Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Manifestación contra la participación de Deutsche Bahn en el proyecto ferroviario y portuario GPM, frente a su sede, en Berlín. 31 de mayo de 2024. Foto: Stefanie Hess.}

La empresa Grão-Pará Maranhão (GPM), de capital portugués, está llevando a cabo la construcción de un complejo industrial y portuario privado – el Terminal Portuario de Alcântara (TPA) -, en la Ilha do Cajual, estado de Maranhão, nordeste de Brasil, donde viven comunidades tradicionales quilombolas – descendientes de antiguos pueblos africanos esclavizados-. El proyecto prevé la ocupación de casi 15 millones de metros cuadrados, equivalente a 87% de los territorios quilombolas de la región. 

El objetivo es exportar productos producidos desde la selva amazónica y la sabana del cerrado, como la soja, el mineral de hierro, el cobre, el gas de fracturación hidráulica y el hidrógeno, a China, Europa y EEUU.

Te puede interesar – Palma aceitera y conservación: aliadas en la expulsión de comunidades en la Amazonía brasileña

Desde hace ocho años, GPM avanza con el proyecto. Las comunidades impactadas sostienen que no han sido consultadas. Además, el proyecto sigue sin una evaluación de impacto ambiental.

“La construcción del puerto provocará impactos socioambientales significativos en la región, en bosques y en áreas de conservación, en ríos y en el mar [costa atlántica, que preserva el mayor cinturón de manglares contiguo e intacto del mundo.], además de la expulsión de comunidades de sus territorios”, sostiene un comunicado del Conselho Indigenista Missionário (Cimi), una de las 18 organizaciones que hacen parte de la Articulación Anti Proyecto Grão Pará-Maranhão (Anti GPM). La Ilha do Cajual es una zona de invernada de aves migratorias norteamericanas.

El proyecto prevé también la construcción de un ferrocarril privado de mercancías de 520 kilómetros, el EF-317, que se adentraría en la región amazónica. La empresa estatal alemana de ferrocarril, Deutsche Bahn (DB), participa en el proyecto. Su filial, Grupo DB E.C.O., ha firmado un memorando de entendimiento con GPM para desarrollar y explotar conjuntamente el ferrocarril. 

El ferrocarril, que cruzará 22 municipios de Maranhão, impactará seis comunidades indígenas (territorios oficialmente demarcados de Alto Turiacu, Akroá Gamela, Arariboia, Awa, Caru y Pindaré), dos comunidades quilombolas (Alcântara y Tanque de Valenca), así como 16 comunidades resultado de programas de reforma agraria y 22 comunidades (Alcântara, Bequimão, Peri Mirim, Palmeirândia, São Bento, São Vicente Ferrer, Olinda Nova do Maranhão, Matinha, Viana, Pedro do Rosário, Penalva, Monção, Zé Doca, Governador Newton Bello, Alto Alegre do Pindaré, Santa Luzia, Bom Jardim, Buriticupu, Bom Jesus das Selvas, Amarante do Maranhão, São Francisco do Brejão, Açailândia).

“Los riesgos de contaminación del aire y de las aguas, de ríos e igarapés, daños a viviendas y el aumento de riesgo de accidentes, como atropellamientos y mutilaciones, que pueden resultar en muerte, también son preocupaciones de las comunidades de la región”, informa el Cimi.

Presión Social

La organización Salva la Selva, que hace parte de la Articulación Anti-GPM, está llevando a cabo en Alemania una campaña para que la alemana Deutsche Bahn se retire del proyecto.

El 31 de mayo de 2024, organizó una manifestación frente a la sede de la empresa, en la Potsdamer Platz de Berlín, junto con la organización brasileña Justiça nos Trilhos, el Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (FDCL), Kooperation Brasilien (Kobra) y Misereor. Además, presentó una reclamación en contra de la participación de la filial de DB E.C.O. Group en el proyecto GPM.

Salva la Selva, en un comunicado, sostiene que el departamento de reclamaciones de DB ha dado curso al proceso de reclamación, pero el resultado es aún completamente incierto. “El presidente del consejo de administración y consejero delegado de DB, Dr. Richard Lutz, nos respondió mediante un escrito, que el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos internacionalmente es un principio importante para DB; que DB se toma muy en serio nuestras preocupaciones y que ‘deben cumplirse varios requisitos adicionales antes de que DB considere participar en el proyecto’”.

Mientras tanto, directivos de las filiales de DB, junto con trabajadores del proyecto GPM, están participando en reuniones con ministros, políticos, funcionarios gubernamentales y parlamentarios brasileños para sacar adelante el proyecto. 

Salva la Selva también mantiene una campaña de recaudación de firmas “para decirle a Deutsche Bahn que se retire inmediatamente del proyecto en la región amazónica”. La petición está abierta desde 1 de agosto de 2024 y ya lleva más de 25 mil firmas de personas y organizaciones de todo el mundo. 

Inversiones

El GPM busca actualmente inversores y préstamos para llevar a cabo el proyecto ferroviario y portuario. La embajadora de la Unión Europea (UE) en Brasil, la diplomática alemana Marian Schuegraf, confirmó, en respuesta a una consulta escrita por Salva la Selva, que su delegación se había reunido con los promotores del proyecto Grão-Pará Maranhão (GPM).

En abril de 2024, la embajadora de la UE encabezó una delegación de 19 embajadores de países de la UE al estado de Maranhão. El programa incluyó una visita al actual puerto de exportación de Itaqui, situado cerca de la ciudad de São Luís, capital de Maranhão, justo enfrente de la Ilha de Cajual. La delegación de la UE también visitó el distrito de Alcântara, al que pertenece la isla donde se construirá el puerto.

En este contexto, artículos aparecidos en la prensa en Brasilsugieren que el GPM podría llegar a financiarse a través de la iniciativa Global Gateway de la Comisión Europea. Dicho fondo pretende financiar hasta 2027 con 300.000 millones de euros, proyectos que resultan estratégicos para la UE en todo el mundo. 

De acuerdo con un levantamiento de Salva la Selva, la página de Global Gateway dedicada a Brasil y la hoja informativa sobre el país de Global Gateway de abril de 2024 identifican cuatro “iniciativas emblemáticas”, entre ellas “Transporte multimodal y movilidad: construcción de infraestructuras portuarias y ferroviarias para reducir las carencias de infraestructuras existentes y conectar Brasil con Europa”.

Te puede interesar – Carne procesada vendida en España está vinculada a deforestación en Brasil

Según estudios recientes, la agricultura, en particular de soja, es el principal motor de la deforestación en Brasil; según datos del Gobierno, la superficie deforestada en 2023 será de 9.064 kilómetros cuadrados, un área 3,5 veces mayor que el Gran Londres o más de 11 veces mayor que la ciudad de Nueva York.

Imágenes de Puentes Imposibles:

III

Una Carta.

Agosto del 2024.

  En realidad, la carta es muy breve.  Llegó desde el Cauca, en la geografía llamada Colombia, con una solicitud del pueblo originario hermano Nasa.  Creo fue a finales del 2022.  Esperen… sí, llegó el 31 de octubre de 2022.  Los hermanos Nasas pedían que se difundiera un artículo en la página de Enlace Zapatista, o sea que se publicara ahí.

  Yo leí el texto con atención, confronté los datos y pensé: “si se publica en la página, nadie le va a hacer caso.  Y creo que lo que les interesa no es tener muchas “vistas”, sino que lo que ahí se dice lo lean y entiendan acá, en las montañas del Sureste Mexicano.  Entonces vamos a hacer algo mejor que publicarlo en la página de Enlace Zapatista: lo voy a pasar a la dirección política organizativa zapatista.  Que sean ellas y ellos los que lo valoren como lo que es: un puente imposible.”  ¿Por qué “imposible”?  Ahora lo verán:

  En esos días, las compañeras y compañeros jefes estaban ya discutiendo y desmenuzando lo que un año después, sería conocido como “El Común”.

  Las reuniones eran frecuentes, intensas y agotadoras.  Lo sé porque me asomé a varias de ellas y por lo que me iba platicando el Subcomandante Insurgente Moisés.

  Ya desde entonces se asomaba “El Común” en el horizonte, pero en ese momento estaban en las preguntas “¿Qué somos?”, “¿Dónde estamos?”, “¿A dónde vamos?”

  El impacto que la llamada “Gira por la Vida. Capítulo Europa” había tenido en el zapatismo producía su efecto.  Durante semanas, en las reuniones del Comité y en las asambleas de las comunidades, las distintas delegaciones que visitaron las variadas geografías de la Europa de abajo y a la izquierda, informaron basándose en sus apuntes.

  Con y por las delegaciones, el zapatismo había constatado la destrucción que la “modernidad” y el “progreso” producen en los territorios “desarrollados”, la mal llamada “civilización occidental” -que, paradójicamente, está al oriente nuestro-.  Y habían encontrado la semejanza con los diferentes en todos los sentidos: la resistencia y la rebeldía frente a la Hidra, el sistema capitalista.  El todo y las partes.

  En palabras del Subcomandante Insurgente Moisés, coordinador de ese capítulo de la Gira por la Vida: “Está cabrón, tenemos que apurarnos”.

  El balance era para preocupar:

  El proceso acelerado de destrucción del tejido social en México;

 los fracasos evidentes de las izquierdas electorales (el “progresismo”) ya no digamos en transformar las bases de un sistema criminal, también en administrarlo así fuera en la medianía de la mediocridad (erigir la “corrupción” como fuente y causa de todos los males, en lugar de verla como lo que es: un efecto… y fracasar también en el combate a ella), la “toma del Poder” – en realidad la llegada al gobierno por cualquier vía-, no era sino un relevo en el puesto de capataz (presuntuoso, soberbio y autoritario con la peonada, y dócil y humilde con el finquero);

 las protestas cada vez más fuertes y terribles por parte de la naturaleza frente a las guerras de conquista del Capital;

 el avance coordinado del llamado Crimen Organizado y los megaproyectos;

 la migración y las poblaciones desplazadas (los países desarrollados asediados por los efectos de las guerras y políticas de conquista en los llamados territorios “periféricos”);

 la violencia cruel y sádica contra mujeres y otroas (la agresión a lo diferente como nueva religión fanática);

 la niñez convertida en víctima propiciatoria (el sistema sacrificando el futuro de la humanidad en el altar de la ganancia);

 el resurgimiento de las guerras con argumentos nacional-fascistas;

 la normalización de la catástrofe; el colapso pues;

 todo llevaba a una conclusión aterradora: lo que habíamos previsto y advertido décadas antes (y que entonces fue objeto de burlas y desprecios), se estaba cumpliendo.

  El futuro de entonces es ya el presente.

  Pero todo esto ya lo sabe usted.  Que obre en consecuencia, pues ya es otra cosa.

-*-

  Pero volviendo a la carta del Cauca que pedía difusión del texto, le pasé el escrito al Subcomandante Insurgente Moisés y le llamé la atención sobre una parte.

  El Subcomandante leyó el texto y la parte subrayada, levantó la mirada y me preguntó: “¿Tú les contaste?”.  “Claro que no”, les respondí, “no conozco a esos hermanos”.  El SubMoy: “Es que es como si hubieran estado en las reuniones”.

  Y es que, en reuniones de meses previos, el comité, la dirección política-organizativa zapatista había estado discutiendo de los “ismos”.

  La parte subrayada del texto dice:

  En el camino aprendimos que la voz que enseña es Uma Kiwe, nuestra Madre Tierra; ella indica el camino y las estrategias… aunque no han faltado quienes quieran ponerse como asesores del proceso o dar la línea.  Hubo un momento, en 2016, en que el proceso decidió abrir sus puertas a otras luchas para conversar y visibilizar. A partir de allí empezaron a llegar todos los ismos, y todos quisieron poner su línea o evangelizar nuestro proceso con sus contenidos teóricos.

  Todos esos ismos, ecologismo, anarquismo, marxismo, feminismo, maoísmo, institucionalismo, desarrollismo son todos construcción y legado de Occidente, y aunque en los territorios se van tejiendo con los saberes autóctonos, llevan el sello de la racionalidad occidental. Todos los ismos han sido muy valiosos en apoyo y juntanza con este proceso; algunas personas se han mostrado respetuosas; otras, colonialistas. En su momento fue necesario decir: «todos los ismos son bienvenidos, pero aquí somos y vamos a seguir siendo indígenas nasas». La liberación de la Madre Tierra va más allá de los cañaduzales. El saber nasa, que viene de Uma Kiwe, es el sustento de esta lucha, y si tenemos contradicciones es precisamente por esa batalla que se da en el corazón entre nuestro ser nasa y la imposición occidental capitalista.

  Frente a la falsa disyuntiva entre la institución o la revolución, los pueblos proponen rutas alternativas para habitar este presente; las coordenadas del debate desbordan un esquema cartesiano, y nos muestran, con sus formas de habitar y organizarse en la minga, la asamblea, la celebración, las tulpas y rituales, otros modos de vida posibles. Cuando nos preguntan: «¿Rebelión? ¿Revolución? ¿Reforma? [decimos que] lo nuestro es el wët wët fxi’zenxi»

-*-

  En las reuniones de meses anteriores, los comités habían estado recapitulando su historia y, en ella, el paso de todos los “ismos” habidos y por haber, dando órdenes.  Ninguno aportó nada que valiera la pena.  Y claro, también que hubo y habrá gente que sólo vino a sacar lo que podía.  Y se fue cuando ya no pudo sacar más.  No eran “ismos”, sólo eran, y son, unos sinvergüenzas.  Y unas (no olvidar la paridad de género).

Vale.  Salud y acá, además de lodo y dignidad, lo que hay es un “ismo” muy otro: zapatismo.

Desde las montañas del Sureste Mexicano.

El Capitán.

Agosto del 2024.

P.D.- El texto completo se puede consultar en https://www.ecologiapolitica.info/63-andrea-fajardo-camacho/

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Los siete principales minoristas en España – Carrefour, Mercadona, Alcampo, Lidl Supermercados, El Corte Inglés, Grupo Dia y Aldi – tienen “compromisos inadecuados” para detener la deforestación vinculada a la soja en la Amazonía y el Cerrado brasileños. Eso porque la soja que se produce en estos biomas, fruto de la deforestación, es utilizada como alimento de ganado con el cual se produce alimentos procesados, como embutidos, jamón, tocino y mortadela, vendidos en las estanterías de sus supermercados en España. 

Los datos fueron revelados por una investigación realizada por la organización Mighty Earth, publicada en julio de 2024. 

Sólo Aldi, Carrefour y Lidl tienen una política que, según las propias cadenas de supermercados, buscan no tener una relación con la deforestación. “Aunque se encontraron pocas pruebas de medidas o esfuerzos prácticos para abordar este riesgo de deforestación”, dice el estudio.

Además, ninguno de las siete empresas publica sus datos sobre su huella global de soja, “a pesar de que los supermercados representan casi el 50% de las ventas de carne procesada en el país”.

España es uno de los principales productores de carne de la Unión Europea, con una cuota de mercado del 18% y una producción total de 7,55 millones de toneladas el año pasado. 

De acuerdo con el estudio, 5 millones de toneladas de soja fueron importadas a España en 2023, con un 74% procedente de Brasil. Tanto el bioma de la Amazonía como el del Cerrado son la fuente de prácticamente toda la soja brasileña utilizada por la industria española de alimentos para ganado, según Trase.

Brasil se convirtió, en 2023, en el mayor exportador de soja a España (58%), cuando tradicionalmente procedía de Argentina. En comparación, en 2022, el 53% de soja importada por España procedía de Argentina y el 39% de Brasil. 

La Oficina Económica y Comercial de España en Brasilia, en un informe sobre Brasil, señala que en 2021 la soja representaba el 46% de la producción agrícola total del país sudamericano.

Deforestación

En un estudio publicado en marzo de 2024, Mighty Earth, con base en la combinación de alertas de deforestación con imágenes de satélite e investigaciones en el terreno, alertaba sobre la relación entre el cultivo de soja y la deforestación, alcanzando 30 mil hectáreas en la Amazonia y casi 27 mil hectáreas en el Cerrado.

Este estudio relacionó las explotaciones agrícolas que produjeron soja en la cosecha de 2022 con los principales comerciantes mundiales de soja: Amaggi, ADM, ALZ Grãos, Bung, Cargill, COFCO y LDC. 

En un informe anterior publicado en junio de 2023, Mighty Earth descubrió que solamente Bunge estaba directamente vinculada a la deforestación de 11,351 hectáreas en el Cerrado brasileño.

Carne: un alto costo para el planeta

El 90% de la soja del mundo se utiliza para producir alimento para ganado, menciona el estudio, y su expansión está provocando la deforestación de biomas vírgenes en toda América Latina. 

Alerta que la producción de la carne representa el 14% de los Gases de Efecto Invernadero en el mundo. “Una reducción significativa de nuestro consumo de carne será necesaria para cumplir los compromisos climáticos y evitar los peores impactos del cambio climático”. Además, la Organización Mundial de la Salud ha clasificado la carne procesada como “cancerígena para el ser humano”. 

En el caso de España, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) estima que el consumo ideal de carne en un máximo de tres raciones semanales (una ración equivale a 100-125g), o unos 15 kg al año, mientras que el consumo medio español supera actualmente los 32 kg por habitante y año. “Para lograr un sistema alimentario sostenible y saludable, parece necesario un cambio hacia una dieta proteica de origen vegetal”, sostiene.

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

Cuatro jóvenes de la comunidad campesina Cuyo Grande, en la región Cusco, Perú, fueron sentenciados a siete años de prisión por protestar contra las masacres en los andes durante el primer bimestre de Dina Boluarte en el gobierno.

Las desproporcionadas penas siguen la línea de criminalización del derecho a la protesta en el Perú, mientras que ningún mando político, militar o policial, los responsables de las matanzas, recibe sanciones. 

El 31 de enero de 2023, cuando las fuerzas militares y policiales habían asesinado a 45 manifestantes, la mayoría en territorios andinos de poblaciones quechuas y aimaras, agentes infiltrados detuvieron a Richard Camala (23 años), Ferdinán Huaccanqui (34 años), Redy Huamán (23 años) y Joel Hivallanca (22 años).

La justicia desconoció el arraigo domiciliario de los imputados, debido a que viven en tierras comunitarias. Al no reconocerles un domicilio, la justicia consideró que habría riesgo de fuga en caso de procesarlos en libertad.

Desde entonces permanecen recluidos en el penal Qenqoro, acusados en primera instancia del delito de disturbios y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos. Los comuneros, mediante engaños, por desconocimiento, firmaron actas de intervención policial sin poder leer el contenido, aceptaron la terminación anticipada y se declararon culpables, lo que complicó su situación.   

El último 31 de julio, la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Cusco ratificó las condenas, sin reconocerles arraigo de domicilio. Los procesados, quienes se dedican a la agricultura, presentaron constancias de posesión de tierras, por lo que la medida es calificada de discriminatoria por sus familiares.  

A las sentencias, las autoridades judiciales le suman un elevado pago de reparación civil (250 mil soles, alrededor de 70 mil dólares).

Persecución coordinada 

El abogado de los sentenciados, Marcelino Quispe, denunció irregularidades en el proceso: detención ilegal por parte de policías encubiertos, manipulación de pruebas del representante del Ministerio Público y el dictamen de una jueza durante su periodo de vacaciones para, según señala, promover su ascenso al cargo de vocal.

El jurista apunta a la colusión entre el Ministerio del Interior, Poder Judicial y fiscalías, evidenciada en otros casos de persecución de la protesta social desde la gestión de Boluarte. La defensa de los comuneros planteará todavía recursos para anular la resolución y se propone llevar el caso al Tribunal Interamericano de Derechos Humanos. 

Hasta el día de la detención de los jóvenes de Cuyo Grande, el gobierno había reprimido con violencia extrema las movilizaciones en Puno, Ayacucho y Apurímac, donde victimaron en total a 38 personas, entre ellas menores de edad. Otros once manifestantes fueron asesinados en Cusco, Arequipa, Junín, La Libertad y Lima en los meses de convulsión, entre diciembre de 2022, mes del golpe de Boluarte, y enero de 2023.

Organismos internacionales de derechos humanos han calificado los actos de las instituciones armadas de ejecuciones extrajudiciales con sesgos raciales.  

En enero de 2023 también fueron detenidos y trasladados a Lima siete integrantes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), sindicados de apología al terrorismo, a quienes dieron arbitrarias penas de prisión preventiva. En las últimas semanas salieron en libertad tres de los activistas que continuaban presos, luego de 18 meses. 

Aún se espera la liberación de Rocío Leandro Melgar, presidenta de la organización, para quien el Ministerio Público pide adicionar seis meses de encierro preventivo. Asimismo, la del brigadista y estudiante de derecho Vladimir Molina, procesado por disturbios durante las protestas en la capital. 

PRESENTACIÓN

En los últimos años se han intensificado las acciones por parte de los gobiernos y de las corporaciones transnacionales para apropiarse del territorio de los pueblos nativos, esta nueva colonización ha dado lugar a una creciente resistencia de nuestros pueblos ante la amenaza que significan estos megaproyectos para nuestra misma existencia. Algunos pueblos han logrado frenar esta nueva invasión, y en estas experiencias exitosas hemos encontrado dos factores de mayor importancia: La Resistencia local y las alianzas regionales e internacionales.

Actualmente en México nuestros pueblos vienen enfrentando condiciones muy adversas, diferentes megaproyectos como son:

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya y el Proyecto Integral Morelos.

Desde el año 2001 hemos mantenido una intensa movilización para contener los impactos de las obras de construcción y modernización de termoeléctricas, parques eólicos, gasoductos, tendidos eléctricos de alta tensión, autopistas, basureros, ferrocarriles y parques industriales.

En estos proyectos están involucradas directamente grandes corporaciones norteamericanas, canadienses, italianas, danesas, francesas, portuguesas, españolas, chinas y taiwanesas.

Enfrentar megaproyectos trasnacionales nos obliga a fortalecer tanto la resistencia local como el construir alianzas con pueblos y organizaciones de los pueblos nativos y de grupos ambientalistas de toda la región también buscar el relanzamiento de la alianza mesoamericana.

ANTECEDENTES

1.- La creciente expansión de las empresas trasnacionales sobre los territorios de los pueblos nativos es un fenómeno mundial significativo en los últimos treinta años.

A este proceso se le ha llamado La Nueva Invasión.

(Continuar leyendo…)

Fuente: Avispa Midia
Por Santiago Navarro F

La comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom), por sus siglas en inglés), Laura Richardson, apeló durante el Foro de Seguridad de Aspen 2024 que su país debería enfocarse a un nuevo “Plan Marshall” si los países del hemisferio occidental quieren recuperarse de la pandemia del COVID-19 y para mantener a raya la influencia de Rusia y, especialmente, de China.

El ‘Plan Marshall’ fue un ambicioso programa que implementó Estados Unidos (EEUU) para la reconstrucción económica de Europa en 1948, tras la segunda guerra mundial.

Durante 15º Foro anual del denominado Aspen 2024, celebrado en Colorado, entre el martes 16 al viernes 19 de julio, participaron altos funcionarios gubernamentales y militares de los Estados Unidos, así como sus homólogos de todo el mundo, altos ejecutivos de empresas, destacados académicos, periodistas, entre otros más. El tema central fue relacionado con seguridad nacional y política exterior.

Bajo esa línea, Richardson advirtió que tal vez algunos países hayan superado los efectos de la pandemia, pero, la mayoría se encuentra en una “grave recesión económica”, que supuestamente está siendo aprovechada por las inversiones de Rusia y China en la región.

Ver también:  Aumento de inversión China en América Latina preocupa al Comando Sur de EEUU

“Y nosotros no tenemos ese tipo de herramientas en nuestra maleta. ¿Cómo podemos ayudar? Creo firmemente que necesitamos un Plan Marshall para la región, o lo que es lo mismo, una ley de recuperación económica como la de 1948, pero en 2024, 2025”, puntualizó la General Richardson.

(Continuar leyendo…)

Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes

^{Foto de portada: Olmedo Carrasquilla Aguila, Colectivo Voces Ecológicas y Radio Temblor Internacional}

Panamá vivió, entre octubre y noviembre de 2023, una segunda gran explosión social desde la invasión de Estados Unidos al país, en 1989. Gremios docentes, sindicalistas, estudiantes, jóvenes y comunidades indígenas y campesinas protestaron contra la aprobación de un contrato entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá, filial de la transnacional canadiense First Quantum Minerals, para la explotación de una mina de 13 mil hectáreas ubicada en el corazón del Corredor Biológico Mesoamericano, en la zona caribe del país, en la provincia de Colón.

Las protestas contra la minera se iniciaron desde hace años, pero fue el 20 de octubre de 2023 que se produjo el hecho decisivo, cuando la Asamblea Nacional de Diputados realizó debate de la propuesta, el Ejecutivo sancionó la Ley 406 ese mismo día y la hizo oficial mediante su publicación en la Gaceta Oficial. La Asamblea Nacional realizó los tres debates en tres días consecutivos, y al tercer día el Ejecutivo sancionó y publicó la ley en Gaceta.

A partir de entonces, las manifestaciones de descontento dejaron de ser aisladas. Durante 44 días, se produjeron protestas masivas en todo el país. En un informe elaborado por la Fundación para el desarrollo integral comunitario y conservación de los ecosistemas en Panamá (FUNDICCEP) y la Red Nacional en Defensa del Agua Panamá, las organizaciones mapearon y documentaron las violaciones de derechos perpetradas por el Estado contra las manifestaciones, además de las estrategias utilizadas para criminalizar e impedir la acción de los manifestantes y organizaciones. 

(Continuar leyendo…)

Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes

^{En portada: Cientos de indígenas lencas se movilizaron en Tegucigalpa para exigir el reconocimiento de sus tierras ancestrales.}

Tras una semana de movilizaciones, más de 500 indígenas lencas pertenecientes a 12 comunidades del suroeste hondureño alcanzaron un acuerdo histórico con el Instituto Nacional Agrario (INA), por medio del cual el Estado se compromete a la titulación comunitaria de más de 9 mil manzanas de tierras en las que viven más de 900 familias.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), organización que aglutina a las comunidades lencas, anunció el pasado viernes (19) la firma de un acta de entendimiento con las autoridades agrarias del país centroamericano.

El acuerdo fue anunciado tras las movilizaciones donde participaron representantes de las comunidades lencas de Montaña Verde, Limoncillo, El Achiotal, Río Blanco, Wise, El Naranjo, 1 de Agosto y Grupo Campesino Nueva Esperanza, quienes reivindican la posesión comunal de sus territorios.

“El Copinh estará vigilante del cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el INA, asegurando el respeto e implementación de manera justa y pronta. De no cumplirse, se desarrollarán nuevas jornadas de exigencia y protesta en la capital. Esta vigilancia no solo es un deber, sino un compromiso con nuestras comunidades y con las futuras generaciones que dependen de la protección de nuestros territorios”, aseguró la organización mediante comunicado tras el anuncio de los acuerdos.

(Continuar leyendo…)

Fuente: Avispa Midia

Pueblos indígenas de Perú que forman parte de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) se han declarado en estado de emergencia permanente luego del trágico asesinato de Mariano Isacama Feliciano, considerado líder del pueblo Kakataibo. 

Esta acción la han tomado al percibir una total inacción del gobierno frente a la creciente violencia que enfrentan al proteger sus territorios ancestrales, declara Aidesep.

Isacama era originario de la comunidad nativa de Puerto Azul, ubicada en la provincia del Manu, Madre de Dios, en la Amazonia peruana, y fue encontrado sin vida en la ribera del río Yúrac después de 24 días de no saber su paradero. 

El líder indígena había alertado a la comunidad y a organizaciones de derechos humanos sobre amenazas previas a su desaparición. De acuerdo con el certificado de necropsia, su muerte fue causada por un impacto de bala de un arma de fuego, además presentaba signos de tortura. 

Al lado de las comunidades que forman parte de la Aidesep, había sostenía un activismo férreo por la defensa de la Amazonía y contra actividades ilegales como la minería y la tala clandestina en la región. 

La Aidesep es una organización que agrupa a los pueblos indígenas de la Amazonía del Perú, a través de sus nueve organizaciones regionales de base, quienes han expresado un profundo descontento por la falta de justicia para las víctimas y la continua impunidad que rodea estos crímenes.

Las comunidades indígenas amazónicas han anunciado que, al ver la falta de justicia y la seguridad que debía brindar el Estado, se preparan para tomar otras medidas. Alertaron que se ven obligados a ejercer su derecho a la legítima defensa y “utilizar los medios en la misma proporción con la que nos atacan”, dejando caer toda la responsabilidad “al gobierno por las consecuencias”, dice el comunicado.

La Federación Nativa de Comunidades Kakataibo advierte, asimismo, que una nueva modalidad del crimen organizado en la zona es dejar que se descompongan los cuerpos, con el fin de desaparecer las evidencias, para lo que requieren retrasar las búsquedas y trabajos de las fuerzas de seguridad públicas.

Con este caso, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos registra 25defensores ambientales y líderes indígenas desaparecidos y asesinados desde el 2020. Cinco de las víctimas eran del pueblo kakataibo. En 2021 desaparecieron dos miembros de la comunidad cuyo paradero se desconoce hasta el momento. La violencia contra los pueblos originarios se expande en los últimos años en las regiones amazónicas Ucayali, Huánuco, Pasco y Junín.

Te puede interesar – Perú: Crisis hídrica, extractivismos e inseguridad alimentaria

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

^{En portada: Familias desplazadas de la comunidad Buena Vista se refugian en la población de Santa Rosita, población maya q’eqchi’ que también está en riesgo de desalojo. Foto: Juan Bautista Xol / Prensa Comunitaria.}

Ante la ola de desalojos anunciados para ser ejecutados en la región norte de Guatemala, organizaciones sociales solicitaron una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar la crisis humanitaria la cual son objeto familias campesinas e indígenas víctimas de desplazamiento forzado.

Por ello, el pasado viernes (12), durante el 190 periodo de sesiones de la CIDH expusieron la problemática que, de acuerdo a los alegatos de defensores de derechos humanos, involucra disputas por la tenencia de la tierra, en un marco de irrespeto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas que son objeto de desalojos violentos. 

Así lo señaló Daniel Cerqueira, director de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), quien enfatizó que los desalojos son producto de la cooptación del sistema de justicia en Guatemala por parte de redes de corrupción. Acorde a Cerqueira, el objetivo de éstas es acaparar tierras indígenas y obtener títulos irregulares de propiedad, “haciendo uso generalizado del poder punitivo, criminalización y violencia contra comunidades que revindican y defienden sus territorios”.

Por su parte, Sandra Calel, maya Poqomchí integrante de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), sostuvo que en Guatemala no existen desalojos pacíficos pues todos, judiciales o extrajudiciales, son conducidos de forma violenta. Además, señaló que los desplazamientos de las familias suceden de manera discriminatoria y racista pues se realizan sin notificación previa, lo que imposibilita la defensa de las comunidades para oponerse a los desalojos.

(Continuar leyendo…)