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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Protesta antiminera en El Salvador. Organizaciones rechazan la criminalización de líderes comunitarios por su destacada lucha contra la industria extractiva en el norte del país centroamericano.}

Los últimos días de marzo marcaron el sexto aniversario de la prohibición de la minería metálica en El Salvador. Pese a la celebración, organizaciones sociales y ambientales exigen mantener la proscripción de la industria extractiva ante acciones del gobierno de Nayib Bukele que muestran señales para su reactivación.

La Mesa Frente a la Minería Metálica es una de las organizaciones que denunciaron que la actual administración pretende reactivar la minería de oro y plata, lo cual pone en riesgo al río Lempa, el principal afluente del país, en cuya cuenca se ubican los principales proyectos mineros.

Mediante pronunciamiento, la Mesa exigió al presidente y a la Asamblea Legislativa a “descartar cualquier intención de reforma, derogación o implementación de leyes paralelas que la contradigan”, en referencia a la reglamentación que convirtió a El Salvador, en 2017, en el primer país del mundo en prohibir la extracción minera en su territorio. En aquel momento, la nación centroamericana argumentó que la minería es inviable debido a condiciones como su estrechez territorial, alta densidad poblacional y grave crisis hídrica.

En conferencia de prensa, los ambientalistas señalaron que se encuentran en alerta debido a las amenazas de reactivación de la minería, debido a que el actual gobierno está recibiendo presiones de las empresas internacionales para darle apertura nuevamente a dicha industria, pese a que “las condiciones ambientales que hacían inviable la minería, ahora son aún más graves que cuando se aprobó la ley”.

Golpe a organización antiminera

Más de 50 organizaciones se adhirieron a la exigencia de mantener la prohibición de la industria extractiva. Una de las firmantes es la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), cuyo director ejecutivo, Antonio Pacheco, se encuentra detenido desde enero de este año, junto a otros cuatro activistas antimineros, tras alertar sobre el posible retorno de la minería al país centroamericano.

Por ello, las organizaciones demandaron “el cese de la persecución contra líderes comunitarios y que el aparato judicial no sea utilizado para criminalizar a defensores ambientales, sobre todo cuando a ellos el país les debe el estar a salvo de los graves daños de la minería metálica”.

Los activistas detenidos forman parte de la comunidad de Santa Marta en el departamento de Cabañas, cuya región, al norte del país, se encuentra en la mira de empresas mineras para extraer oro y plata.

Fue en el periodo de 2000 al año 2017, cuando empresas canadienses y australianas mantuvieron acciones para implementar la minería, en oposición a las comunidades de la región.

Con la detención de los líderes comunitarios, a principios del 2023, las comunidades acusan irregularidades en el proceso judicial. Señalan que fueron acusados, sin pruebas, de un crimen supuestamente cometido en el marco del conflicto armado hace 30 años, ignorando procesos jurídicos establecidos y violando la Ley de Reconciliación Nacional. Resalta que los detenidos tienen una larga historia de lucha antiminera en Cabañas, por lo que las organizaciones denuncian que la motivación real del gobierno es debilitar la resistencia minera en la zona.

Amenaza latente

De acuerdo a los ambientalistas, existen más de 50 proyectos mineros que amenazan con contaminar el río Lempa, el cual abastece de agua a más de 3 millones de salvadoreños.

Debido a esta cantidad de proyectos y las iniciativas del presidente Bukele, quien promueve la inversión en infraestructura como el Tren y el Aeropuerto del Pacífico, así como la ciudad Bitcoin, las organizaciones señalan diversas acciones gubernamentales que indican el regreso de la minería.

Por ejemplo, indican que, en mayo de 2021, El Salvador se hizo miembro del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible, una red de 77 países que promueve la minería metálica en el mundo.

Para octubre del mismo año, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva ley, creando la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas con el mandato de fomentar la minería en el país. Además, el presupuesto del país para este año incluye $4.5 millones de dólares para “revisar y actualizar” la ley que prohíbe la minería metálica.

Pendientes

En conferencia de prensa, miembros de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica pidieron al Estado retomar el estudio de un proyecto de ley para sustituir al actual reglamento para garantizar la prohibición de la minería metálica en el país centroamericano.

Ariela González, integrante de la Mesa, sostuvo que, a seis años de la creación de la Ley de Prohibición Contra la Minería Metálica, muy poco se ha avanzado en reducir los daños al ecosistema que dejaron las empresas mineras. Por ello, la ambientalista pidió al Estado salvadoreño cumplir con obligaciones pendientes, como ejecutar los cierres técnicos de minas en abandono y procesos de remediación ambiental además de que se prohíba la minería artesanal.

“Que se tome en cuenta la propuesta para un nuevo reglamento de la Ley de Prohibición Contra la Minería Metálica propuesta en noviembre de 2022 por la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica de El Salvador para evitar la contaminación del agua y que esta siga ocurriendo, así como contrarrestar la posibilidad de que surjan más drenajes ácidos en minas”, dijo González.

Los ambientalistas también pidieron a los diputados de la Asamblea Legislativa aprobar una reforma a la Constitución de la República para prohibir la minería metálica en todas sus modalidades y que se implemente la Ley General de Recursos Hídricos para suscribir convenios internacionales para detener la contaminación del río Lempa.

El pasado 4 de marzo, más de 400 líderes de comunidades de Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas, La Libertad, La Paz y otros departamentos convergieron en el Encuentro Nacional frente las Nuevas Amenazas de la Minería Metálica en El Salvador para protestar contra la represión en Cabañas y para seguir posicionándose en contra de la minería metálica en todo el país.

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INTERNACIONALES

• FRANCIA: Llamamiento internacional – Somos el agua que se defiende! Más de 300 organizaciones de todo el mundo invitan a reforzar las alianzas internacionales en defensa del agua y apoyar la lucha contra los mega estanques en Francia. Fuente: Les soulevementsdelaterre
• SALVADOR: El Aeropuerto del Pacífico responde a una lógica regional de conectar el Tren Maya en México, Tren Bicentenario en Guatemala y Tren del Pacífico en El Salvador para la extracción de recursos. Fuente: Avispa Midia
• WALLMAPU CHILE: Declaración conjunta de organizaciones Mapuche del weichan frente a la Ley Nain-Retamal / LNM – RMM – WAM – RML. Fuente La Zarzamora
• PELLMAPU ARGENTINA: En Mendoza, repudio de la comunidad científica a resolución parlamentaria que no reconoce al pueblo mapuche. Fuente La izquierda diario.

DESDE EL OMBLIGO DEL MOUSTRO

• OAXACA: Asesinato de Felix Vicente Aquino defensor del territorio opositor al Corredor Interoceanico Autoridad local y militante de Sol Rojo en «El morro» Ixhuatan. Fuente: Tierra y Territorio.
• CDMX OAXACA: PRESXS POLITICOS: Organizaciones y colectivos se manifestaron en el reclusorio oriente, contral el montaje y por la libertad del Yorch, Jorge Esquivel. Audio del Yorch desde prisión. Fuente: Noticias de Abajo.
• EDI DE MEX y CDMX DESAPARECIDAS: Nos falta Inof, rapera mexicana desaparece en el Estado de México, organizaciones exigen su aparición con vida. Fuentes: Redes
• MICHOACÁN: Comunidades indígenas toman carreteras en defensa de autonomías. Con el objetivo de visibilizar y defender los procesos de autonomía que viven en sus comunidades, reconociendo a Zapata como precursor de las autonomías indígenas contemporáneas. Fuente: CNI
• CDMX: #MagdalenaContreras: Manifestación de los vecinos Contrerenses en contra de los mega proyectos de muerte que propicia el gobierno de la ciudad de Claudia Sheinbaum.
• PUEBLA: Despues de 8 años de batalla legal, la comunidad nahua y el ejido de Tecoltemi en la Sierra Norte de Puebla logra la cancelación definitiva de concesiones mineras en el municipio de Ixtacamaxtitlán Fuente: Consejo Tiyattlali.

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Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Un campesino nos guía hacia la región de manglares en el pacífico centroamericano donde se realizan las obras para erigir un aeropuerto. Foto: Juliana Bittencourt}

Don Elmer, campesino de 63 años, se siente feliz. “Yo me alegro cuando llegan a cantarme”, comparte el agricultor sobre el trinar de los pájaros al interior del bosque, en la zona de influencia del manglar de El Tamarindo, un Área Natural Protegida (ANP) en la costa pacífico de El Salvador.

“Si hacen el aeropuerto, todas estas aves, ¿para dónde van a agarrar?”, lamenta Don Elmer, quien hace parte de las 57 familias en la comunidad de Flor de Mangle, municipio de Conchagua, que están siendo desplazadas para la implementación del megaproyecto del Aeropuerto Internacional del Pacífico.

Según denuncias de las y los habitantes consultados por el equipo de este reportaje, desde el 8 de febrero del 2023, personal que se presentó como parte de la empresa guatemalteca Rodio Swissboring, contratada por parte de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), inició labores en las comunidades de Condadillo y Flor de Mangle, con el argumento de realizar un estudio de suelo en la zona y avanzar en la construcción la nueva terminal aérea.

Los testimonios refieren que los trabajadores ingresaron con maquinaria y equipo en las parcelas agrícolas y de vivienda, “sin la autorización por parte de los propietarios u orden judicial para ello”, enfatizan mediante denuncia pública. Las y los pobladores señalan que efectivos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil se movilizan para brindar seguridad a la maquinaria pesada de la empresa.

Los trabajadores perforaron y excavaron los suelos, formando zanjas con dimensiones de hasta 40 metros de ancho, 60 metros de largo y con una profundidad mayor a nueve metros. “En el caso de una de las parcelas la zanja llega a abarcar casi la totalidad del área, esta misma parcela se encuentra a menos de un kilómetro del manglar del estero El Tamarindo”, refiere la denuncia.

Los campesinos señalan que, al finalizar las labores en las parcelas invadidas, los trabajadores se retiraron, dejando inutilizable el área para la agricultura y creando condiciones de riesgo, tanto para personas como para el pastoreo de ganado de las familias campesinas.

En marzo, el medio salvadoreño MalaYerba evidenció el inicio de las obras del nuevo aeropuerto, pese a que aún no se contaba con el permiso ambiental requerido por la normatividad vigente. En reportaje, destacan la conducta del director de la CEPA quien, el 8 de febrero y mediante televisión nacional, mintió al asegurar que ya se contaban con los permisos, aún cuando el medio constató que la resolución de licencia solo fue disponibilizada por las autoridades ambientales hasta el 22 de marzo.

“No solo Flor de Mangle va a ser afectada. Aquí tenemos a Condadillo, tenemos al Llano Los Patos, se va una parte de El Carrizal y también de El Embarcadero”, sentencia Don Elmer con amargura mientras enlista las poblaciones amenazadas, no solo por la infraestructura aeroportuaria, sino por lo que desencadenará el desarrollo de esta zona económica especial que contempla complejos turísticos, industriales y comerciales.

Polo de desarrollo

El equipo de este reportaje recorrió el territorio de Condadillo, municipio de La Unión, en el departamento del mismo nombre, región en la mira del gobierno salvadoreño para transformar al oriente del país en un “polo de desarrollo”.

Para consolidarlo, además de la nueva terminal aérea, existen otros planes en andamiento: sobresalen la denominada Ciudad Bitcoin, el Tren del Pacífico y la modernización de puertos en la franja costera pacífico, desde Acajutla hasta La Unión; megaproyectos de infraestructura que hacen parte del Plan Cuscatlán, propuesta de gobierno presentada por Nayib Bukele durante las elecciones presidenciales de 2019, pero que se remontan a gobiernos anteriores.

“Es una Zona Económica Especial (ZEE), es la privatización de los territorios. El gobierno anterior ya había lanzado el proyecto de ley, el 19 de julio del año 2018, para su establecimiento”, señala el profesor en agroecología, José Ángel Flores, integrante de la Asociación Intercomunal de Intipucá, perteneciente a la Red de Comunidades Vida Digna, estructura que articula a comunidades del oriente de El Salvador amenazadas por megaproyectos,

En aquel momento, se difundió un acuerdo entre el gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) con China, el cual pretendía intervenir 2,800 kilómetros cuadrados para el desarrollo de la ZEE, entre el puerto La Libertad, en el cauce del río Lempa, hasta el puerto de La Unión, en el geoestratégico Golfo de Fonseca.

Previamente, desde 2014, el gobierno progresista del FMLN contemplaba la construcción del Aeropuerto Internacional El Jagüey, proyecto renombrado y puesto en marcha actualmente por Bukele en los mismos territorios del pacífico centroamericano.

Sin defensa

Mientras transitamos por el bosque, nos percatamos de un patrón de señalización; pintura naranja cubre los troncos de los árboles. Santos Cruz, campesino de la región, comenta que son las huellas de un censo peculiar en el cual, durante días, trabajadores de CEPA y del Ministerio de Obra Pública midieron y evaluaron el sitio para la construcción del aeropuerto.

Desde los primeros meses de 2022, habitantes de Condadillo percibieron una mayor actividad de parte de trabajadores del Estado, quienes además de tomar medidas de los terrenos, fotografiaban las viviendas y parcelas de las y los campesinos. A ellos se fue sumando la presencia de contingentes militares y policías, que se normalizaron a partir del mes de marzo, cuando se declaró el régimen de excepción en todo el país, justificado por el alza de homicidios y el incremento de la violencia adjudicada a las pandillas.

La situación de las y los habitantes se agrava dado que diversas comunidades no poseen escrituras. Tampoco cuentan con la regularización en la tenencia de la tierra. Flores destaca que ello “genera que puedan ser despojadas en cualquier momento”, resalta el profesor, quien nos acompaña en el recorrido por las comunidades afectadas, mientras subraya que se ha violentado el derecho a contar con información oportuna y la falta de consulta a las poblaciones.

Leyes a modo

Mientras visitamos el bosque de manglar en la zona de influencia del proyecto del aeropuerto, Flores contextualiza sobre el proceder del poder legislativo e instituciones medioambientales, y enfatiza su subordinación al presidente Bukele, lo cual le ha facilitado la imposición de sus megaproyectos.

Para ejemplificarlo menciona la aprobación, el 24 de noviembre del 2021, de la Ley de Dominio Eminente de Inmuebles para Obras Municipales e Institucionales. En dicha normativa se establece el mecanismo para la expropiación de propiedades por “causa de utilidad pública o de interés social”, ley aprobada solo tres días después del anuncio, por parte del propio Bukele, de la construcción del megaemprendimiento que abarca la llamada Ciudad Bitcoin.

Acorde al profesor, la ley omite la etapa de conciliación, es decir, no existe un espacio de diálogo, “mientras arranca el proceso, el Estado salvadoreño puede ir construyendo e instalando los megaproyectos hasta que salga una resolución. La población queda despojada y no tiene ningún tipo de entidad estatal a la cual puede acudir”, sostiene Flores.

Él afirma que las leyes aprobadas tienen como objetivo la facilitación para establecer megaproyectos de inversión. De esta manera, la Asamblea Legislativa también aprobó la Ley para la construcción, administración, operación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico y la Ley de régimen especial para la simplificación de trámites y actos administrativos relativos al Tren del Pacífico. Ambas normativas han recibido críticas debido a que permiten que tanto el tren como el aeropuerto no se rijan por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, quedando totalmente fuera de controles de transparencia.

Por su parte, don Elmer expresa preocupación ante la incertidumbre sobre sus terrenos en Flor de Mangle. Reclama sobre las constantes visitas de funcionarios, quienes presionan a los campesinos en el marco de un proceso de expropiación. Tanto habitantes de esta comunidad, como de Condadillo, han denunciado públicamente presiones de CEPA para vender sus terrenos a precios que ellos consideran injustos, lo que ha llevado a rechazar la firma del avalúo; aunque el campesino asevera que algunas familias han terminado cediendo por miedo.

Ante el aumento en las amenazas, en octubre del 2022, los campesinos rechazaron públicamente las negociaciones con la CEPA. Representantes de las dos comunidades señalaron que la institución valoró sus terrenos por un monto de 8,000 dólares por manzana (0.70 hectáreas), cuando ellos consideran que el valor real es mayor.

Santos Cruz, agricultor con terrenos en la zona, acusó que funcionarios de CEPA les han visitado para dar un ultimátum a los propietarios. “Si usted no firma, es posible que se quede sin nada”, refirió el campesino sobre el trato de los trabajadores del Estado. “Nosotros los agricultores, la gente pobre del país, estamos sufriendo cuántas cosas por megaproyectos que trae el gobierno. ¿Por qué no lleva ese aeropuerto a otro lado? El país no necesita dos aeropuertos”, reclamó el campesino al sostener que con la implementación del proyecto decenas de familias quedarían sin fuentes de trabajo.

Aeropuerto “verde”

Según el Plan Cuscatlán, eje rector del gobierno de Bukele, la construcción del Aeropuerto del Pacífico representa la consolidación de la primera terminal aérea “verde” de Centroamérica. Para ello, asegura que su implementación se basará en los estándares de certificación Liderazgo en Energía y Diseño Medioambiental (LEED, por sus siglas en inglés) del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos, “protegiendo el área de influencia y estableciendo nuevas legislaciones para el desarrollo ecoturístico en la región”.

El Aeropuerto Internacional del Pacífico, con una inversión aproximada de 300 millones de dólares, pretende abarcar una superficie de casi 20 mil metros cuadrados. Pese a que CEPA aún no define si será administrado por el Estado o por un ente público-privado, los estudios de factibilidad corrieron a cargo de UDP CONSORCIO PEYCO–ALBEN 4000, propiedad de Grupo SEG, de capital español.

Acorde a las proyecciones de CEPA, el aeropuerto traerá “polos de desarrollo (económicos)” para la zona oriental y generará empleos para los habitantes. Federico Anliker, presidente de la Comisión, asegura que la nueva terminal aérea se convertirá en una “aerotrópolis”, una ciudad de industrias, hostelería, centros resort y maquilas tecnológicas.

Contrario a las promesas de desarrollo sustentable, el estudio de impacto ambiental remarca que la construcción de la terminal aérea representa una amenaza para más de 44 especies de aves que habitan en el manglar El Tamarindo.

“El impacto incluye la destrucción de sitios de anidación, obstaculización del flujo de aves migratorias y la muerte de especies y ejemplares de aves que están en peligro o amenaza de extinción, como la Lora de Nuca Amarilla, Catalnica, Chocoyo y Siete Colores”, refiere sobre el peligro que se cierne contra la fauna, donde otras especies, como mamíferos y reptiles que habitan el manglar y su zona de influencia, también serán afectadas.

De acuerdo a datos del MARN, El Salvador cuenta con 13 ecosistemas de manglar a lo largo de la costa pacífico, cuya superficie se ha reducido en un 60% durante las últimas seis décadas. La construcción del Aeropuerto del Pacífico representaría un avance en la disminución de los manglares de la región, afectando a las poblaciones que viven de la pesca y extracción de otras especies marinas para su subsistencia.

A pesar de las afectaciones, el medio de investigación GatoEncerrado develó, mediante reportaje difundido a finales del 2022, que el titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando López Larreynaga, promovió directrices menos restrictivas para facilitar la construcción del Aeropuerto del Pacifico, a pesar de que, desde septiembre de 2021, técnicos de la institución calificaron el proyecto como “inviable ambientalmente” por afectar una ANP y alterar los manglares de la zona de La Unión.

Según justificó el ministro Larreynaga, la implementación de nuevas directrices obedeció a que al menos 53 proyectos de inversión no habían sido ejecutados en los siete municipios de la franja costera debido a que las reglamentaciones ambientales obstaculizaban las obras. Por ello, la institución flexibilizó las normativas con el objetivo de habilitar los territorios de la costa, catalogados anteriormente como de “máxima protección”, para albergar la construcción de megaemprendimientos de infraestructura.

Integración para el despojo

Pese a la narrativa difundida por el presidente Bukele, para el profesor Flores, las noticias de estos megaproyectos no tienen absolutamente nada de novedosos.

“Es algo que viene desde la época de la Alianza para el Progreso”, refiere sobre la larga historia de integración, impulsada por EEUU, con la región Centroamericana desde la segunda mitad del siglo pasado mediante acuerdos que fueron promovidos por ese país “para garantizar la política económica de Norteamérica”.

El agroecólogo enfatiza el componente logístico mediante el cual está justificada la existencia del Aeropuerto del Pacífico, así como el tren y otros megaproyectos que buscan consolidar infraestructura clave, mediante el uso de recursos públicos, para el funcionamiento e interés de los grandes capitales trasnacionales.

“Se amarra a toda una lógica más regional. En este caso viene desde el Tren Maya en México, luego su extensión en Guatemala (en referencia al proyecto del Tren Bicentenario que conectará la frontera con Chiapas, México hacia Puerto Barrios, en la costa atlántica) y luego continúa con el Tren del Pacífico en El Salvador (…) toda esta lógica es la extracción de los recursos naturales de los pocos ecosistemas naturales que quedan en Latinoamérica para la transformación de mercancías”.

Flores remarca la injerencia histórica de los EEUU en El Salvador, quien ha implementado diversas estrategias para la profundización del neoliberalismo. Desde la creación de la zona de libre comercio concretada con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, así como los mas recientes programas de cooperación como FOMILENIO II, el cual concretó infraestructura carretera vital para el posterior desarrollo del litoral pacífico.

“Han funcionado para configurar al país como un pequeño corredor logístico donde el objetivo sea el ensamblaje, el almacenamiento, la distribución y la comercialización de mercancías, a un costo sumamente barato, sin la prudencia de evitar la depredación del medio ambiente”, sostiene el profesor.

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PRONUNCIMIENTO

Los Grupos de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y de Protección a Personas Defensoras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se unen a las condolencias por el asesinato del lider indígena Santiago Contoricón , quien en vida fue un acérrimo defensor de su territorio y ambiente, tomando una posición activa a través de su paso como dirigente del Comité de Defensa del Río Tambo, alcalde de Río Tambo y años más tarde, consejero regional por la provincia de Satipo.

Al respecto, advertimos que pese a las alertas realizadas por la sociedad civil hacia diversas entidades del Estado (Interior, Justicia y Cultura) sobre el crecimiento de actividades ilegales en Puerto Ocopa, estas escalaron a un nivel incontrolable estructuralmente, posibilitando el atentado contra integridad física y vida del dirigente asháninka. Además, actualmente sigue existiendo una latente vulnerabilidad de líderes y lideresas indígenas, los cuales, luchan por salvaguardar sus territorios ancestrales ante el narcotráfico, terrorismo, presiones territoriales y cultivo ilícito de hoja de coca.

En ese sentido, invocamos al Estado a escuchar lo indicado por la Central Asháninka del Río Tambo – CART, que, mediante su pronunciamiento del domingo 9 de abril y respaldando la labor social de Santiago Contoricón, ha informado a la opinión pública que esperan: (i) contar con explicaciones del gobierno nacional sobre la total desidia hacia el Puerto Ocopa; (ii) retiro inmediato de los oficiales de la base de la Marina de Guerra, ya que no ha podido brindar seguridad y tranquilidad; (iii) limitación al tránsito por el río Tambo hasta que las autoridades puedan atrapar a los asesinos; y, (iv) conocer el avance de la Fiscalía de la Nación sobre la investigación preliminar del caso.

Frente a lo expuesto, nos sumamos al llamado del movimiento indígena por que se dé inmediatamente un proceso de investigación transparente, se capture a los culpables, se desmilitarice la zona y que el Estado, invierta en el crecimiento económico de las comunidades de la zona.

Lamentablemente, el asesinato de Santiago Contoricón se suma a una larga lista de defensores y defensoras asesinados en los últimos años, que han significado que Perú se convierta en unos de los diez países más peligrosos en el mundo para la defensa del ambiente y el territorio. Por ello, exigimos una efectiva implementación del Mecanismo Intersectorial de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, con la debida dotación de recursos para garantizar los derechos de defensores y defensoras, y con participación real de todos los sectores que lo incluyen. Demandamos la aprobación de los «Lineamientos de Actuación para la implementación de medidas de protección» a cargo del Ministerio del Interior y tomar medidas desde el más alto nivel para asegurar la protección de defensores indígenas en nuestro país.

En señal de adhesión, firmamos las siguientes organizaciones:

1. Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS)
2. Fundación Ecumenica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
3. IDLADS Perú
4. OXFAM
5. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
6. Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCICC
7. Red Muqui
8. Paz y Esperanza
9. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
10. GRUFIDES
11. Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
12. Asociación Servicios Educativos Rurales, SER,)
13. Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF)
14. Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH)
15. PROÉTICA
16. Kené Instituto de Estudios Forestales y Ambientales
17. Instituto del Bien Común (IBC)
18. Instituto de Defensa Legal (IDL)
19. Grupo Impulsor de Mujeres y Cambio Climático (GIMCC)
20. Cooperacción- Campaña Nacional Permanente Defensores y Defensoras

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Por: Mario Rodríguez Ibáñez | Los Muros

En la Red de la Diversidad nos planteamos el debate del Vivir Bien, no solamente para reflexionar en él como un nuevo horizonte de sentido, o simplemente para comprender mejor sus implicaciones, sino también porque nos interesa intervenir desde ahí. Nos planteamos este debate desde el contexto urbano, porque ese es el contexto en el que estamos, desde donde miramos el tema y desde donde vamos a intervenir, y cuando hablamos de lo urbano nos referimos a él en su estrecha relación con lo rural, porque la ciudad no puede ser concebida sino en sus vínculos y continuidades con el campo.

Crisis civilizatoria y el Vivir Bien como horizonte civilizatorio alternativo

El vivir bien nos coloca en un horizonte de sentido civilizatorio diferente, no se trata de un modelo societal acabado, un modelo ideal al que seguir, sino un horizonte que aporta sentidos de orientación diferentes que afectan todas las esferas de la vida, que atraviesan el todo de nuestras vidas, de nuestras cotidianidades, las formas de organizar el Estado, la política, la economía, la institucionalidad, el arte, la cultura, en fin, afecta las maneras de relacionarnos con el mundo, con la vida en su conjunto, es por eso que se plantea el vivir bien en términos civilizatorios, porque modifica las maneras de organizar la sociedad de reconstruir nuevos modos de vida, nos plantea una otra manera de organizar la civilización. No nos coloca un proyecto acabado, no nos plantea «esta es la sociedad del vivir bien», sino que plantea un horizonte de sentido en términos que nos da sentidos de orientación, posibles caminos, tendencias a construir y criar, es una noción en construcción, que toca construir y criar, y que la única posibilidad de construcción es a través de un proceso colectivo de diversos sujetos sociales y comunitarios. Es decir, no es un proyecto acabado, no partimos de un criterio en el cual el vivir bien está planteando un modelo societal final a ser conquistado.

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Internacionales

• FRANCIA: Francia en llamas. Macron intenta aplastar el movimiento contra la reforma de las pensiones con violencia letal. Crónica de la última semana de movilizaciones y revueltas. Crimethinc
• ESTADO ESPAÑOL: Rapero Pablo Hasel es imputado con nuevos cargos para mantenerlo en prisión, carta desde el encierro. Fuente: Menos Lobos
• PANAMÁ: Acciones populares contra la minería metálica del movimiento Panamá Vale Más Sin Minería. Realizan foro y movilizaciones. Fuente: Radio Temblor
• ECUADOR: Gobierno Ecuatoriano interviene en favor de la empresa Chevron para detener las reparaciones en favor de comunidades amazónicas. Fuente RadioMundoReal

Locales

• PUEBLA: Frenan intento de encarcelar a Miguel López, defensor del agua y comunicador comunitario amenazado por funcionarios de la administración del agua en Puebla. Fuente: Desinformemonos
• CHIHUAHUA: CRIMEN DE ESTADO: 41 migrantes mueren calcinados en centro de detención del Instituto Nacional de Migración, Gobierno de la república culpabiliza las víctimas.
• OAXACA: La justicia no llega a dos años del asesinato del defensor Jaime Jiménez en Oaxaca, defensor del territorio de Paso de la Reina e integrante del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del río verde. Fuente: Educa

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Por Javier Bedía Prado | Avispa Midia

En asambleas organizadas en calles y locales de Lima, los pueblos indígenas y campesinos sostienen la oposición a la dictadura cívico-militar de Dina Boluarte. Son las voces de quienes viven la precariedad del cuarto país con más desigualdad de ingresos en el mundo. La lucha, por unanimidad, será hasta lograr que renuncie la presidenta de facto.

El 83% de peruanas y peruanos está a favor del adelanto de elecciones, cifra que en la conservadora capital llega al 70%. Ni las encuestadoras al servicio de la oligarquía pueden maquillar el rechazo al régimen.

“¿Por qué nos tratan así, por qué tanto odio? Lima vive de lo que nosotros trabajamos en el campo, de nuestros recursos, de la minería. Solo estamos reclamando nuestros derechos, que respeten nuestro voto, peor que criminales, que animales nos tratan. Los aimaras nunca abandonamos una pelea, no nos importa morir porque es por nuestros hijos, por los que nos siguen”, expresa María, proveniente de Puno, la región más violentada por la represión.

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Armados de palas y azadones, mujeres y hombres se dirigen a la tierra donde se plantará el nuevo cafetal con técnicas agroecológicas. Otro grupo se reúne en el vivero, donde se preparan los almácigos y se siembran las semillas en colectivo. Un tercer grupo camina por la vereda hacia el ojo de agua que alimenta las tierras con el líquido vital, para aprender sobre el manejo responsable del agua en este territorio del semiárido bahiano. En todos estos espacios, las pláticas combinan explicaciones técnicas con análisis sistémicos que van revelando el sentido profundo de crear alternativas reales ante la destrucción provocada por el sistema-mundo actual.

Estamos en la Hacienda Flor de Café, que a partir de este momento se transforma en Territorio de los Pueblos: un nuevo núcleo de la Teia dos Povos (Tejido de los Pueblos), una gran articulación de pueblos indígenas, negros y urbanos en constante crecimiento y que hasta el momento actúa en diez estados de Brasil. Y este evento, originalmente concebido como un tequio, se convierte en el primer curso vivencial de la incipiente Escuela de las Aguas Nacientes.

La Teia dos Povos nació en 2012. En la época, el enfoque era la transición agroecológica que se llevaba a cabo en el asentamiento Terra Vista: más de 900 hectáreas de una antigua hacienda ocupada en 1992 por 360 familias del Movimiento de los Trabajadores y Trabajadoras Rurales Sin Tierra (MST). Desde entonces, Terra Vista se ha convertido en un importante experimento agroforestal en constante expansión y ejemplo de que es posible producir y vivir de la tierra con consciencia ecológica y política.

Pero en 2012, quienes participaban del proceso entendieron que para lograr un cambio substancial, sistémico —o sea, para enfrentar el sistema de muerte que vivimos—, sería necesario crear una gran articulación entre los pueblos indígenas, negros y de abajo tanto del campo como de la ciudad, con una perspectiva de autonomía y recuperación de los territorios.

Durante el evento en la Escuela de las Aguas Nacientes, hablamos con Joelson Ferreira, uno de los idealizadores de la Teia dos Povos. Mestre Joelson, como se le conoce cariñosamente, participó en la fundación del Partido de los Trabajadores (PT) y de la Central Única de Trabajadores (CUT) y fue dirigente estatal y nacional del MST.

Joelson cuenta que en 2012 organizaron la 1ª Jornada de Agroecología de Bahía, junto con pueblos indígenas Tupinambá y Pataxó Hã Hã Hãe, grupos quilombolas (cimarrones) y movimientos campesinos. Fue en esa Jornada que decidieron crear la Teia dos Povos.

“Entendimos que quien debería organizar esa gran articulación era el MST, un movimiento nacional e internacional de gran alcance y muy respetado. Pero hasta ahora me parece que el MST no entendió la importancia de esa gran alianza.” Ante esa ausencia, la Teia dos Povos decidió asumir la tarea.

“Entendemos que vivimos un momento histórico muy difícil, que el mundo pasa por una enorme transición a una gran velocidad, y que tenemos la responsabilidad de asumir esa alianza. Porque tenemos muy claro que ni los pueblos originarios, ni los pueblos sin tierra, ni los pequeños propietarios, ni los pueblos quilombolas, ya sea en el campo o en la ciudad, pueden enfrentar esa lucha solos.”

La Teia dos Povos concibe la lucha como “jornada”, “caminatas” y “pasos”. La jornada es la visión de largo alcance: la lucha contra el racismo, el capitalismo y el patriarcado. Las caminatas son las diversas etapas, más tangibles, en esa gran jornada: soberanía hídrica, alimentar, educativa, energética, económica, de autodefensa, por ejemplo. Y los pasos son las tareas específicas necesarias en cada caminata.

Al mismo tiempo, la construcción de esa gran jornada se concibe de una forma que encuentra fuertes resonancias con las propuestas de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Por un lado, la construcción, manutención y crecimiento de núcleos de base: territorios organizados donde se practica la autonomía, como el asentamiento Terra Vista y tantos otros a lo largo y ancho del país. Por otro lado, los eslabones del tejido (Elos da Teia): organizaciones, colectivos e individuos sin un territorio propio, pero que sirven de apoyo y vinculación entre los diferentes núcleos de base, siempre respetando la autonomía y los modos de cada núcleo. En muchos sentidos, podríamos decir que la Teia dos Povos es zapatismo práctico en tierras brasileñas.

“Sabemos que la lucha es larga y hay que tener paciencia histórica. Debemos avanzar poco a poco a partir de la lucha por la tierra y el territorio, por la soberanía alimentaria, por la transición agroecológica. Y debemos preparar militantes, sobre todo jóvenes y mujeres. Al mismo tiempo, no debemos querer asumir la lucha total, sino preparar y sumar alianzas, para unir a los pueblos no en las cosas pequeñas, sino en las grandes: la lucha contra la minería, las eólicas, en defensa del agua, por la democratización de los créditos, que ahora se entregan a la agroindustria. Y creo que sólo la movilización popular podrá vencer en esa guerra tan profunda. Pero para eso los pueblos deben asumir esa responsabilidad.”

En todo esto, la lucha urbana es fundamental. “Creo que los cambios dependerán de nuestra capacidad de convencer a los pueblos urbanos a reaccionar. Si no lo logramos, seguiremos resistiendo en el campo, pero sabemos que la resistencia en el campo no es suficiente.”

Hasta el momento, la Teia dos Povos tiene núcleos de base, alianzas y articulaciones en los estados de Bahía, Maranhão, Río Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Río de Janeiro, Pernambuco, Sergipe, Ceará y Rondônia.

Soberanía pedagógica

Uno de los principales obstáculos para la construcción de otros mundos posibles es el desencanto de la juventud con los territorios y la ambición de inclusión individualista en el mundo del capital. De ahí que una educación autónoma otra sea fundamental para la Teia dos Povos. La propuesta de soberanía pedagógica pasa por la construcción de escuelas donde el sentido de la formación es la construcción y fortalecimiento de los territorios autónomos, el pensamiento crítico, una visión política amplia y compleja, la preservación de los saberes y prácticas del pueblo, sin dejar de lado el conocimiento científico.

La Escuela de las Aguas Nacientes es parte de esa visión. Brígida Salgado, dueña de la Hacienda Flor de Café, ahora Territorio de los Pueblos, y residente en el territorio de Malhada de Areia desde hace 25 años, cuenta que el sueño de una escuela en ese territorio nació hace más de 20 años, cuando conoció a João Pedro Stédile y a Joelson Ferreira, entonces coordinador del MST en Bahía. Durante la última Jornada de Agroecología en febrero de este año, la asamblea decidió crear la Escuela, a la que se le bautizó como “de las Aguas Nacientes” en honor a la diosa africana de las aguas Iemanjá, cuyo día es el 2 de febrero.

La escuela es parte de un proyecto más amplio de educación autónoma de la Teia dos Povos. Uno de sus fundamentos es que los maestros son gente del pueblo con conocimientos ancestrales, en conjunto con otras personas que aportan conocimientos científicos y académicos. Pero la formación no es sólo técnica, sino también política. Así, el proceso involucra un despertar en el sentido de una comprensión sistémica de nuestro mundo y de la urgencia de crear nuevos sistemas basados en la harmonía con la naturaleza y relaciones sociales otras. Finalmente, la autonomía pedagógica se fundamenta en la práctica, no sólo ni sobre todo en la reflexión teórica.

Combatir el individualismo destructivo de la lógica capitalista con la construcción de otra vida posible: esa es la meta de esa otra educación, fincada en la práctica. “Debemos volver a ser colibrís” para construir el paraíso en la tierra que queremos, dijo el maestro Rosalvo, un anciano de 86 años, en la inauguración del evento. No por nada los colibrís, para los pueblos mayas, son lo que nos conecta con los ancestros.

Una alianza internacional

Para el maestro Joelson, es urgentísimo construir una alianza internacional basada en los principios de la solidaridad y la pluralidad, respetando los modos y formas de cada territorio. Una alianza que vincule pueblos originarios, pueblos africanos y afrodescendientes, pueblos trabajadores del campo y la ciudad. Una alianza de los pueblos, no de los Estados; una alianza desde abajo y no desde arriba.

Para que dicha alianza no sea vacía, debe trabajar también por una autonomía económica por medio de redes de producción y consumo solidarios. Se trata, por lo tanto, de un intercambio de saberes, experiencias, construcciones y resistencias, pero también de un intercambio de bienes materiales que permitan avanzar hacia una autonomía cada vez más plena.

Al mismo tiempo, Joelson advierte sobre la importancia de proteger los secretos de los pueblos de la ambición del capital. “No me refiero sólo a los minerales, sino a la biodiversidad, a los alimentos, a una serie de riquezas y saberes que debemos proteger guardando el secreto. Esa alianza de los pueblos depende de un secreto muy fuerte,” concluye Joelson.

Ese día, Radio Zapatista y el colectivo Urucum Artes Colaborativas ofrecen una plática sobre la construcción de la educación autónoma zapatista y las muchas iniciativas rumbo al despertar de la conciencia crítica, tanto al interior como hacia afuera de las comunidades zapatistas. Animadas y animados por las coincidencias de las miradas, por el compartir de experiencias y los largos caminos aún por andar, las y los participantes se dirigen esa tarde al territorio indígena Tapuya, para continuar construyendo el despertar colectivo en esta naciente Escuela de las Aguas Nacientes.

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