(Español) Honduras: caso de Garífunas desaparecidos sin avance después de meses
Por Ángel Huerta
Eran las cinco de la mañana del día 18 de Julio del 2020 cuando treinta hombres fuertemente armados, portando distintivos de la Dirección Policial de Investigación (DPI), ingresaron a la comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz en el Departamento de la Atlántida, Honduras.
Dicho grupo está involucrado en un supuesto operativo en el cual se allanaron siete viviendas y secuestraron a cinco personas de la comunidad, entre ellos líderes y un miembro del patronato. De acuerdo a testimonios de la comunidad, los elementos que se identificaron como agentes de la DPI tenían plenamente ubicadas a las personas, sus viviendas y las de sus familiares cercanos.
En entrevista con Miriam Miranda, coordinadora garífuna de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) comenta: “la primera persona detenida fue el Sr Gerardo Mizael Róchez Cálix, luego de un allanamiento a su vivienda. Posteriormente, el operativo se dirigió́ a la casa del presidente del patronato, el Sr. Alberth Sneider Centeno, quien también fue detenido luego de ingresar de manera violenta a su vivienda. En tercer lugar se dirigieron a la vivienda del Sr. Suami Aparicio Mejía García, en este lugar, agredieron a su madre y a su hermana. Luego, el padre del Sr. Martínez Álvarez condujo a los perpetradores al lugar donde se encontraba su hijo. En este lugar, el Sr. Milton Joel Martínez Álvarez fue privado de la libertad además de una quinta persona, de nombre Junior Rafael Juárez Mejía”.
Para entender este asedio de Juan Orlando Hernández (JOH), presidente de Honduras, en contra de las comunidades Garífunas, también es necesario entender los antecedentes que le dieron las bases a este narcogobierno para atacar, destruir y exterminar a los Garífunas.
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Despojo histórico
Desde inicios del siglo XX existe un plan de despojo, desprecio y desplazamiento sistemático contra las comunidades Garífunas. Esto inició cuando las compañías bananeras se apropiaron de los territorios Garífunas a través de la concesión de los 100 años. Décadas después, en los años 70s y 80s, con la Reforma Agraria, los militares se apoderaron de otra porción del territorio Garífuna y junto con el Instituto Nacional Agrario (INA) se lo entregaron a los portentosos empresarios de la palma aceitera.
El 29 de octubre de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una petición presentada por la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH”) el caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros contra la República de Honduras (CIDH, 2015). La misma fue admitida el 14 de marzo.
Miriam relata que: “A partir del golpe de Estado del año 2009, el Congreso Nacional golpista y sus actuales herederos (JOH), no han cejado en forjar leyes al servicio del capital foráneo en detrimento de los intereses del pueblo hondureño y en especial al más del 80% del territorio Garífuna. Desde julio del 2009, Honduras se convirtió en un epicentro del narcotráfico en el istmo además de pasar a ser el país más violento del planeta. Es entonces cuando iniciaron los ataques, amenazas, criminalización y asesinatos en contra de líderes defensores de los territorios Garífunas, durante el juicio ante la Corte IDH en el 2015.
En los dos casos de la Sentencia mencionados, el Estado de Honduras negó la condición indígena y tribal de la comunidad Garífuna, argumentando: “la Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz no es una comunidad originaria de Honduras o de la región, por lo cual no puede ser considerada como un pueblo indígena”, y que, “por el hecho de no ser un pueblo originario no puede invocar el derecho a tierras ancestrales”. Con eso el Estado también reflejó no solo su desprecio al pueblo Garífuna sino su negativa para el cumplimiento de las sentencias, que no es más que devolverles el territorio robado a las comunidades beneficiarias”, señala Miranda, fue hasta el 8 de octubre de 2015 cuando la CIDH declaró la responsabilidad internacional de Honduras por la violación al derecho a la propiedad colectiva en perjuicio de la Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz y sus miembros.
Además, la Corte ordenó al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación.“Después de la sentencia de la Corte, los presidentes de patronatos se convirtieron en objeto de amenazas de muerte, intimidaciones, para con ello ceder en la exigencia del cumplimiento de esta”, recuerda Miriam Miranda.
La comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz, se ubica en el departamento de Atlántida, municipio de Tela, a orillas del mar Caribe. Es de carácter rural y cuenta con una población aproximada de 10.000 habitantes. El origen del Pueblo Garífuna data mucho antes de la invasión colonial, tiene sus raíces en los pueblos indígenas Arawako y Karina. De la unión de estos pueblos emergieron los Kariphunas (caribes), quienes también se mezclaron con ancestros de origen africano.
En 1797, fue desplazado, despojado y exiliado de su territorio original y espiritual, llegando el 12 de abril del mismo año a la Isla Roatán y de ahí se dispersaron a tierra firme en el territorio de lo que hoy es la costa norte hondureña y hacia la costa del Caribe de Guatemala, Nicaragua y Belice. Según la tradición oral, el Garífuna nunca fue esclavizado, es el único pueblo negro en las Américas que mantiene una lengua propia diferente a las lenguas de la colonia.
Las comunidades Garífunas han sido blanco de despojo desde hace mucho tiempo, por lo cual Miriam Miranda realiza un recuento sobre el asedio.“El primer hecho de invasión fue cuando el 6 de julio de 1969 la empresa MACERICA adquirió un terreno de unas 50 hectáreas situado en el lugar denominado “Río Plátano; seguido, entre agosto de 1993 y julio de 1995 la Municipalidad de Tela vendió́ aproximadamente 44 hectáreas de tierras de la comunidad a favor de la empresa IDETRISA. El 15 de enero de 1997, la Corporación Municipal de Tela acordó traspasar al Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Municipalidad de Tela 22.81 manzanas ubicadas en el territorio de la Comunidad.”
“En el 2000, el Congreso Nacional de manera inconsulta crea el área protegida y parque nacional Punta Izopo (Decreto No 261-2000), cediendo la administración a la organización no gubernamental PROLANSATE. Más adelante, la venta de 39,611.02 m2 de tierra a favor de la empresa Punta Hisopo Resort R.L de C.V. Desde el 2013 la construcción del proyecto turístico de Playa Escondida y el de “Laguna Negra” ,señala Miriam.
Desaparecidos
El 19 de julio de 2020, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y distintas organizaciones de la sociedad civil condenaron la desaparición forzada del defensor de los derechos del pueblo Garífuna Alberth Sneider Centeno, Presidente del Patronato de la comunidad de Triunfo de la Cruz y miembro activo de la OFRANEH y de las demás personas que fueron secuestradas junto con él.
“El objetivo principal de esta desaparición era el compañero Alberth Sneider Centeno. Snaider (como lo llamamos)”, nos comenta Miriam, “él estaba haciendo una lucha frontal por el cumplimiento de la Sentencia de la CIDH y por la recuperación del territorio invadido por autoridades de la municipalidad de Tela, proyectos habitacionales, la Fundación PROLANSATE y los palmeros de la región. Dos más de los compas, eran familiares y compañeros del Presidente del Patronato y que lo habían acompañado en más de alguna vez en esas acciones de lucha. Los dos restantes eran allegados a la comunidad y muy poca información tenemos sobre su vinculación con las acciones de la comunidad.”
La razón de nuestra afirmación, continúa Miranda: “es que Snaider había denunciado constantes amenazas en su contra y el Estado no hizo nada para protegerlo. Y, además, los patronatos son los garantes de salvaguardar los títulos comunitarios. En el título definitivo que otorgó el INA a la comunidad de Triunfo de la Cruz el 26 de septiembre del 2001, se establece que constituye un patrimonio inalienable de la comunidad, excepto en los casos en que la transferencia de dominio se haga a favor de miembros de la comunidad, con aprobación de la Junta Directiva del Patronato. Por esta razón, en 2005 la Municipalidad de Tela promovió un patronato paralelo al electo por la comunidad, situación que se mantuvo hasta el año 2010.”
El 6 de agosto de 2020, la CIDH notificó al Estado de Honduras la Resolución adoptada por la Presidencia de la Corte que requiere la adopción de medidas urgentes en el caso de las Comunidades Garífunas de Honduras del Triunfo de la Cruz y Punta Piedra Vs. Honduras. En su resolución, la Presidenta Jueza Elizabeth Odio Benito resolvió: “Requerir al Estado de Honduras que adopte todas las medidas necesarias y adecuadas para determinar el paradero de las cinco personas secuestradas, que adopte todas las medidas adecuadas para proteger efectivamente los derechos a la vida, e integridad personal de los integrantes de las Comunidades Garífunas de Triunfo de la Cruz y de Punta Piedra.”
Además que “el Estado de Honduras desarrolle colectivamente acciones de defensa de los derechos del pueblo Garífuna, así mismo el Estado deberá coordinar inmediatamente con los beneficiarios de estas medidas, o sus representantes, la planificación e implementación de las mismas y que, en general, les mantenga informados sobre el avance de su ejecución”.
Y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha requerido al Estado de Honduras en dos ocasiones, en estos más de 60 días de la desaparición de los cinco integrantes de la comunidad Garífuna . La CIDH ha llamado al Estado a que adopte todas las medidas necesarias y adecuadas para determinar el paradero de Junior, Milton, Suami, Gerardo y Albert y que presente información actualizada a la Corte sobre las medidas de protección que fueron adoptadas a más tardar el 28 de septiembre de 2020.
El Estado omiso
Sin embargo Miriam acusa que “El Estado se ha mantenido hermético y no ha querido brindar ninguna información, argumentando que no quieren entorpecer la investigación. Lo único que ha dicho el Estado es que tienen avances significativos, sin embargo, estos avances no se han comunicado ni a los familiares de las víctimas, ni a la OFRANEH. El caso se encuentra actualmente en la Fiscalía Especializada de Delitos Contra La Vida de San Pedro Sula, que trabaja de manera coordinada con la Fiscalía de Derechos Humanos, la Fiscalía contra el Crimen Organizado, así ́ como con la asesoría de un experto de la Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural. Además, está involucrada la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional de Honduras.”
Por su parte, el Estado de Honduras en la información vertida hacia la CIDH asegura que “El Estado no controvirtió dicha información, únicamente mencionó que ponía en duda la verdadera identidad de los secuestradores que podrían haber utilizado indumentaria utilizada por la Dirección Policial de Investigaciones, y que aún se encuentra investigando esos hechos. Asimismo, el Estado aportó información sobre un análisis de riesgo que se efectuó el 20 de marzo de 2020 a Alberth Sneider Centeno que dio como resultado un riesgo grave”.
Por su parte, la Corte expresa que “además, el Estado reconoció que no se habían implementado medidas de protección a favor de los integrantes de esa comunidad e indicó que, en vista del contexto, se ha determinado tener acercamientos con líderes garífunas y se tiene previsto iniciar acciones preventivas mediante un trabajo integral con los defensores de las comunidades garífunas y el equipo de Prevención y Análisis de Contexto de la Dirección General del Sistema de Protección, con la finalidad de tratar los riesgos estructurales a los que se puedan ver expuestos.”
Por otro lado, Miranda asegura que “hace más de tres semanas ha manifestado el Estado que tiene un testigo protegido y que además tiene la pista de los perpetradores y que en los próximos días estaría ejecutando detenciones relacionadasal caso. Hasta la fecha se desconoce el paradero o los avances en la investigación de la búsqueda”.
“Asimismo el Comité contra la Desaparición Forzada de la las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, ha requerido al Estado hondureño para que adopte medidas orientadas a la búsqueda de los muchachos desaparecidos, que brinde protección a los familiares e involucrar a los representantes de la comunidad y las víctimas en la investigación. Además pide enviar información al Comité sobres las medidas adoptadas por el Estado con relación a estas preocupaciones y recomendaciones antes del día 3 de septiembre de 2020, lo cual no tenemos información si el Estado envió esta información”, señala Miranda.
“La situación actual es aún más alarmante”, apunta la coordinadora de la OFRANEH pues “ya no se trata de criminalización o persecución, lo que están haciendo es desaparecer y asesinar a nuestros líderes y lideresas. Tal como lo hemos señalado, en el 2019 para acá más de 25 miembros de la comunidad Garífuna han sido asesinados y la mayoría estaban ligados a alguna lucha de defensa del territorio. Lo más reciente, el asesinato de un líder de la comunidad de Punta Piedra, el señor Antonio Bernárdez, justo en el territorio en litigio por la invasión de terceros y rodeado de palma africana.”
De acuerdo a la organización Global Witness en su informe publicado el 29 de Julio de 2020 llamado “Defender el Mañana, La crisis climática y amenazas contra defensores de la tierra y el medio ambiente”, destaca que “en Honduras, los asesinatos aumentaron de cuatro en 2018 a 14 en 2019, convirtiéndolo en el país más peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2019, considerando los asesinatos per cápita. A su vez, es el país con el mayor aumento en el porcentaje de ataques letales contra activistas.”
(Español) Comunicado Red de Apoyo a Lesionados Oculares en Resistencia Sur
“Exigimos mayor celeridad de las investigaciones y procesos judiciales logrando prontamente esclarecer las responsabilidades a todo nivel y condenando a los responsables”
La Red de Apoyo a Lesionados Oculares en Resistencia Sur, ha emitido el siguiente comunicado:
Comunicado Red de Apoyo a Lesionados Oculares en Resistencia Sur
La Red de Apoyo a Lesionados Oculares en Resistencia Sur manifiesta que a casi un año de las lesiones recibidas por parte de agentes del Estado y del lanzamiento del programa integral de reparación ocular, a la fecha no ha existido la necesaria atención integral para las personas dañadas por el uso indebido de armas y los malos tratos, por parte de Carabineros y FFEE en el contexto del estallido social.
Hemos constatado, una deficiente atención por parte de los centros hospitalarios y una falta de equipos capacitados para llevar a cabo los procesos de recuperación para los sobrevivientes de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el contexto del estallido social.
El 11 de noviembre de 2019, Jaime Mañalich, Ministro de Salud de la época, anuncia un Programa Integral de Reparación Ocular, el cual en términos concretos nunca se llevó a cabo para lxs afectadxs a nivel nacional.
Desde un comienzo nos llamó la atención lo centralista de la propuesta pues siempre se habló de la Unidad de Tratamiento Ocular del Hospital El Salvador ubicado en la ciudad de Santiago. Además, con el pasar del tiempo hemos observado que la atención en ningún sector del país ha sido integral y que el abandono asistencial que recibimos, es generalizado.
Atribuimos esta situación a que los órganos del Estado chileno no han asumido la responsabilidad que cargan ante las graves violaciones a los derechos humanos y las distintas formas de violencia política y estructural que han ejercido a través de las fuerzas de orden y seguridad pública. Sabemos que si no existe verdad, el camino de reparación se torna más complejo de transitar.
Reconstruir el curso de nuestras vidas conlleva múltiples necesidades, vinculadas no solamente al ámbito de la salud, si no también educativo, laboral, judicial y socio-familiar, entre otros, áreas que deben ser abordadas de manera conjunta. Sabemos que el contexto de pandemia en el cual nos encontramos es complejo más no podemos seguir siendo postergados. Exigimos mayor celeridad de las investigaciones y procesos judiciales, logrando prontamente esclarecer las responsabilidades a todo nivel y condenando a los responsables.
Sabemos además, que no somos los únicos afectados, nuestra solidaridad y preocupación también está con todxs lxs que sufrieron lesiones, tortura, violencia sexual, encarcelamiento, persecución y detenciones arbitrarias, y sobre todo con las familias que han sufrido el asesinato de uno de sus integrantes.
Como Red de Apoyo a Lesionados Oculares en Resistencia Sur, hacemos un llamado a los pueblos y a las organizaciones sociales a permanecer informadxs, y mantener viva la memoria, a no naturalizar las sistemáticas formas de violencia que el Estado chileno ejerce en contra de quienes nos manifestamos, a mantener activa la lucha por las transformaciones sociales y políticas que nos llevaron a la calle en Octubre del 2019.
