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Texto: Katia Valenzuela | Foto y video: Jerónimo Díaz

Co-publicación entre SubVersiones (México) y Resumen (Chile).

La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) es uno de los movimientos sociales más emblemáticos de América Latina y un referente internacional en el cooperativismo de vivienda. Con casi 50 años de trayectoria, FUCVAM federa a 363 cooperativas habitadas, que en conjunto proveen de vivienda a 18 mil familias uruguayas. Esto sin mencionar 90 proyectos en trámite y otros 62 en etapa de construcción. Bajo los principios de ayuda mutua, autogestión, democracia directa y propiedad colectiva, este movimiento reivindica el derecho a la vivienda y a una vida digna, desafiando las reglas de la oferta y la demanda que buscan subsumir todas las esferas de la vida.

¿Cómo nace y se sostiene este monumental proyecto cooperativo? ¿Cómo funciona en la práctica? ¿Qué aprendizajes de esta experiencia podemos extrapolar a nuestras propias realidades en Chile, México y otros países latinoamericanos? Gracias a las compañeras y compañeros de FUCVAM, que generosamente nos abrieron las puertas de su organización y cooperativas en Montevideo, este breve reportaje busca contribuir a esta reflexión, visibilizando un modelo pionero en la construcción de vivienda digna en América Latina.

Primeras décadas: entre la fuerza del movimiento popular y la amenaza de los de arriba

El nacimiento de la FUCVAM fue posible gracias a la acumulación de fuerzas del movimiento popular en el Uruguay, que durante la década del sesenta resistió la avanzada conservadora y presionó para que se legislara a favor de los derechos sociales de la población. En este contexto, en el año 1968 se aprueba la ley 13.728 que da origen al Plan Nacional de Vivienda. Esta legislación, aún vigente en el Uruguay, permitió la creación de un Fondo Nacional orientado a la construcción de vivienda para la clase trabajadora, y formalizó la figura de las cooperativas de vivienda. Con la nueva institucionalidad, la opción cooperativa tomó fuerza, e influenciadas por el movimiento sindical, estas asociaciones prontamente decidieron articularse. El 24 de mayo de 1970 nace la FUCVAM, como organización de segundo grado que federa a las cooperativas de ayuda mutua, en aumento en el país. Fernando Zerboni, ex secretario general de FUCVAM y actual director de su Escuela Nacional de Formación, explica el origen de la Federación:

En 1970 en el Uruguay había once cooperativas (…). En ese momento se propone la formación de una coordinadora de las once cooperativas a fin de simplificar procesos de compras de materiales y de reivindicación de algunas de sus necesidades. En la medida que las cooperativas estaban integradas fundamentalmente por trabajadores, casi enseguida surgió la idea de constituir una especie de sindicato de las cooperativas, o sea, la Federación.

Desde su nacimiento, el movimiento cooperativo tuvo un crecimiento exponencial, hasta que los días oscuros de la dictadura uruguaya amenazaron su florecer. Entre 1973 y 1985, aunque mantuvo su estatuo legal, la FUCVAM, al igual que el resto del movimiento popular, fue duramente golpeada por el régimen autoritario, negándosele personería y tierras y retrasando la entrega de préstamos. Pero a pesar de la vigilancia y obstáculos interpuestos por el régimen a las cooperativas, éstas buscaron formas creativas de seguir existiendo, convirtiéndose en espacios centrales para la solidaridad popular, rearticulación del movimiento social y resistencia a la dictadura. Así, las cooperativas de vivienda levantaron guarderías, policlínicas, ollas populares y salones comunales, además de sumarse activamente a la lucha por la defensa de las empresas públicas y de rechazar la reforma constitucional que buscaba la legalización de la dictadura.

Uno de los golpes más duros a la organización se dio en el año 1983, con la orden gubernamental de modificar la tenencia de las viviendas y su re-tipificación como «propiedad horizontal». Con esta acción, se buscaba quebrar el poder colectivo del movimiento, su poder reivindicativo, y su visión social de la vivienda. Pero a pesar de la represión y restricción a las libertades individuales y colectivas, las y los cooperativistas resistieron la medida, iniciando un proceso de movilización y recolección de firmas que logró la no aplicación del decreto por parte del régimen. Con el retorno a la democracia en 1985, el cuestionado decreto no fue inmediatamente anulado, por lo que la movilización popular continuó siendo un recurso necesario para las y los cooperativistas de FUCVAM. Gracias a las multitudinarias movilizaciones, tomas de terrenos e interpelación a las nuevas autoridades políticas, FUCVAM logró mantener su modelo popular de acceso a vivienda. Este modelo fue validado por las propias familias cooperativistas, quienes por votación optaron por la continuidad del estatuto de usuarios de las viviendas, en contraste con el de propietarios.

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Por Dante Saucedo y Regina López

A casi nueve meses del sismo que devastó la región del istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, la catástrofe se ha cubierto con el velo de la cotidianeidad. En San Francisco Ixhuatán, la vida parece retomar su cauce entre pequeñas montañas de cascajo. Algunas casas se han comenzado a reconstruir o a reforzar, y otras familias todavía duermen en casas de campaña donadas luego del sismo. Los créditos, los fondos y las construcciones son parte, ya, de la nueva vida istmeña luego del sismo.

En la Cuarta Sección de Ixhuatán, un pueblo zapoteco, se encuentra la Preparatoria Comunitaria José Martí, fundada en 1982 y construida con el tequio de miembros de la comunidad. Desde el 7 de septiembre pasado, el equipo de la Prepa no ha parado de trabajar; se han movilizado como si el movimiento de la tierra se les hubiera metido adentro. La noche misma del terremoto salieron, como todos, a reconocer su pueblo y tratar de asimilar la magnitud del desastre. Desde entonces, como pocos, han trabajado para reconstruirse.

Las tres aulas de la escuela fueron dictaminadas como pérdida total. Aun así, en el amplio terreno que conforma el espacio de la Prepa, maestras, maestros y estudiantes se organizaron para comenzar a trabajar; desde allí se hicieron fuertes para poder traspasar las aulas.

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<<Te seguimos buscando, Bruno>>: Lukas Avendaño

Por Jorge González y Rocío Flores

OAXACA, Oax. El tiempo transcurre, pero los familiares de Bruno Avendaño no pierden aliento. Con 35 años, Bruno Alonso Avendaño Martínez, el joven istmeño desaparecido el 10 de mayo pasado, se suma a la lista de 191 personas reportadas como desaparecidas en Oaxaca. En México son casi 35  mil, según reportes oficiales.

El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas en el país reporta 34 mil 268 entre 2014 y marzo de 2018, aunque según el informe de Amnistía Internacional de 2017/2018, “la cifra es más alta debido a que los datos oficiales excluyen los casos federales anteriores a 2014″.

La familia de Bruno comenzó la búsqueda el día mismo de su desaparición; después intervino el Ejército Mexicano, coordinado con autoridades municipales de Tehuantepec. Un día después la familia hizo una denuncia por desaparición en el Ministerio Público. Los familiares de Bruno señalan que hay ineficacia de la Fiscalía Regional del Istmo.

El artista Lukas Avendaño, hermano de Bruno, dijo que no están investigando, “eso ha alentado el proceso de búsqueda. Aún no se revisan cámaras ni la posible ubicación de mi hermano por medio de su celular, nada”, aseguró vía telefónica el perfomancero de talla internacional.

La actuación de la Fiscalía orilló a familiares y amistades de Bruno y Lukas Avendaño a iniciar acciones de búsqueda y, a la par, de protesta. Colectivos y amigos hicieron un llamado a través de las redes sociales para manifestarse el día de hoy en las oficinas de la Casa de Representación del estado de Oaxaca, en la Ciudad de México.

El día 15 de mayo, familiares, amigos y distintos colectivos se manifestaron afuera de las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) pidiendo una audiencia con el procurador general Alberto Elías Beltrán. El funcionario no atendió la demanda.

Ante la negativa, el contingente se dirigió a las oficinas temporales de la PGR, donde la respuesta fue similar: “aquí no está el subprocurador, ni el procurador, aquí están sus oficinas de forma temporal por los terremotos, pero ellos no están aquí”, dijo un agente que resguardaba el sitio.

Han pasado siete días desde la última vez que vieron con vida a Bruno. Eran aproximadamente las tres de la tarde del pasado 10 de mayo cuando, según testigos, fue visto en el paraje Los Manguitos, en la carretera Transístmica. Eso fue lo último que supieron sus familiares sobre su paradero.

Lo que probablemente pudo haber sido un día de celebración para la familia Avendaño se convirtió en una jornada de búsqueda e incertidumbre que se ha prolongado hasta el día de hoy.

Mientras continúan las acciones, el artista oaxaqueño no cesa en llamarlo, apenas ayer escribió un mensaje dedicado a Bruno, su nene grande, su nene xhunco —«el más pequeño» en zapoteco— como le llama en su texto titulado: Seguimos buscando a Bruno.

“Nunca nos cansaremos. Te buscaremos Bruno. Y yo sé que cada hoja guardará la forma de tus ojos. Y las piedras la tibieza de tu corazón. Te seguimos buscando. Y nunca perderemos la esperanza de abrazarte […] Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar”, cita al final el artista oaxaqueño.

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Por Debora Ceruti

Edith Rosales fue una de las 47 mujeres torturadas sexualmente durante la represión en mayo de 2006 en el municipio de San Salvador Atenco. A doce años, su testimonio refleja la actual impunidad del Estado.

San Salvador Atenco es una localidad de México a 40 kilómetros del Distrito Federal, escenario en 2006 de un operativo policial que derivó en la represión que se conoció como el “Mayo Rojo”.

El origen del conflicto se remonta a 2001 cuando el ex presidente Vicente Fox anunció la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Esto implicaba la expropiación de predios en los municipios de Texcoco, San Salvador Atenco y Chimalhuacán, zonas agrícolas donde se desarrollan vidas indígenas campesinas.

A partir de allí, la historia de estos municipios estaría marcada por la resistencia de pobladores y ejidatarios que conformaron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y que todavía se oponen a ser desalojados de sus tierras. A la resistencia se sumarían, años más tarde, adherentes a la campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

El 3 de mayo de 2006, el actual mandatario Enrique Peña Nieto (que en ese entonces era gobernador del Estado de México) ordenó el desalojo de comerciantes de flores en el mercado de Texcoco para construir un supermercado. Ante esto, los pobladores y el FPDT decidieron bloquear la carretera Texcoco-Lechería.

El 4 de mayo por la madrugada, más de dos mil quinientos miembros de las fuerzas policiales ingresaron a la comunidad, dejando como saldo trágico dos muertos, la detención de 207 personas, la expulsión de cinco extranjeras del país, cientos de manifestantes heridos y decenas de mujeres que fueron torturadas física, psicológica y sexualmente.

No hay sentencia, no hay justicia

Georgina Edith Rosales Gutiérrez fue una de las 47 mujeres detenidas y torturadas sexualmente en la represión de Atenco. A doce años de aquel Mayo Rojo, sigue en el camino de buscar justicia.

En el 2008, ella, junto a diez mujeres acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la tortura sexual de la que fueron víctimas durante la represión de Atenco. Edith aclara que no fueron solo once las que sufrieron agresiones, pero que en el caso de algunas compañeras, prevaleció el silencio provocado por el miedo.

En el 2015 se dio una audiencia con la CIDH. Poco tiempo después, la Comisión dio a conocer “recomendaciones” al gobierno de México. Las mismas son resumidas por Edith de la siguiente manera: “Que se promueva la justicia para nosotras. Que se nos repare el daño. Que no se vuelva a repetir”. El gobierno hizo caso omiso: nunca cumplió.

La CIDH mandó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). La misma tiene la potestad de condenar al Estado por su responsabilidad en los hechos ocurridos en Atenco y ordenar una nueva investigación. Así es como se desarrolló una audiencia en 2017 en Costa Rica, en que se presentó una delegación del gobierno mexicano y las once mujeres denunciantes de violencia sexual, entre ellas Edith.

La ex presa política de Atenco manifestó la necesidad de que se juzgue tanto a los autores materiales como a la cadena de mandos de las fuerzas públicas de seguridad, así como a los autores intelectuales:

“Que se haga justicia implica que la gente que lo hizo materialmente no se las castigue nomás a ellas, sino que implica que juzguen a todos, entre los que está el presidente Peña Nieto. Estamos esperando la sentencia, que es vinculatoria. Pensamos que no va a ser antes de que él salga”.

Al mes de haber regresado de la audiencia en Costa Rica, las denunciantes se encontraron con la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, norma que perpetúa el uso de policial de las fuerzas armadas: el Ejército y la Marina asumen el trabajo de fuerzas civiles en las calles y rutas de cientos de municipios en México, desde 2017, con un marco jurídico para su actuación. La sentencia de la Corte está demorada y la justicia no llega.

Con temor y amedrentamiento hacia los pobladores de Atenco, el proyecto del Aeropuerto intenta seguir avanzando.

Doce años antes

 “Querían matar dos pájaros de un tiro, la resistencia en Atenco y la Otra Campaña. No pudieron”.

Edith se recuerda doce años atrás como una mujer luchadora, trabajadora, madre de tres hijas. En ese entonces, era empleada en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS). En 2006 estaba en el recorrido de La Otra Campaña, iniciativa política impulsada por el EZLN y el movimiento zapatista que implicó el crecimiento de una corriente nacional de solidaridad y apoyo a las luchas mexicanas, basado en la adhesión a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.

Ese 3 de mayo de 2006, Edith ya era adherente a la Sexta y parte de la Otra Campaña. Les tocaba organizar el recorrido en la capital mexicana. Cuando la delegación zonal centro estaba reunida en la Plaza de las Dos Culturas, desde Atenco les comunicaron que Javier Cortés, un niño de 14 años, había sido asesinado de un balazo. “Todos nos indignamos. En el recorrido estaba el Subcomandante Marcos. Nos reunimos por sectores y decidimos ir a la gobernación, a los periódicos, y otros dijimos ‘ahorita vamos’. Fue como nos fuimos a Atenco a solidarizarnos”.

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Por Avispa Midia. Texto: Renata Bessi / Fotografías: Anderson Barbosa y Renata Bessi

Brasil fue el país que más recibió los haitianos luego del trágico terremoto de 2010.
Pero ¿cómo están los haitianos ahora con la crisis por la cual pasa Brasil,
agravada por el golpe de 2016?

Caminar por las calles de la región central de São Paulo, principal centro económico financiero de Brasil y de América del Sur, siempre se ha presentado como una explosión de experiencias sensitivas, justamente por la concentración de diversidad cultural que se hace presente en este lugar. Con la llegada de los africanos y principalmente con la entrada masiva de haitianos en este país en los últimos años, esta experiencia se ha intensificado con nuevas formas, sonidos, colores y fragancias, que se expresan en sus puestos de venta de comida, en sus vestimentas, en las obras y artesanías que vendan en las calles. El misticismo que encierran sus rituales religiosos atrapan la atención de los transeúntes en las principales plazas publicas.

Desde el año 2010 hubo un cambio radical en los flujos migratorios hacia Brasil. Anteriormente, era un flujo predominantemente sudamericano, especialmente de bolivianos, paraguayos y peruanos, que llegaban a este país para trabajar en el sector de la industria textil. Después de 2010, una oleada masiva de personas de origen haitiano comenzaron a llegar, personas que no tuvieron otra opción tras la destrucción de su país con el terremoto en el año 2010. También aumentó el flujo de migrantes provenientes de África tras las restricciones migratorias que les impuso la Unión Europea. Sobre todo los haitianos, estuvieron vinculados en pequeñas ciudades en el interior de los estados de Santa Catarina, Río Grande del Sur y sobretodo Sao Paulo, en el sector agro-alimentario, principalmente en el procesamiento de la carne a escala industrial y la construcción civil.

De a cuerdo con el diagnostico realizado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y por el Instituto de Políticas Publicas en Derechos Humanos (IPPDH) del Mercosur, hasta finales del año 2016 fueron emitidas 67 mil autorizaciones de residencia permanentes y temporales para haitianos en Brasil. Pero en general se estima que al menos 98 mil haitianos ya habían ingresado entre los años 2014 y 2015.

Hacia la frontera norte de Brasil

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Por Avispa Midia – Renata Bessi y Santiago Navarro F.
(Fuente: SubVersiones)

Naomi Klein, en su libro La doctrina del shock, sostiene que las políticas económicas del Premio Nobel Milton Friedman y de la Escuela de Economía de Chicago, han alcanzado importancia en países con modelos de libre mercado no porque fuesen populares, sino a través de impactos en la psicología social a partir de desastres o contingencias, provocando que, ante la conmoción y confusión, se puedan hacer reformas impopulares.

Ha pasado poco más de un mes desde que sucedió el terremoto más fuerte de los últimos 100 años en México, 8.2 grados en la escala Richter, el 7 de septiembre; el paisaje en el Istmo de Tehuantepec, la región más afectada, aún es de devastación. La ciudad de Juchitán de Zaragoza se asemeja a una ciudad fantasma. Por donde mires hay escombros o edificios dañados. Los cuerpos policiacos y militares aun deambulan por las calles fuertemente armados.

La tierra aun no ha dejado de temblar. Extraños sonidos emanan de las profundidades del mar en las costas de Oaxaca. Es posible sentir temblores de hora en hora. El sistema nacional de servicio sismológico nacional de México calcula ya más de 6 mil réplicas, además de un segundo terremoto de 7.2 grados Richter que sucedió el 19 de septiembre y devastó diversas localidades de la Ciudad de México, donde se han contabilizado —hasta el 4 de octubre— 369 muertes.

Datos oficiales del Gobierno de Oaxaca precisan que el sismo afectó a 120 mil personas en 41 municipios, así como 60 mil 600 viviendas de las cuales 20 mil 664 tuvieron daño total y 39 mil 956 daño parcial. Su infraestructura, redes de agua potable y de drenaje están dañadas. La economía local está golpeada. En las calles la basura se amontona. La preocupación es por una posible crisis sanitaria.

El municipio de Ixtaltepec, una de las regiones más afectadas, se asemeja a una zona de guerra. La maquinaria del gobierno o de las empresas eólicas que dominan la región va demoliendo sin discriminación alguna todo lo declarado como pérdida total, por lo menos 80% de las viviendas. Parte de los vecinos ha rescatado lo que ha podido y ha decidido abandonar la comunidad. La incertidumbre ha tomado por asalto el sueño y la tranquilidad de las personas que resisten para no abandonar su hogar, su comunidad y su historia. «Yo no me voy a ir de aquí, porque este es mi hogar, aquí están mis raíces, aquí es mi pueblo», dice Joaquín Sánchez, de Ixtaltepec.

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Tomar la calle
La solidaridad también produce réplicas
Agencia SubVersioneson20 septiembre, 2017

A las once de la mañana del martes 19 de septiembre de 2017, la alarma sísmica de la Ciudad de México se activó para conmemorar los 32 años del sismo que, en 1985, cambió radicalmente la capital del país. Apenas dos horas después, a las 13:14, un sismo de 7.1 grados Richter volvió a sacudir el suelo de la metrópoli. A un día del terremoto, la ciudad continúa sacudida, organizándose sin entender aún la magnitud de la destrucción, de las coincidencias y de lo que queda por hacer.

La alarma sísmica de las 13:14 sonó cuando el temblor ya había comenzado: el epicentro fue en Axochiapan, Morelos, a 120 km de la Ciudad de México. La señal no llegó a tiempo. Confundida, mucha gente no logró salir de sus edificios: pensaron que se trataba de otro simulacro o, simplemente, no lograron evacuar.

Quienes lograron salir se encontraron de nuevo en la calle, apenas doce días después del sismo que, el siete de septiembre pasado, devastó el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Inmediatamente, buena parte de la Ciudad se quedó sin servicio eléctrico, sin telefonía celular y sin información. Pero, como en 1985, el apoyo mutuo y la solidaridad organizada comenzaron a articularse para hacer frente a la desinformación y a la completa pasividad de todo el aparato del Estado.

Pronto, las principales avenidas se poblaron de gente buscando dónde y cómo apoyar. En Calzada de Tlalpan, sólo en dos de los cuatro carriles circulaban automóviles: el resto del espacio era ocupado por filas de gente intentando comunicarse; encontrándose y comenzado a organizarse.

Al mediodía, ya comenzaban a escucharse en la calle lo que, horas después, serían las referencias geográficas de la catástrofe: una escuela con niñxs atrapadxs en Coapa, edificios derrumbados en Narvarte, Condesa, en el Centro.

Mucho más rápido, digno y solidario que la respuesta del Estado, el apoyo mutuo comenzó a organizarse en torno a esos puntos. Enseguida del sismo, en un edificio en obra, vecinxs de la colonia Zacahuitzco habían montado ya filas para remover escombro e intentar rescatar a quien se encontrara dentro del derrumbe. Elementos del Ejército llegaron horas después, invadiendo con sus carros las cadenas de carga, sin saber cómo responder ante un barrio organizado de manera horizontal e improvisada.

En la calle de Escocia, en el corazón de la colonia del Valle, la presencia de uniformados en los edificios derrumbados era redundante frente a la cadena de cientos de personas formada para retirar el escombro en cubetas de construcción. Una colonia como la del Valle —homogénea, sin mucha convivencia en sus calles— se convirtió en el receptor de flujos heterogéneos de vecinxs y extrañxs, transeúntes y brigadas auto-organizadas, centros de salud y comedores comunitarios. Los gestos mutuos transitaban entre el intenso trabajo colectivo y los momentos de silencio absoluto. La inmovilidad intermitente permitía el ritmo necesario para la búsqueda. Al lograr un rescate, la quietud era rota por los aplausos generalizados.

Escenas así se vieron por toda la ciudad, a todas horas. Policías locales y federales se limitaban a acordonar o cerrar calles y a detenerse, impávidos, ante la solidaridad de una ciudad. Las autoridades delegacionales caminaban en círculos, conscientes, tal vez, de su absoluta inutilidad. Todos los poderes constituidos podían verse, al fin, tal cual son: innecesarios e impotentes.

La fuerza de la gente, de la auto organización y el apoyo muto, en cambio, no paró de multiplicarse. Los flujos usuales de la ciudad —los coches o la vigilancia estatal— se interrumpieron para que se abrieran otros: los de la comunicación directa y en las calles; el traslado de víveres, de café, de cuidado colectivo.

Caída la noche, habían ya albergues y centros de acopio para quienes habían perdido sus casas o no podían permanecer en ellas. Las labores de rescate no se detuvieron y no quedó claro si el día terminaba o volvía a comenzar: los relevos se organizaban para las tres, cuatro, cinco de la madrugada. El 20 de septiembre por la mañana, acopios y albergues improvisados se organizaban perfectamente gracias a las palabras y los gestos de quienes los sostenían.

El sismo del ’85 y la organización comunal de los pueblos indígenas del Istmo son ya hitos históricos, pero también enseñanzas. Por ellos sabemos que el temblor no cesa cuando acaba un terremoto, que el cuidado y el apoyo mutuos son la única forma de organizarse ante la catástrofe, que el Estado sólo existe para administrar el despojo. Y, sobre todo, que la solidaridad también produce réplicas.