(Español) Mujeres Achí ganan una larga batalla en las cortes de Guatemala
Por Avispa
Texto: Roderico Y. Díaz y Emily Rhyne
Portada: La abogada Lucia Xiloj abraza a una de las mujeres achí sobreviviente de violencia sexual. Guatemala enero, 2022. Fotografía: Roderico Y. Díaz.
En un caso histórico para la justicia en Guatemala, un tribunal especial condenó a cinco ex paramilitares a 30 años de cárcel por deberes contra la humanidad en su modalidad de violencia sexual cometidos durante el conflicto armado interno en Guatemala (1960-1996). Los culpables de estos crímenes son Francisco Cuxum Alvarado, Damián Cuxum Alvarado, Benvenuto Ruiz Aquino, Bernardo Ruiz Aquino y Gabriel Cuxum Alvarado.
En 2018, un grupo de 36 mujeres indígenas Maya Achí, todas sobrevivientes de violencia sexual, iniciaron el proceso judicial, casi 40 años después de sufrir estos vejámenes por parte de miembros de las patrullas de autodefensa civil (ex PAC), grupo paramilitar organizado por el ejército de Guatemala durante el conflicto armado interno.
El tribunal estuvo compuesto por tres jueces, Yassmin Barrios, Patricia Bustamante y Gervi Sical, destacados por su trabajo en casos anteriores de derechos humanos de alto impacto.
Las 36 mujeres maya achí fueron representadas por un equipo de tres abogadas indígenas de la Asociación Bufete Jurídico y Popular de Rabinal, entre ellas la abogada Lucía Xiloj, reconocida internacionalmente por su trabajo en casos de derechos humanos enfocados en violencia contra las mujeres.
La abogadaLucía Xiloj, en sus conclusiones finales ante el tribunal, argumentó que “la violencia sexual es un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad. Es una práctica que se comete durante los conflictos armados […] Estos hechos han permanecido en la impunidad, al ser una estrategia contra las mujeres y sus comunidades.”.
El juez Sical leyó el veredicto histórico a la pequeña multitud de abogados, testigos, periodistas y observadores de derechos humanos reunidos dentro de la sala del tribunal, mientras en las afueras del edificio del tribunal, otro grupo de mujeres sobrevivientes, escuchaban la transmisión del proceso en un altavoz y teléfonos celulares, debido a las restricciones de salud pública.
El veredicto contiene un análisis importante que puede servir como precedente para litigios futuros relacionados a casos de violencia sexual durante la guerra en Guatemala. “Los soldados atacan a las mujeres […] con la intención de romper el tejido social, de romper emocionalmente al adversario. […] Violencia sexual contra las mujeres achí fue utilizada como parte de la estrategia militar que las consideraba enemigas internas [del Estado] […] A través de la violencia sexual buscaban destruir al pueblo maya achí a través de los cuerpos de las mujeres achí. [… ] Fueron utilizados como ‘botín de guerra’ y como instrumento de tortura”. […]
Continúa el veredicto: “Al escuchar las declaraciones de las sobrevivientes, este tribunal determinó que las mujeres achí sufrieron violencia sexual individual, colectiva y sistemática y esclavitud doméstica. […] Reconocemos la valentía y el respeto que merecen las mujeres Achí por su valentía y perseverancia al sacar adelante este caso, rompiendo el silencio sobre los hechos a los que fueron sometidas, y que crímenes de esta naturaleza nunca más se repitan.”
Afuera del juzgado, cientos de simpatizantes celebraron el veredicto y las sobrevivientes se dirigieron a la multitud. “Estamos contentas con esta sentencia y doy gracias a Dios y a nuestra sagrada tierra. […] Estamos aquí porque es nuestro derecho y es una obligación del Estado [guatemalteco]. Nos deben esto porque no solo por violarnos, también mataron a nuestros familiares”.
Testimonios dolorosos y actos atroces de violencia
Los dolorosos testimonios de las mujeres describieron abortos espontáneos y embarazos forzados, daño emocional severo y estigmatización como resultado del abuso.
Relataron cómo las Fuerzas Armadas de Guatemala y las PAC llevaron a cabo asesinatos y desapariciones forzadas de familiares mientras quemaban todas sus pertenencias, incluidas sus viviendas y cultivos alimentarios, durante las masacres. También describieron la destrucción del tejido social y los valores de apoyo mutuo en las comunidades indígenas.
Pedrina López tenía solo 12 años cuando el 29 de agosto de 1982, luego de que sus padres fueran capturados, los paramilitares Benvenuto y Bernardo Ruiz Aquino, hermanos, se turnaron para violarla frente a sus hermanos menores. En su testimonio describió los hechos atroces:
“Mataron a mi padre y a mi madre. Luego regresaron a la casa y me violaron. No tengo vergüenza de contar lo que me pasó porque Benvenuto golpeó a mi hermanito contra la pared, hicieron lo que quisieron conmigo. Querían dinero, encontré 50 centavos en el cajón y se los di. Es duro vivir sin padres, pasamos hambre. Y queremos justicia, lo que hicieron, la violación, son mayores, yo no sabía, yo era una niña. Ellos vivían abajo de nuestra casa, los conocíamos, siempre los encontrábamos en el mercado. Me dejaron sangrando durante un mes por lo que me hicieron, y lo hicieron frente a mis hermanos. El dolor de mi corazón no se va, siempre lo recordamos.”
Margarita Alvarado Enríquez estaba lavando ropa cuando los paramilitares la agarraron y procedieron a amordazarla y golpearla en todo el cuerpo. Amenazándola con armas de fuego, la obligaron a desnudarse y posteriormente procedieron a violarla en grupo a pesar de que estaba embarazada de tres meses, lo que resultó en un aborto espontáneo.
“Me pusieron la pistola en el pecho, me amordazaron la boca, me violaron, me patearon, me abofetearon. Yo tenía 20 años cuando me violaron, me violaron dos veces”.
Su hermana, Marcela Alvarado Enríquez, estaba con ella en ese momento y también sufrió un aborto espontáneo como resultado de los brutales ataques.
En su testimonio describe “a mi esposo lo mataron los paramilitares cuando estaba trabajando. Nos obligaron a salir de nuestras casas y tuvimos que vivir en la selva. […] Llegaron a la casa preguntando por mi esposo, pero ya lo habían matado. […] Estaba asustada y temblando, me dijeron ‘ahora vas a pagar’. Grité y me taparon la boca. ‘Quita tu corte [un tipo de falda usada por mujeres indígenas en Guatemala] te vamos a violar.’ […] Me violaron dos veces. Yo tenía unos dos o tres meses [embarazada]. Me duele la espalda. Nos llevaron [y nos obligaron] a hacer tortillas en la base militar de Xococ”.
Deportado de Estados Unidos para enfrentar la justicia
En un comunicado, la U.S Inmigration and Customs Enforcement (ICE), en enero 2020, indicó que Francisco Cuxum Alvarado se había refugiado en los Estados Unidos por varios años, y que fue localizado en Waltham, Massachusetts, y deportado hacia Guatemala para responder a los señalamientos de violencia sexual en contra de las mujeres maya achí.
Parte del comunicado de ICE señala: “Según documentos judiciales, desde principios de la década de 1980, las fuerzas armadas guatemaltecas, asistidas por milicias civiles conocidas como Patrullas de Defensa Civil (PAC), perpetraron una serie de masacres contra el pueblo indígena maya achí de Río Negro, en y alrededor del municipio de Rabinal, en Guatemala. Más de 400 maya achí fueron asesinados en estas masacres y cientos más fueron sacados a la fuerza de sus hogares. En 1998, Cuxum Alvarado fue nombrado sospechoso en la masacre del 13 de marzo de 1982 de 177 personas, incluidos 107 niños en Cerro Pacoxom.”
El largo camino hacia la justicia
En 2011, el grupo de mujeres maya achí rompió el silencio denunciando lo sucedido durante la guerra de más de 30 años antes.
Unos años más tarde, en 2016, Guatemala vio un veredicto innovador que condenó a dos militares a más de 100 años de prisión cada uno por la esclavitud sexual de 15 mujeres maya q’eqchi’ de la comunidad de Sepur Zarco. Éste fue el primer caso en confrontar las secuelas de la violencia sexual generalizada cometida durante el brutal conflicto armado interno de Guatemala.
En mayo de 2018, seis presuntos integrantes de las PAC fueron capturados y acusados de crímenes de lesa humanidad por violencia sexual contra 36 mujeres maya achí. Este es solo el segundo caso de alto impacto que aborda el tema de la violencia sexual y la esclavitud durante el conflicto armado.
En 2019, a pesar de las pruebas contundentes presentadas por la fiscalía, la jueza Claudette Domínguez desestimó los cargos contra tres de los acusados y dejó en libertad provisional a los tres restantes.
En un comunicado de 2019, el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), quien actuó como querellante en el caso en ese momento, aseguró que “la impunidad que [la jueza Claudette Domínguez Guerrero] otorga a militares acusados de graves violaciones a los derechos humanos durante la conflicto armado interno” confirma “su parcialidad en estos casos”.
El Centro indicó que “la jueza se escudó alegando secreto militar para evitar revisar documentos militares presentados por el Ministerio Público”. Además, expresó su solidaridad con las mujeres maya achí de quienes dijeron que “valientemente” rompieron su silencio para buscar justicia e instaron al pueblo de Guatemala, a la comunidad internacional ya las autoridades competentes a “denunciar estos actos de impunidad”.
Las víctimas interpusieron recurso de apelación argumentando que en la audiencia de apertura de juicio, el juez Domínguez, además de dictar clausuras y sobreseimientos provisionales, “omitió o no se pronunció” respecto de los hechos de violencia sexual, “desvirtuando los hechos” y “omitiendo del caso el 80% de las víctimas exigiendo justicia para sus familiares que sufrieron violencia sexual”.
Luego de varios meses de espera para que una corte de apelaciones resolviera el estado del caso de violencia sexual Maya Achí, el 9 de septiembre de 2019 se resolvió que la jueza Claudette Domínguez no podía seguir presidiendo el “Caso Mujer Achi” por interés indirecto, ordenando que el caso fuera trasladado a otro tribunal.
La resolución de 2019 fue el momento crucial que permitió que el caso de las sobrevivientes siguiera adelante. El caso fue reabierto en enero de 2020 por el juez Gálvez, quien determinó que había pruebas suficientes para detener a 5 de los imputados, fijando la fecha del juicio público para enero de 2022 y que llevó a la condena de 30 años de prisión a los cinco acusados.
En sus alegatos finales, la abogada Lucía Xiloj recordó al tribunal que “la violencia sexual es un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad”, y que tales crímenes no prescriben. Un elemento importante para el caso porque existen aún varios ex paramilitares prófugos por estos mismos señalamientos.
(Español) Chiquimula: autoridad Maya Ch’orti’ es detenida por oponerse a minera
Timoteo Váldez, es Maya Ch’orti’, originario de la comunidad Tuticopote del municipio de Olopa, en el departamento de Chiquimula a 220 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala. Timoteo Valdez es autoridad indígena espiritual, forma parte del Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Ch’orti’, quien fue detenido este 30 de enero en el centro del municipio de Olopa. Denuncian que detrás están los intereses de una de las empresas mineras que operan de manera ilegal en este territorio, afirman en un comunicado.
La Central de Organizaciones Indígenas y Campesinas Ch’orti’ y el Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Ch’orti’, denunciaron a través de una alerta la detención de Timoteo a las 10 de la mañana en el pueblo. La autoridad indígena fue identificada en el momento en el que buscaba atención médica por padecer de quebrantos de salud.
En comunicado expresaron que condenan la detención de la Autoridad Indígena y Guía Espiritual Timoteo Valdez por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), a bordo de la patrulla CHI-119, sin informarle el motivo de su detención. Denuncian que se encuentra en estado crítico de salud y que necesita atención.
“Dicha detención se da en el marco que, el día de mañana 31 de enero, 2022, el gobernador departamental de Chiquimula y responsables del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Ambiente, INAB y DIPRONA y la municipalidad de Camotán, se comprometieron a dar una respuesta sobre el cierre de la Mina Cantera el Porvenir, la cual tiene múltiples denuncias de explotación ilegal de minerales en tierras Ch’orti’ y destrucción de bosques comunales.” Afirman autoridades indígenas y campesinas del pueblo Ch’orti’.
La PNC publicó en su cuenta oficial en twitter, a las 14:18 horas una fotografía en la que trasladan a Timoteo Vásquez, Autoridad Indígena Maya Ch’orti’ al juzgado de Chiquimula, supuestamente requerido por los delitos de por los delitos de coacción, amenazas y extorsión e instigación a delinquir.
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