Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

^{En portada: Funcionarios ecuatorianos y militares norteamericanos durante la firma del memorandum.}

Entre el mes de junio y julio, el gobierno de Ecuador, presidido por Guillermo Lasso, firmó con Estados Unidos (EEUU) un acuerdo de cooperación en materia de seguridad y uno de conservación de la Amazonía. El convenio lo ejecutará la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y su socio World Wildlife Fund (Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés).

En una ceremonia realizada en la sede del Departamento de Defensa de EEUU, el pasado 19 de julio, con presencia del alto mando del Comando Sur, la General Laura Richardson, así como el Subsecretario Adjunto de Defensa, Daniel Erikson, entre otras intancias militares del país norteamericano, se firmó un Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés). Este MOU tiene por objetivo “fortalecer capacidades del sector de defensa” y “objetivos compartidos” relacionados con seguridad, según la embajada estadounidense en Ecuador.

Mientras, el gobierno ecuatoriano, a través de un comunicado de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, manifestó que se trata de reafirmar los mecanismos de fomento entre las fuerzas militares ecuatorianas y estadounidenses, en las que “participa el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado de los Estados Unidos junto al Ministerio de Defensa de Ecuador”.

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

Comunidades indígenas y campesinas de Ecuador denuncian al gobierno por el uso de las fuerzas armadas para ejecutar una supuesta “consulta ambiental”, propuesta emitida por el mandatario de este país, Guillermo Lasso, mediante el decreto 754, para dar paso a la explotación del proyecto minero La Plata, en manos de la empresa canadiense Atico Mining.

Los habitantes de la parroquia de Palo Quemado en la provincia del Cotopaxi, región central de Ecuador, junto a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), han denunciado que el gobierno de Lasso ha militarizado la región para llevar acabo esta consulta que permitirá a la canadiense Atico Mining explotar oro, cobre, plata y zinc en un área que comprende 2 mil 222 hectáreas, entre las comunidades San Pablo de La Plata y Las Minas.

Cabe destacar que en está región confluyen 10 cuerpos hídricos, esteros y quebradas, y un ecosistema de bosque que hace parte de la Cordillera Occidental de los Andes, del cual dependen diversas poblaciones.

Las acciones contra estas comunidades comenzaron desde el 9 de julio en la parroquia Palo Quemado y se mantienen hasta el cierre de este reportaje. Los inconformes denuncian que el gobierno “busca imponer por la fuerza una consulta ambiental ilegal, propuesta mediante el decreto 754 que permite la inmersión minera en los territorios”.

Estas comunidades han calificado el decreto 754 como “inconstitucional” porque, arguyen, “facilita a las empresas mineras el despojo de los territorios sin importarles la opinión y decisión de las comunidades inconsultas”.

Tras esta imposición diversas expresiones de resistencia se han sumado al rechazo de este proyecto, como activistas, artistas y personalidades reconocidas en Ecuador. La organización Acción Ecológica se ha pronunciado en unidad “para exigir que se detenga esta consulta ilegal. Así también el retiro inmediato de la Fuerza Pública que ha tomado posesión de la parroquia originando tensión y miedo en la población y en las comunidades aledañas como Las Pampas, Galápagos, La Florida, Las Juntas, Campo Alegre Alto y Bajo”, han denunciado en un comunicado.

La Plata

El proyecto minero La Plata es un proyecto de sulfuros masivos volcanogénicos que tiene proyectado extraer 12,9 gramos de oro por cada tonelada extraída de roca y otros componentes minerales. Con el método de la minera subterránea, que va perforando mediante túneles y va rellenado con una mezcla de cemento, la empresa tiene proyectado extraer 900 toneladas diariamente.

La empresa canadiense por su parte ha informado que ya ha invertido más de 16 millones de dólares para actividades previas, realizadas “con altos estándares técnicos y con maquinaria mínimamente invasiva”. No obstante, las comunidades afectadas se han movilizado para rechazar este proyecto minero por los posibles impactos negativos hacia toda la región, por ello se han declarado en “alerta”.

Solo en la provincia del Cotopaxi existen alrededor de 250 concesiones mineras ubicadas en tres cantones.

Por tanto, comunica la CONAIE, “exigimos al gobierno nacional de Guillermo Lasso la derogatoria del decreto754 que es inconstitucional, retirar a la fuerza pública del territorio comunitario y que éste contingente salga a enfrentar a la inseguridad del país y no sirva para amedrentar a agricultores, campesinos y familias que sostienen la soberanía alimentaria en el país”.

Noticias de abajo – 20 de julio 2023

ROMPIENDO FRONTERAS

• GLOBAL MUNDO: La lucha por la vida y la libertad de Julian Assange defensor de la libertad de expresión y el derecho a la información. Entrevista a Edith del movimiento #24F Coalición vida y libertad para Julian Assange.
• ESTADO ESPAÑOL: El anarquista Gabriel Pombo en las calles, tras 3 años del último encierro.
  http://www.anticarcelaria.org/2023/07/10/gabriel-pombo-en-las-calles/
  https://noticiasanarquistas.noblogs.org/post/2023/07/18/espanha-algumas-palavras-do-companheiro-gabriel-pombo-da-silva/
• ARGENTINA: Continúa la represión a la lucha por los derechos de los pueblos originarios en Jujuy. Audios recopilados por la Conquista del Pan.
• PERÚ: Cientos de miles toman lima en la tercera protesta masiva contra la dictadura de la tirana Dina Boluarte #TomaDeLima. A pesar de la represión y el injerencismo, el movimiento y el descontento sigue creciendo

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO

• SONORA: Liberan al preso político yaqui Fidencio Aldama, luego de siete años en la cárcel por defender su territorio. Desinformémonos
• CDMX: Poliana para recordar a nuestros presos y ejercitar la solidaridad.
  La poliana es un juego, que se creó en la cárcel, por los prisioneros. Este juego sirvió para realizar un torneo para recordar a dos presos libertarios a Yorch y Brandi
  https://noticiasdeabajoml.wordpress.com/2023/07/13/poliana-para-recordar-a-nuestros-presos-y-ejercitar-la-solidaridad/
• MÉXICO: Exigen que asesinato de defensor comunitario y radialista Samir Flores Soberanes sea revisado por un juez federal, denuncian que el juicio en Morelos ha sido una simulación, demandan que sea revisado ante fiscalía especial para la Libertad de Expresión.
• CHIAPAS: José Díaz, Base de Apoyo del EZLN, es víctima de fábrica de culpables por la Fiscalía de Chiapas #PresosPoliticos https://frayba.org.mx/boletin_16_jose_diaz_BAEZLN

“Nosotros somos herederos de estas tierras que pertenecían a nuestros abuelos, pero por el conflicto armado tuvimos que abandonarlas”, dijo en su idioma Q’anjob’al una señora.

Por Joel Pérez, Lencho Pez y Simón Antonio

Este miércoles 19 de julio, más de 2 mil 500 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), entre agentes antimotines y antinarcóticos fueron movilizados al municipio de Santa Cruz Barillas por el gobernador de Huehuetenango, para cumplir con una orden de desalojo contra pobladores indígenas que habitan la comunidad de Kumatz.

La orden fue emitida por el juez “B”, Oswaldo Romeo Martínez Palacios del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, del Centro de Administración de Justicia (CAJ) con sede en el municipio de Santa Eulalia.

Según el Ministerio Público (MP), en la diligencia también participó la Fiscalía contra Delitos de Usurpación con la finalidad de recuperar y entregar el inmueble (la finca Sargento y Nubila) al propietario.

Elmer Ariel de León López, juez de paz de Santa Cruz Barillas, fue quien ejecutó esta orden de desalojo contra la población de Kumatz, ubicada sobre la Franja Transversal del Norte (FTN), en la aldea Río Espíritu, a 570 kilómetros de la ciudad capital.

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NO ES CONSULTA, ES VIOLENCIA MINERA

Mientras la Corte Constitucional del Ecuador decida revisar la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la CONAIE, el gobierno de Lasso ha desplegado centenares de policías y militares que intimiden y sometan a los pueblos del subtrópico ecuatoriano cantones de Las Naves y Sigchos y con ello dar luz verde para la explotación de los proyectos Curipamba – El Domo y La Plata.

Proyectos ilegales e ilegítimos que han desencadenado un grave conflicto social y una amenaza para la provisión de agua de las comunidades y ciudades, la soberanía alimentaria y las economías locales. Desde inicios de junio, con la ejecución del #Decreto754 el Estado ecuatoriano ha cometido actos violentos que atentan contra los derechos humanos de las poblaciones campesinas, organizadas para defender el territorio frente al embate minero.

Para imponerlo por medio de la fuerza y sin la existencia de una “Ley” que viabilice una “Consulta Ambiental” con todas las garantías y parámetros ordenados por la ley, la Corte  Constitucional y los tratados internacionales. El gobierno servil a los intereses de las transnacionales mineras, pretende convertir nuestro derecho a ser consultados de manera previa, libre e informada; en un trámite “express” y de esa manera explotar territorios en RESISTENCIA y oposición a la declaratoria de zonas de sacrificio minero.

Una vez más, ante los ojos del Ecuador y el mundo, se evidencia que la violencia es una condición necesaria de la minería y que no es sino a sangre y fuego la manera en la que se abre paso. Por tal motivo continuamos denunciando y haciendo público nuestro rechazo a las medidas de carácter
dictatorial ejercidas por Lasso, el despliegue de los cuerpos de policías y militares y el uso de la fuerza para sostener una proceso ilegal e inconstitucional, la persecución y criminalización de comuneras y comuneros que defienden los derechos, el agua, el territorio, la soberanía alimentaria y la vida misma.

Por ello responsabilizamos al gobierno de Lasso por la integridad, la seguridad y las vidas de las y los comuneros del cantón Sigchos donde se prevé esta semana imponer por la fuerza el decreto 754. Exhortamos a la Corte Constitucional del Ecuador SUSPENDER DE MANERA INMEDIATA los efectos del decreto 754, porque atenta contra la vida y la paz de miles de poblaciones indígenas y campesinas amenazadas por la ilegalidad y violencia minera.

Frente Nacional Antiminero
18 de julio de 2023

Hace más de un mes, una provincia del noroeste argentino resiste con manifestaciones intersectoriales en contra de una Reforma Constitucional inconsulta, que prohíbe la protesta social y otorga privilegios al Estado, disponiendo del territorio indígena para megaproyectos. Las mujeres, campesinas y docentes, se encuentran al frente de los cortes de ruta que claman ¡Abajo la Reforma, arriba les que luchan!

Por Avelén Correa Ruau

Hace más de un mes, una provincia del noroeste argentino resiste con manifestaciones intersectoriales en contra de una Reforma Constitucional inconsulta, que prohíbe la protesta social y otorga privilegios al Estado, disponiendo del territorio indígena para megaproyectos. Las mujeres, campesinas y docentes, se encuentran al frente de los cortes de ruta que claman ¡Abajo la Reforma, arriba les que luchan!

La evidencia arqueológica confirma que en el territorio que hoy se conoce como Argentina, habitaban pueblos mucho tiempo antes de la Colonización europea y la conformación del Estado – Nación. Les primeres pobladores de Jujuy datan de hace más de 10 mil años, distribuidos en las zonas de la Puna, la Quebrada y los llamados Valles Centrales, con una importante diversidad cultural y lingüística. En la actualidad, son más de 400 las comunidades indígenas que atraviesan diferentes conflictos socioambientales, vinculados a territorio, biodiversidad y bienes comunes.

“Somos calladas, pero cuando tenemos que gritar, gritamos”

Un celular que aún tiene batería marca las 8:30 AM en el corte de la ruta nacional 9 a la altura de Abra Pampa. Con timidez amanece en la Puna jujeña, donde el sol tiene más trabajo que en otras partes del país, ascendiendo hasta los 3 mil metros. La noche enfría las piedras y el sol calienta los corazones de las comunidades que llevan varias semanas reclamando.

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Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Manifestantes colocan carteles frente al Ministerio Público. (Foto: Wilder López/Soy502)}

El escenario político en Guatemala, tras los sorpresivos resultados de la primera vuelta en las elecciones presidenciales del pasado 25 de junio, ha adquirido aires autoritarios. En respuesta, distintos sectores de la población y organizaciones sociales salieron a las calles para frenar lo que es señalado como un golpe de Estado “técnico”.

La mañana de este jueves (13), agentes del Ministerio Público (MP), acompañados de elementos encapuchados y armados de la División de Información Policial, allanaron las oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La acción fue justificada con el argumento de recopilar pruebas para proceder legalmente contra el partido Movimiento Semilla (MS), al cual acusan de falsificar firmas para adherir miembros a su organización política, así como por lavado de dinero.

Esto ocurrió horas después que el TSE oficializó los resultados de la primera vuelta, con lo cual confirmó los candidatos que se disputarán la presidencia de Guatemala el próximo 20 de agosto: Bernardo Arévalo del MS, y Sandra Torres, de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE).

La injerencia del MP sobre el tribunal ocurre en un contexto de grave crispación política. El 30 de junio, nueve partidos políticos señalaron fraude electoral y demandaron la revisión de los votos y actas de la primera vuelta. El 1 de julio, la Corte de Constitucionalidad ordenó a las juntas electorales repetir las audiencias de escrutinio para cotejar los datos de las mesas de votación. Para el 6 de julio, la revisión a nivel nacional concluyó sin que el fraude fuera comprobado.

Con la irrupción del MP al tribunal electoral, organizaciones sociales consideran que la maniobra es una acción más en el proceso para interferir en las elecciones. Así lo considera José Luis Caal integrante de la Coordinación de ONG y Cooperativas (Congcoop), organización con presencia en el norte del país centroamericano.

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ROMPIENDO FRONTERAS

• PANAMÁ: Concentración en contra de las políticas antipopulares y nuevo contrato minero en el marco del nuevo periodo de legislatura en Panamá. Radio temblor
• PERÚ: Militares de Estados Unidos en el Perú como respaldo a más represión Por
  Javier Bedía Prado
• GLOBAL, GRECIA: SIN FRONTERAS, NI BANDERAS; MIGRAR NO ES UN DELITO.

DESDE UN LUGAR QUE LLAMAN MÉXICO

• CDMX: México amanece desmembrado, pero “el Narco-estado no exite”. Entrevista a familiares de victimas de violencia, acosados y agredidos por la CNDH. Por Krista.
• OAXACA: Comuneros Zoques de Chimalapas exigen aplicacion de la justicia sobre la resolución judicial para regresarles su territorio invadido. Realizan plantón frente a Palacio Nacional y la Corte. Noticias de abajo
• PUEBLA: Denuncia por el intento de desaparición forzada y la persecucion judicial contra defensor del agua y comunicador comunitario Alejandro Torres Chocolatl
• MEDIOS LIBRES: Un recorrido por los programas y producciones de las radios libres de America y el mundo. No odies los medios,crealos libres.

Fuente: Avispa Midia

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

^{Foto de portada: Embajada de los EEUU en Perú}

La dictadura de Dina Boluarte autorizó el ingreso al Perú de más de mil militares de Estados Unidos, cuando se reactivan las manifestaciones nacionales contra el régimen que ha asesinado a 50 personas en protestas reprimidas con violencia letal -otras 19 fallecieron en incidentes relacionados- por parte de las fuerzas de seguridad.

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La disposición se interpreta como un mensaje amenazante y disuasivo para el pueblo organizado que retomará las marchas masivas en las calles a partir del 19 de julio, en vísperas de los días de fiestas patrias. Desde la región Puno, epicentro de la oposición, se anunció la movilización hacia la capital de 13.000 manifestantes en lo que llaman la tercera toma de Lima.

De acuerdo al decreto aprobado por el Congreso en mayo, las tropas estadounidenses arribarán entre junio y diciembre, con el fin de ofrecer “apoyo y asistencia en operaciones especiales al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía del Perú”. Se desplegarán en al menos 14 departamentos, entre ellos Lima y zonas del sur andino violentadas por el terrorismo de Estado (Ayacucho, Apurímac, Cusco).

El gobierno de facto se sostiene por las armas. La alianza entre Congreso y Ejecutivo, bajo el mando de la oligarquía, se niega al adelanto de elecciones para este año, a pesar de ser una demanda del 70% de la población. El 80% desaprueba a Boluarte y el 90% rechaza al Parlamento, según las encuestas de este mes. Consultada sobre las próximas protestas, la presidenta de facto, en tono interrogatorio, verbalizó la amenaza de muerte permanente del modelo que defiende sobre la protesta legítima: “¿Cuántas muertes más quieren?”.

En respuesta, el Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú (Conulp) reafirma su posición no violenta, sin banderas de partidos ni sindicatos. “Los pueblos originarios de las 25 regiones ya tomaron su propia decisión: abolir de raíz este Estado. La conclusión es construir un nuevo Estado, plurinacional, de las regiones. Desde 1821 las 12 constituciones fueron para ellos, no para el pueblo. Los partidos de izquierda quieren nuevas elecciones, asamblea constituyente, nueva Constitución, pero todos hacen parte de esta clase política, de este Estado viejo. No los vamos a permitir en nuestra lucha, ni permitir la violencia. Responsabilizamos de la violencia a la cúpula policial y militar”.

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Las próximas protestas en Lima determinarán el futuro del régimen. Desde la misma cúpula del poder se escenifica un cuestionamiento a la continuidad de Boluarte, ya sea por pugnas internas inmediatas, captar apoyo o como advertencia de la posibilidad del Poder Legislativo de llamar a elecciones antes de 2026.

En las movilizaciones masivas en la capital también participarán, de acuerdo a la Central Nacional de Rondas Campesinas del Perú, 30 mil integrantes de la organización encargada de la seguridad comunitaria en áreas rurales.

Guerras imperiales por extractivismo

A la vez de la advertencia interna, la presencia de militares de Estados Unidos en el Perú es un movimiento estratégico en la región latinoamericana, concretamente en el área andino-amazónica, donde Washington se disputa la explotación de litio y materias primas, como parte de las guerras imperiales con China y Rusia por territorios para el extractivismo en el sur global.

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Estados Unidos respaldó, desde el principio, la investidura de Boluarte tras el golpe legislativo contra Pedro Castillo en diciembre pasado. En declaraciones recientes, la embajadora de EE.UU. en el país andino, Lisa Kenna, sostiene que trabaja con el Perú “fieles a los principios de la democracia”. Es la única nación suramericana en la que ejecutarán ejercicios militares este año y la tercera de Latinoamérica, con México y Belice.

Recientemente, el Estado peruano concedió a la canadiense Macusani Yellowcake el primero de tres permisos para la exploración de litio en Puno, el departamento peruano donde en enero la Policía y el Ejército asesinaron a 19 personas desarmadas, a las que dispararon con armamento de guerra en acciones calificadas como ejecuciones extrajudiciales por organismos internacionales de derechos humanos.

En los últimos meses, la jefa del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson, fue explícita sobre la misión que se asigna el capital de Washington: “Esta región está llena de recursos y me preocupa la actividad maligna de nuestros adversarios aprovechándose de eso. Pareciera que están invirtiendo cuando en realidad están extrayendo (…) La agresividad de China y su juego en el terreno con el litio es muy avanzado y muy agresivo”.

El litio es, actualmente, el mineral más codiciado por los capitales imperiales. Suramérica posee las mayores reservas mundiales: el 80% de todo el ‘oro blanco’ del planeta se encuentra en Argentina, Bolivia y Chile. Por estos días, la defensa de los territorios y el agua ante la explotación de litio es una de las consignas de las masivas protestas en Jujuy.

Para los pueblos afectados por la megaminería, el verdadero ‘triángulo del litio’ no lo conforman estos países, sino “el vínculo entre las fuerzas de seguridad, el Estado y las empresas multinacionales”, como observaba desde tiempo atrás la Asamblea Pucará de Argentina.

“Insistimos que es Estados Unidos que comandó las masacres en el Perú. Son esas empresas extranjeras que vienen por todo, en Argentina, donde hay litio, la provincia de Jujuy se ha levantado y está luchando porque para explotar el litio se apropian de tierras, el agua. Es una sola lucha, hay un mismo enemigo”, indicó, desde Lima, la delegada de gremios internacionales que respaldan al Conulp.

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La violencia de Estado y del gran capital en Jujuy, así como en el Perú, se ejecuta en defensa de la extracción de materias primas. No es casualidad que Puno, con altas reservas de litio y otros minerales, sea la región más represaliada. Contra el poder militar y la minería ecocida de las potencias aliadas a las élites nacionales, el pueblo organizado contesta con la defensa de sus territorios y su representación, ante un modelo en agonía global al que le declaran su fin.