Latinoamérica
Ecuador: Minería y acaparamiento de tierras amenazan el corazón hídrico en los Andes
Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes
Entre los Andes del sur de Ecuador se encuentra Nabón, un cantón de la provincia del Azuay. Aquí avanza el extractivismo amenazando con devorar los páramos, contaminar aguas y despojar a comunidades ancestrales. El Valle de Shincata y los páramos del Cerro El Mozo, son parte de la región que irriga con su vital líquido a comunidades enteras y hoy se han convertido en el epicentro de un conflicto socioambiental, donde una reciente alerta emitida por el Frente Nacional Antiminero (FNA) cataloga la situación como de “máxima amenaza”.
Los orígenes de este conflicto se desprenden de la presencia de empresas mineras transnacionales como la canadiense Lucky Minerals que, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), de la provincia de Azuay, esta empresa “conforman un bloque de 12 concesiones contiguas” en la región.
Aunque en el boletín de prensa del FNA se menciona que Lucky Minerals fue expulsada en 2022 por la acción comunitaria, también advierte sobre su anunciado retorno. Esta empresa canadiense de exploración minera, con su “Proyecto Fortuna”, representa la punta de lanza del interés extractivo a gran escala en la zona, buscando principalmente oro y otros minerales, tal y como rezan sus propios informes de la transnacional.

El FNA sostiene que esta empresa concentra más de 55 mil hectáreas en las zonas de los páramos de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Azuay. Según esta organización de comunidades en resistencia, las tierras han sido apropiadas a través de testaferros y, además, a ello se suman “al menos tres hidroeléctricas”, denuncian en un comunicado difundido este miércoles (30).
En la provincia de Azuay existen al menos tres hidroeléctricas que suministran energía a diversos centros urbanos, ellas son: Mazar, Paute-Molino y Sopladora, que forman parte del Complejo Hidroeléctrico del Río Paute. Junto a la central Minas San Francisco, suministran el 40% de energía que consume el país según informes el Ministerio de Energía y Minas de Ecuador.
Como se reconoce incluso en documentos oficiales como el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de la parroquia Cochapata (2020), esta zona forma parte del Corredor de Conectividad Sangay-Podocarpus, un área de importancia estratégica para la conservación de la biodiversidad andino-amazónica.
Los páramos configuran una zona considerada única por su diversidad biológica, ya que alberga especies endémicas y también por su adaptación a las condiciones extremas de altitud, son cruciales para el ciclo hidrológico. Legalmente, esta región está catalogada como Bosque y Vegetación Protectora, que la propia legislación ecuatoriana considera que “son áreas vitales para la conservación de la biodiversidad, la regulación del clima y la protección de recursos hídricos”.

Las comunidades inconformes alertan que la presencia de concesiones mineras, la deforestación para monocultivos, ganadería intensiva y la proliferación de la minería ilegal muestran todo lo contrario y, más bien, las autoridades han iniciado una persecución judicial contra las comunidades que resisten. “Ahora al menos 20 comuneros de Azuay y Zamora Chinchipe se encuentran en una situación judicial de emergencia perseguidos por las élites nacionales, quienes amparados en un gobierno que defiende sus intereses y los intereses transnacionales de Lucky Minerals”, sostienen en su comunicado.
Esta estrategia de criminalización no es nueva, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) documentó en 2011 al menos siete casos de comuneros que enfrentaron un juicio por sabotaje y terrorismo tras protestar contra la minera Explorsur S.A. (Grupo El Juri) en el páramo de Shincate.
Tras el acoso judicial que sufren diversos integrantes de estas comunidades en resistencia, también señalan que hay “varios hacendados del Azuay y otras provincias” que, mediante guardias privados, se están posesionando de tierras históricamente comunitarias, presentándose como dueños de los páramos.

Además, el FNA es explícito al denunciar un incidente ocurrido el 16 de diciembre de 2024 donde intervino la guardia privada de un hacendado, tras incumplir acuerdos sobre extracción de pinos y realizar deforestación masiva, “disparó armas de grueso calibre contra pobladores de Nabón” que exigían pacíficamente el retiro de maquinaria.
Los comuneros denuncian que en la región reina la impunidad y la facilidad con la que se obtienen títulos de propiedad bajo el protectorado del sistema judicial y una constante persecución de los defensores ambientales.
Frente a este escenario, las comunidades sostienen una férrea resistencia en defensa de sus territorios, sus fuentes de agua y sus formas de vida. La expulsión de Lucky Minerals en 2022, mencionada en el boletín, es un hito significativo de esta lucha colectiva, por tanto, están alertas a su posible retorno.
La exigencia puntual de las comunidades y del FNA es clara: el cese inmediato de las actividades destructivas (minería legal e ilegal, agroindustria expansiva), la salida de los actores privados que han invadido los páramos, el retiro de las acusaciones contra los defensores y la garantía de protección integral para el Bosque Protector del Valle de Shincata y del Cerro El Mozo.
Llamado a solidaridad internacional frente a intensificación de represión contra pueblo Mapuche
Fuente: Avispa Midia
A partir de este martes (1) y hasta el 20 de abril, la Red Internacional de Apoyo a los Presos Políticos Mapuche de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) mantendrá una Campaña de Solidaridad Internacional con el objetivo de visibilizar la creciente criminalización, persecución y represión contra el movimiento autonomista del pueblo originario por parte del Estado de Chile.
La Red denuncia que el actual gobierno chileno, bajo la administración de Gabriel Boric, ha intensificado la militarización en favor de grandes empresas forestales y energéticas, por lo cual busca busca exponer las agresiones contra el Wallmapu (territorio ancestral mapuche) y la vulneración sistémica de los derechos del pueblo mapuche.
Acorde a un comunicado difundido el martes (1), esta situación está siendo agravada por una campaña de desinformación mediática que estigmatiza la resistencia mapuche y la presenta como una amenaza terrorista, deslegitimando sus demandas históricas por la autonomía y territorio. A la vez, el aumento de la represión estatal intensifica la detención arbitraria de autoridades ancestrales, como los machi, lonko y werken del pueblo mapuche.
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Esto ocurre en medio de la promulgación, en febrero pasado, de la Ley Antiterrorista 21.732, la cual sustituye la normativa impuesta durante la dictadura de Augusto Pinochet, y que, argumenta la Red, transgrede los principios básicos de respeto a los derechos humanos y buscar sembrar miedo y zozobra en las comunidades mapuche.
“Todo parece indicar que es un nuevo instrumento persecutorio ya que no sólo no define qué es una conducta terrorista -más allá de los insuficientes criterios que quedarán al arbitrio de jueces, fiscales, policías y autoridades políticas, sino que tampoco establece con claridad quién la determina y bajo qué contextos, evidenciando que no es más que otra ley al servicio de los poderosos que mantienen invadido el Wallmapu criminalizando así el legítimo derecho a la resistencia en contra de la opresión.
Ante ello, la Red convoca a las expresiones en resistencia, comunidades en lucha, organizaciones locales, nacionales e internacionales para sumarse a la Campaña de Denuncia Internacional con el objetivo de señalar la profundización de la persecución política que ha aumentado la cifra de presos políticos mapuche, a más de 100 en la actualidad, y frente a la amenaza de su incremento con la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, como ha sucedido con el caso de Héctor Llaitul.
“La lucha por la reconstrucción de la Nación Mapuche, particularmente la de comunidades y expresiones autonomistas como la CAM, entienden que el problema principal es la presencia e invasión del capital empresarial en el Wallmapu”, sostiene el comunicado al argumentar que el Estado chileno trabaja para desacreditar la resistencia Mapuche al presentarla como actividad terrorista.
La Red Internacional sostiene que la lucha mapuche por su terriotorio ancestral, el Wallmapu, “es uno solo, de océano a océano”, al convocar a unir esfuerzos para la reconstrucción del tejido social y político ancestral mapuche.












































