La búsqueda de la defensora de territorios mapuche Julia Chuñil Catricura, desaparecida hace siete meses en la región de Los Ríos, es obstruida por las instituciones del Estado de Chile.
Las organizaciones que se movilizan por la activista demandan la separación de la fiscal Tatiana Esquivel, por haber detenido las investigaciones y supervisado diligencias policiales en las que violentaron a los familiares de Chuñil.
Desde el 8 de noviembre de 2024 no hay rastros de Julia Chuñil, de 72 años, y su perro Cholito. Por su posición como presidenta de la comunidad indígena Putreguel, en la comuna Máfil, al sur de Chile, era amenazada por el empresario forestal Juan Carlos Morstadt, quien no ha sido incluido en las indagaciones fiscales.
Julia Chuñil se oponía a la venta de la tierra que habitabadesde el año 2015, en defensa del bosque nativo, de su flora y fauna que la industria forestal pretende destruirpara expandir los monocultivos de pino y eucalipto. Decidió vivir en territorios ancestrales recuperados, como reivindicación de su identidad. Recuperar la cosmovisión mapuche fue su forma de lucha.
Antes de ser desaparecida, a la defensora ambiental la amenazaron con incendiar su casa y la amedrentaron en varias ocasiones, debido a que era la única persona de la comunidad que se negaba a vender el terreno. “Tenemos a todos comprados, solo faltas tú”, le dijeron. El empresario presionaba para entregar el dinero cuando toda la comunidad esté de acuerdo con la transacción. Su familia y vecinos sabían de las amenazas.
“Hay una frustración del empresario y esta fiscal. Dentro del desprecio que tienen hacia el pueblo mapuche jamás pensaron que la familia de Julia iba a tener tanto apoyo y que tantos ojos estuvieran pendientes. Es así de discriminadora y cruel la justicia en Chile. Pensaron que la iban a olvidar, que era una vieja más, por mujer, campesina, mapuche. Pero el apoyo ha crecido”, declaró para Avispa Mídia Marjorie Carreño, representante de la Coordinadora por Julia Chuñil de la región Biobío.
Abusos y criminalización
En los primeros días de búsqueda no se encontró ni un rastro de Chuñil y Cholito, por lo que se sostiene que se trata de una desaparición forzada. La ausencia del perro no es un hecho menor, pues los animales saben volver a casa.
En cinco meses de investigación, rotaron tres fiscales distintos. Cuando uno avanzó con pruebas, pidióvacaciones y luego licencia médica. El caso fue tomado enenero por Esquivel.
“Han interrogado a familiares, a su hija y su hijo, hanallanado casas y tomado pruebas sin órdenes. Han retenido más de tres horas en un vehículo policial a su hija, con gente armada, para quebrarla emocionalmente. El empresario se acogió a su derecho a guardar silencio y no le han sacado ninguna declaración. Él no ha sido hostigado, no lo molestaron más”, indica la activista.
Jeanette Troncoso Chuñil, hija de Julia, relató que el 30 de enero, en su vivienda y en presencia de la fiscal, un policíala presionó, desenfundando parcialmente su arma, para que se inculpe por la desaparición de su madre. Las leyes chilenas tipifican este acto como tortura.
Tras la denuncia en su contra por abandono de deberes, Esquivel recientemente pidió a la Fiscalía Nacional ser separada del caso, solicitud que fue rechazada. Los defensores de la familia de Chuñil consideran que se tratade un intento de la fiscal de evadir responsabilidades y paralizar las investigaciones.
Esquivel es la fiscal de un caso emblemático de la región, el del niño Tomás, cuyo abuelo ganó un juicio a una agroforestal. Luego, en 2021, el menor apareció muerto y el abuelo fue acusado del asesinato. Las investigaciones siguen abiertas.
Por su parte, desde el gobierno de Gabriel Boric no se muestra interés en una investigación sin criminalizacióninstitucional contra la familia de Julia Chuñil. Incluso el Ejecutivo declaró inadmisible una acción urgente presentada ante el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Silencio y miedo en territorio recuperado
La comunidad presidida por Chuñil, conformada en su mayoría por personas ancianas, se asentó hace diez años en un terreno que había sido adquirido por la Corporación Nacional de Desarrollo indígena (Conadi), organismo estatal creado para recuperar tierras del pueblo mapuche.
En la región Los Ríos, el proceso de despojo territorial contra mapuches y campesinos chilenos empezó entre 1850 y 1875, con la migración selectiva de alemanes. Con la reforma agraria de Salvador Allende (1970-1973), se devolvieron las tierras a sus primeros habitantes; luego, con la dictadura de Pinochet se ejecutó la contrarreforma yles arrebataron los terrenos, mediante el terrorismo de Estado, a sus legítimos habitantes.
En 2013, Juan Carlos Morstadt vendió a la Conadi 900 hectáreas por el valor de 1,114 millones de pesos chilenos. En un principio, este terreno iba a ser entregado a otra comunidad, la que lo rechazó porque el empresario lo vendió sin derecho a uso de agua. Esta comunidad demandó por incumplimiento de contrato a la Conadi y aMorstadt. Ante el abandono del terreno, llegó la comunidad de Julia.
Hay una serie de movimientos en la Conadi que apuntan a maniobras de la industria agroforestal. La institución devolvió el terreno a Morstadt, sin que este haya reembolsado hasta hoy ni una parte del monto detransacción. La Conadi tampoco le notificó que la Superintendencia de Chile resolvió por la devolución del dinero.
¿Por qué querría pagar por un terreno que, sobre el papel, le pertenece?, se pregunta la familia de Chuñil. Lo que está en disputa es una cantidad millonaria de dinero adeudada por el empresario al Estado, en contraste con su imposibilidad de obtener ganancias del territorio.
“Hay algo extraño, ¿cómo la Conadi no quiso recuperar el dinero? Llama la atención que la Conadi, que se supone es un organismo de protección a los indígenas de Chile, no se haya sumado a la denuncia que hizo la familia. Además,como organismo tampoco hizo su propia denuncia frente a la desaparición de una mujer indígena. Entonces, se acrecientan las sospechas de que hay algo ilícito. Primero, el tipo no les devuelve el dinero, no lo notifican de la resolución y luego no denuncian la desaparición”, cuestiona la integrante de la Coordinadora por Julia Chuñil.
En la comunidad Pedreguel hoy habitan el silencio y el miedo. En abril, un caballo de Julia Chuñil fue envenenado y un chancho muerto por balas, lo que significa una amenaza de parte de los responsables de la desaparición de la defensora indígena.
“La gente comenta que siente mucho miedo. Ellos les trabajan el campo (a los latifundistas), vendiendo leña, cuidando animales, ven riesgo de perder ingresos porque les trabajan a los que tienen más plata. Nos dicen que hay gente que sabe, pero nadie va a hablar porque tiene miedo. La desaparición de una persona es muy violenta”, relata Marjorie Becerra.
En la prensa se difundieron narrativas de montajespoliciales. Se filtraron presuntos resultados del laboratorio de Carabineros de análisis de sangre tomados en la casa de la hija de Chuñil “compatibles con la defensora”. Al no haber cuerpo para contrastar las muestras, no es ninguna revelación la compatibilidad genética entre familiares. La fiscal Esquivel llegó a señalar a la lideresa de robo de madera, refiriéndose a la recolección de ramas del bosque.
El día ocho de cada mes se publican noticias de desprestigio contra los familiares de la defensora mapuche. Ante esta narrativa, las organizaciones que luchan por la búsqueda de Julia Chuñil responden con más movilizaciones y solidaridad hacia su familia.
En portada: Mineros trabajan en un punto de extracción de oro ilegal en Itaituba, estado de Pará,en la Amazonia brasileña. Foto: Lucas Landau
La deforestación de bosques primarios y la contaminación de ríos por minería ilegal de oro se expande en la Amazonía, en zonas de frontera de Ecuador, Colombia, Brasil y el Perú. A la vez, se registra una correlación entre la actividad formal e informal en territorios transfronterizos.
En el noroeste de la Amazonía, crece la contaminación de ríos por la minería aurífera de aluvión en la triple frontera entre Colombia, Brasil y el Perú, advierte un estudio del Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).
El impacto grave se registra en las cuencas del Puré, Cotuhé, Caquetá, Amazonas, Apaporis y Putumayo, en territorio colombiano; en los ríos Napo, Curaray, Putumayo, Yaguas, Nanay y Mazán, en el Perú; y en el Puruí y Japurá, en suelo brasileño.
Esta actividad minera no causa deforestación, pero daña directamente los caudales y la biodiversidad al emplear dragas y mercurio. La contaminación por este mineral se propaga en los alimentos y pone en peligro la salud de las poblaciones amazónicas.
En Colombia la zona más afectada por el mercurio es la cuenca del río Caquetá. Foto: Radio Macondo FM.
Pueblos indígenas en aislamiento voluntario, entre ellos los yurí-passé, altamente vulnerables, corren riesgo por los vertidos en el Parque Nacional Natural Río Puré, en el sureste de la Amazonía colombiana.
En esta zona, la mayoría de la actividad minera por aluvión se registra en la frontera con Brasil. En noviembre de 2024, a través de imágenes satelitales, se detectaron 29 dragas en el curso del río Puré, mientras que en marzo y abril de este año se hallaron 27 dragas.
A su vez, la actividad se expande en el río Cotuhé, que pasa por el Resguardo Indígena Cotuhé Putumayo y limita con el Parque Nacional Natural Amacayacu, en el Trapecio Amazónico Colombiano, en las fronteras con Perú y Brasil.
Los monitoreos encuentran una correlación entre la entrega de concesiones mineras formales en áreas transfronterizas y el crecimiento de minería ilegal. En Colombia se observan balsas mineras clandestinas que ingresan a áreas protegidas, provenientes de zonas de Brasil donde se registran licitaciones mineras legales. La crisis de la minería ilegal en la Amazonía no es abordada por los gobiernos desde la fiscalización de la economía legal, mientras la mayor parte del oro exportado desde la Amazonía a los mercados globales proviene de la minería ilegal.
Ecuador en estado de emergencia
De otro lado, al norte de la Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Sucumbíos, crece la extracción aurífera ilícita alrededor de la reserva ecológica Cofán Bermejo, poniendo en peligro seis territorios ancestrales de etnias shuar y kichwa, indica un reciente informe del MAAP.
En esta provincia, cerca de la frontera con Colombia, a lo largo de la transición con la Cordillera de los Andes, desde el 2020 se registra un rápido incrementode actividad minera en áreas de amortiguamiento, importantes para la conservación de la biodiversidad amazónica, como el Bosque Protector El Bermejo y el Área de Conservación Municipal y Uso Sostenible Cascales (ACU Cascales).
Minería en zona de amortiguamiento de la reserva ecológica Cofán Bermejo. Se aprecia maquinaria en el bosque, muy cerca del río.
En esta última se encuentra la mayor superficie deforestada por organizaciones criminales que operan en territorio fronterizo.
El impacto ambiental se agrava en el país, donde entre 2002 y 2024 se perdió un total de 262,000 hectáreas de bosques primarios y el 5,6% de su cobertura arbórea, de acuerdo a Global Forest Watch (GFW).
La suma de superficie boscosa afectada por minería informal hasta finales del año pasado en Ecuador es de aproximadamente 754 hectáreas. El mayor aumento fue en 2024, con una expansión de 189 hectáreas.
A la par del crimen organizado, los territorios son vulnerados por los gobiernos. Al sur de la Amazonía ecuatoriana, recientemente se aprobó una nueva licencia ambiental para la etapa de exploración del proyecto Panantza. La Corte Constitucional anuló en 2022 un primer permiso, debido a que la licitación se ubica en áreas indígenas y no se realizó consulta previa.
El precio del oro y la seguridad nacional
La violencia por la minería ilegal en Ecuador llevó al Gobierno de Daniel Noboa a declarar conflicto armado interno y estados de excepción. En mayo, una emboscada atribuida a organizaciones criminales dejó once militares muertos.
Bandas locales y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), del lado colombiano, se disputan zonas auríferas como Alto Punino, Yutzupino, El Chical y Camilo Ponce Enríquez. Solo en Alto Punino se han perdido 1,500 hectáreas de selva desde 2019, según el MAAP.
La minería ilegal permite la expansión de otras economías ilícitas, haciendo del oro una fuente de financiamiento para grupos armados.
En Colombia, la extracción de oro de aluvión es controlada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Más del 70 % de esta minería es ilegal, afectando 63,000 hectáreas, principalmente en los departamentos de Chocó, Antioquia y Nariño.
En términos monetarios, este tipo de minería puede extraer hasta tres kilogramos de oro por mes, lo que equivale a unos 275,000 dólares.
El crecimiento de la extracción de oro en Sudamérica, motivado por el alza de su precio en el mercado global, es una amenaza para las comunidades ancestrales amazónicas. En esa línea, el MAAP localizó el 68% de la deforestación por minería en Ecuador en tierras de comunidades indígenas.
En 2008, la onza de oro se cotizaba en alrededor de 812 dólares. Para 2024 se incrementó en más de 200%, alcanzando los 2,514 dólares. Las políticas arancelarias recientes y las compras de bancos centrales impulsan aún más la demanda. Así, este año el precio del mineral llegó a nuevos máximos de 3,000 dólares por onza, en una suerte de nueva fiebre del oro. La violencia y la destrucción en la Amazonía siguen su curso creciente a la par del valor del oro para la economía mundial.
En portada: “¡Fuera Wildlife Works del territorio Ka’apor! ¡El mercado de carbono es una falsa solución ambiental!” se lee en la pancarta que sostienen jóvenes Ka’apor.
Indígenas del pueblo Ka’apor, estado de Maranhão, norte de Brasil, han denunciado la presencia de la empresa estadounidense Wildlife Works y la ONG Forest Trends en su territorio con la pretensión de imponer un proyecto para la generación de créditos de carbono. Según testimonios del pueblo indígena, reportes de organizaciones ambientalistas y periodísticos, las actividades de estas empresas están generando conflictos internos en la Tierra Indígena (TI) Alto Turiaçú.
Desde el año 2023 Wildlife Works y Forest Trends buscan implementar en el noroeste de Maranhão un proyecto REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques), estrategia encaminada a la generación de créditos de carbono y vinculado a las ideas de “neutralidad y compensación de carbono” que organizaciones y pueblos a nivel global han denunciado como falsas soluciones a la crisis climática.
Tuxa Ta Pame, un Consejo de gobierno Ka’apor creado en el año 2013, denuncia que el proyecto de la empresa norteamericana “líder global en desarrollo de proyectos REDD”, pretende abarcar una extensión de 531,000 hectáreas de selva amazónica para generar los créditos de carbono a través del mecanismo promovido por la ONU, empresas trasnacionales y ONGs conservacionistas.
Guerreros Ka’apor atan a madereros durante una expedición en la selva para buscarlos y expulsarlos del territorio indígena de Alto Turiaçu. Foto: Lunae Parracho
Mientras tanto, el pueblo Ka’apor mantiene la defensa contra la deforestación en la selva del Alto Turiaçú donde la protegen activamente contra amenazas que van desde cazadores furtivos, ganaderos y empresas madereras y mineras. Ahora, denuncian que las pretensiones de las empresas norteamericanas generan divisiones internas debido a que han mantenido reuniones secretas con algunos miembros de su pueblo, llegando incluso a firmar acuerdos sin la representación ni consulta a toda la comunidad indígena.
División
Un informe de la organización Salva la Selva asevera que, de acuerdo a testimonios de dirigentes de Tuxa Ta Pame, los dos grupos norteamericanos mantienen reuniones desde principios de año con representantes de la Asociación Ka’apor Ta Hury del río Gurupi, los cuales están a favor del proyecto. “Las reuniones se celebraron en la ciudad de Zé Doca, donde tiene su sede la asociación. Según los dirigentes de Tuxa Ta Pame, Wildlife Works y Forest Trends nunca les invitaron a participar en las reuniones”, complementa.
Entre otros señalamientos, recalcan que la empresa norteamericana ha recurrido a otros pueblos, como el Tembé, que habita las tierras Alto Río Guamá y Turé-Mariquita en el estado de Pará, fronterizo con Maranhão, para que le acompañen a celebrar reuniones con comunidades Ka’apor. Según las denuncias, los grupos norteamericanos han ofrecido cuantiosas sumas de dinero a los miembros del pueblo Ka’apor con quienes se reunen, sin embargo, no han presentado los detalles del proyecto a los líderes de Tuxa Ta Pame.
Consejo Tuxa Ta Pame del Territorio Indígena Alto Turiaçu en la Amazonía brasileña
Un reportaje del medio The Intercept Brasil confirma estas acusaciones al presentar la entrevista con el cacique Iracadju Ka’apor, presidente de la Asociación Ka’apor Ta Hury, quien compartió que el contrato con Wildlife Works se propone para una duración de 10 años, con una donación inicial de poco más de 70 mil dólares, “para llevar a cabo la vigilancia y protección del territorio por parte de los indígenas”.
Adicionalmente, la empresa norteamericana prometió ingresos por más de 350 mil dólares, mensuales, derivados por la venta de los créditos de carbono, los cuales prometió serán destinados para inversión en salud, educación y protección del territorio indigena. No obstante, remarca el reporte, “ni la Asociación, ni la empresa, ni la ONG facilitaron más detalles sobre el proyecto”.
Acusaciones contra Wildlife Works
La empresa norteamericana Wildlife Works enfrenta denuncias por violaciones a derechos humanos en algunos países donde tiene presencia. Tal es el caso en Kenia, donde empleados de la empresa han sido acusados de cometer abusos sexuales dentro de las actividades del proyecto REDD+ del Corredor de Kasigau, al sureste del país africano.
Una investigación realizada por SOMO y la Comisión de Derechos Humanos de Kenia (KHRC) revela que Wildlife Works, en contradicción con su imagen social y ética, es responsable de graves violaciones de derechos humanos en el proyecto Kasigau, el cual genera créditos de carbono que vende, entre otros, a clientes como Microsoft, Netflix, McKinsey y Shell.
Ahora, en la Amazonía, yacen señalamientos de conducta ilegal por parte de Wildlife Works, quien pese a no contar con registro legal en Brasi, ha firmado un memorando de entendimiento con la Asociación Ka’apor Ta Hury, lo que de acuerdo a la legislación del país sudamericano restringiría sus operaciones en esos territorios.
En contraste, Itahu Ka’apor, miembro de los Tuxa Ta Pame, asevera que para los Ka’apor, sus relaciones no se basan en el intercambio monetario, sino en un sentido de colectividad, ancestralidad, autonomía y reciprocidad entre los seres humanos y los demás seres vivos presentes en el territorio, por lo que mantendrán la resistencia contra el proyecto REDD+ y su intención de mercantilizar la naturaleza.
En portada: Habitantes de la cooperativa El Bosque se concentraron en la calle a Comasagua, San Salvador, para manifestarse ante órdenes de desalojo para 300 familias.
El pasado 12 de mayo, mientras la comunidad campesina de la Cooperativa El Bosque, en el El Salvador, realizaba una vigilia pacífica como acto de protesta contra una orden de desalojo de sus tierras, un operativo de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y la Policía Militar irrumpió con lujo de violencia. Detuvieron a José Ángel Pérez, pastor evangélico y presidente de la cooperativa de estas tierras. Al día siguiente, sin una orden oficial, en la capital de este país, también aprendieron al abogado y defensor ambientalista Alejandro Henríquez. Ambos fueron incomunicados por nueve días.
En entrevista para Avispa Mídia, Dalia Gonzáles, quien al igual que el abogado Henríquez, es parte del Movimiento Político Rebelión Verde (ReverdES) y del Foro del Agua del El Salvador, dijo que la detención del abogado no es un caso aislado, sino que es selectivo por su activismo. “Desde meses atrás venía acompañando a la comunida El Bosque, en Santa Tecla. Porque enfrentan un proceso judicial injusto e irregular de desalojo de tierras”, señala la activista.
Esta comunidad, que acompaña el abogado, tenía una orden de desalojo emitida por el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla y tendría que ser ejecutada el pasado 22 de mayo, afectando al menos 300 personas que conforman esta comunidad. Es por ello que inmediatamente los campesinos se pusieron en alerta para evitar que se llevará a cabo este acto, “la comunidad hizo un planton pacífico en las cercanías de la residencia donde vive el presidente Nayib Bukele, pero las fuerzas del orden reprimieron y fue donde detuvieron al pastor de la comunidad, el 12 de mayo”, señala la activista Gonzáles.
Protesta para exigir la liberación de defensores de la Cooperativa El Bosque en El Salvador
Al día siguiente (13), sin una orden oficial, también detienen al agobado Henríquez, bajo la consigna de que su detención era “por el delito de desórdenes públicos. Hoy se cumplen más de 15 días desde la detención”, explica la militante de ReverdES y del Foro del Agua.
“La acusación de ‘desórdenes públicos’ carece de fundamento, ya que la vigilia fue pacífica. Esto refleja un uso instrumental de figuras penales ambiguas para reprimir la protesta social”, destaca la organización Foro del Agua en un comumicado.
Así mismo, en el comunicado refirman que estas detenciones responden a una estrategia de criminalización contra la lucha por el agua, la defensa del territorio y la resistencia antiminera en El Salvador.
“Su rol como abogado y defensor ambiental lo ha convertido en blanco de hostigamiento, buscando desincentivar el acompañamiento legal a comunidades en resistencia”, abunda el comunicado.
Tras una campaña pública, incluyendo la entrega de una carta al presidente Nayib Bukele, el juzgado suspendió el desalojo. No obstante, no se respetó esta orden y se ejecutó una acción represiva donde se detuvieron a los activistas.
La Cooperativa El Bosque
La modalidad de Cooperativa, bajo la cual tienen en posesión estas tierras, fue producto de la reforma agraria a través de la cual se transfirieron las tierras por el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), en el año de 1985. Posteriormente, en los años 90s, la Cooperativa recibió prestamos del Banco Rural para el cultivo de café, pues en ese momento se vivia una crisis de este grano.
En ese contexto de crisis, los campesinos contrataron al ingeniero agrónomo Luis Antonio Palomo Urbin, para reactivar la producción y poder pagar el crédito, “pero no les ayudó. Más bien se aprovechó de la gente que no sabía leer y escribir y les hizo firmar unos pagares. Así que lo hecharon de la cooperativa en 2006, pero tiempo despúes usó esos documentos firmados para demandar a la comunidad”, puntualiza la activista Gonzáles. La comunidad tenía que pagar en un primer momento 130 mil dólares, con la orden de desalojo el monto asciende a más 800 mil dólares por moratorias e intereses.
Cooperativa El Bosque. Foto: Victoria Paz/Mala Yerba
“Entonces este personaje pretende cobrarse con la tierra y mediante documentos y procesos viciados”, denuncia la activista. El ingeniero Luis Antonio Palomo Urbin, quien denuncian por haber recibido favoritismo de las autoridades, es también prestador de servicio del gobierno de Nayib Bukele, a través de su empresa Proyectos e Inversiones Diversas SA de CV (PROYIN S.A. DE C.V.).
Otros casos
Estas detenciones se dan en un contexto donde El Salvador vive un régimen de excepción, que ha suspendido derechos básicos, bajo la narrativa de una “guerra contra las pandillas”, dice la activista.
Lo ocurrido “no es un caso aislado” dice la activista del Foro del Agua. La criminalización de líderes comunitarios, abogados y defensores de derechos humanos se ha intensificado en El Salvador bajo el régimen de excepción. Alejandro Henríquez ha asesorado a más de 100 juntas de agua y ha acompañado casos emblemáticos de defensa territorial, como Valle Ángel, amenazado por la especulación inmobiliaria.
Henríquez también es uno de los firmantes de la demanda de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Minería Metálica, aprobada en diciembre de 2024, que permite nuevamente la explotación minera en el país tras años de moratoria. Lo mismo con la abogada Ruth López, que es la jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal de El Salvador, “quien fue detenida de manera arbitraria en otro contexto”, agrega Gonzáles.
La activista González, politóloga y compañera del movimiento ReverdES, concluye que la detención de su compañero “es por su activismo, ya que ha trabajado con comunidades que el Estado quiere silenciar. Esta es una estrategia de terror: encarcelar a quienes organizan, a quienes dan herramientas legales a la gente pobre, a quienes dicen que el agua no puede ser un negocio”.
Repudio internacional
Las detenciones han generado condena internacional. La Relatora Especial de la ONU sobre defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, ha expresado su preocupación. Organizaciones como Amnistía Internacional y hasta el Partido Verde de Alemania han exigido su liberación inmediata.
Protesta para exigir la liberación de defensores de la Cooperativa El Bosque en El Salvador.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado patrones de criminalización contra defensores ambientales y territoriales en toda la región. En El Salvador, hoy, “denunciar un despojo puede costarte la libertad —o la vida”, dice la activista.
Con el pretexto de la “mediación de conflictos” y del empoderamiento de comunidades, las acciones de ciertas ONGs corporativas hacen que las comunidades sigan sin tener acceso a sus tierras ni control sobre ellas, además de reforzar modelos de producción destructivos. Un ejemplo es la asociación de la Fundación Earthworm con el agronegocio de la palma aceitera en diversos países.
Desde hace décadas, las corporaciones del agronegocio, de la minería o del petróleo se asocian con ONGs y entidades sin ánimo de lucro para intentar limpiar su imagen ante la contaminación y destrucción que causan sus actividades. Para esas empresas, presentarse como “sostenibles” por medio de esas colaboraciones es una estrategia eficaz para satisfacer las demandas de los consumidores, obtener beneficios fiscales, conseguir financiación y cumplir las medidas compensatorias exigidas por los organismos reguladores.
Pero más allá de la clásica práctica de maquillaje verde (greenwashing), cada vez más las empresas extractivas y del agronegocio contratan a esas entidades para que asuman un papel central en la llamada “mediación de conflictos” con las comunidades rurales que forman parte de los territorios donde esos sectores operan o buscan operar. Una de estas entidades es la Fundación Earthworm, que suele aparecer en los relatos que comparten con WRM las comunidades que se enfrentan a conflictos con las empresas en sus territorios.
¿Qué es la Fundación Earthworm?
Fundada en 1999 como Tropical Forest Trust (TFT), Earthworm se convirtió en una fundación en 2019. Con sede en Suiza, cuenta con más de 300 empleados en más de 15 sucursales distribuidas por varios países.
Según la propia organización, su misión es “crear un mundo en el que las personas y la naturaleza prosperen en armonía”. Uno de sus vídeos promocionales dice que Earthworm “crea soluciones con las empresas para sanar la naturaleza y a las personas”. Este enunciado casi lírico está muy lejos de expresar lo que realmente hace la Fundación Earthworm y para quiénes trabaja. En la práctica, su labor consiste en ayudar a las corporaciones internacionales a garantizar que nada se interponga en el flujo de mercancías a lo largo de sus extensas cadenas de suministro, de modo que no encuentren obstáculos para ampliar su producción y extracción de materias primas e incorporarlas como mercancías a los mercados globalizados.
Las empresas y la Fundación Earthworm
En el informe anual de 2023 publicado por la Fundación Earthworm, grandes empresas figuran entre sus miembros, sobre todo del agronegocio, pero también de la minería, bienes de consumo y gigantes del comercio minorista. En años anteriores, la organización también recibió fondos de petroleras como Shell.
De 2019 a 2023, la Fundación Earthworm experimentó un crecimiento de sus ingresos en un 59%, totalizando casi 100 millones de dólares percibidos en ese periodo. Aproximadamente el 90% de esta suma procede de los más de 50 miembros y socios -principalmente empresas privadas-, frente a cerca del 4% procedente de ayudas de administraciones públicas. Este aumento de los ingresos también se refleja en los salarios de los ocho directivos de la organización, que percibieron 1,6 millones de dólares en 2023.
En uno de sus videos promocionales, la Fundación Earthworm afirma: “Si no trabajamos con las empresas, no cambiaremos el mundo”. Pero el hecho de que varias de estas empresas sean en realidad miembros de la Fundación plantea la siguiente pregunta: ¿dónde está la línea divisoria entre trabajar con ellas y trabajar para ellas?
¿Qué hace la Fundación Earthworm?
Earthworm interviene cuando el conflicto de una empresa con las comunidades amenaza con afectar de algún modo los negocios de la empresa. Entonces, se contrata a la fundación para que ‘resuelva el problema’ mediante la buena voluntad de todas las partes implicadas en un proceso de mediación. Sin embargo, lo que el WRM ha aprendido en décadas de apoyo a luchas de comunidades es que el acaparamiento de tierras, la violencia, los conflictos y la destrucción son partes inherentes, inseparables de los modelos de negocio de los clientes de Earthworm, e imposibles de resolver a través de mediación y buena voluntad.
Con ese objetivo, Earthworm se acerca a las comunidades afectadas, organiza cursos y otras actividades con ellos, con ONGs, gobiernos, académicos, etc. Sin embargo, ¿hasta qué punto es posible creer que una organización que se propone mediar en conflictos actuará con justicia cuando la gran mayoría de sus fondos viene de las empresas que causan esos conflictos? Aparte del dinero, otra pregunta: ¿puede haber una intervención honesta cuando la visión del mundo de quienes se presentan como mediadores está mucho más alineada con la de las empresas y no con las comunidades afectadas? Cuestiones como éstas han surgido en varios lugares donde Earthworm ha intervenido en nombre de empresas.
La actuación de Earthworm en la “mediación” de conflictos entre la industria de la palma aceitera y las comunidades rurales
Tomemos como ejemplo uno de los principales productos relacionados con el trabajo de Earthworm: el aceite de palma. El sistema de producción de aceite de palma adoptado por varias de las empresas que financian a esta fundación se basa en plantaciones a gran escala, uso intensivo de agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, sobreexplotación de la mano de obra y usurpación de territorios comunitarios con tácticas corporativas muy conocidas. En África Occidental y Central, en particular, el proceso mismo por el que se otorgaron a las empresas de aceite de palma las concesiones de tierras está en el centro de la disputa con las comunidades. Empresas multinacionales como Socfin, Wilmar y Golden Veroleum siguen beneficiándose de leyes agrarias de la época colonial que ignoran los derechos de las comunidades sobre sus territorios tradicionales y que les permitieron acceder a gigantescas áreas que pertenecían a esas comunidades.
En la República Democrática del Congo las comunidades se movilizan para liberarse de cien años de plantaciones coloniales de palma aceitera.
Como consecuencia, este modelo inevitablemente supone la pérdida de tierras, violencia y la desarticulación de las comunidades tradicionales. Las comunidades afectadas también se enfrentan a la contaminación del agua, una disminución de la disponibilidad de caza, alimentos e hierbas medicinales; en otras palabras, los territorios en los que viven se ven completamente transformados por la producción de commodities para exportación.
La incompatibilidad y el choque entre el modelo de producción corporativo y el modo de vida de las comunidades tradicionales ha provocado graves conflictos en numerosas regiones del Sur Global. En este contexto, las compañías de aceite de palma han contratado a la Fundación Earthworm para actuar en varios de esos conflictos, lo que ha multiplicado los problemas para las comunidades.
Earthworm y Socfin en Camerún y Liberia
Un ejemplo es el gigante del agronegocio Socfin, que tiene como accionistas mayoritarios a la familia belga Fabri y al multimillonario francés Vincent Bolloré. Socfin se unió a Earthworm en 2017, fecha que coincide con la publicación de su “política de gestión responsable”. En este documento, Socfin afirma que está comprometida con las comunidades rurales que viven en las regiones donde se encuentran sus plantaciones de palma aceitera y de caucho.
Camerún, Liberia, Costa de Marfil, Nigeria y Camboya son algunos de los países en los que Socfin está presente y en los que Earthworm realizó estudios sobre los conflictos con las comunidades generados por la presencia de esa empresa. Los siete informes publicados por Earthworm desde 2023 sobre estos conflictos responden a un patrón, del que destacamos tres aspectos. Dadas las características de estas publicaciones, la fundación se asemeja mucho más a un vocero del grupo Socfin que a un organismo serio encargado de investigar las denuncias contra la empresa.
En primer lugar, cabe mencionar que Earthworm reconoce –aunque sería imposible no hacerlo– que “Socfin sigue recibiendo quejas ambientales y sociales”, añadiendo que esas quejas proceden “de los medios de comunicación internacionales y de algunas ONG”. Nótese que al concluir la frase de esta manera justo al principio de uno de sus informes, Earthworm remite el problema a los medios y a las ONG, como si fueran ellos -y no las comunidades- los que presentan las denuncias. Además, en los informes de Earthworm, se ‘reconoce’ que Socfin comete infracciones, pero siempre se menciona que Socfin ha tenido “progresos realizados en la aplicación de sus compromisos de gestión responsable”.
En segundo lugar, de los múltiples daños denunciados por las comunidades -como apropiación irregular de tierras, violencia sexual, contaminación de cuerpos de agua, destrucción de sepulturas y lugares sagrados, amenazas e intimidación, entre muchos otros-, Earthworm solo reconoce una parte de ellos en sus informes. La otra parte de los impactos se clasifica invariablemente de forma explícita como “alegaciones infundadas”, “parcialmente fundadas” o “fundadas pero no responsabilidad de Socfin”.
En la aldea de Apouh, en el municipio de Edéa, al suroeste de Camerún, un grupo de mujeres se mantiene firme en su lucha contra el gigante del aceite de palma Socapalm.
Entre los ejemplos de violaciones ignoradas por Earthworm está el caso concreto de tres áreas (Edéa, Mbongo y Mbambou) en Camerún, en las que se determinó que Socfin debía devolver miles de hectáreas a las autoridades locales descentralizadas. Según Earthworm, se trata de una medida “en curso”, que comenzó hace siete años con estudios para definir los límites de las áreas plantadas. Ante la morosidad de ese proceso, las comunidades han empezado a recuperar algunas de las áreas que les corresponden, reivindicando su derecho ya establecido a las tierras. Sin embargo, evitando una descripción más imparcial, Earthworm se refiere a las legítimas recuperaciones de tierras por parte de las comunidades como “intrusiones por terceros” y dice que “terceros (comunidades, trabajadores, etc.) están invadiendo las tierras tituladas de Socapalm”.
La tercera característica de los informes de la Fundación es precisamente su tono positivo: todo está en un “proceso de mejora continua”. En uno de sus estudios más recientes sobre los conflictos con las comunidades locales (¡aunque no se menciona la palabra conflicto en ninguno de los informes sobre Socfin!), la Fundación Earthworm concluye: “A pesar de los desafíos encontrados al inicio de las operaciones de Socfin en Camboya, la organización ha dado pasos significativos para implementar progresivamente sus compromisos de sostenibilidad”.
Earthworm afirma que Socfin está haciendo progresos, mientras la empresa sigue actuando como siempre. De forma escandalosa, elude el hecho de que, tras casi una década de trabajar con Socfin, los problemas a los que se enfrentan y denuncian las comunidades persisten en las diferentes regiones y países en los que opera la empresa, especialmente las denuncias relacionadas al derecho a la tierra y las violaciones de los derechos tradicionales de las comunidades sobre sus tierras.
Earthworm y Agropalma en Brasil
Agroapalma es una de las mayores empresas de aceite de palma de Brasil. Pese a su afirmación de que la relación con las comunidades está “en el centro de su estrategia de sostenibilidad”, Agropalma acumula denuncias en su contra por acaparamiento de tierras y uso de la violencia para desalojar a comunidades tradicionales. Como consecuencia de esas acusaciones, la RSPO (Mesa Redonda sobre la Palma Aceitera Sostenible) suspendió su certificación en 2023.
Para cumplir los requisitos de uno de sus clientes, Agropalma pasó a contratar los servicios de la Fundación Earthworm en 2022. Earthworm abrió una sucursal en Quatro Bocas, en el municipio de Tomé-Açú, en el epicentro de la “guerra del aceite de palma”, donde también cuenta con el apoyo de Cargil y Belem Bioenergia Brasil (BBB), empresas que operan en ese mismo sector. Earthworm afirma que su trabajo en la región está “empoderando a las comunidades” y reduciendo los conflictos en las “cadenas de suministro.
La colaboración entre Agropalma y Earthworm ha servido para tranquilizar a los clientes de la empresa. Un informe de Sime Darby Guthrie International (proveedor de materias primas a Nestlé, Unilever, P&G), por ejemplo, menciona la participación de “una tercera parte para llevar a cabo una evaluación externa para investigar los supuestos problemas de derechos sobre la tierra”, señalando a Earthworm como un actor clave vinculado al plan de acción de Agropalma “para recuperar su certificación RSPO”. Sin embargo, la diferencia del optimismo de las corporaciones compradoras de aceite de palma a nivel internacional, los relatos que nos llegan desde Brasil señalan que la actuación de Earthworm en esa región está generando divisiones internas, contribuyendo a la desarticulación de las comunidades indígenas y quilombolas.
Voces desde los territorios
Para comprender mejor las implicaciones de la presencia de la Fundación Earthworm para las comunidades, el WRM facilitó un espacio de intercambio virtual con activistas de Camerún y Brasil. Sus grupos están involucrados en la lucha por la justicia social y los derechos de las comunidades afectadas no solo por el colonialismo de la palma aceitera, sino también por la intervención de esta fundación contratada por las empresas. De Camerún, participó SYNAPARCAM, una organización que defiende los derechos de las comunidades afectadas por las plantaciones de Socfin. Desde Brasil, participó Elielson Pereira da Silva, quien nació y creció en el estado de Pará, y actualmente investiga los conflictos territoriales y étnicos en su estado, tratando de visibilizar la situación y la lucha de las comunidades. Los participantes del intercambio virtual nos contaron sobre el trabajo de la Fundación Earthworm en sus territorios. Lee a continuación un resumen de la conversación.
WRM: ¿Cómo la Fundación Earthworm se puso en contacto con su organización y cómo describiría su trabajo?
ELIELSON (Pará, Brasil): Earthworm llegó al valle de Acará en 2023, contratada por Cargill, empresa compradora de aceite de Agropalma, en medio de encendidos conflictos con los pueblos tradicionales. Cargill, ante las repercusiones de los conflictos, intentaba “limpiar la cadena de suministro”. Así que Earthworm empezó a buscar a líderes indígenas y quilombolas para intentar mediar el conflicto para intentar llegar a un acuerdo entre los representantes de esas comunidades y la empresa de aceite de palma. En 2023, en colaboración con Agropalma, Earthworm provocó una división interna entre las poblaciones indígenas, que resultó extremadamente perjudicial, llevando a la creación de otra asociación indígena, que se sentó a la mesa con la empresa. Agropalma prometió entonces que no habría más conflictos y que les cedería un área donde podrían cosechar la palma aceitera para la comercialización.
En los últimos 40 años, Agropalma ha creado muchas barreras para las comunidades: no se puede acceder fácilmente ni a los ríos, ni al cementerio, ni al área de frutales, ni a los huertos. La circulación está condicionada a las prohibiciones impuestas por la empresa. Pero en la mesa de negociaciones, Agropalma prometió que todo sería diferente, desde que la nueva asociación cooptada garantizara que las acciones de la otra asociación (y sus reivindicaciones por el reconocimiento de sus derechos territoriales) se detendría. Así se creó esa división interna.
Como las promesas iniciales no se cumplieron y los representantes de la ONG [Earthworm] desaparecieron, al igual que los directivos de la empresa, los indígenas iniciaron una acción para recuperar su territorio, con el fin de llamar la atención y alertar a los medios de comunicación. Durante este proceso, en 2023, un indígena Turiwara fue asesinado a balazos por guardias de seguridad contratados por la empresa.
Hoy tenemos un faccionalismo, con dos organizaciones indígenas, una división interna estimulada por esta ONG [Earthworm], amparada por la empresa Agropalma, que ha creado muchos problemas y dificultado muchísimo el proceso de organización social y política de los indígenas.
Sospechamos que Earthworm está involucrada en la elaboración de un nuevo acuerdo para que las comunidades indígenas renuncien a sus reivindicaciones territoriales, ante el proceso de venta de Agropalma S.A., en marcha desde mediados de 2022. La empresa interesada en adquirir los activos de Agropalma S.A. es Belém Bioenergia Brasil (BBB), una joint venture formada por Galp Energia (Portugal) y Palma Tauá Brasil (asociación entre Banco Opportunitty Agro y Dentauá S.A.).
SYNAPARCAM (Camerún): En Camerún, Earthworm (antes TFT) tiene un Centro de Formación en la capital. En 2011 algunos de nosotros fuimos allá a dar un curso sobre defensa comunitaria de la tierra. La comunidad llevaba décadas sufriendo la ocupación de nuestras tierras ancestrales por parte de Socapalm. Earthworm nos invitó a exponer los problemas que teníamos con la empresa. Estábamos empezando a formar nuestra organización Synaparcam.
Cuando cambiaron de nombre [de TFT a Earthworm], nos dijeron: “ahora somos una nueva organización y podemos ayudarles a resolver el problema con Socapalm”, del grupo Socfin, y empezaron a presentarse como mediadores. Pero después de dos o tres reuniones, en las que, además de la empresa, había representantes de la administración pública, líderes tradicionales de las comunidades y élites locales, en Synaparcam hemos optado por retirarnos porque nos dimos cuenta de que solo se trataba de crear una imagen externa de que estábamos colaborando con Earthworm para solucionar el conflicto.
Entre 2012 y 2020, Earthworm intentó en varias ocasiones situarse como mediadora, pero en la comunidad nos dimos cuenta de que no tenía sentido para nosotros reunirnos con la empresa con Earthworm como intermediario. En septiembre de 2020, Earthworm organizó una de esas reuniones con la empresa y la Synaparcam, afirmando que resultaría útil porque conseguiría que los directivos de la empresa escucharan a las comunidades. Después de la reunión nos dimos cuenta de que la secretaría de Earthworm había elaborado un buen informe, pero que las resoluciones presentadas superaban la capacidad de Earthworm para conseguir que Socapalm las aceptara. A partir de esta observación, comprendimos que Earthworm no estaba jugando limpio.
Bueno, esa fue nuestra primera experiencia con Earthworm y así fue como al principio tuvimos cierta confianza en que se comprometerían con lo que nos habían presentado.
WRM: Earthworm está financiada sobre todo por las empresas que la contratan para “mediar” los conflictos, entre otros. Cuando Earthworm se presentó a su organización/comunidad, ¿les explicaron su relación con las empresas y quién financia su trabajo? ¿Cómo cree que la fuente de financiación de Earthworm ha influido en estos procesos de mediación de conflictos?
ELIELSON: Por lo que cuentan las comunidades, su forma de presentarse es como si se tratara de una organización independiente; no exponen esos vínculos, aunque dicen que sí monitorean las cadenas de suministro de las empresas. Las palabras “organización independiente” se mencionan con frecuencia en esos diálogos. Lo que hemos visto son experiencias de mediación muy dañinas, de “armonía coercitiva”, de fomentar la división interna para debilitar la lucha de los pueblos y su proceso identitario.
SYNAPARCAM: El representante de Earthworm en África es camerunés, y sí, nos informó de que Earthworm recibe honorarios de Socfin. Y nos dijo que si Socfin no cambiaba su política, Earthworm abandonaría el proceso de mediación y el trabajo de Earthworm con la empresa terminará. Nos dijo: “No dejaremos que las empresas de los colonizadores hagan lo mismo que antes” [en referencia al hecho de que Socfin está controlada por el multimillonario francés Vincent Bolloré]. Pero nos dimos cuenta de que a lo largo del proceso Earthworm priorizó los honorarios en detrimento de las comunidades. Así que somos conscientes [de dónde proceden los fondos], siguen la misma línea que grandes ONG como WWF.
WRM: Synaparcam se negó a realizar “visitas de campo” conjuntas con Earthworm en 2023. Podría explicarnos un poco más los motivos de esta decisión y por qué Synaparcam decidió elaborar su propio informe?
SYNAPARCAM: En 2023 desde Synaparcam ya sabíamos que Socapalm no estaba cumpliendo los compromisos que había asumido anteriormente. Antes de 2023 ya no estábamos colaborando con Earthworm. Así que buscamos nuestra propia financiación para elaborar un buen informe, incluso con gente muy capacitada y de fuera, paralelamente al informe de Earthworm.
El estudio de Synaparcam confirmó siete puntos conflictivos, pero Earthworm identificó un número mucho menor. Por ejemplo, el informe de Earthworm afirma que la empresa construyó varias escuelas y que casi no hubo contaminación de los ríos. El informe de Earthworm se publicó antes del informe de Synaparcam. La Earthworm nunca comentó sobre varios puntos solo identificados en el informe de Synaparcam. Si uno lee esos informes, cree que relatan dos mundos diferentes. Pasó lo mismo con la RSPO. Uno de los motivos para contratar a Earthworm fue que Socapalm quería obtener el sello de certificación.
WRM: Sobre el tema de la RSPO, trasladando la cuestión al caso de Brasil, sabemos que se suspendió la certificación de Agropalma en 2023 por acusaciones de acaparamiento de tierras y violencia. Elielson, ¿cree que la contratación de Earthworm representa una garantía de que Agropalma respeta los derechos de las comunidades?
ELIELSON: De ninguna manera representa algún tipo de garantía. La empresa está en conflicto abierto con las comunidades. Toda esa enorme inversión en publicidad, en comunicación, toda esta palabrería de “responsabilidad social corporativa” solo hacen de Agropalma un gran caso de greenwashing. Ese “arsenal discursivo” de palma aceitera sostenible, relaciones armoniosas, etc., es muy diferente de la realidad, pues desde 2022 hay un recrudecimiento de los conflictos, con el bloqueo del acceso a las zonas de uso común, a los cementerios ancestrales, a la navegación por el río y, sorprendentemente, con grandes trincheras y barricadas. Hay grandes zanjas, a veces de 5 metros de profundidad y 2 de ancho, que parecen literalmente un campo de guerra, con un gran riesgo y casos ya registrados de accidentes. Hay comunidades que están rodeadas, por ejemplo, de alambre de púas, como si se tratara de la frontera entre México y Estados Unidos, o Palestina e Israel.
WRM: ¿Y qué dice Earthworm al respecto?
ELIELSON: En ningún momento hemos visto alguna manifestación o declaración pública de Earthworm sobre estas prácticas de terrorismo corporativo, barricadas, trincheras, cercas -y las comunidades incluso temen que se electrifiquen esas cercas. No tenemos conocimiento de ningún tipo de reprobación por parte de Earthworm a esas prácticas por parte de Agropalma.
WRM: Si tomamos, por ejemplo, las localidades camerunesas Dibombari y Mbonjo, en la práctica, desde que empezó a actuar Earthworm, ¿ha cambiado algo para las comunidades con respecto a los problemas causados por Socapalm?
SYNAPARCAM: Las principales reivindicaciones de las comunidades se refieren a la tierra, los lugares sagrados, la contaminación del agua y la violencia contra las mujeres. Así pues, esta es una pregunta muy importante, gracias. Las violaciones sexuales contra las mujeres, el incumplimiento de la retrocesión de tierras y el desprecio por los lugares sagrados son para nosotros los tres problemas más graves.
Monocultivos de palma aceitera en Camerún.
Cuando se privatizó Socapalm y sus plantaciones de palma aceitera [hace más de 24 años], Socfin adquirió Socapalm. Después de firmar el contrato de arrendamiento en 2000, la empresa evaluó las tierras arrendadas y pidió al Estado que firmara una enmienda, reduciendo el área de 78.000 hectáreas a 58.000 hectáreas. Esta reducción del área está claramente establecida en la enmienda. Pero no ocurrió nada. Así que una de las acciones de Synaparcam fue plantar alimentos en una de estas áreas en disputa, porque nos dimos cuenta de que las autoridades no cumplen su función de supervisión y la empresa no respeta los contratos firmados con el Estado. Tenemos la idea de mantener estos huertos, pero la realidad a la que nos enfrentamos es de presión, intimidación y detenciones de líderes.
Otra complicación es la RSPO, que ha clasificado algunas de las tierras a las que antes tenía acceso la comunidad como “zonas de alto valor de biodiversidad”, por lo que la comunidad ya no puede acceder a ellas – mientras Socapalm trazaba los perímetros para ampliar estas manzanas y recuperaba estas franjas de tierra de las comunidades – hay señales instalados y guardias de la empresa. La RSPO no reconoce todas las áreas reclamadas por las comunidades. En cuanto a la presencia de Earthworm, la situación es de ningún avance; nos encontramos en el mismo punto en el que estábamos al principio.
WRM: Para ustedes, ¿estas consecuencias tienen que ver con algunos errores de la Fundación Earthworm o con la propia naturaleza de esta organización?
ELIELSON: Hay una cuestión estructural relacionada con esta pregunta. ¿Qué propósito tiene esta empresa [se refiere a Earthworm]? ¿Para qué se creó? Cuando vemos que tiene sucursales en todas partes del mundo (Indonesia, África, América Latina) donde están justo las empresas de palma aceitera, está claro que constituye un eslabón de esta cadena y forma parte de este juego de poder. Así que creo que en su actuación siempre se inclinará a favor de las empresas.
SYNAPARCAM: Observamos muchas cosas similares. En cuanto a la división de las comunidades, en nuestro caso, parece que Earthworm da consejos sobre cómo generar división en las comunidades, y luego la empresa envía un equipo a la localidad. Así que se trata de un método muy peligroso también, porque por un lado se acerca [a la comunidad] y por otro aconseja a la empresa sobre cómo dividir la comunidad.
WRM: ¿Qué mensaje le parece importante transmitir a una comunidad a la que podría dirigirse una organización como Earthworm, del mismo modo que antes se dirigieron a las comunidades de su entorno?
SYNAPARCAM: Nunca acepten una oferta así porque no habrá ningún cambio. Y es importante no tener un interlocutor. Si la empresa está interesada en cambiar, sabe dónde encontrar a la comunidad, así que recomendamos no aceptar [una propuesta de mediación como el de Earthworm] porque la mediación no llevará a ningún avance.
ELIELSON: Lo primero que les diría es: “¡Tengan mucho cuidado!”. También hay que evitar que entidades como Earthworm mantengan conversaciones a solas con líderes. El antiguo dicho “divide y vencerás” sigue aplicándose. Las empresas se especializan en fabricar dispositivos para debilitar las luchas de las comunidades.
Es importante entender [a esas organizaciones] como parte de un engranaje. También es importante conocer los antecedentes con otras comunidades; conocer la experiencia de otras comunidades que ya fueron objeto de situaciones similares. Y tener cuidado para no participar de manera aislada en sus intentos de cooptación, de persuasión, para no tomar decisiones precipitadas antes de evaluar las propuestas conjuntamente entre miembros de la comunidad.
Secretariado Internacional de WRM, Synaparcam y Elielson Pereira da Silva, Profesor de la Universidad Federal Rural de Amazonía e investigador del Proyecto Nueva Cartografía Social de Amazonía.
Las calles y campos en Panamá son testigos, desde hace 15 días, de una serie de movilizaciones que aglutinan a múltiples sectores de la sociedad. Trabajadores, docentes y estudiantes universitarios, así como ambientalistas y comunidades campesinas e indígenas rechazan una serie de acciones del gobierno panameño que, argumentan, vulneran a los servicios de salud pública, al medioambiente e incluso ceden frente a las presiones de EEUU y su intervencionismo militar en el istmo centroamericano.
Las mayores protestas se han suscitado tanto en la ciudad capital, así como en las provincias de Chiriquí y Veraguas, donde se han realizado bloqueos carreteros, marchas masivas y concentraciones frente a instituciones gubernamentales.
Acorde a reportes de Radio Temblor, las manifestaciones han sido reprimidas con detenciones y judicialización de activistas. “El gobierno desconoce el movimiento social, tildándolo de comunista de izquierda, para deslegitimar la lucha que llevan adelante por la justicia y en contra de la corrupción. Además, amenazan a los docentes con descontarle salario y destituirlos”, señala.
En un análisis del medio independiente con participación de la socióloga Briseida Barrantes Serrano, ella argumenta que uno de los principales detonantes de las movilizaciones yace en lo que los movimientos consideran como una “decisión arbitraria”, por parte de la Asamblea Nacional, para modificar la Ley de la Caja del Seguro Social (CSS).
La Alianza Pueblo Unido por la Vida llama a una huelga general.
El pasado marzo, bajo el argumento de que la CSS está en quiebra, diputados aprobaron la Ley 462 que propone una reorganización de la CSS encaminada al mejoramiento de sus finanzas, pero que, acorde a Barrantes, fue el pretexto para aprobar una ley que “se centra en privatizar los servicios públicos bajo formas diversas, eliminando o queriendo eliminar conquistas de los sectores mayoritarios que han luchado toda la vida en este país por mejorar las condiciones de vida para todas las personas”.
Las comunidades indígenas, especialmente los pueblos Ngäbe-Buglé y Guna, también han participado en la actual huelga al encabezar marchas en sus territorios y bloqueos carreteros, adhiriéndose a las demandas, principalmente contra las pretensiones del gobierno panameño de una posible reactivación de la mina de cobre en Donoso, la cual fue cerrada desde 2023 después que la Corte Suprema de Panamá determinó que la concesión gubernamental era inconstitucional.
Mediante rueda de prensa, este sábado (10), educadores y representantes de comunidades indígenas de Panamá hicieron un llamado a la resistencia popular, expresando su firme rechazo a la Ley 462 y exigiendo su derogación inmediata. La reunión, celebrada en Santiago de Veraguas, sirvió como plataforma para manifestar otras demandas sociales y denunciar violaciones a los derechos humanos y laborales de quienes participan de las protestas.
“Nadie, nadie está solicitando mesa de diálogo. Lo que queremos es la derogación de la Ley 462, que quede eso bien claro”, afirmaron los participantes, dejando claro que las movilizaciones continuarán hasta lograr este objetivo.
Además, insistieron en que sólo después de la derogación de la ley se abrirán a discutir otros temas críticos para el país. Entre ellos, destaca el rechazo al memorando de entendimiento firmado entre el gobierno panameño y Estados Unidos, el cual, según los manifestantes fue firmado “sin consultar con el pueblo”, por lo cual exigieron su anulación inmediata.
¿Acuerdo o intervención?
El 9 de abril, en el marco de la visita a Panamá del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, el ministro de Seguridad Pública panameño, Frank Alexis Abrego, con presencia del presidente José Raúl Mulino como testigo, firmó un memorando de entendimiento que contempla el uso por parte de tropas de EE.UU. de instalaciones de seguridad panameñas.
El secretario de Defensa de Estados Unidos justificó la firma del memorando debido a que “empresas con sede en China continúan controlando infraestructura crítica en la zona del canal” de Panamá, lo que, de acuerdo a las autoridades norteamericanas, representa la posibilidad de que el país asiático realice actividades de vigilancia en la zona clave para el comercio internacional, por donde transita alrededor del 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos y el 5% del comercio mundial.
“Esto hace que Panamá y Estados Unidos sean menos seguros, menos prósperos y menos soberanos. Y como ha señalado el presidente Donald Trump, esa situación es inaceptable”, declaró Hegseth durante su paso por el país centroamericano, respaldando con ello las amenazas del presidente Trump, quien desde que llegó a la Casa Blanca, en enero pasado, ha polemizado con sus declaraciones para “recuperar” el canal construido por EEUU durante el siglo XX y cuya administración fue devuelta a Panamá en el año 1999.
Por su parte, Luis Arturo Sánchez, secretario de la Asociación de Educadores Veragüenses, organización activa en las movilizaciones de las dos últimas semanas denuncia que el acuerdo firmado representa que “este gobierno ha hecho que Panamá retroceda casi más de 100 años”, argumentando que permitiría la instalación de bases militares extranjeras, amenazando la soberanía panameña.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, fue testigo de la firma de un memorando de entendimiento entre EEUU y Panamá.
A esta acusación se suman las declaraciones de los centros de investigación panameños miembros de la red del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, quienes aseveran que el memorando viola la Constitución Política panameña y el Tratado de Neutralidad del Canal. “Su firma constituye una traición a los mártires del 9 de enero y permite el retorno de bases militares en nuestro territorio. Solicitamos a las autoridades rectificar esa decisión y defender al país sin sumisión ni entreguismo. Así como el establecimiento de una estrategia de unidad latinoamericana que permita enfrentar los ataques imperialistas como se hizo en el pasado”.
La semana pasada, como respuesta a las protestas, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, descartó que se vaya a entablar una renegociación de los términos firmados con Washington. Sus declaraciones sucedieron un día después de que la embajada estadounidense difundiera un comunicado donde ratifica que el memorando crea un marco para que se realicen actividades conjuntas, entre ellas, entrenamiento, almacenamiento de equipo, asistencia humanitaria y mejoras de infraestructura, en sitios que permanecen “completamente bajo control panameño”.
Reactivación minera
A las demandas que alimentan el rechazo popular se suma la amenaza minera, debido a la pretensión del presidente Mulino de reiniciar operaciones para la extracción de cobre en Donoso, provincia de Colón, después de que a finales de marzo declarara que comenzaría a examinar el futuro de la mina.
Organizaciones sociales acusan que grupos empresariales están presionando al presidente, al mismo tiempo que la dueña de la mina Cobre Panamá, First Quantum Minerals, anunció que ha suspendido los arbitrajes que había iniciado contra el Estado panameño por el cierre de la mina en 2023, debido a conversaciones con el gobierno para acordar una eventual reapertura.
Vista general de la mina Cobre Panamá, de la canadiense First Quantum Minerals, en el país centroamericano.
El 28 de noviembre de 2023, tras fuertes movilizaciones sociales, la Corte Suprema de Panamá dictaminó por unanimidad que la concesión minera, con vigencia de 20 años, era inconstitucional, obligando con ello al ex presidente Laurentino Cortizo para iniciar el proceso para cerrar la mina. Días antes del fallo de la corte, el Congreso aprobó una moratoria para nuevas concesiones de minería metálica en Panamá.
“El tema de la minería no se va a negociar y se tiene que respetar el fallo de la corte. Se tiene que respetar la ley que determina que en Panamá no se puede hacer proyecto minero”, sostuvo un educador durante rueda de prensa el pasado sábado (10), en Santiago de Veraguas.
Para esta semana, las diferentes organizaciones sociales convocaron a intensificar las acciones de protesta y manifestaciones pacíficas en diferentes puntos del país. Al cierre de esta edición se reporta nueva represión policial contra movilizaciones en la provincia de Colón.
Fotos por Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú
La Ley de Deslinde y Titulación de Comunidades Campesinas fue modificada en abril, mediante la norma 32293, para permitir que se legalicen las posesiones informales de tierras comunales ocupadas entre 2004 y 2015 con fines de vivienda, cuando no estén reconocidas como territorios indígenas u originarios, o en procesos legales de reivindicación.
El riesgo se encuentra en la historia de invisibilización y criminalización contra las poblaciones campesinas; en décadas de desprotección y usurpación de sus territorios. Así, la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura solo incluye a un número mínimo del total de 7,267 comunidades registradas por el Sistema de Información sobre Comunidades Campesinas del Perú (SICCAM).
Hasta el 2016, treinta años después de la aprobación de la ley, que declara de necesidad nacional e interés social la formalización de las comunidades campesinas, aún estaba pendiente regularizar la propiedad de 2,130 comunidades.
En muchos casos, para disponer de terrenos irregularmente, se han manipulado registros de comuneros e instalado en las directivas personas ajenas a la comunidad. También se han creado comunidades de fachada, con fines de lucro. La pérdida de áreas comunales es un grave problema para las sociedades agrícolas.
En la práctica, lo que formaliza el Parlamento es el despojo de territorios comunitarios. Las comunidades campesinas tienen una legislación especial, con el objetivo de garantizar la tenencia de sus tierras. La posesión, decidida por asamblea, es posible solo para los comuneros calificados.
Según la Ley General de Comunidades Campesinas, estas son reconocidas por el Estado como instituciones democráticas autónomas en su organización, uso de la tierra, economía y administración.
Maquinaria de despojo
Las irregularidades de la normativa son múltiples. En primer término, desconoce el derecho de las comunidades a decidir sobre sus territorios. La modificatoria es contraria al artículo 89 de la Constitución peruana, garante de la imprescriptibilidad sobre territorios ancestrales.
Asimismo, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado no debe permitir que terceros los ocupen sin culminar la titulación. Y toda medida que afecte derechos de pueblos originarios debe ser sometida a consulta previa. Por la falta de este procedimiento, en 2022 el Ejecutivo del destituido presidente Pedro Castillo observó la propuesta.
Aunque carezcan de título por omisión de las autoridades, el derecho de pueblos ancestrales a la propiedad de territorios antes de la existencia del Estado es protegido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) considera que la nueva ley “da carta abierta a la expropiación de los territorios de las comunidades campesinasy permite su fragmentación”. Advierte, además, que abre la posibilidad de la expropiación de los territorios ancestrales de las comunidades nativas en la Amazonía.
“Señalamos que esta no es una medida aislada, sino que es parte de la maquinaria de despojo y violencia generalizada que es promovida por el Congreso, el Ejecutivo y todo el sistema contra los pueblos indígenas andinos y amazónicos”, recalca la organización.
Concesiones, tráfico de tierras y elecciones
De acuerdo al censo agropecuario de 2012, más de 200 comunidades campesinas de la costa del Perú se encontraban en conflictos por tráfico de tierras y superposición de concesiones mineras y agroindustriales.
Inicialmente, cuando se promulgó la legislación de las comunidades en 1987, las tierras comunales ocupadas por centros poblados no se consideraron parte del área comunal, como medida excepcional. Desde entonces, se aprobaron varias ampliaciones a la disposición.
Los especialistas señalan que lo que fue concebido como una excepción se ha convertido en una práctica que debilita la protección de los territorios comunales.
El Congreso disfraza el intento de despojo de interés en formalizar la titulación de comunidades campesinas y dar uso a las áreas improductivas. Según la web de la institución, “se beneficiará a todas las familias que residen en las tierras de las comunidades campesinas de la costa que fueron poseídas por estar improductivas o abandonadas”.
Entre las observaciones a la legislación, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) recomendó al Parlamento que esta conlleve procedimientos claros y garantías para procesos regulares.
Sin embargo, no se estableció un reglamento, por lo que la aplicación sería inmediata. Las comunidades estiman que, durante el período de campaña política para las elecciones de autoridades regionales y nacionales en 2026, la entrega de títulos de propiedad de viviendas se usará para captar votos.
Las rondas campesinas -las organizaciones a cargo de la seguridad en zonas rurales- manifestaron su rechazo a la medida. Los pueblos temen que se originen más conflictos territoriales debido a esta nueva amenaza a la débil seguridad jurídica de territorios ancestrales.
Entre los Andes del sur de Ecuador se encuentra Nabón, un cantón de la provincia del Azuay. Aquí avanza el extractivismo amenazando con devorar los páramos, contaminar aguas y despojar a comunidades ancestrales. El Valle de Shincata y los páramos del Cerro El Mozo, son parte de la región que irriga con su vital líquido a comunidades enteras y hoy se han convertido en el epicentro de un conflicto socioambiental, donde una reciente alerta emitida por el Frente Nacional Antiminero (FNA) cataloga la situación como de “máxima amenaza”.
Los orígenes de este conflicto se desprenden de la presencia de empresas mineras transnacionales como la canadiense Lucky Minerals que, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), de la provincia de Azuay, esta empresa “conforman un bloque de 12 concesiones contiguas” en la región.
Aunque en el boletín de prensa del FNA se menciona que Lucky Minerals fue expulsada en 2022 por la acción comunitaria, también advierte sobre su anunciado retorno. Esta empresa canadiense de exploración minera, con su “Proyecto Fortuna”, representa la punta de lanza del interés extractivo a gran escala en la zona, buscando principalmente oro y otros minerales, tal y como rezan sus propios informes de la transnacional.
El FNA sostiene que esta empresa concentra más de 55 mil hectáreas en las zonas de los páramos de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Azuay. Según esta organización de comunidades en resistencia, las tierras han sido apropiadas a través de testaferros y, además, a ello se suman “al menos tres hidroeléctricas”, denuncian en un comunicado difundido este miércoles (30).
En la provincia de Azuay existen al menos tres hidroeléctricas que suministran energía a diversos centros urbanos, ellas son: Mazar, Paute-Molino y Sopladora, que forman parte del Complejo Hidroeléctrico del Río Paute. Junto a la central Minas San Francisco, suministran el 40% de energía que consume el país según informes el Ministerio de Energía y Minas de Ecuador.
Como se reconoce incluso en documentos oficiales como el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de la parroquia Cochapata (2020), esta zona forma parte del Corredor de Conectividad Sangay-Podocarpus, un área de importancia estratégica para la conservación de la biodiversidad andino-amazónica.
Los páramos configuran una zona considerada única por su diversidad biológica, ya que alberga especies endémicas y también por su adaptación a las condiciones extremas de altitud, son cruciales para el ciclo hidrológico. Legalmente, esta región está catalogada como Bosque y Vegetación Protectora, que la propia legislación ecuatoriana considera que “son áreas vitales para la conservación de la biodiversidad, la regulación del clima y la protección de recursos hídricos”.
Las comunidades inconformes alertan que la presencia de concesiones mineras, la deforestación para monocultivos, ganadería intensiva y la proliferación de la minería ilegal muestran todo lo contrario y, más bien, las autoridades han iniciado una persecución judicial contra las comunidades que resisten. “Ahora al menos 20 comuneros de Azuay y Zamora Chinchipe se encuentran en una situación judicial de emergencia perseguidos por las élites nacionales, quienes amparados en un gobierno que defiende sus intereses y los intereses transnacionales de Lucky Minerals”, sostienen en su comunicado.
Esta estrategia de criminalización no es nueva, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) documentó en 2011 al menos siete casos de comuneros que enfrentaron un juicio por sabotaje y terrorismo tras protestar contra la minera Explorsur S.A. (Grupo El Juri) en el páramo de Shincate.
Tras el acoso judicial que sufren diversos integrantes de estas comunidades en resistencia, también señalan que hay “varios hacendados del Azuay y otras provincias” que, mediante guardias privados, se están posesionando de tierras históricamente comunitarias, presentándose como dueños de los páramos.
Además, el FNA es explícito al denunciar un incidente ocurrido el 16 de diciembre de 2024 donde intervino la guardia privada de un hacendado, tras incumplir acuerdos sobre extracción de pinos y realizar deforestación masiva, “disparó armas de grueso calibre contra pobladores de Nabón” que exigían pacíficamente el retiro de maquinaria.
Los comuneros denuncian que en la región reina la impunidad y la facilidad con la que se obtienen títulos de propiedad bajo el protectorado del sistema judicial y una constante persecución de los defensores ambientales.
Frente a este escenario, las comunidades sostienen una férrea resistencia en defensa de sus territorios, sus fuentes de agua y sus formas de vida. La expulsión de Lucky Minerals en 2022, mencionada en el boletín, es un hito significativo de esta lucha colectiva, por tanto, están alertas a su posible retorno.
La exigencia puntual de las comunidades y del FNA es clara: el cese inmediato de las actividades destructivas (minería legal e ilegal, agroindustria expansiva), la salida de los actores privados que han invadido los páramos, el retiro de las acusaciones contra los defensores y la garantía de protección integral para el Bosque Protector del Valle de Shincata y del Cerro El Mozo.
A partir de este martes (1) y hasta el 20 de abril, la Red Internacional de Apoyo a los Presos Políticos Mapuche de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) mantendrá una Campaña de Solidaridad Internacional con el objetivo de visibilizar la creciente criminalización, persecución y represión contra el movimiento autonomista del pueblo originario por parte del Estado de Chile.
La Red denuncia que el actual gobierno chileno, bajo la administración de Gabriel Boric, ha intensificado la militarización en favor de grandes empresas forestales y energéticas, por lo cual busca busca exponer las agresiones contra el Wallmapu (territorio ancestral mapuche) y la vulneración sistémica de los derechos del pueblo mapuche.
Acorde a un comunicado difundido el martes (1), esta situación está siendo agravada por una campaña de desinformación mediática que estigmatiza la resistencia mapuche y la presenta como una amenaza terrorista, deslegitimando sus demandas históricas por la autonomía y territorio. A la vez, el aumento de la represión estatal intensifica la detención arbitraria de autoridades ancestrales, como los machi, lonko y werken del pueblo mapuche.
Esto ocurre en medio de la promulgación, en febrero pasado, de la Ley Antiterrorista 21.732, la cual sustituye la normativa impuesta durante la dictadura de Augusto Pinochet, y que, argumenta la Red, transgrede los principios básicos de respeto a los derechos humanos y buscar sembrar miedo y zozobra en las comunidades mapuche.
“Todo parece indicar que es un nuevo instrumento persecutorio ya que no sólo no define qué es una conducta terrorista -más allá de los insuficientes criterios que quedarán al arbitrio de jueces, fiscales, policías y autoridades políticas, sino que tampoco establece con claridad quién la determina y bajo qué contextos, evidenciando que no es más que otra ley al servicio de los poderosos que mantienen invadido el Wallmapu criminalizando así el legítimo derecho a la resistencia en contra de la opresión.
Ante ello, la Red convoca a las expresiones en resistencia, comunidades en lucha, organizaciones locales, nacionales e internacionales para sumarse a la Campaña de Denuncia Internacional con el objetivo de señalar la profundización de la persecución política que ha aumentado la cifra de presos políticos mapuche, a más de 100 en la actualidad, y frente a la amenaza de su incremento con la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, como ha sucedido con el caso de Héctor Llaitul.
“La lucha por la reconstrucción de la Nación Mapuche, particularmente la de comunidades y expresiones autonomistas como la CAM, entienden que el problema principal es la presencia e invasión del capital empresarial en el Wallmapu”, sostiene el comunicado al argumentar que el Estado chileno trabaja para desacreditar la resistencia Mapuche al presentarla como actividad terrorista.
La Red Internacional sostiene que la lucha mapuche por su terriotorio ancestral, el Wallmapu, “es uno solo, de océano a océano”, al convocar a unir esfuerzos para la reconstrucción del tejido social y político ancestral mapuche.
En la región Agreste del estado de Pernambuco, nordeste de Brasil, más específicamente en la región del Planalto da Barborema, formado por un conjunto de tierras altas, el viento sopla fuerte y constante. En estas tierras se asentó hace nueve años el mayor complejo eólico del Estado, el Vientos de São Clemente, perteneciente a la empresa Casa dos Ventos, que integra a Echoenergia, una subsidiaria del grupo Equatorial, formado por grandes fondos de inversión, como es el Black Rock, con sede en Nova York.
Cuando la empresa llegó provocó conmoción en la región con promesas de progreso. “Hubo una festividad. Se decía que la región iba a ayudar en el desarrollo de la nación, y en la transición energética”, se acuerda João do Vale, agente de la Comisión Pastoral de la Tierra en Brasil.
No tardó mucho, alrededor de un año tras la instalación de los 120 aerogeneradores en tierras campesinas de los municipios de Pedra, Capoeiras, Caetés y Venturosa, para que la gente se diera cuenta de que las promesas no se cumplirían y de los impactos que estaban causando.
Los aerogeneradores, en parte, fueron instalados muy cerca de las casas, en muchos casos a tan solamente 100 o 150 metros, lo que condicionó a los campesinos a vivir con un ruido constante, arriba del permitido por ley, en las 24 horas del día. Además de un polvo blanco lanzado por las aspas que, según relato de los campesinos, causa problemas respiratorios y en la piel.
