^{En portada: Protesta en Argentina contra la aprobación del trigo HB4. Foto: Nicolás Pousthomis / Subcoop}

El 26 de enero de 2024, un colectivo de organizaciones del Sur Global, reunidas en la alianza de soberanía alimentaria de América Latina, África y Asia, presentó un comunicado a siete relatores especiales de Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitando la intervención urgente en relación con el trigo HB4 transgénico, desarrollado por la empresa argentina Bioceres. El trigo es supuestamente tolerante a la sequía y a la agrotoxina glufosinato de amonio, un herbicida de amplio espectro reconocido como neurotóxico, genotóxico y con impactos relevantes sobre el sistema reproductivo.

En octubre de 2020, el gobierno de Argentina aprobó el trigo HB4, para la producción y consumo, sujeto a su aprobación en Brasil, el principal mercado de trigo de Argentina, lo que ocurrió en noviembre de 2021, cuando Brasil aprobó la importación de harina de trigo transgénico. En 2023 se permitió su cultivo, al igual que en Paraguay.

En 2022, se aprobó la importación de harina para consumo animal y humano en Nigeria, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, y Colombia. Indonesia, el segundo importador de trigo argentino, la aprobó en 2023.

De acuerdo con la carta enviada a la ONU por las organizaciones, en todos los países dónde se aprobó el trigo HB4, hubo una evaluación abreviada y rápida, basada solo en documentos, sin investigaciones experimentales sobre la toxicidad, por ejemplo, ni participación social.

Sostienen que se desconocen por completo las implicaciones para la seguridad de los alimentos, por ejemplo, si la alteración de la actividad de alguno de estos genes puede provocar un aumento de metabolitos tóxicos, antinutrientes o alérgenos, o una disminución de nutrientes importantes.

El organismo fiscalizador que aprobó el trigo transgénico en Argentina admitió: “Ningún país del mundo, excepto China, realiza su propio análisis. Estados Unidos, Brasil, la Unión Europea y cualquier otro país no realizan verificaciones de laboratorio”.

¿Tolerante a la sequía?

Las organizaciones cuestionan el discurso promovido por Bioceres de que el trigo transgénico HB4 es tolerante a la sequía y, por tanto, es una solución al cambio climático.

Los rasgos transgénicos con tolerancia a la sequía de la soya y maíz han sido un fracaso comercial por sus promesas incumplidas frente a las crisis climáticas, sostiene la alianza de organizaciones. Por ejemplo, en el caso del maíz transgénico “tolerante a la sequía” MON 87460 de Bayer (antes Monsanto), cuya aprobación ha sido litigada llegando al Tribunal Superior de Sudáfrica, se argumentó que no se ha podido demostrar la supuesta tolerancia a la sequía, con base en el desempeño agronómico del cultivo.

Para la alianza, el trigo HB4 es una “falsa solución” al cambio climático, además, lo exacerba, ya que transforma millones de hectáreas, especialmente en áreas marginales, en monocultivos industriales, dependientes de insumos basados en combustibles fósiles, una de las principales causas del cambio climático. “La inserción del cultivo de trigo en este modelo de monocultivos biotecnológicos para hacer frente a la sequía, es cómo jugar gasolina en la hoguera de la crisis climática, violando el derecho de las presentes y futuras generaciones a un planeta sano”.

Contaminación

El trigo HB4 aumenta el uso del glufosinato de amonio y la contaminación de los cultivos, alertan. Contradictoriamente, la misma empresa Bioceres comercializa glufosinato, y lo promueve entre los productores del trigo HB4.

El agrotóxico ha sido prohibido y cuestionado en muchos países por su elevada toxicidad y a sus efectos a la salud. En la Unión Europea (UE) está clasificado como tóxico para el sistema reproductor, y está prohibido en toda la UE.

Debido al uso continuo del mismo herbicida en los monocultivos transgénicos, han surgido malezas resistentes al dicho herbicida, lo que ha llevado a la aplicación de herbicidas cada vez más fuertes con la intención de mantener los rendimientos.

La alianza de organizaciones alerta que la introducción del cultivo de trigo transgénico profundizará la presencia corporativa en el campo y expandirá la frontera agrícola hacia zonas marginales y de producción campesina, “vulnerando el derecho a la tierra, así como al territorio y a la autodeterminación de los pueblos tradicionales a sus modos de vida; al medio ambiente sano, al derecho humano a alimentación adecuada y a la soberanía alimentaria”.

^{En portada: Personas en movilidad esperan, en vano y bajo la nieve, la respuesta de la Patrulla Fronteriza ante un llamado de socorro en la frontera sur de Arizona. Foto: No Más Muertes}

La noche del sábado (10), la organización humanitaria No Más Muertes reportó que aproximadamente 400 personas en movilidad, solicitantes de asilo quienes cruzaron el muro fronterizo en Sásabe, Arizona, al sur de los EEUU, contabilizaban más de 36 horas esperando a ser recogidas por la Patrulla Fronteriza en medio de temperaturas bajo cero.

No obstante, los elementos de seguridad nunca respondieron al llamado de emergencia. Ante la acumulación de nieve, voluntarios de No Más Muertes, Tucson Samaritans y Green Valley Samaritans comenzaron a evacuar a la gente en dirección a la estación de la Patrulla Fronteriza en Sásabe.

Debido a la acción, agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron y amenazaron con arresto a muchos de los voluntarios. Ante el cuestionamiento de las organizaciones humanitarias por su inacción, los elementos de seguridad argumentaron que no tenían previsto salir para atender el llamado de socorro de los solicitantes de asilo.

“A medida que la nieve se derretía y las condiciones de la carretera se volvían fangosas, los vehículos de los voluntarios continuaron evacuando a la gente a pesar de las amenazas de arresto, en previsión de que esta noche las condiciones fueran más peligrosamente frías”, detalla un comunicado de No Más Muertes.

Las organizaciones denunciaron que, pese a su traslado, la Patrulla Fronteriza se negó a permitir el ingreso a la estación de los migrantes para ser procesados. “En el momento de escribir estas líneas, hay más de 250 personas expuestas a los elementos fuera de la estación de Sásabe. A pesar de que la situación persiste desde hace más de tres meses, la Patrulla Fronteriza no ha asignado recursos suficientes para hacer frente a esta crisis”, reclamó la organización humanitaria.

Frente a la emergencia, No Más Muertes exige una respuesta de las autoridades para establecer refugios adecuados, centros de calentamiento y otras necesidades básicas para quienes buscan seguridad y asilo en el sur de Arizona. “No se puede dejar a la gente a la intemperie en unas condiciones que ponen en peligro su vida”, sostuvo la organización.

Abandonados para morir

Desde su fundación en el año 2004, No más Muertes ha dado seguimiento al enfoque letal de vigilancia de la frontera entre EEUU y México. Según Naciones Unidas, ésta constituye la ruta migratoria terrestre más mortífera del mundo. Es también, de acuerdo a la organización humanitaria, el lugar donde la Patrulla Fronteriza ha diseñado un sistema ineficaz de respuesta de emergencia, la cual “permite a una agencia abusiva responder unilateralmente a las llamadas de emergencia de las mismas personas que sus políticas están diseñadas para poner en peligro”.

Desde la presidencia de Bill Clinton, durante la última década del siglo XX, la política migratoria implementada por el gobierno federal norteamericano se rige por la denominada “prevención a través de la disuasión”, la cual consiste en militarizar y vigilar las rutas migratorias con mayor tráfico para obligar a los migrantes a cruzar por terrenos más hostiles, colocándolos en grave peligro de muerte.

Según un reportaje publicado en medios norteamericanos, difundido en diciembre del 2022, un informe federal del año 1997 señalaba que las “muertes de extranjeros” podía ser un indicador de que la estrategia, considerada dentro del plan de 1994 creado por la Patrulla Fronteriza, estaba funcionando.

Acorde a los registro de la Patrulla Fronteriza, entre los años 1998 y 2020, 8,000 migrantes murieron tratando de cruzar la frontera entre México y EEUU. Mientras tanto, entre 1990 y 2021, el financiamiento de la agencia de seguridad se multiplicó por más de diez.

A través del informe Desaparecido, cómo las agencias de control fronterizo de EEUU están alimentando una crisis de personas desaparecidas, defensores sugieren que, si se tiene en cuenta el alto índice de desapariciones, el número real de muertos en la frontera puede ser de tres a diez veces superior al de los que han sido recuperados.

En este contexto, para No Más Muertes, lejos de constituir una tragedia accidental, “la práctica de la Patrulla Fronteriza de abandonar a personas para que mueran en territorio estadounidense se encuentra en el corazón de la estrategia contemporánea de control fronterizo”.

La organización humanitaria detalla que, a diario, los agentes de la Patrulla Fronteriza emplean tácticas mortíferas para perseguir y dispersar a las personas en terrenos peligrosos y remotos; además, retiran y destruyen sistemáticamente los suministros humanitarios esenciales que quedan a lo largo de los corredores migratorios más mortíferos de la frontera.

Para No Más Muertes la negligencia sistemática de la Patrulla Fronteriza hacia los informes de emergencia de personas indocumentadas en peligro, “constituye un crimen de Estado de proporciones históricas”.

“Sólo la abolición de las políticas y prácticas de la Patrulla Fronteriza que provocan que las personas se pierdan, desaparezcan y resulten heridas en terrenos salvajes pondrá fin a las muertes en la frontera sur”, concluye la organización humanitaria.

^{En portada: El Comité Municipal de Tocoa bloquea la autopista que da acceso a la concesión minera ASP para exigir al gobierno hondureño que no renueve la autorización para la extracción de hierro. Foto: Guapinol resiste}

En Tocoa, norte de Honduras, habitantes de la región integrantes del Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes y Públicos (CMDBCPT) de dicho municipio, se movilizan para rechazar un proyecto energético asociado a una concesión minera que, desde el año 2013, extrae hierro del interior de un área protegida.

Fue el pasado 9 de diciembre del 2023, cuando las autoridades municipales convocaron a un Cabildo Abierto para consultar a la población sobre la instalación de un proyecto para generación de energía, el cual está vinculado a la minería en el Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras”.

Mediante Asamblea Popular, y con representación de autoridades locales, miles de personas se pronunciaron por un rotundo “NO” al proyecto de energía termoeléctrica perteneciente a la empresa Ecoteck/Emco. Con esta decisión, la población de Tocoa ratificó la declaración, del 29 de noviembre del 2019, como municipio libre de minería.

El referido proyecto energético pretende operar una planta termoeléctrica alimentada con coque de petróleo, material que contiene alto contenido de azufre y metales pesados, lo que ha consternado a la población ante el posible incremento de contaminación que, sumado a la extracción minera, coloca en riesgo las cuencas de los ríos Guapinol y San Pedro.

La termoeléctrica de Ecoteck es uno de los siete componentes asociados al megaproyecto minero para la extracción de óxido de hierro, promovidos por el consorcio Emco Holdings, propiedad de Ana Facussé y Lenir Perez. El objetivo de la central es suministrar energía para la operación de una planta de peletización de hierro del mismo consorcio.

Autoridades promocionan minería

Las comunidades de Guapinol y San Pedro, ubicadas en el departamento de Colón, integran el CMDBCPT, desde donde han denunciado ilegalidades, violaciones a derechos humanos y contaminación ambiental relacionada al megaproyecto minero de Ecoteck/Emco.

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Tras la Asamblea Popular realizada en diciembre pasado, el CMDBCPT presentó, ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras, el acta notarial que constata el rechazo al proyecto de coque para la extracción minera.

No obstante, el pasado 22 de enero, la alcaldía de Tocoa, encabezada por Adán Fúnez emitió una nueva convocatoria para la “socialización y aprobación” del proyecto energético.

Una semana después, el 29 de enero, ocho organizaciones jurídicas y de derechos humanos, tanto hondureñas como internacionales que han dado seguimiento al conflicto socioambiental, presentaron un Amicus Curiae ante el juzgado de letras seccional de Tocoa.

Mediante el recurso, instaron a las autoridades judiciales a fallar a favor de la concesión de un amparo colectivo interpuesto por la comunidad de Tocoa para defender la decisión de las comunidades a un medio ambiente sano, al acceso a la información, y a la participación política.

“Los hechos revelan que las decisiones clave relacionadas con el proyecto Termoeléctrico de ECOTEK se han tomado sin una consulta efectiva y representativa con las comunidades afectadas. A pesar de la clara oposición expresada por los habitantes de Tocoa, Colón, en múltiples asambleas y cabildos abiertos, donde se manifestó un rechazo unánime a los proyectos de ECOTEK y las operaciones mineras asociadas, estas expresiones de voluntad popular han sido aparentemente ignoradas”, puntualiza el Amicus Curiae.

Un día después, el juzgado otorgó resolución favorable al recurso legal, lo que obligó al alcalde de Tocoa a suspender el Cabildo Abierto programado para el último día de enero.

Inversiones

En enero de 2014 se otorgó la concesión minera ASP, que abarca un área de 100 hectáreas dentro del Parque Nacional “Carlos Escaleras”, a la empresa Emco Mining, actualmente denominada Inversiones Los Pinares.

Casi una década después, en octubre del 2023, las comunidades de Colón se informaron sobre la pretensión de la empresa minera para renovar el contrato de concesión, que expiró el pasado 28 de enero del 2024, por hasta 30 años más.

Ante ello, el CMDBCPT se ha movilizado para exigir al gobierno nacional, encabezado por Xiomara Castro, para que rechaze la solicitud de renovación al contrato minero firmado entre Lenir Pérez de Inversiones Los Pinares y el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN).

Acorde a las Brigadas Internacionales por la Paz (PBI, por sus siglas en inglés), diferentes medios hondureños e internacionales han demostrado que la empresa siderúrgica Nucor, con sede en los Estados Unidos, estaba asociada con Inversiones Los Pinares.

Según lo publicado, la relación comercial entre Nucor y Pérez comenzó en marzo de 2015 y la empresa norteamericana abandonó el proyecto en octubre del año 2019, debido a la movilización social en contra de la actividad extractiva.

“Esto sugeriría que Nucor estuvo involucrado en la concesión minera el 27 de octubre de 2018, cuando más de 1,500 oficiales de policía y personal militar comenzaron la expulsión forzosa de un campo de protesta opuesto a la mina de Los Pinares”, relata la organización de derechos humanos.

Entre otras agresiones se encuentra el arresto y detención de 13 defensores del territorio. Siete de ellos fueron acusados de cargos relacionados con sus acciones para defender los ríos Guapinol y San Pedro.

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“Los inversores recientes en Nucor incluyen la Caisse de depot et placement du Quebec (73 millones de dólares), el Royal Bank of Canada (61 millones de dólares), el Bank Of Montreal (40 millones de dólares) y la Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá (36 millones de dólares)”, contextualiza PBI.

Afectaciones

Según testimonios de los pobladores, la extracción minera durante una década ha tenido un efecto devastador para el Parque “Carlos Escaleras” y las comunidades circundantes. Además, señalan que han sido vícitimas de la corrupción estatal y la violencia ejercida por la minera.

A través del sitio web Guapinol resiste, el pasado 31 de enero exigieron que el Ministerio Público proteja el medio ambiente y emita requerimientos fiscales contra los representantes de la empresa por delitos ambientales, así como contra “funcionarios públicos locales y nacionales  que conforman la red de corrupción para beneficiar a Pinares/Ecotek”.

Así mismo demandaron el respeto a la vida de los defensores del territorio y campesinos en la región de valle del Bajo Aguán. Un día antes se reportó el secuestro del campesino José Abel López, integrante de la cooperativa Remolino, organización que suma su labor a distintas agrupaciones de la Plataforma Agraria del Aguán para reivindicar la recuperación de tierras despojadas por empresarios de la palma aceitera.

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También denunciaron la intensificación de campañas de odio contra la defensora de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), Esly Banegas, así como contra integrantes del CMDBCPT.

“Responsabilizamos al gobierno de Xiomara Castro por cualquier daño a la integridad física de las defensoras y defensores en lucha por la defensa de los bienes comunes en este valle del Aguán”, aseveran en comunicado.

Semanas antes, más de 100 organizaciones de Honduras y de todo el mundo se sumaron a la exigencia al gobierno de Castro para que respete la decisión del pueblo de Tocoa que rechaza la actividad minera en sus territorios.

Además, demandaron una investigación independiente para enjuiciar y sancionar a los responsables materiales e intelecutales de los asesinatos de Jairo Bonilla, Aly Domínguez y Oqueli Domínguez, acontecidos durante el año pasado. “La reparación de los daños, tanto a las personas víctimas de la persecución de la empresa Emco y el Estado de Honduras, como también a la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras”, reclaman.

La Ley Forestal y de Fauna Silvestre fue modificada por el Congreso, a finales de 2023, con el objetivo de formalizar la deforestación en la Amazonía peruana, pero la decisión se reconsideró y tenía que volver a discutirse en los próximos meses.

Sin embargo, el miércoles 10 de enero, en un procedimiento irregular, el titular del Parlamento, Alejandro Soto, ordenó la promulgación de la reforma que resta al Ministerio del Ambiente competencias en materia forestal y da carta libre para acelerar la tala masiva.

El Perú ocupa el tercer lugar, entre ocho naciones, en destrucción de bosques primarios amazónicos, detrás de Brasil y Bolivia. Según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), en el país se deforestaron 144 mil 682 hectáreas en el año 2022.

Los cambios en la norma, en un principio aprobados el 14 de diciembre, suspenden la zonificación forestal, lo que favorece a las empresas extractivistas, principalmente de monocultivo de palma aceitera. El Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri) registra que entre 2015 y 2021 el área cosechada de esta especie en la Amazonía del Perú aumentó en 120%: de 43.140 hectáreas a 94.902.

El trasfondo es eximir a los privados de cumplir las disposiciones para la Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (CTCUM), así podrán hacerse formalmente de la propiedad de áreas comunitarias y públicas que fueron deforestadas.

Ahora el Midagri se encargará de aprobar los procesos de zonificación forestal, propuestos por un organismo técnico en base a expedientes elaborados por gobiernos regionales, mientras que el Ministerio del Ambiente (Minam) solo emitirá una opinión previa. Bastará con títulos de propiedad o constancias de posesión, que pueden ser emitidos por gobiernos regionales, para exonerarse de la clasificación de tierras forestales.

Asimismo, los bosques de producción permanente serán establecidos por el Midagri, ya no por el Minam.

Otro procedimiento eliminado es la autorización de cambio de uso de suelo en áreas privadas. De esta forma, en los predios agrícolas y ganaderos aledaños a áreas boscosas se normalizará la tala o quema de vegetación para el cambio de uso.

Expediente borrado

Las propuestas legislativas fueron presentadas por parlamentarios de ultraderecha y de izquierda (Perú Libre, que llevó a la presidencia a Pedro Castillo), respaldados por gremios empresariales que presionaron por la aprobación sin tomar en cuenta las observaciones al proyecto de dos parlamentarias, lo que demandaba la necesidad de nuevas discusiones antes de su aprobación.

Contra el reglamento del Congreso, el presidente de esta institución borró del expediente digital los pedidos de consideración presentados por las parlamentarias. A pesar de la irregularidad, la reforma fue enviada al Ejecutivo que, formalmente, está obligado a promulgarla.

En contrapartida, fueron presentadas demandas de inconstitucionalidad y, en el Congreso, parlamentarios presentaron un proyecto para derogar la reforma.

Mercado global y crimen organizado

Detrás de la nueva legislación, planteada desde 2022, está el interés de superar una regulación de la Unión Europea (UE) que prohíbe la exportación de café y cacao cultivados en tierras que hayan sido deforestadas después del año 2020.

En una carta enviada a la delegación de la UE en el Perú, decenas de organizaciones ambientalistas advierten que con la nueva normativa se multiplicarán el tráfico de terrenos y la minería ilegal. Hasta la publicación de esta nota, los representantes de la comunidad europea no respondieron.

El mayor peligro es que la deforestación favorece y encubre, sobre todo, al narcotráfico, responsable de gran parte de los asesinatos de líderes indígenas peruanos.

En la última década, 32 guardianes de los bosques fueron victimados por proteger sus territorios ancestrales de invasores y el tráfico de drogas.            De acuerdo a Global Witness, el Perú se encuentra entre los 10 países más peligrosos para activistas por el medio ambiente y los derechos humanos.

Bosques en emergencia

En respuesta, organizaciones indígenas declararon en emergencia los bosques comunales. “Se promueve la deforestación y facilita el otorgamiento de derechos sobre nuestros bosques a favor de terceros. Más grave aún, esta modificatoria promoverá el despojo de nuestros territorios integrales ancestrales e incrementará las amenazas a la vida de los defensores indígenas ambientales, así como la vida e integridad biológica, cultural, ambiental y espiritual”, señala en un comunicado la Plataforma de Pueblos Indígenas para enfrentar el Cambio Climático (PPICC).

Por su parte, el Instituto Kené de Estudios Forestales y Ambientales presentó una demanda de amparo ante un juzgado constitucional, alegando que la norma contradice la Constitución, que establece que la protección del medio ambiente incluye territorios que no pueden convertirse a uso agrícola. La superficie deforestada en el Perú por uso agrícola suma once millones de hectáreas, abarcando áreas naturales protegidas y reservas comunales indígenas, según los registros del Midagri.

Asedio desde distintos frentes

En las regiones del Perú que comparten la Amazonía se fortalecen las alianzas entre autoridades y organizaciones privadas que promueven la explotación de los bosques. Este sector niega la existencia de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), con la intención de obtener licencias de operaciones en reservas y áreas de amortiguamiento donde se encuentran las etnias, es un discurso de este sector. En 2023, el partido fujimorista intentó modificar la ley que protege a estas comunidades, y ante un primer rechazo, insistirán en ese sentido. Desde distintos frentes, las comunidades y tierras amazónicas son asediadas. “Ley antiforestal”, le llaman las organizaciones indígenas, nombrando su propósito de concretar los despojos legalmente.