los compromisos tomados por el Estado en varios ámbitos. En particular, nos preocupa que en la interlocución se llegue a revertir los acuerdos consensuados entre todas las partes.

 

Balance a 6 meses de la sentencia de la Corte IDH sobre el Caso Antonio González

Descarga el Balance a 6 meses de la sentencia de la Corte IDH sobre el Caso Antonio González(168.56 KB)

México, 18 de marzo de 2025

Claudia Sheinbaum Pardo
Presidenta Constitucional de
los Estados Unidos Mexicanos

Las familias de personas desaparecidas vimos y escuchamos su respuesta frente a la crisis de desapariciones que cada día se agrava más. Nos preocupa profundamente la propuesta que hace, pues refleja un desconocimiento de los mecanismos y procedimientos institucionales que ya existen en el país en materia de búsqueda e investigación.

1. Fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

Es positivo que revierta la mala decisión del año pasado, con la que se redujo el presupuesto a la Comisión Nacional; sin embargo, no se puede esperar que el aumento en el presupuesto y las capacidades logren algo efectivo con una titular como Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien, a pesar de no contar con el aval de las familias por su clara incapacidad técnica para ocupar el puesto, no ha demostrado estar abierta al diálogo con las víctimas de este país.
Una acción contundente es corregir el error de nombrar a la titular de la Comisión Nacional, y después convocar a un proceso de elección que cumpla con lo que estipula la Ley General y en donde se garantiza el derecho de las familias a participar en el mismo. Seguiremos buscando el decreto que anunció, dado que no lo hemos encontrado.

2. Reformas legislativas.

Consideramos que revivir la iniciativa de Felipe Calderón de contar con una cédula de identidad no resuelve en lo inmediato la crisis de desapariciones que se agudiza cada día. Las propuestas a la reforma a la Ley General en materia de Desaparición de Persona (Ley General) son preocupantes por el nivel de desconocimiento que muestran: ya existe desde 2017 la obligación de crear el Banco Nacional de Datos Forense (art. 119), mismo que la Fiscalía General de la República (FGR) se ha negado a implementar. En el artículo 111 se señala la obligación de crear el Registro Nacional de Personas Fallecidas No 3 obstáculo para encontrar.
Todo lo anterior como parte de las herramientas del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que fueron propuestas construidas desde las familias y las cuales quedaron en la Ley General, sin embargo, ha faltado voluntad política para llevarlas a cabo.

3. Nuevos protocolos.

Reiteramos que el problema de las desapariciones y de las faltas en la búsqueda e investigación no deviene de la ausencia de leyes y protocolos, sino de la falta de voluntad política para romper los pactos de impunidad que persisten en el país. Son los operadores del sistema, los Ministerio Públicos, Fiscalías, el primer obstáculo para iniciar las búsquedas. La Ley General ya contempla que la búsqueda debe de ser inmediata, incluso pone como plazo máximo las 72 horas para que, en los casos en los que no se tengan indicios de la comisión de un delito, el Ministerio Público inicie las investigaciones. Lo mismo está marcado ya en el Protocolo Homologado de Búsqueda.

4. Equiparar el delito de desaparición al de secuestro.

Una de las luchas más grandes que dimos como familias fue que se lograra establecer en la Ley General el delito de desaparición forzada, ya que desde hace mucho tiempo entendimos que la búsqueda de nuestros familiares responde a dinámicas distintas al delito de secuestro, hacer esta propuesta es una clara muestra de no entender las dinámicas criminales, así como un claro retroceso en cuanto a su investigación. No se puede resolver el problema de las desapariciones si se investiga como si fuera un delito cualquiera, y nos preocupa que la desaparición quede invisibilizada, y sus víctimas atendidas de manera incorrecta. Por lo que rechazamos enérgicamente la propuesta.

5. Estadística mensual.

Esperemos que se consolide esta propuesta, que nos permita ver el nivel del trabajo de las fiscalías. No solo como un indicador de cuántas personas desaparecen al día, sino de cuántas logran encontrar, así como ver cuántas investigaciones logran llegar ante un juez (al día de hoy solo lo hacen el 1%). Solicitamos que en ese reporte se sume la información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del cual, a la fecha, no hay certeza de que la información que se encuentra en ese registro sea confiable.

6. Fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Desde enero de 2014, se instaló el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y a la fecha nunca se ha convocado. Al igual que la CNB esperamos que el fortalecimiento institucional de la CEAV no sea solo en aumentar el presupuesto, sino asumir que las personas titulares deben tener conocimiento del tema, se convoqué a funcionar el Sistema Nacional y, sobre todo, sensibilidad para atender a las víctimas, no solo una cercanía personal con quienes las designan. Por lo que reiteramos nuestra exigencia para que sean separadas del cargo.

Sabemos que, como todos los gobiernos en México, este no ha mostrado interés real y serio en consultarnos y establecer un diálogo constructivo, sin embargo, ejercemos nuestro derecho no solo a expresarnos, sino a la participación en temas relacionados con la búsqueda de nuestros familiares. Reiterando en todo momento la disposición de las familias de dialogar cuando el gobierno tenga la seriedad de abordar realmente el problema.

Hacemos un llamado a sus asesores para que le ayuden a informarse sobre los mecanismos, instituciones, procedimientos y leyes que ya existen en materia de desaparición de personas, lo que en este momento han presentado solo exhiben ignorancia en el tema y o su intención de engañar al pueblo.

La responsabilidad de buscar y encontrar sigue siendo de ustedes como gobierno, y son los servidores públicos uno de los principales obstáculos para encontrar a nuestros familiares desaparecidos, si se sigue tolerando eso, el problema no se resolverá. Porque mientras los edificios de gobierno están cerrados y envallados, las familias estamos encontrando a nuestros familiares que fueron desaparecidos y abandonados por el Estado Mexicano.

Atentamente
¡Hasta encontrarles!
Familiares de personas desaparecidas en México

(Continuar leyendo…)

Fuente: Enlace Zapatista

EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.
MÉXICO.

Marzo del 2025.

A la comunidad artística e intelectual de México y el Mundo:

  Oigan…  Sabemos que están ocupados con el Trump, pero -no sé si han dado cuenta-, están pasando cosas que aterrarían al más plantado.  No son hechos aislados o extraordinarios, son frecuentes, cotidianos, “comunes”, “normales”.

  Acá recordamos que antes ustedes solían organizar y participar en conciertos, exposiciones, subastas, rifas, artículos y mesas redondas para apoyar a los pueblos originarios.

  No les discutimos que ya no estemos de moda, ni que algunos de ustedes encontraron cobijo y salario en la 4T o en los equivalentes en sus geografías.

  Pero hay causas nobles, justas, verdaderas, aquí nomás, en la casa del enfrente, a la vuelta de la esquina, a una hora del bullicio citadino.  Una niña, un niño, una jovencita, un joven, un adulto, una mujer, alguien ya de juicio, desaparece.  Pero alguien le recuerda, alguien le extraña, alguien le necesita, alguien le busca.

  Los colectivos de buscadoras y buscadores no están en el presupuesto (aunque ahora pretendan “comprar” a esas personas dándoles un cargo gubernamental), no reciben atención cotidiana de los medios, aunque su labor es diaria y lleva años, muchos, sexenios.  Y es necesario que se abra la grieta del terror que define el día a día de esta nación como una pesadilla real, para que se les voltee a mirar.  Sí, será sólo por unos días… hasta que un nuevo escándalo cubra el actual.

  A menos que ustedes crean lo mismo que el líder del senado (quien sostiene que en realidad podrían ser una venta de garaje, o un negocio de venta de calzado y ropa de medio uso, y no las prendas de cientos de personas asesinadas), algo les deben mover los testimonios, las imágenes, los gritos, las veladoras, las torpes declaraciones de las autoridades, su falta de empatía, su apuesta a que ya este país está blindado frente al horror, la muerte, el cinismo.

  Esa causa, la de buscar y encontrar a las personas desaparecidas, no es una causa partidista.  Es más, esos colectivos se han esforzado por mantener fuera a los coyotes y buitres de los partidos políticos y siglas que los acompañan.

  Es algo humano, o debería serlo.  Entonces, ¿por qué no una campaña donde las artes y el pensamiento se hagan presentes frente a ese horror, sí, pero también frente a la nobleza y dignidad de quien busca verdad y justicia?

  Ok, lo sabemos que tienen planeadas sus vacaciones, giras, compromisos, cumpleaños, bodas, que el clima, que mucho frío, que mucho calor, que lluvia; pero un día, sólo un día en que las artes y el pensamiento se manifiesten y les hagan saber a esas personas buscadoras que, al menos, han ya encontrado la humanidad en quienes tenemos esta geografía, México, como espacio de dolor, de vergüenza… y de lucha.

  Esas personas, hombres y mujeres, no buscan dinero (algo que el señor Beltrones no podrá entender nunca), ni un cargo (aunque no falten los buitres a su alrededor), algo que la 4T no comprende.

  Buscan a sus seres queridos, a quienes les hacen falta.

  Y les encuentren o no, deben tener la satisfacción de habernos hecho ver A TODOS que esos ausentes, también son nuestros ausentes.

  Cada quien con su cada cual, en su geografía, con su modo, con sus conocimientos, imaginación, creatividad.  Un día para abrazar a quien busca sin descanso.  Una lucecita para quien busca romper la noche del olvido.  Un día al menos para recordarles y recordarnos que la vergüenza, la empatía, la rabia, la dignidad también son humanas.

  Así que hermanos y hermanas de las Artes y el Pensamiento, si ahora callan, nada ni nadie podrá encontrarles.

Desde las montañas del Sureste Mexicano.
A nombre de las niñas, niños, mujeres, otroas, hombres y ancianos zapatistas.

Subcomandante Insurgente Moisés.
México, marzo del 2025.

Colectivos de madres buscadoras, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, religiosos y religiosas se reunieron en el Zócalo de la Ciudad de México para protestar por las víctimas de desaparición forzada en todo el país. El descubrimiento de un rancho en Teuchitlán, Jalisco, donde fueron encontrados restos humanos de más de doscientas personas, incineradas y obligadas por el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha despertado la indignación a lo largo y ancho del país. En muchas plazas públicas se llevaron a cabo protestas contra está política de exterminio y demandaron a las autoridades encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum que asuma su responsabilidad por los miles de desapariciones forzadas que cotidianamente se realizan en todo México.