Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

Los incendios forestales en la Amazonía superaron en el año 2024 los máximos registros históricos, concentrándose en Bolivia y Brasil, puntualmente en áreas de expansión del monocultivo de soya y la ganadería.

En total, el fuego y la deforestación destruyeron 4,5 millones de hectáreas de bosques primarios, según las observaciones satelitales del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). El impacto sin precedentes en el territorio amazónico supera alarmantemente las 3,4 millones de hectáreas perdidas en 2016, la mayor cantidad hasta entonces.

De las 2,8 millones de hectáreas arrasadas solamente por incendios el año pasado en toda la Amazonía, el 95% se localiza solo en Brasil y Bolivia. 

“El acontecimiento político dominante del 2024 fue la temporada de incendios que batió récords en toda la Amazonía. Los registros son especialmente significativos dado que la Amazonía ha experimentado varios años de incendios intensos en las últimas dos décadas. El más notable se produjo en 2016, tras el fenómeno de El Niño Godzilla. Sin embargo, las condiciones extremas de sequía de 2023 y 2024, asociadas a El Niño, superaron esos puntos de referencia anteriores, creando condiciones extremas”, señala el MAAP.

En la mayoría de áreasde pérdida intensa de bosques se detectaron incendios, focalizados principalmente en las fronteras de la soya y el ganado de las selvas amazónicas brasileña y boliviana. 

En Brasil, el primer productor mundial de soya, la superficie cultivada del grano superará este año las 47 millones de hectáreas, según proyecciones de la industria. Por su parte, la ganadería es la principal responsable de la deforestación de la Amazonía: el 90% del área deforestada fue ocupada por pastos, de acuerdo a datos de MapBiomas de 2024. 

Así como Brasil y Bolivia, el Perú, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa establecieron sus máximos niveles anuales de quema de bosques amazónicos. 

Frontera soyera se expande en Bolivia

En Bolivia, los incendios afectaron directamente 779.960 hectáreas de bosques primarios, concentradas en la frontera soyera ubicada en el sudeste del departamento de Santa Cruz. La cifra es tres veces superior al máximo registro anterior, en 2023.

En este punto se detecta una expansión de las plantaciones de soya hacia el norte. Santa Cruz es parte del corredor del monocultivo transgénico conformado por Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, que hasta 2020 sumaban un área cultivada de 94 millones de hectáreas, según cifras del Atlas del Agronegocio transgénico en el Cono Sur, de Acción por la Biodiversidad.

En la frontera entre los departamentos de Beni y Pando, y más cerca de la Cordillera de los Andes, en La Paz y Beni, también se localizó una considerable cantidad de quema de vegetación.

Mientras que los focos de deforestación sin incendios se centraron en la frontera soyera del sureste, en el Chaco. En 2024, la Amazonia boliviana perdió 476.030 hectáreas de bosques debido al extractivismo forestal, superando en casi el doble el máximo contabilizado de 245.177 hectáreas, en 2022. 

Aunque la deforestación suele preceder a los incendios, en Bolivia es usual que se produzca una segunda ronda de fuego. “Esto sugiere que pueden ser necesarias intervenciones políticas adicionales o distintas, como la regulación del uso de la tierra, incentivos para el desbroce de tierras sin incendios, o educación y aplicación de la ley específicas en las fronteras agrícolas”, indica el MAAP.

Incendios siguen trazos de carreteras en Brasil

En Brasil todos los focos de pérdida de bosques se caracterizaron por incendios intensos: el fuego destruyó 1.9 millones de hectáreas de tierras ancestrales. 

Se detecta una concentración en el sureste de la Amazonía brasileña, a lo largo de la carretera que conecta de norte a sur el estado de Pará y alrededores de la vía. También se encontró una expansión hacia la frontera de la soya del estado de Mato Grosso.

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En el estado norteño de Roraima y siguiendo otras grandes redes de caminos, como la Carretera Transamazónica (estados de Pará y Amazonas) y la carretera BR-364 (Acre), se hallan otros puntos de incendios.

De acuerdo a reportes del MAAP, más del 70% de los grandes incendios de la Amazonía brasileña queman zonas recientemente deforestadas. En 2024, Brasil perdió 954.126 hectáreas de bosques por causa de la deforestación. 

“La política de incendios se está convirtiendo en un pilar central de la conservación de la Amazonía, junto con los esfuerzos de larga data para frenar la deforestación. Esta creciente importancia está directamente relacionada con el cambio climático, tanto en lo que respecta a la intensificación de las estaciones secas como al aumento previsto de la frecuencia, duración y gravedad de los fenómenos de El Niño”, explica el MAAP.

Agroindustria y oro 

Desde el año 2002 se estiman en 33,7 millones las hectáreas de bosques amazónicos deforestados; mientras que 10,6 millones de hectáreas fueron afectadas por incendios, muchos de los cuales se extienden desde zonas recientemente taladas y desmontadas. Las condiciones de sequía prolongada favorecen a la propagación.

El fuego es indicador de una degradación forestal, observan los especialistas, a diferencia de los impactos más permanentes de la deforestación, cuyos epicentros en la Amazonía sin grandes incendios asociados se debieron en 2024, en gran medida, a la agricultura y la minería aurífera, especialmente en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. 

El año pasado, la deforestación fue la quinta más alta registrada desde 2002, con 1,7 millones de hectáreas de vegetación amazónica destruida, entre Brasil (54,7%), Bolivia (27,3%), Perú (8,1%) y Colombia (4,7%). 

En Colombia se detecta actividad muy alta alrededor del parque nacional de Chiribiquete, y en los parques nacionales de Tinigua y la Macarena, vinculada a las organizaciones armadas. Los motivos principales son el cultivo de coca, la realización de carreteras y el acaparamiento de tierras y pastos para ganado.

En los últimos años, el aumento de la extracción de oro en el norte de Ecuador y el sur de Perú, así como la expansión de colonias menonitas en la Amazonía central peruana, son otras causas de deforestación masiva.

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

^{Foto de portada por Red Muqui}

Decenas de líderes de pueblos amazónicos y comunidades campesinas costeras y andinas se reunieron en el Tercer Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y del Medio Ambiente, realizado en Lima, Perú, del 7 al 9 de julio, en un contexto de profundización de los extractivismos y la coerción a través de normativas. 

Es el caso de la modificación a la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que aumenta el control indebido a las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de restringir la acción ante problemáticas desatendidas o generadas por los gobiernos. 

Las condiciones ambientales y de salud pública son críticas, con el 31,5 % de la población nacional expuesta a niveles peligrosos de metales tóxicos. El cambio en la norma permite al Estado bloquear el financiamiento proveniente de otros países a colectivos organizados para acceder a justicia.

Seis niñas y niños fallecieron, entre abril y mayo, por contaminación e intoxicación con metales pesados y sustancias tóxicas. La Plataforma Nacional de Afectadas y Afectados por Metales, Metaloides y Otras Sustancias Químicas Tóxicasreportó este año que más de 10 millones de personas beben agua y respiran un aire con altos niveles de arsénico, plomo, cadmio y mercurio.

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“Estamos siendo perseguidos, despojados de nuestros territorios, donde nuestras abuelas y abuelos nos dejaron nuestra cultura, las semillas, las reservas para los que vienen. Hoy somos sacrificados, saqueados, los recursos que tenemos están siendo manchados de sangre. Nuestra sangre está con metales pesados, nuestros hermanos campesinos originarios están luchando las 24 horas porque conviven con la naturaleza, con la madre tierra”, expresó Elsa Merma, presidenta de la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K’ana, en resistencia contra la contaminación minera en la provincia de Espinar (región Cusco).

Entre 2019 y 2024, fueron asesinados 57 defensores ambientales en el Perú, de acuerdo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En el mismo período, las vidas de más de 650 activistas se encontraban en riesgo.

Foto por Red Muqui

Cerco a la organización de defensores

El nuevo marco legal sobre la cooperación internacional es una herramienta para imponer sanciones económicas y penales a organizaciones de defensores de territorios. Ante esta posibilidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Gobierno peruano, en resolución emitida el 2 de julio, abstenerse de multar a la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad) y EarthRights International por sus acciones en defensa de los pueblos indígenas en aislamiento mashco piro, yora y amahuaca. 

La Fenamad representa a estas comunidades en el proceso de la Corte IDH contra el Estado del Perú por violaciones a los derechos de las etnias amazónicas. La ley APCI es una amenaza para los colectivos ambientalistas, con mayores riesgos para los situados en los territorios.  

“Estamos exigiendo que se deroguen las leyes que atentan a nuestros territorios, como la ley antiforestal, la ley APCI. No podemos defendernos porque esta ley APCI está maniatándonos. La ley antiforestal está incitando a que todos los territorios peruanos estén despojándose. Va a haber conflictos, nosotros vamos a ser más perseguidos, más amenazados. Exigimos que todas las leyes que atenten contra la vida, la integridad, la salud y el medio ambiente sean derogadas, antes de que entren en colapso”, observó la lideresa amazónica Olivia Bisa, presidenta del Gobierno Territorial Autónomo Nación Chapra (región Loreto). 

Entre estas, la ley que amplía el plazo de registro de formalización para la minería pequeña y artesanal, además del dictamen que permite que se legalicen las posesiones informales de tierras comunales con fines de vivienda, en casos que no estén reconocidas como territorios indígenas u originarios, o en contiendas judiciales de reivindicación.

Por ello, se resaltó la necesidad de que el Estado reconozca a todas las comunidades campesinas, para que ejerzan la autodeterminación sobre sus territorios, amenazados por la minería, agroindustria y megaproyectos de infraestructura.

El 15.51% del territorio nacional está ocupado por concesiones mineras, según el monitoreo de CooperAcción actualizado en mayo. Sin contar las tierras entregadas para explotación de hidrocarburos, tala legal y monocultivos, estos en expansión en la Amazonía.

Foto por Red Muqui

Gobiernos autónomos frente a complicidad estatal

La mayoría de procesos judiciales, señalan las defensoras y los defensores, proviene de las instituciones estatales. Se han normalizado las acusaciones de delitos ambientales a los propios guardianes de territorios, como método de intimidación y desgaste.

El defensor de la comunidad campesina muchik Santa Catalina de Chongoyape (región Lambayeque), Javier Ruiz Gutiérrez, relató que el Ministerio Público denunció por maltrato animal a los guardabosques del área de conservación Chaparrí, donde se protege al oso andino y aves en peligro de extinción en la costa norte peruana.

Entre las conclusiones de las defensoras y defensores se resaltó la necesidad de reforzar las formas ancestrales de autogobierno.

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“Demandamos la titulación, demarcación y georreferanciación integral de todos los territorios indígenas y campesinos. El Estado debe reconocer y fortalecer nuestros sistemas de autogobierno, como las Guardias Indígenas y Gobiernos Territoriales Autónomos. Exigimos que se respete de forma efectiva el derecho a la consulta previa, libre, informada y vinculante en todos los casos”, destacan las y los defensores en un pronunciamiento.

El día en que concluía el encuentro, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís decidió hacerse cargo de la expulsión de los mineros ilegales del río Santiago, en márgenes de las regiones Amazonas y Loreto, ante la inacción del Estado.

“El gobierno peruano nos abandonó al cancelar una operación conjunta (contra la minería ilegal) a último minuto, demostrando su falta de voluntad para proteger la Amazonía y a sus pueblos originarios. Años de promesas vacías han permitido que la devastación avance. No esperaremos más”, manifestó la organización en un comunicado.

La Nación Wampís demandó al Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) que garanticen que este proceso se realice en paz.

Sin embargo, el Ejército no autorizó la estadía de un puesto de control del Gobierno Territorial Wampís en el área donde, el 12 de julio, una comitiva de guardianes indígenas fue atacada con armas de fuego y explosivos por mineros informales, durante un recorrido pacífico de control y defensa de su territorio. 

Del mismo modo, el 14 de julio la comunidad nativa Flor de Ucayali denunció que la Región Policial Ucayali optó por no acompañar el patrullaje comunitario contra el narcotráfico, a pesar de compromisos acordados con autoridades regionales. 

Foto por Red Muqui

Fuente: Avispa Midia
Por Santiago Navarro F

Hace unos días la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés), Kristin Noem, viajó a Guatemala para firmar un memorandum de entendimiento con el gobierno de Guatemala, que acuerda el lanzamiento del Programa Conjunto de Seguridad, el cual permitirá interceptar a personas vinculadas a las denominadas redes transforterizas del crimen organizado o con vínculos terroristas, en puertos y aeropuertos de este país.

A pesar de que Noem sostuvo que el acuerdo fue en torno a que Guatemala sería considerado el “tercer país seguro”, contrario a ello, el Ministerio de Gobernación del país centroamericano, Francisco Jiménez, negó que se hay asumido dicho compromiso. Mientras que el documento puntualiza que el objetivo es establecer el Programa de Seguridad Conjunta (JSP, por sus siglas en inglés), mediante  el cual se pretende ampliar la participación bilateral en cuestiones de control de seguridad fronteriza.

Los agentes de los Estados Unidos (EEUU) tendrán la posibilidad de participar presencialmente y actuar directamente en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en ciudad de Guatemala. Así mismo, se espera que los oficiales que participen en este programa, incluyendo los guatemaltecos, trabajen bajo la dirección y coordinación del jefe de Misión de los Estados Unidos en la República de Guatemala, y bajo la supervisión operativa de la división del Programa de Asesoría de Inmigración (IAP, por sus siglas eninglés), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y en coordinación con la Dirección General de la Policia Nacional Civil guatemalteca.

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Fuente: Avispa Midia
^{Texto por Camila Plá y Javier Perea
Fotografías por Alberto Hidalgo y Javier Perea}

“En este territorio intentaron hacer silencio con la bala, pero como no lo consiguieron empezaron a hacerlo con saña. No lo han conseguido tampoco, ni lo conseguirán”, dijo Selvin Milla, integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y compañero del Consejo de Pueblos K’iche (CPK), mientras nos explicaba la larga y compleja historia del pueblo K’iche en Iximulew, conocido en castellano como Guatemala. 

Estábamos reunidas a un día del “Reencuentro con Lolita Chávez y nuestra comunidad Maya K’iche”, en el espacio del CPK, Guatemala. Era viernes 27 de julio y ya era tarde. Afuera los comercios cerraban y dentro un fuego acompañaba nuestra plática. El grupo anfitrión estaba esperando la llegada de los internacionalistas de Colombia, Honduras, El Salvador y México quienes fuimos convocados para acompañar y acuerpar el aniversario del retorno de Lolita. 

Y es que esta defensora de territorio, vocera del CPK, feminista comunitaria y mujer de sonrisa generosa y abrazo enternecedor, estuvo exiliada durante siete años debido a múltiples amenazas contra su vida por defender los territorios que habita y la habitan. Hace apenas un año pudo regresar y seguir caminando con su comunidad para defender la vida. A lo largo de los años, el Concejo ha defendido el territorio frente a amenazas de empresas mineras como la canadiense Goldcorp, así como grupos madereros que talan los bosques que embellecen las montañas. 

Aunque ya está en casa, las amenazas no han parado y son la última cara que ha tomado la violencia sistémica que vive el pueblo K’iche. Dichas acciones datan de siglos. En las últimas décadas se manifestaron como genocidio a las comunidades mayas por el gobierno guatemalteco. Justamente de eso nos hablaba Selvin, nos contó que el territorio K’iche ha sido cuna de resistencias desde tiempos que se pierden en la memoria de su pueblo y que durante el genocidio su tierra se pintó con sangre, pero que aún así nunca han podido silenciar el grito de fuerza de su gente. 

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Fuente: Avispa Midia
Por Javier Bedía Prado

^{Fotos por Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep)}

El Congreso del Perú aprobó una norma que anula las sentencias y los procesos contra agentes estatales por delitos cometidos en el período de guerra insurgente-contrainsurgente, entre los años 1980 y 2000. Mientras tanto, se siguen encontrando restos de desaparecidos en bases militares. 

La Ley de Amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, comités de autodefensa y funcionarios del Estado fue decretada, el 11 de junio, con el apoyo de los partidos políticos conservadores y de ultraderecha, vinculados a las instituciones armadas y partícipes del terrorismo de Estado.

El dictamen elimina la responsabilidad penal de miembros de las fuerzas del orden por violaciones a los derechos humanos. Entre estas, masacres de comunidades campesinas e indígenas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones de menores de edad, sindicalistas, militantes de izquierda, autoridades políticas y estudiantes universitarios.

“Se concede amnistía de carácter humanitario a los adultos mayores de 80 años miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y a los que hayan sido integrantes de los Comités de Autodefensa, que cuenten con sentencia firme o en trámite, con pena privativa de libertad efectiva o suspendida, por delitos derivados u originados con ocasión de su participación en la lucha contra el terrorismo, siempre que no hayan sido condenados por delitos de terrorismo ni corrupción de funcionarios”, establece la ley.

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Fuente: Avispa Midia
Por Javier Bedía Prado

^{En portada: Grupo Mashco Piro avistado en la ribera del río Las Piedras, Madre de Dios, Perú. Foto: Survival International}

Una sentencia constitucional que respalda a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI), en el Perú, se suma al primer fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra un Estado, el de Ecuador, por vulnerar sus derechos.

El Tribunal Constitucional del Perú falló a favor de la inconstitucionalidad de la ordenanza 006-2023 de la Municipalidad Provincial de Ucayali, que les negaba el derecho a la vida y prohibía la creación de áreas protegidas para PIACI, con el argumento de que no existen en la jurisdicción.

La región Ucayali es la más violenta del país para comunidades nativas. Allí se encuentra una de las dos provincias donde se registra la mayor deforestación de la Amazonía peruana. Entre Coronel Portillo (Ucayali) y Puerto Inca (Huánuco) suman más de 500 mil hectáreas de bosques perdidas desde el año 2001. Además, en Coronel Portillo el cultivo de coca creció en 2.481% entre 2015 y 2021, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 

En consecuencia, ambas localidades encabezan los reportes de amenazas contra defensores ambientales en el Perú. Ucayali es la región en la que se cometieron más asesinatos de guardianes de territorios desde 2010: once del total de 54 crímenes, de acuerdo al informe Situación de los defensores indígenas en Ucayali 2024.

Esta región cuenta con 12.600 kilómetros de caminos ilegales, alrededor de los cuales se expanden la tala y otras actividades ilícitas en zonas de amortiguamiento y áreas protegidas. Una de estas vías transcurre cerca de la reserva Murunahua, que protege a etnias en aislamiento como los mascho piro, chitonahua y amahuaca.  

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Fuente: Avispa Midia
Por Javier Bedía Prado

La búsqueda de la defensora de territorios mapuche Julia Chuñil Catricura, desaparecida hace siete meses en la región de Los Ríos, es obstruida por las instituciones del Estado de Chile. 

Las organizaciones que se movilizan por la activista demandan la separación de la fiscal Tatiana Esquivel, por haber detenido las investigaciones y supervisado diligencias policiales en las que violentaron a los familiares de Chuñil.

Desde el 8 de noviembre de 2024 no hay rastros de Julia Chuñil, de 72 años, y su perro Cholito. Por su posición como presidenta de la comunidad indígena Putreguel, en la comuna Máfil, al sur de Chile, era amenazada por el empresario forestal Juan Carlos Morstadt, quien no ha sido incluido en las indagaciones fiscales. 

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Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

^{En portada: Mineros trabajan en un punto de extracción de oro ilegal en Itaituba, estado de Pará,en la Amazonia brasileña. Foto: Lucas Landau}

La deforestación de bosques primarios y la contaminación de ríos por minería ilegal de oro se expande en la Amazonía, en zonas de frontera de Ecuador, Colombia, Brasil y el Perú. A la vez, se registra una correlación entre la actividad formal e informal en territorios transfronterizos.

En el noroeste de la Amazonía, crece la contaminación de ríos por la minería aurífera de aluvión en la triple frontera entre Colombia, Brasil y el Perú, advierte un estudio del Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).

El impacto grave se registra en las cuencas del Puré, Cotuhé, Caquetá, Amazonas, Apaporis y Putumayo, en territorio colombiano; en los ríos Napo, Curaray, Putumayo, Yaguas, Nanay y Mazán, en el Perú; y en el Puruí y Japurá, en suelo brasileño.

Esta actividad minera no causa deforestación, pero daña directamente los caudales y la biodiversidad al emplear dragas y mercurio. La contaminación por este mineral se propaga en los alimentos y pone en peligro la salud de las poblaciones amazónicas.

Pueblos indígenas en aislamiento voluntario, entre ellos los yurí-passé, altamente vulnerables, corren riesgo por los vertidos en el Parque Nacional Natural Río Puré, en el sureste de la Amazonía colombiana.

En esta zona, la mayoría de la actividad minera por aluvión se registra en la frontera con Brasil. En noviembre de 2024, a través de imágenes satelitales, se detectaron 29 dragas en el curso del río Puré, mientras que en marzo y abril de este año se hallaron 27 dragas.

A su vez, la actividad se expande en el río Cotuhé, que pasa por el Resguardo Indígena Cotuhé Putumayo y limita con el Parque Nacional Natural Amacayacu, en el Trapecio Amazónico Colombiano, en las fronteras con Perú y Brasil.

Los monitoreos encuentran una correlación entre la entrega de concesiones mineras formales en áreas transfronterizas y el crecimiento de minería ilegal. En Colombia se observan balsas mineras clandestinas que ingresan a áreas protegidas, provenientes de zonas de Brasil donde se registran licitaciones mineras legales. La crisis de la minería ilegal en la Amazonía no es abordada por los gobiernos desde la fiscalización de la economía legal, mientras la mayor parte del oro exportado desde la Amazonía a los mercados globales proviene de la minería ilegal.

Ecuador en estado de emergencia

De otro lado, al norte de la Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Sucumbíos, crece la extracción aurífera ilícita alrededor de la reserva ecológica Cofán Bermejo, poniendo en peligro seis territorios ancestrales de etnias shuar y kichwa, indica un reciente informe del MAAP.

En esta provincia, cerca de la frontera con Colombia, a lo largo de la transición con la Cordillera de los Andes, desde el 2020 se registra un rápido incrementode actividad minera en áreas de amortiguamiento, importantes para la conservación de la biodiversidad amazónica, como el Bosque Protector El Bermejo y el Área de Conservación Municipal y Uso Sostenible Cascales (ACU Cascales).

En esta última se encuentra la mayor superficie deforestada por organizaciones criminales que operan en territorio fronterizo.

El impacto ambiental se agrava en el país, donde entre 2002 y 2024 se perdió un total de 262,000 hectáreas de bosques primarios y el 5,6% de su cobertura arbórea, de acuerdo a Global Forest Watch (GFW).

La suma de superficie boscosa afectada por minería informal hasta finales del año pasado en Ecuador es de aproximadamente 754 hectáreas. El mayor aumento fue en 2024, con una expansión de 189 hectáreas.

A la par del crimen organizado, los territorios son vulnerados por los gobiernos. Al sur de la Amazonía ecuatoriana, recientemente se aprobó una nueva licencia ambiental para la etapa de exploración del proyecto Panantza. La Corte Constitucional anuló en 2022 un primer permiso, debido a que la licitación se ubica en áreas indígenas y no se realizó consulta previa.

El precio del oro y la seguridad nacional

La violencia por la minería ilegal en Ecuador llevó al Gobierno de Daniel Noboa a declarar conflicto armado interno y estados de excepción. En mayo, una emboscada atribuida a organizaciones criminales dejó once militares muertos.

Bandas locales y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), del lado colombiano, se disputan zonas auríferas como Alto Punino, Yutzupino, El Chical y Camilo Ponce Enríquez. Solo en Alto Punino se han perdido 1,500 hectáreas de selva desde 2019, según el MAAP.

La minería ilegal permite la expansión de otras economías ilícitas, haciendo del oro una fuente de financiamiento para grupos armados.

En Colombia, la extracción de oro de aluvión es controlada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Más del 70 % de esta minería es ilegal, afectando 63,000 hectáreas, principalmente en los departamentos de Chocó, Antioquia y Nariño.

En términos monetarios, este tipo de minería puede extraer hasta tres kilogramos de oro por mes, lo que equivale a unos 275,000 dólares.

El crecimiento de la extracción de oro en Sudamérica, motivado por el alza de su precio en el mercado global, es una amenaza para las comunidades ancestrales amazónicas. En esa línea, el MAAP localizó el 68% de la deforestación por minería en Ecuador en tierras de comunidades indígenas.

En 2008, la onza de oro se cotizaba en alrededor de 812 dólares. Para 2024 se incrementó en más de 200%, alcanzando los 2,514 dólares. Las políticas arancelarias recientes y las compras de bancos centrales impulsan aún más la demanda. Así, este año el precio del mineral llegó a nuevos máximos de 3,000 dólares por onza, en una suerte de nueva fiebre del oro. La violencia y la destrucción en la Amazonía siguen su curso creciente a la par del valor del oro para la economía mundial.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: “¡Fuera Wildlife Works del territorio Ka’apor! ¡El mercado de carbono es una falsa solución ambiental!” se lee en la pancarta que sostienen jóvenes Ka’apor.}

Indígenas del pueblo Ka’apor, estado de Maranhão, norte de Brasil, han denunciado la presencia de la empresa estadounidense Wildlife Works y la ONG Forest Trends en su territorio con la pretensión de imponer un proyecto para la generación de créditos de carbono. Según testimonios del pueblo indígena, reportes de organizaciones ambientalistas y periodísticos, las actividades de estas empresas están generando conflictos internos en la Tierra Indígena (TI) Alto Turiaçú.

Desde el año 2023 Wildlife Works y Forest Trends buscan implementar en el noroeste de Maranhão un proyecto REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques), estrategia encaminada a la generación de créditos de carbono y vinculado a las ideas de “neutralidad y compensación de carbono” que organizaciones y pueblos a nivel global han denunciado como falsas soluciones a la crisis climática.

Tuxa Ta Pame, un Consejo de gobierno Ka’apor creado en el año 2013, denuncia que el proyecto de la empresa norteamericana “líder global en desarrollo de proyectos REDD”, pretende abarcar una extensión de 531,000 hectáreas de selva amazónica para generar los créditos de carbono a través del mecanismo promovido por la ONU, empresas trasnacionales y ONGs conservacionistas.

Diversos estudios añaden serios cuestionamientos a la efectividad de estos proyectos a nivel global. Un informe del periódico inglés The Guardian reveló, en 2023, que más del 90% de los créditos de la certificadora Verra no representan reducciones reales de emisiones. Por su parte, la Universidad de Berkeley concluyó que solo un pequeño porcentaje de proyectos REDD+ cumple con sus objetivos de conservación.

Mientras tanto, el pueblo Ka’apor mantiene la defensa contra la deforestación en la selva del Alto Turiaçú donde la protegen activamente contra amenazas que van desde cazadores furtivos, ganaderos y empresas madereras y mineras. Ahora, denuncian que las pretensiones de las empresas norteamericanas generan divisiones internas debido a que han mantenido reuniones secretas con algunos miembros de su pueblo, llegando incluso a firmar acuerdos sin la representación ni consulta a toda la comunidad indígena.

División

Un informe de la organización Salva la Selva asevera que, de acuerdo a testimonios de dirigentes de Tuxa Ta Pame, los dos grupos norteamericanos mantienen reuniones desde principios de año con representantes de la Asociación Ka’apor Ta Hury del río Gurupi, los cuales están a favor del proyecto. “Las reuniones se celebraron en la ciudad de Zé Doca, donde tiene su sede la asociación. Según los dirigentes de Tuxa Ta Pame, Wildlife Works y Forest Trends nunca les invitaron a participar en las reuniones”, complementa.

Entre otros señalamientos, recalcan que la empresa norteamericana ha recurrido a otros pueblos, como el Tembé, que habita las tierras Alto Río Guamá y Turé-Mariquita en el estado de Pará, fronterizo con Maranhão, para que le acompañen a celebrar reuniones con comunidades Ka’apor. Según las denuncias, los grupos norteamericanos han ofrecido cuantiosas sumas de dinero a los miembros del pueblo Ka’apor con quienes se reunen, sin embargo, no han presentado los detalles del proyecto a los líderes de Tuxa Ta Pame.

Un reportaje del medio The Intercept Brasil confirma estas acusaciones al presentar la entrevista con el cacique Iracadju Ka’apor, presidente de la Asociación Ka’apor Ta Hury, quien compartió que el contrato con Wildlife Works se propone para una duración de 10 años, con una donación inicial de poco más de 70 mil dólares, “para llevar a cabo la vigilancia y protección del territorio por parte de los indígenas”.

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Adicionalmente, la empresa norteamericana prometió ingresos por más de 350 mil dólares, mensuales, derivados por la venta de los créditos de carbono, los cuales prometió serán destinados para inversión en salud, educación y protección del territorio indigena. No obstante, remarca el reporte, “ni la Asociación, ni la empresa, ni la ONG facilitaron más detalles sobre el proyecto”.

Acusaciones contra Wildlife Works

La empresa norteamericana Wildlife Works enfrenta denuncias por violaciones a derechos humanos en algunos países donde tiene presencia. Tal es el caso en Kenia, donde empleados de la empresa han sido acusados de cometer abusos sexuales dentro de las actividades del proyecto REDD+ del Corredor de Kasigau, al sureste del país africano.

Una investigación realizada por SOMO y la Comisión de Derechos Humanos de Kenia (KHRC) revela que Wildlife Works, en contradicción con su imagen social y ética, es responsable de graves violaciones de derechos humanos en el proyecto Kasigau, el cual genera créditos de carbono que vende, entre otros, a clientes como Microsoft, Netflix, McKinsey y Shell.

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Ahora, en la Amazonía, yacen señalamientos de conducta ilegal por parte de Wildlife Works, quien pese a no contar con registro legal en Brasi, ha firmado un memorando de entendimiento con la Asociación Ka’apor Ta Hury, lo que de acuerdo a la legislación del país sudamericano restringiría sus operaciones en esos territorios.

En contraste, Itahu Ka’apor, miembro de los Tuxa Ta Pame, asevera que  para los Ka’apor, sus relaciones no se basan en el intercambio monetario, sino en un sentido de colectividad, ancestralidad, autonomía y reciprocidad entre los seres humanos y los demás seres vivos presentes en el territorio, por lo que mantendrán la resistencia contra el proyecto REDD+ y su intención de mercantilizar la naturaleza.

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

^{En portada: Habitantes de la cooperativa El Bosque se concentraron en la calle a Comasagua, San Salvador, para manifestarse ante órdenes de desalojo para 300 familias.}

El pasado 12 de mayo, mientras la comunidad campesina de la Cooperativa El Bosque, en el El Salvador, realizaba una vigilia pacífica como acto de protesta contra una orden de desalojo de sus tierras, un operativo de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y la Policía Militar irrumpió con lujo de violencia. Detuvieron a José Ángel Pérez, pastor evangélico y presidente de la cooperativa de estas tierras. Al día siguiente, sin una orden oficial, en la capital de este país, también aprendieron al abogado y defensor ambientalista Alejandro Henríquez. Ambos fueron incomunicados por nueve días.

En entrevista para Avispa Mídia, Dalia Gonzáles, quien al igual que el abogado Henríquez, es parte del Movimiento Político Rebelión Verde (ReverdES) y del Foro del Agua del El Salvador, dijo que la detención del abogado no es un caso aislado, sino que es selectivo por su activismo. “Desde meses atrás venía acompañando a la comunida El Bosque, en Santa Tecla. Porque enfrentan un proceso judicial injusto e irregular de desalojo de tierras”, señala la activista.

Esta comunidad, que acompaña el abogado, tenía una orden de desalojo emitida por el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla y tendría que ser ejecutada el pasado 22 de mayo, afectando al menos 300 personas que conforman esta comunidad. Es por ello que inmediatamente los campesinos se pusieron en alerta para evitar que se llevará a cabo este acto, “la comunidad hizo un planton pacífico en las cercanías de la residencia donde vive el presidente Nayib Bukele, pero las fuerzas del orden reprimieron y fue donde detuvieron al pastor de la comunidad, el 12 de mayo”, señala la activista Gonzáles.

Al día siguiente (13), sin una orden oficial, también detienen al agobado Henríquez, bajo la consigna de que su detención era “por el delito de desórdenes públicos. Hoy se cumplen más de 15 días desde la detención”, explica la militante de ReverdES y del Foro del Agua.

“La acusación de ‘desórdenes públicos’ carece de fundamento, ya que la vigilia fue pacífica. Esto refleja un uso instrumental de figuras penales ambiguas para reprimir la protesta social”, destaca la organización Foro del Agua en un comumicado.

Así mismo, en el comunicado refirman que estas detenciones responden a una estrategia de criminalización contra la lucha por el agua, la defensa del territorio y la resistencia antiminera en El Salvador.

“Su rol como abogado y defensor ambiental lo ha convertido en blanco de hostigamiento, buscando desincentivar el acompañamiento legal a comunidades en resistencia”, abunda el comunicado.

Tras una campaña pública, incluyendo la entrega de una carta al presidente Nayib Bukele, el juzgado suspendió el desalojo. No obstante, no se respetó esta orden y se ejecutó una acción represiva donde se detuvieron a los activistas.

La Cooperativa El Bosque

La modalidad de Cooperativa, bajo la cual tienen en posesión estas tierras, fue producto de la reforma agraria a través de la cual se transfirieron las tierras por el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), en el año de 1985. Posteriormente, en los años 90s, la Cooperativa recibió prestamos del Banco Rural para el cultivo de café, pues en ese momento se vivia una crisis de este grano.

En ese contexto de crisis, los campesinos contrataron al ingeniero agrónomo Luis Antonio Palomo Urbin, para reactivar la producción y poder pagar el crédito, “pero no les ayudó. Más bien se aprovechó de la gente que no sabía leer y escribir y les hizo firmar unos pagares. Así que lo hecharon de la cooperativa en 2006, pero tiempo despúes usó esos documentos firmados para demandar a la comunidad”, puntualiza la activista Gonzáles. La comunidad tenía que pagar en un primer momento 130 mil dólares, con la orden de desalojo el monto asciende a más 800 mil dólares por moratorias e intereses.

“Entonces este personaje pretende cobrarse con la tierra y mediante documentos y procesos viciados”, denuncia la activista. El ingeniero Luis Antonio Palomo Urbin, quien denuncian por haber recibido favoritismo de las autoridades, es también prestador de servicio del gobierno de Nayib Bukele, a través de su empresa Proyectos e Inversiones Diversas SA de CV (PROYIN S.A. DE C.V.).

Otros casos

Estas detenciones se dan en un contexto donde El Salvador vive un régimen de excepción, que ha suspendido derechos básicos, bajo la narrativa de una “guerra contra las pandillas”, dice la activista.

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Lo ocurrido “no es un caso aislado” dice la activista del Foro del Agua. La criminalización de líderes comunitarios, abogados y defensores de derechos humanos se ha intensificado en El Salvador bajo el régimen de excepción. Alejandro Henríquez ha asesorado a más de 100 juntas de agua y ha acompañado casos emblemáticos de defensa territorial, como Valle Ángel, amenazado por la especulación inmobiliaria.

Henríquez también es uno de los firmantes de la demanda de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Minería Metálica, aprobada en diciembre de 2024, que permite nuevamente la explotación minera en el país tras años de moratoria. Lo mismo con la abogada Ruth López, que es la jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal de El Salvador, “quien fue detenida de manera arbitraria en otro contexto”, agrega Gonzáles.

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La activista González, politóloga y compañera del movimiento ReverdES, concluye que la detención de su compañero “es por su activismo, ya que ha trabajado con comunidades que el Estado quiere silenciar. Esta es una estrategia de terror: encarcelar a quienes organizan, a quienes dan herramientas legales a la gente pobre, a quienes dicen que el agua no puede ser un negocio”.

Repudio internacional

Las detenciones han generado condena internacional. La Relatora Especial de la ONU sobre defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, ha expresado su preocupación. Organizaciones como Amnistía Internacional y hasta el Partido Verde de Alemania han exigido su liberación inmediata.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado patrones de criminalización contra defensores ambientales y territoriales en toda la región. En El Salvador, hoy, “denunciar un despojo puede costarte la libertad —o la vida”, dice la activista.