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Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras: Ellas son María Albertina Nájera, Lilian Hernández y Elsy Banegas, son defensoras del bosque y del agua que abastecen a 15 comunidades del municipio de Manto, Olancho, y junto a 11 compañeros más están siendo judicializadas por el Estado de Honduras para beneficiar a empresas extractivas.
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, exigimos que el Poder Judicial y demás instituciones cesen con la criminalización hacia nuestras compañeras, que desde 2016, ha impactado fuertemente en la vida de las defensoras y sus familias.
✊🏾Porque defender los bosques y el agua es un derecho humano
¡EXIGIMOS SU ABSOLUTA LIBERTAD!
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Muere en Washington, D.C., la hermana Dianna Ortiz de la orden católica de las Ursulinas del monte Saint Joseph, a los 62 años después de una batalla contra el cáncer. Dianna valientemente denunció que fue secuestrada y detenida en un centro clandestino, en donde fue torturada por el ejército de Guatemala en noviembre de 1989, de quienes logró escapar. Ella denunció esto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien dio su opinión afirmando que “los actos en el caso de la Hermana Ortiz fueron perpetrados por agentes del Gobierno de Guatemala, que actuaban al amparo de su capacidad oficial.”
Por lo que pidieron al Estado de Guatemala que investigara acerca de la responsabilidad por las violaciones cometidas. Así como que se sometiera a un proceso judicial a quienes fueron responsables de estos crímenes y en consecuencia repararan el daño.
En 1995 una corte federal en Estados Unidos resolvió la responsabilidad del general Héctor Gramajo, exministro de Defensa de Guatemala, por el asesinato, tortura y desaparición de nueve guatemaltecos y la violación y tortura de la monja estadounidense Diana Ortiz. La corte ordenó a Gramajo pagar 47,5 millones de dólares como indemnización por los daños, a las víctimas.
La hermana Diana Ortiz de origen estadounidense murió “después de una breve enfermedad” informó en su página la comunidad de Pax Christi, a la que pertenecía en donde fue directora del programa y coordinadora del programa de pasantías, también recibió el premio Maestra de Paz de Pax Christi USA en 2000.
Fue profesora en la escuela Immaculate Conception School, Hawesville, Ky., y en la escuela Blessed Mother School, Owensboro, Ky. antes de trabajar en Guatemala. Fue una de las fundadoras de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington y la Coalición Internacional de Apoyo a la Abolición de la Tortura y a los Sobrevivientes en Washington
En base a su testimonio escribió el libro “Los ojos vendados: Mi viaje de la tortura a la verdad” publicado en 2002.
“Muchos de nosotros en el mundo de Pax Christi conocimos o supimos de Dianna en la década de 1990 cuando, con gracia y perseverancia, presionó al gobierno de los Estados Unidos para que dijera la verdad sobre el secuestro y la tortura que sufrió en Guatemala en noviembre de 1989. Dianna se basó en ella propia experiencia insoportable para crear la Coalición de Apoyo a la Abolición de la Tortura y a los Supervivientes (TASSC), que proporciona herramientas y asistencia para que los supervivientes de la tortura se defiendan por sí mismos, creen conciencia sobre el uso continuo de la tortura en todo el mundo y cambien las leyes y costumbres.”
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Reflexionar sobre el derecho a la propia lengua de los Pueblos Indígenas resulta importante en términos valorativos, pues partir del uso del idioma propio, se dará un verdadero respeto a su identidad, en el marco de sociedades que formalmente aceptan una conformación como sociedades plurinacionales y plurilingüisticas. Como indicó la abogada peruana Raquel Yrigoyen Fajardo “El derecho de usar los idiomas indígenas constituye un derecho autónomo; sin embargo, al ser el idioma un eje de la cultura, su protección está vinculada al respeto de la identidad cultural de los pueblos indígenas”.
Las lenguas, como advierte el lingüista Carlos Lenkersdorf, “no sólo sirven para que los hablantes se comuniquen, sino que, a la vez, son herramientas para nombrar la realidad según los hablantes la perciben. Por consiguiente, las lenguas manifiestan las diferentes maneras de ‘ver’ la realidad, es decir, nos hacen captar las cosmovisiones distintas de los pueblos”. Actualmente, la igualdad jurídica formal reconocida por las legislaciones nacionales no es capaz de asegurar la igualdad real de las lenguas indígenas, a pesar de que la mayoría de los Estados han ratificado numerosos Instrumentos de Derechos Humanos en donde ello se consagra.La mayoría de los países de América Latina son pluriculturales y plurinacionales lo que conlleva a la coexistencia de una diversidad de Pueblos, idiomas, culturas y cosmovisiones. En el pasado la cultura oral, con sus reglas y costumbres, tenía lugar en los Pueblos Indígenas, hasta que la Invasión, la Conquista y la posterior colonización introdujeron la escritura como medio de comunicación.
El lenguaje oral es necesario para la sobrevivencia de los Pueblos y comunidades indígenas y es un factor importante para la identidad étnica y la conciencia histórica de los Pueblos Indígenas. La importancia se observa que en la actualidad persisten distintas barreras que limitan el Acceso a la justicia para los Pueblos y Comunidades Indígenas, como por ej. la discriminación étnica y cultural. Estas barreras son, en lo esencial, culturales y lingüísticas.En la actualidad en nuestro Estado existen 36 lenguas, algunos hablantes y algunos en proceso de revitalización.
Por su parte el 21 de Febrero celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, que fue aprobado en la 30ª reunión de Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) del año 1999 en Paris, Francia. La fecha fue en conmemoración del 21 de febrero del año 1952, cuando un grupo de estudiantes en Dhaka, capital de la actual Estado de Bangladeshfueron reprimidos por las autoridades estatales mientras reclamaban que su lengua materna, el bangla, fuera reconocida como lengua oficial. Como resultado de aquello concluyo con la muerte de tres jóvenes.Este año en particular el tema elegido es “Fomentar el multilingüismo para la inclusión en la educación y la sociedad” que a su vez reconoce que las lenguas y el multilingüismo pueden fomentar la inclusión, y que los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas alcancen a toda la Sociedad. Desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, han sido definidos por las Naciones Unidas, entendiendo que Los “derechos lingüísticos” son Derechos Humanos que implican en las preferencias lingüísticas o en el uso que hagan de los idiomas las autoridades estatales, las personas y otras entidades. A su vez pueden describirse como las obligaciones de los Estados en usar determinados idiomas en una serie de contextos y de no interferir expresiones lingüísticas, como consecuencia de ellos abarca la obligación de reconocer el derecho a utilizar su idioma.
Los derechos Humanos Lingüísticos se encuentran regulados en los tratados internacionales de Derechos Humanos y en los instrumentos normativos la cual contemplan prohibición de la discriminación, el derecho a la libertad de expresión, derecho a una vida privada, el derecho a la educación y el derecho a utilizar su propio idioma para comunicarse.Surge así que el Estado se encuentra obligado. Por un lado, El Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, establece en su articulo 28 el derecho a enseñar a los niños a leer y a escribir en su propia lengua indígena, en su articulo 30 dice que deberán realizarse traducciones escritasa la utilización de los medios decomunicación de masas en las lenguasde dichos pueblos.
De acuerdo a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a la cual el Estado Argentino adhirió,tenemos el derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus lenguas, tradiciones orales, sistemas de escritura y literaturas. Además, dispone que los Estados adoptaran medidas eficaces para proteger este derecho, incluidos en procedimientos políticos y administrativos como también los procesos jurídicos debe contarse con un traductor. En particular los artículos 14 y 16 establecen el derecho a instituir sus sistemas educativos y medios de información en sus propias lenguas para lograr la preservación de sus idiomas originarios.Finalmente como normativa vigente encontramos La Declaración Universal de Derechos Lingüísticos que reconoce en un sentido amplio el derecho a ser reconocido como miembro de una comunidad lingüística; el derecho al uso de la lengua en privado y en público; el derecho al uso del propio nombre; el derecho a relacionarse y asociarse con otros miembros de la comunidad lingüística de origen; el derecho a mantener y desarrollar la propia cultura; y los restantes derechos de contenido lingüístico reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
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Comuna de Lautaro, 19 de febrero 2021.- Comunidad Quiñehual 2 inicia recuperación territorial en fundo San Carlos. Esta decisión la toman en conjunto como familias desplazadas de los territorios que ancestralmente habitaron sus antepasados. Se suman así a una serie de recuperaciones territoriales iniciadas en la comuna en apoyo con otras que también han comenzado a recuperar sus tierras.
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Contulmo, 19 febrero 2021.- Nos informan sobre la detención del peñi Erick Montoya, clandestino hace diez año por la persecución del Estado en el proceso de recuperación territorial que encaró como joven Mapuche.
Lavkenmapu: infórmamos que en horas de esta tarde , el comunero clandestino Erick Montoya fue detenido y secuestrado en camino rural de la octava región en cercanías de Contulmo por personal civil, quienes hasta esta hora le someten a detención clandestina y apremios ilegítimos, golpes y tortura sin dar a conocer la noticia como corresponde de forma oficial y sin llevar a cabo los protocolos de detención. La fiscalía insiste en inculparlo por el asesinato del carabinero Hugo Albornoz caído mientras fuerzas policiales irrumpian a la comunidad Wente Winkul Mapu. 2 De abril 2012, caso Ercilla, con la complicidad de Luis Chamorro, fiscal rastrero del poderìo empresarial en la novena región . Recordamos que el peñi Erick Montoya ha sido fiel a sus principios como mapuche apoyando y siendo consecuente con los procesos territoriales mapuche, cosa que lo lleva a tomar la clandestinidad en consecuencia con su feyentun, hacemos un llamado a las expresiones de lucha, las comunidades a estar atento y a visibilizar esta situación y seguir en la senda que nuestros ancestros nos dejaron.
«Libertad a los presos políticos mapuche, Libertad a los presos de la revuelta social, Justicia para nuestros caídos en lucha»
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La muerte por complicaciones de Covid-19 del último hombre del pueblo Juma, el guerrero Amoim Aruká, es desgarradora. El pueblo Juma ha sufrido innumerables masacres a lo largo de su historia. De 15.000 personas a principios del siglo XX, se redujo a cinco en 2002. Un genocidio probado, pero nunca castigado, que llevó a su pueblo a un exterminio casi total. La última masacre ocurrió en 1964 en el río Assuã, en la cuenca del río Purus, perpetrada por comerciantes de Tapauá interesados en el sorgo y las nueces de Brasil que se encuentran en el territorio Juma. En la masacre fueron asesinadas más de 60 personas, de las que sólo sobrevivieron siete. Los miembros del grupo de exterminio contratado por los comerciantes informaron de que disparaban a los Juma como si lo hicieran a los monos. Los cadáveres de los indígenas fueron vistos por los habitantes de los ríos de la región después de la masacre sirviendo de alimento a los cerdos de monte, con innumerables cabezas decapitadas esparcidas por el suelo del bosque. El autor intelectual del crimen, consciente de lo ocurrido, se jactó de ser el responsable de librar a “Tapauá de esas bestias feroces”. Esta historia no debe olvidarse nunca.
Aruká, uno de los supervivientes, continuó su lucha de resistencia, viendo a su pueblo al borde de la desaparición. Luchó por la demarcación del territorio Juma, que no fue ratificada hasta 2004, la Tierra Indígena Juma (TI). Los supervivientes de Juma, a pesar del riesgo de desaparición, vieron crecer de nuevo su pueblo en la década de 2000, a través de matrimonios con los Uru Eu Wau Wau, un pueblo indígena que también habla tupi-kagwahiva.
Por estar sometidos a una inmensa vulnerabilidad y riesgo de desaparición, el pueblo Juma es considerado de contacto reciente y está entre los pueblos a proteger por las Barreras Sanitarias, cuya instalación fue determinada por el Supremo Tribunal Federal a petición de los pueblos indígenas, de los representantes de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB), a través de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), en el Argumento de Incumplimiento del Precepto Fundamental nº 709 (ADPF 709). La solicitud se hizo en julio de 2020 y el juez Luís Roberto Barroso la concedió. Sin embargo, ante las dificultades alegadas por el Gobierno de Bolsonaro, el ministro dio un plazo hasta septiembre de 2020 para la instalación de las barreras en las Tierras Indígenas de Juma. En agosto de 2020, el Gobierno de Bolsonaro dijo que haría la Barrera en el río Assuã, en la REBIO de Tufari, fuera de la Tierra indígena (TI) Juma, sería una Barrera Sanitaria compuesta por la Policía Militar y el DSEI-Humaitá. Sin embargo, en diciembre del mismo año, afirmó que sólo haría un puesto de control de acceso en la Autopista Transamazónica BR 230, pero no demostró su funcionamiento efectivo.
Que el puesto de acceso funcione o no, como venían reclamando los representantes de la COIAB y la APIB desde hace meses en las Salas de Situación con el Gobierno de Bolsonaro, ya no le importa a Aruká. Lo que se sabe, de forma demostrable, es que ahora está muerto. Es tristemente con sus muertos que los pueblos indígenas prueban sus apelaciones. La COIAB y la APIB advirtieron que los pueblos indígenas recientemente contactados corrían un riesgo extremo. El último hombre superviviente del pueblo Juma ha muerto. Una vez más, el gobierno brasileño ha demostrado ser criminalmente negligente e incompetente. El gobierno ha asesinado a Aruká. Al igual que asesinó a sus antepasados, es una pérdida indígena devastadora e irreparable.
Manaus, Amazonas, 17 de febrero de 2021.
Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB)
Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB)
Opi – Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas Aislados y de Contacto Reciente
Traducción apoyada en la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator
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Por Francisco Simón Francisco y Nelton Rivera
En un actividad pública, Giammattei volvió a atacar a la prensa: “La lucha contra la corrupción es para nosotros mucho más que un discurso…si bien el esfuerzo que como gobierno estamos haciendo para combatir este flagelo, no ocupa las primeras planas de aquellos diarios interesados en promover falsas informaciones, ni las conversaciones prefabricadas en las redes sociales…” expresó durante su discurso en la presentación del primer informe de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción (CPCC).
Los periodistas Sonny Figueroa y Marvin Del Cid que llegaron a cubrir el evento en el Palacio Nacional de la Cultura , denunciaron que los encargados del protocolo de la seguridad de la presidencia les negaron la entrada.
¡El acceso a la información es libre! Expresó el periodista Marvin del Cid, en el momento en el que se les limitó el ingreso en la entrada principal del Palacio Nacional.
La actividad fue presidida por Oscar Miguel Dávila director ejecutivo de la comisión. Con la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad para Guatemala CICIG durante el gobierno de Jimmy Morales, Giammattei optó por crear esta comisión que funcionará con Q9 millones 785 mil quetzales para cuatro años, de los cuales Q8 millones 700 mil fueron destinados a gastos personales, según informó Dávila.
De acuerdo a los datos presentados este 16 de febrero hasta la fecha han recibido 137 alertas de corrupción que se cometen en distintas instituciones del ejecutivo, durante un año solamente 5 denuncias fueron presentadas al MP y a la Contraloría General de Cuentas. El gobierno le da una valoración positiva a esta comisión. Mostraron que algunos de estos casos son investigados por el Ministerio Público (MP), una comisión que depende directamente del presidente.
Durante el 2020, fueron registradas 149 agresiones contra la prensa, restricciones como la de hoy fueron cometidas principalmente por funcionarios públicos incluidos el presidente.
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Los Mapuche no somos parte del patrimonio $hileno.
Lonco Pedro Catrilef Antilef del territorio Llanquihue, hace llamado a pu lamngen a estar atentos y rechazar toda iniciativa que pretenda romantizar la cultura Mapuche en la instalación de museos.
Por: La Zarzamora
Inmediato rechazo generó en territorio Mapuche Williche de Llanquihue la noticia de que se presentaría en consejo municipal la iniciativa de instalación de un Museo en la localidad. Varios pu lamngen quedaron sorprendidos ya que previamente no existió ninguna consulta o socialización de tal proyecto a las comunidades existentes en el territorio.
Se trataría de un Museo Mapuche, razón mas que suficiente para ser rechazado, pues el pueblo nación Mapuche no necesita de “un homenaje” si no del reconocimiento de sus demandas ancestrales territoriales, es un Pueblo vivo que resiste, que para conocerlo no se requiere de un Museo.
LoncoPedro Catrilef Antilef llama a que se levante la conversación y el debate con respecto a este tema y a todos los temas que involucren al Pueblo y al territorio.
En este caso, favorablemente en el consejo municipal de la comuna no se acepto tal proyecto y se realizaron observaciones e indicaciones, como mínimo se les exige vinculación a las comunidades, situación que hasta la fecha no es efectiva. Independiente de la postura municipal, son los involucrados quienes en su derecho a la autodeterminación deben decidir y pu lamngen mapuche se han manifestado con el siguiente comunicado:
COMUNICADO PUBLICO
A nuestro Pueblo Nación Mapuche y opinión pública en general.
Ante el hecho ocurrido en consejo municipal de Llanquihue el día jueves 21 de enero 2021 sobre la presentación de un proyecto de museo Mapuche Williche en la comuna de Llanquihue. Inche Longko Pedro Catrilef Antilef haciendo uso de mi facultad como autoridad ancestral de este territorio declaro lo siguiente:
Kiñe: Ante la imposición de un proyecto de ese tipo me opongo rotundamente debido a que rechazo ser materia de estudio, que se nos cosifiqué, folclorice y lucren, aún más con nuestro territorio, identidad y cultura Mapuche Williche.
Epu: Además, este proyecto es preocupante para nuestro territorio ya que no debemos olvidar que fuimos víctima de genocidio y no seremos exhibidos como trofeo de los colonizadores ni del estado de Chile. Este tipo de acciones lo único que pretende es generar más dolor y divisiones entre los habitantes del territorio.
Küla: Exijo que este tipo de proyectos no se levante en nuestro territorio ya que solo viene a negar nuestra existencia hoy como pueblo y nuestra identidad, más aún que se vea profanado nuestros espacios significativos, nuestra espiritualidad y saqueo de estos para obtener algo que exhibir en un museo, ya que no somos parte del patrimonio chileno.
Meli: Como pueblo mapuche williche vamos a exigir nuestro derecho consuetudinario. Sin embargo dejamos claro que no aceptaremos ninguna iniciativa que sea susceptible de afectarnos como pueblo y no daremos marcha atrás en defender nuestro territorio desde que hemos emprendido nuestra libre determinación y autonomía de nuestro pueblo nación Mapuche.
Kechu.- Hago este llamado a Pu lamuen, Pu peñi y a todo el pueblo chileno consiente a unirse a esta defensa de nuestra dignidad e historia como pueblo.
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La prisión política en Chile no es nueva; sin embargo, desde la revuelta popular y la enorme cantidad de presxs que ésta dejó, el debate ha tomado mayor fuerza. Por una parte existe una disputa sobre el número de presxs y personas judicializadas en la revuelta, ya que desde el gobierno afirman que han interpuesto 531 querellas contra 1774 imputadxs por distintos delitos y que 219 de ellas fueron por Ley de Seguridad del Estado contra 1073 imputadxs.
De esos 1073 imputadxs, tres están en prisión preventiva, 61 con arresto domiciliario, 441 con otras medidas cautelares, 59 condenadxs, dos sobreseídxs y 489 que no han sido formalizadxs. Por su parte, la Fiscalía informa que a octubre de 2020 se habían formalizado 5084 personas, 648 de ellas seguían en prisión preventiva y 725 habían sido condenadas. Según las organizaciones que apoyan a lxs presxs, la diferencia de cifras se debe a que el gobierno sólo informa de las personas querelladas por la Ley de Seguridad del Estado, siendo que la mayoría está judicializada por la Ley de Armas.
Más allá de las cifras, vemos la prisión política contra la revuelta como parte de una respuesta del Estado y el poder ante la rebelión popular, ya que además de la prisión como castigo a manos del poder judicial, el gobierno desplegó una fuerte represión que incluyó asesinatos y mutilaciones, además de las leyes en contra de las manifestaciones, como la ley anti-barricadas que promulgó el parlamento.
Esta política represiva para enfrentar al «enemigo poderoso», como invocó Piñera desde su podio a los medios de comunicación, involucra una serie de acciones judiciales e irregularidades en los procesos de detención, que incluyen pruebas falsas, declaraciones de policías como única fuente de información y extensivas prisiones preventivas que han durado meses e incluso más de un año en algunos casos, ya que el gobierno se querella con la Ley de Seguridad Interior del Estado, lo que en la práctica opera como un castigo anticipado y sin juicio.
Por otra parte, desde el poder intentan instalar en el debate público que todo se trata de delincuencia común y no de prisión política, basándose en que ciertos casos se tratan de robos producto de los saqueos a multitiendas; no obstante, ese argumento desconoce el ambiente social y el contexto político en que suceden las manifestaciones, ya que en el escenario de la revuelta disruptiva era recurrente que parte de las personas descargara su rabia contra instituciones usureras y pilares del modelo neoliberal. Desde el poder intentan separar entre manifestantes buenas y malas, pacíficos y violentos, proyectando un ideal (su ideal) de movilización servil, pasiva y monótona, frente a lo que cualquier manifestación disruptiva significaría mera delincuencia común.
El trato que han tenido las personas privadas de libertad nunca ha sido bueno en Chile, las cárceles están colapsadas y las precarias condiciones de higiene han sido un tema recurrente en las denuncias sobre la situación carcelaria. Esta realidad recrudece producto de la pandemia, donde no existen medidas de control y el aislamiento se suma a las ya duras condenas, ya que desde la llegada del coronavirus no se puede visitar a las personas presas. Esta difícil situación contrasta con la impunidad y el trato indulgente que el poder demuestra hacia la clase alta en los casos de corrupción y fraude al fisco como el Caso Cascadas o la suavidad con que tratan a los grupos de ultraderecha que amenazaron a la fiscal Chong.
Gracias a la movilización social se ha logrado instalar la problemática e incluso liberar a varixs presxs de la revuelta a lo largo del país, abriendo el debate en la clase política sobre si lxs presxs durante el contexto de revuelta deben ser denominadxs con el adjetivo de “políticxs” o no, incluso algunos sectores parlamentarios impulsan un proyecto de indulto que no ha tenido mayor impacto en el Estado, lo que demuestra que será la presión popular la que logre visibilizar la prisión política y liberar a nuestrxs compañerxs.
Entre el proceso constituyente iniciado con el plebiscito de octubre y la carrera presidencial en curso, el proceso de movilización popular no ha podido instalar la libertad de lxs presxs de la revuelta como requisito para negociar con el poder, lo que demuestra las debilidades de la revuelta y las tareas pendientes de la movilización.
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Por Pelao Carvallo
La pandemia le ha permitido al ministerio de defensa chileno ocultar la gran derrota de las fuerzas armadas: el fin del Servicio Militar Obligatorio (SMO) por la insumisión masiva al proceso. Las Fuerzas Armadas y de Orden de Chile son parte de las grandes instituciones derrotadas por la Revuelta Social iniciada en octubre de 2019.
El 18 de octubre de 2019 por la mañana, el día de la Revuelta Social en Chile, la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) anunciaba la convocatoria de 81661 jóvenes para cumplir obligatoriamente el SMO[1]. Esto era un 70% de la base de conscripción para ese año, es decir todos los varones que ese año cumplían 18 años. Un mes más tarde, el 19 de noviembre, la misma DGMN informaba que habían sido 109.921 los jóvenes convocados obligatoriamente al SMO, es decir un 95% de la base de conscripción[2]. Esta maniobra de presión social sobre una juventud que se manifestaba en las calles y plazas del país, exponiendo ojos, vida y libertad fue contestada con manifestaciones, protestas, quema y saqueo de cantones de reclutamiento, pero principalmente por la no presentación a esa convocatoria, logrando que primero se alargara el tiempo de presentación de documentos para eximirse del 30 de noviembre al 31 de diciembre de ese año y posteriormente que –con la excusa de la pandemia- se suspendiera la realización del SMO durante el año 2020.
La Insumisión
El rechazo al SMO viene de lejos. El asesinato impune de Pedro Soto Tapia[3] expuso a mediados de los años ’90 la necesidad de abolirlo. El gobierno de Ricardo Lagos negoció una “modernización” que mantuvo los privilegios y la impunidad para los mandos militares, mediante un foro que tenía un objetivo: una reforma legal bajo la consigna “Voluntario en principio, Obligatorio en subsidio”[4]. Las FFAA han venido cobrando ese subsidio con creces, generando más resistencia puesto que es claro en la conciencia colectiva que el “sorteo”[5] para ser llamado a presentarse nunca afecta a los jóvenes que viven en las comunas pudientes del país, esas “3 comunas”.
El rechazo fue creciendo desde que les estudiantes secundaries se dieron tiempo y práctica asamblearia para conversar sobre la explotación que sufren, siendo una de ellas el SMO. El mochilazo del 2001[6] y la creación de la ACES (Asamblea coordinadora de Estudiantes Secundarios) retratan este crecimiento. Por otro lado, la persistencia de la propuesta insumisa de objeción de conciencia que llevaban adelante el Ni Casco Ni Uniforme[7] y otros componentes del MAOC (Movimiento Antimilitarista de Objeción de Conciencia) en la primera mitad de la década del 2000, ayudó a instalar la idea de que rechazar el SMO no participando de él, era posible y efectivo. La impunidad al tratar las barbaridades del SMO trajo aún más rechazo, práctico, por parte de los jóvenes, en el sentido de no querer ser más números para la muerte como los 44 conscriptos de Antuco[8] asesinados insensatamente en 2005. Hubo tal impunidad en ese tema que ni el comandante del regimiento, ni el general en jefe del ejército ni el ministro de defensa de ese momento fueron cuestionados o renunciaron a sus cargos.
Las movilizaciones estudiantiles, especialmente entre les secundaries, de 2006, 2011 y 2018 permitieron, especialmente en las tomas (ocupaciones) de los liceos, que circulara la palabra y una forma desmilitarizada de entender lo escolar y la vida con una crítica profunda a lo que el SMO significa. Por supuesto, las autoridades militares explicaban esta disminución bajo otros motivos: decrecimiento poblacional, mayor acceso a las universidades y mayor oferta laboral[9], incluso dejaban entrever que esto lo tenían “previsto”.
Eso de que “los números hablan por sí solos” es una falacia que los militares chilenos saben -y usan- muy bien: respecto a la debacle de la “voluntariedad” en el SMO no entregan cifras claras sino porcentajes descontextualizados, cantidades siempre aproximadas y las que dicen a un medio de prensa no son necesariamente las mismas que a otros. Saben, además, que en la prensa no habrá quien coteje las cifras dadas puesto que en general solo repiten las notas de prensa.
Los datos contradictorios
Para 2019, antes de la revuelta social de octubre, el rechazo al SMO había aumentado al descubrirse nuevos abusos y crímenes mortales[10][11]. En junio de 2019, según cifras oficiales, los y las voluntarias apenas cubrían el 28,99% del requerimiento de conscriptos para ese año cifrado en 11.067 conscriptos[12]. El total de voluntariedad del año 2019 recién fue revelado en octubre de este 2020 por el Jefe de reclutamiento de la DGMN, coronel Fredy Kirst[13] quien declaro que solo 8.926 personas se presentaron voluntarias al SMO ese 2019. Esto representaba un 7,2% de la base disponible ese año. De 12,3% del año 2018 a un 7,2% el año siguiente. Proporcionalmente, una baja de un 41,5%.
Baja coincidente con lo sucedido en años anteriores: en octubre de 2018, La Tercera recogió las declaraciones del general Jorge Morales, director de la DGMN, dadas ante la comisión de defensa de la Cámara de diputados[14]. Allí expresó que 17.308 jóvenes habían iniciado el trámite para realizar voluntariamente el SMO, esta cifra era el 12,3% del total de jóvenes (varones) nacidos el año 1999 [15], generación convocada ese año.
Finalmente, decía el general Morales, solo fueron acuartelados 10.303 jóvenes, de los cuales nos da el dato de que 1.687 eran mujeres. Esa cantidad, 10.303, era el 60% de quienes ese año iniciaron el trámite de voluntariedad. Dijo además que del total de jóvenes que NO se habían presentado voluntarios/as, se obligó a 81.661 a realizar el trámite de selección al SMO mediante el “sorteo”. Hubo entonces 27.032 jóvenes, un 21,4% del total de esa generación 125952 que no fueron molestados, para nada, por la DGMN. 21,4%, casualidades de la vida, un porcentaje similar al obtenido por el Rechazo a nivel nacional en el plebiscito de octubre[16]. Como es imposible saber a cuales comunas corresponde ese 21% de jóvenes no requeridos para el SMO, solo nos queda especular.
Una dificultad adicional para entender la situación actual del SMO es que los datos que entregan los militares encargados del tema son contradictorios. La Tercera, en esa misma nota, pone que las FFAA requieren anualmente 12 mil conscriptos… bastaba revisar los datos oficiales para saber que esa cifra, 12 mil, se había requerido por última vez en 2015[17] y que desde ese año, la cifra era 11 mil. Esta disminución fue de un 21,8% de voluntariedad en el año 2007 en la base total de conscripción (el total de jóvenes varones de esa generación) a un 13,2% en 2014.
Los datos oficiales difieren entre un documento y otro. Respecto a 2018 por una parte se dice que fueron 12.563 las personas voluntarias al SMO, y que los conscriptos requeridos eran 10.800[18], cifras muy diferentes a las presentadas por el general Morales, diferentes y menores. Otro documento oficial indica que la voluntariedad era de 15.517 jóvenes, y que el acuartelamiento requerido era de 11.152, con un cumplimiento del 100%[19]. El ministro de Defensa de ese entonces, Espina, daba la cifra de 10.500 como número de personas acuarteladas[20] ¿Cuál de todas estas cifras era cierta para 2018? A la prensa parece no importarle.
Las explicaciones de la DGMN para esta insumisión masiva y permanente consideraban muy levemente el efecto de la Revuelta Social de octubre de 2019[21]. La conexión entre la revuelta social y la insumisión al SMO es evidente, tanto que producto de las protestas[22], manifestaciones y destrozo de cantones de reclutamiento[23][24], la DGMN debió alargar, en noviembre, el proceso de excusas[25] de quienes fueron “sorteados” para hacer el trámite de selección al SMO hasta el 31 de diciembre de ese año. La insumisión fue clara así como el rechazo a ser parte de la represión y el asesinato de luchadores social encarnada en ese momento, y hasta hoy, por las FFAA encargadas de sostener los estados de emergencia que se declararon desde octubre[26]. Ese rechazo es también a Carabineros, la policía militarizada de Chile[27].
Inconsistencias
La inconsistencia de las cifras respecto a conscripción dadas por la DGMN resalta al comparar el año 2019 según los datos oficiales con los dichos del jefe de reclutamiento y la información respecto al acuartelamiento. En el primer caso requerían 11.067 conscriptos/as, pero hasta junio de 2019 solo tenían un 28,99% de lo requerido. En octubre de este año el coronel Kirst declaró que tenían 8.926 reclutas (un 81% de lo requerido, una merma de un 19%). Esto a su vez contradecía las cifras de acuartelamiento dadas en septiembre de este año que hablaban de 6.702 jóvenes haciendo el SMO[28] – siendo 1.201 de esas personas mujeres-, esta cifra (6.702) es un 58% de lo anunciado como requerido para esa generación ( y una merma de 42%). ¿Qué fue de esas 2224 personas faltantes en la cuenta ¿8.926-6.702? ¿Rechazaron ser parte del SMO, practicaron la insumisión? ¿O las FFAA prefirieron ahorrarse el gasto y la información?
Tampoco es claro el porcentaje de obligados y voluntarios (porque se nos dice que las mujeres en el SMO son todas voluntarias) en la conscripción de ese año, puesto que el coronel Kirst señaló[29] en octubre que los obligados a realizar los trámites del SMO fueron de un 70 a 80% de la base disponible el 2019, [30]es decir se molestó a entre 80.027 y 99.460 jóvenes. En noviembre, como dijimos al principio, Lo Presti contaría otra historia, con otros números.
El rechazo al SMO es más grande aún para la convocatoria 2020, pese a que los requerimientos son menores, según las mismas declaraciones. La voluntariedad solo convocó a “3.969 personas para realizar el Servicio Militar según informó el coronel del Ejército, Fredy Kurst, jefe del Departamento de Reclutamiento de la Dirección General de Movilización Nacional. Esta cifra representa una disminución de 55,5% comparados con los 8.926 del mismo periodo del año pasado”. También señala que se sorteó a 39.924 jóvenes, un 35% de la base total porque, y esto es importante, las FFAA bajaron sus requerimientos de conscriptos. Esta vez el porcentaje de NO afectados por el SMO –sorteo y voluntariedad- alcanzó a un 56.3% del total, en un guiño a las clases medias.
Aparentemente la cifra de conscriptos que se busca para el año 2021 es la misma que para este año, entre 6.500 y 7.000 jóvenes. La falta de conscripción se hace evidente con la convocatoria a reservistas que se hizo este año[31] (y el pasado con la excusa del estado de sitio contra la Revuelta) y en la ampliación del tiempo de acuartelamiento de la conscripción del año pasado[32]. La debacle del SMO es total, tanto que este año la Fuerza Aérea chilena suspendió totalmente la conscripción.[33]
Esa disminución en los requerimientos de conscripción y en los acuartelamientos no se refleja en el presupuesto nacional otorgado a la DGMN para 2021, puesto que la reducción para esta Dirección solo alcanza un 5,8 respecto al año anterior [34] y la reducción del presupuesto nacional para el Ejército (el mayor demandante de conscripción) es de apenas un 6.6%[35] . El 55% menos de conscriptos no se traduce fielmente en el presupuesto, así como la disminución del requerimiento. Lo que no es extraño puesto que las cifras oficiales aun presentan como meta de conscripción para 2020 la cantidad de 11.349 conscriptos/as[36].
Lo que falta en la discusión
El servicio militar en Chile nunca ha dejado de ser obligatorio. La voluntariedad se da en el marco de la obligatoriedad legal y, desde hace unos cuantos años es que la obligatoriedad –mediante el mecanismo del sorteo- se usa para rellenar el vacío que la falta de voluntarios genera. Las FFAA usan el SMO para cooptar a quienes necesitan para ser soldados profesionales, categoría que es hoy la base del personal de las FFAA. El reclutamiento no tiene otro objetivo que sostener el gasto militar y abastecimiento de futuros soldados profesionales.
El componente de rechazo al SMO en esta disminución de voluntarios a un Servicio Militar eminentemente obligatorio[37] se explicita en una insumisión práctica que por un lado recurre a las excusas legales para eximirse (sacarse) el SMO, como a la simple no presentación tanto para eximición como para selección y acuartelamiento. Simplemente no se presentan. La presión militar al Ministerio Público para que se persiguiera judicialmente a la insumisión no tuvo efectos, ya en 2016[38]. Esta insumisión es también una defensa de la vida y dignidad de las personas expuestas al SMO, cuya característica de torturas, maltrato y muerte no se extingue.[39]
Todos estos temas: el Derecho de Objeción de Conciencia, el rechazo al SMO, la Obligatoriedad persistente del Servicio militar pese a las declaraciones y mitología de la voluntariedad esparcida por las FFAA no forman parte de las discusiones preconstituyentes sobre el rol de las FFAA y la Defensa que se dan en los medios de prensa en estos tiempos especialmente en El Mostrador. Se ocultan las opiniones sobre el tema de quienes se oponen a una perspectiva militarizada del país, llámense objetores/as de conciencia, insumisos/as, remisos/as, antimilitaristas, personas que se han organizado para desmilitarizar el país, familiares y víctimas de las FFAA y del SMO en particular. Esta discusión en medios de prensa hasta ahora tiene un profundo sesgo militarista, de lobby de las FFAA, favorecedor de la solución armada de los conflictos y que pretende mantener el status quo favorecedor de ese poder fáctico en Chile que se llaman Fuerzas Armadas y de Orden. La discusión real sobre las FFAA la hace la gente desertando, haciéndose remisa, practicando la insumisión, declarando en lo práctico su objeción de conciencia.
1-Asamblea Antimilitarista de la Región Chilena y Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe, Ramalc. 15 de diciembre de 2020
[5]Al no haber voluntaries que cubran la totalidad de la conscripción requerida, la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) realiza un sorteo entre los no voluntarios que cumplan 18 años en el año en curso y en ese sorteo se elige quienes deben realizar el trámite de selección para el SMO.
