Como reportamos recientemente, los miembros de CNI del Ejido Tila y sus anexos, así como de los municipios vecinos de Tumbalá, Sabanilla, Yajalón y Salto de Agua en el norte de Chiapas, han estado sufriendo hostigamientos, amenazas, agresiones y detenciones arbitrarias, además de calumnias y difamación, por parte de los diferentes niveles de gobierno. Todo esto, con la participación activa de un grupo criminal denominado “Karma”, que itene vínculos tanto con ayuntamiento que durante años estuvo asentado ilegalmente en tierras ejidales, como con el grupo paramilitar Paz y Justicia que aterrorizó a la población en la segunda mitad de la década de 1990, como parte de la estrategia contrainsurgente del Estado para destruir al EZLN.

Como denunciamos en junio de 2024, tanto el Estado como los medios de comunicación han hecho caso omiso de la historia de lucha por la tierra y territorio, así como el despojo y la violencia criminales orquestradas desde hace décadas por el mismo Estado contra el pueblo chol de Tila.

En un comunicado publicado por el Congreso Nacional Indígena, el pueblo chol de Tila hace un recorrido histórico de dicha lucha, y exige el cumplimiento de las resoluciones legales a favor de los ejidatarios y el cese inmediato a la represión y criminalización.

A seguir, un resumen de la lucha histórica del Ejido Tila:

Antecedentes Históricos (1900–1936)

• 1900: El pueblo chol sufre su primer despojo de tierras por la finca Pensilvania Company Plantation, propiedad del finquero Maximiliano Rodemberg.
• 1910–1918: Con la Revolución Mexicana, los choles comienzan a organizarse políticamente y recuperan tierras. La gripe española de 1918 provoca la muerte de sus líderes.
• 1922–1934: El gobierno federal otorga resoluciones presidenciales, reconociendo el ejido de Tila con una superficie total de 5,405 hectáreas (2,938 hectáreas de terrenos nacionales y 2,466 de la finca Pensilvania).
• 1936: Se realiza el reparto oficial a 836 ejidatarios, con reconocimiento legal conforme al artículo 27 constitucional.

Intentos de Despojo y Conflictos con el Municipio (1943–1980)

• Desde 1943, el ayuntamiento municipal de Tila comienza a registrar casas y solares, invadiendo terrenos ejidales.
• En 1966, el gobierno local intenta crear un “fundo legal” de 130 hectáreas dentro del ejido. Esto se formaliza con el Decreto Expropiatorio N.º 72 (1980).
• Ejidatarios impugnan el decreto, lo consideran una expropiación fraudulenta.

Conflictos Agrarios y Represión (1980–2000)

• En 1981, los caciques locales y autoridades estatales retoman el poder mediante violencia y conflictos armados, despojando más tierras.
• Represión constante: Arrestos arbitrarios, destrucción del patrimonio ejidal, instalación de mercados sin permiso y apropiación de espacios ejidales.
• Entre 1990 y 2000, líderes ejidales, activistas y comunidades enfrentan hostigamiento, detenciones y amenazas.

Paramilitarismo y Manipulación Institucional (1994–2015)

• El grupo Paz y Justicia y otros grupos paramilitares son usados para controlar el territorio y reprimir a los ejidatarios.
• Autoridades locales manipulan elecciones de comisariados y falsifican documentos para legitimar su control sobre el ejido.
• Se intentan imponer proyectos sin el consentimiento de la asamblea (subestaciones, auditorios, mercados, etc.).

Resistencia Legal y Sentencias de Amparo (2008–2018)

• En 2008, se presenta el amparo 259, y en 2018, la Suprema Corte determina que:
  • Nunca existió legalmente un fundo legal en Tila.
  • Las 130 hectáreas son parte del ejido y pertenecen a los 836 ejidatarios.
  • El Decreto 72 de 1980 fue inconstitucional y se declara insubsistente en 2019 por el gobernador Rutilio Escandón.

Corrupción, Falsificación y Violencia (2018–2023)

• Autoridades estatales y federales en complicidad con el grupo paramilitar “Karma” y líderes corruptos intentan desconocer las resoluciones judiciales.
• Se falsifican firmas y se nombra ilegalmente a comisariados como Miguel Vázquez Gutiérrez.
• Bloqueos, enfrentamientos armados y asesinatos ocurren, especialmente en 2020 (3 muertos), con impunidad total para los responsables.

Persecución Reciente y Violaciones a Derechos (2021–2023)

• Continúa la persecución armada contra líderes y habitantes del ejido.
• Se identifican agresores armados relacionados con el grupo “Karma”.
• El 13–14 de julio de 2023, se documenta el ingreso del gobierno estatal con el grupo armado, violando múltiples artículos constitucionales y de la Ley Agraria.
• Se denuncian órdenes de aprehensión fabricadas contra inocentes y nula acción contra los agresores.

Demandas del Ejido

• Cumplimiento íntegro del amparo ganado en 2018.
• Cancelación del decreto expropiatorio y todo acto derivado del “fundo legal”.
• Respeto a la autonomía del pueblo chol, reconocido por la Constitución (art. 2 y 39), convenios internacionales (OIT 169), y por la Suprema Corte.
• Cese inmediato a la represión y criminalización de ejidatarios.

En 2022, el Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG) decidió crear la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio, para unir y fortalecer las luchas en defensa del agua, la vida y el territorio de forma autónoma y libre de manipulaciones y utilización oportunista por parte del Estado. En agosto de ese año se llevó a cabo la primera sesión. Desde entonces, un total de cinco asambleas se han realizado en diferentes territorios.

Según el análisis del CNI-CIG y de la propia Asamblea, las iniciativas de la llamada “Cuarta Transformación” representan una exacerbación del despojo hídrico y territorial. El Plan Hídrico, que, según su evaluación, “no es otra cosa que robar el agua de las comunidades indígenas y de las colonias populares para entregarla a las grandes industrias”; el Plan México, que “encarna ocho megaproyectos energéticos, desviación, relleno, invasión y desaparición de arroyos, humedales, lagunas, el cauce y pérdida del caudal del río, reventa del agua tratada para la producción industrial”; los “planes de justicia” y su racismo sistémico; el reordenamiento territorial y sus afectaciones para los pueblos originarios y las colonias populares urbanas, “quienes son desplazados forzadamente con la gentrificación y/o con la violencia de los cárteles con la finalidad de entregarla a los criminales de traje”.

Al mismo tiempo, la violencia crece en el país: desapariciones forzadas, ataques paramilitares y del crimen organizado, militarización extrema y criminalización y agresiones contra defensores del territorio y de los derechos humanos.

Ante esta realidad, convocan a la 6a Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio, que se llevará a cabo el 18 y 19 de octubre en el pueblo de Loma de Bácum de la Nación de la Tribu Yaqui, Sonora.

A seguir, la convocatoria completa:

COMUNICADO DE EUROPA ZAPATISTA
CONTR EL ATAQUE ARMADO CONTRA
LA COMUNIDAD CHERÁN K’ERI (MICHOACÁN)

Al gobierno federal de México,
Al gobierno estatal de Michoacán,
A la comunidad de Cherán K’eri,
A los colectivos firmantes de la Declaración por la Vida,
A la sociedad civil mexicana e internacional,

El pasado el día 2 de julio de 2025, la comunidad de Cherán K’eri (Michoacán) ha sido víctima de un violento ataque armado por parte de sujetos desconocidos que intentaron ingresar por los parajes de Rancho del Pino y Cerrito del Aire. La respuesta de la Ronda comunitaria (órgano de seguridad dentro de su sistema de autogobierno autónomo) resistió la agresión y activó las barricadas para proteger a la población.

Lamentablemente, este no es un hecho aislado, sino que forma parte de una escalada de violencia que se ha recrudecido en Michoacán, un estado donde el crimen organizado se disputa los territorios con total impunidad, afectando gravemente a las comunidades rurales e indígenas. En las últimas semanas, se han intensificado las agresiones en diversas regiones, incluyendo la Meseta P’urhépecha, donde pueblos como Nahuatzen, Arantepacua, Capácuaro y Santa Fe de la Laguna también han sido objeto de amenazas, incursiones armadas y despojo territorial.

Sabemos que Cherán ha sido objeto de distintos intentos de agresión desde que en 2011 expulsó a los partidos políticos, a los talamontes y al crimen organizado, quienes conformaban una trama de saqueo de los bosques comunitarios y asesinaban a los comuneros con la complicidad de autoridades estatales y federales.

Cherán representa un sistema de autogobierno indígena reconocido legal y constitucionalmente, basado en asambleas, fogatas y formas comunitarias de justicia y organización. Atacar de este modo a Cherán representa desestabilizar y destruir una de las experiencias de autonomía indígena existentes dentro de la red de pueblos que defienden la vida y que representan un faro de esperanza dentro de la necropolítica que atraviesa la territorialidad mexicana.

Desde todas las organizaciones y colectivos de Slumil K’ajxemk’op (Europa Insumisa) enviamos nuestro abrazo a los y las comuneras de Cherán, les decimos desde nuestros territorios que les abrazamos en la pérdida de su hermano comunero, y esperamos la pronta recuperación del compañero herido; les mandamos toda nuestra energía para seguir alimentando su resistencia y la defensa de su autogobierno y territorio.

Por la seguridad de Cherán y las comunidades en resistencia

Exigimos al gobierno federal y estatal garantías reales para la seguridad de Cherán y las comunidades en resistencia, respeto absoluto al derecho al autogobierno y a la autodeterminación, y justicia para quienes han sido agredidos.

La mañana del 2 de julio del presente año (2025), un comando armado entró a la comunidad de Cherán K’eri. Incursionó por el cerro, para evitar los retenes comunales, asesinando a un comunero y otro resultó herido. A partir de los hechos violentos en abril de 2011 (narco-tala de madera, asaltos, secuestros, cobros de piso y demás acciones criminales) la comunidad se organizó para resguardar la vida y el territorio. Desde 2011 lograron su reconocimiento para nombrar a sus autoridades por sus sistemas normativos, la organización del poder municipal representada por el Concejo Comunal de Gobierno Mayor y su propio cuerpo de seguridad comunal (rondas).

En estos últimos quince años la violencia se ha incrementado en Michoacán y en todo México; en la región a la que pertenece Cherán, la disputa es por el control de sus territorios y los bienes naturales que pertenecen a las comunidades indígenas de Michoacán. Cerca de 350 mil hectáreas son propiedad social de mazahuas, hñahñu y p’urhépechas, 200 mil hectáreas se encuentran en manos de aguacateros y 20 mil están destinadas a la producción de frutos rojos.

México ocupa el primer lugar mundial de exportación de estos frutos y Michoacán es líder a nivel nacional. Esta agroindustria extractiva concentra tierra y agua, a través de ventas, rentas, muchas de ellas forzadas, pozos legales, tomas clandestinas y ollas de agua ilegales. Su expansión en la superficie ha sido a través de distintas prácticas como incendios, tala, cambios de uso de suelo, instalación de huertas, pero también el desplazamiento de la población por medio de pedagogías y prácticas de terror, apoyados por grupos armados de las economías ilegales.

Estos procesos de despojo no pueden explicarse sin la participación de un Estado en connivencia con estas economías criminales. Existen más de 33 cuarteles de la Guardia Nacional, más los destacamentos de la Guardia civil (estatal), del ejército y la marina, además de todos los dispositivos de inteligencia distribuidos a lo largo y ancho del territorio estatal, los cuales no actúan frente a la presencia de estos grupos armados que actúan con total impunidad. Muestra todo ello, una vez más, de los límites de la política de Seguridad Nacional que los diferentes gobiernos en turno proponen.

El ataque de hoy, 2 de julio de 2025, a Cherán no es un hecho aislado, forma parte de una escalada de violencia contra los pueblos originarios de la Meseta P’urhépecha y de otras regiones de Michoacán, en un contexto donde el crimen organizado, intereses extractivos y actores políticos se entrelazan para atentar contra las autonomías territoriales que han sido conquistadas con dignidad, lucha y memoria.

Cherán es un ejemplo de autogobierno indígena, organización comunitaria y defensa de los bienes comunes, que ha resistido el saqueo forestal, la violencia política y el despojo territorial. Defender a Cherán es defender el derecho de los pueblos a vivir en paz, a decidir su forma de vida y a cuidar su territorio.

Frente al silencio, la omisión y la complicidad del Estado, alzamos la voz y hacemos
un llamado urgente:

• A las organizaciones sociales, colectivas, pueblos hermanos y ciudadanía en general, a solidarizarse activamente con Cherán.
• A difundir este y otros comunicados, rompiendo el cerco de indiferencia que permite que la violencia avance.
• A defender los logros de las autonomías indígenas, que hoy más que nunca están bajo ataque.

Exigimos al gobierno federal y estatal garantías reales para la seguridad de Cherán y las comunidades en resistencia, respeto absoluto al derecho al autogobierno y a la autodeterminación, y justicia para quienes han sido agredidos.

Exigimos un Plan de Justicia para el pueblo P’urhépecha que incluya la seguridad.

No es una mera coincidencia la violencia contra los pueblos de Cherán. Cherán y lxs K´eris viven y vivirán desafiando el mundo del Estado, del Capitalismo-Extractivista y del Despojo.

Manifestamos nuestra solidaridad con la comunidad de Cherán K’eri y con todas las comunidades que luchan en la defensa de sus tierras, territorios, bienes naturales y la vida de sus miembros.

Desde nuestros espacios universitarios, territoriales y organizativos, nos sumamos a la defensa de la vida y de los territorios.

La lucha es por la vida, por territorios con paz y justicia.
¡Ni un paso atrás en la defensa de la autonomía!
¡Por la vida, la dignidad y la memoria de los pueblos originarios!
¡Cherán vive, la lucha sigue. Cherán no está solo!

Planeta Tierra, 2 de julio de 2025
Grupos de Trabajo CLACSO Cuerpos, territorios, resistencias

A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
A LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS ORIGINARIOS
AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL ESTADO MEXICANO

Comunidades indígenas y afromexicanas de Michoacán a 2 de julio de 2025.

Entre los años de 1974 y 1976, durante la denominada “guerra sucia”, en un contexto de autoritarismo, cerrazón y represión hacia los movimientos sociales y los opositores políticos, cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz: José de Jesús Guzmán Jiménez; y sus hijos Amafer, Solón Adenauer, Armando y Venustiano Guzmán Cruz, fueron detenidos, torturados y desaparecidos por el Ejército Mexicano y la entonces Dirección Federal de Seguridad, por luchar por un mundo más justo, democrático e igualitario, todos originarios de la comunidad p´urhépecha de Tarejero en el Municipio de Zacapu.

Fueron apresados y trasladados a la XXI Zona Militar en Morelia y posteriormente al Campo Militar No.1 en la CDMX, lugar donde fueron interrogados y desaparecidos, constituyendo un crimen de lesa humanidad y el primer referente histórico de las desapariciones forzadas en Michoacán. Durante 51 años, los sobrevivientes de la familia Guzmán, han luchado incansablemente en contra de la desmemoria, la impunidad y la injusticia.

Desde hace más de 50 años, sus familiares han venido denunciando y documentando estas desapariciones forzadas en el Comité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos; ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado; ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada o Involuntaria ONU, y por último, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, toda una vida de búsqueda tenaz de la justicia.

No olvidamos y no perdonamos, hoy esta lucha se ha convertido en intergeneracional y suprafamiliar, organizaciones sociales, comunidades originarias y organismos no gubernamentales de derechos humanos como el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (COFADDEM) “Alzando Voces”, Consejos de Gobierno Comunal y Autoridades Indígenas, nos unimos y convocamos a seguir exigiendo memoria, verdad y justicia, así como medidas de no repetición.

Por lo que invitamos al público en general al Acto Político-Cultural los Desaparecidos del Pueblo P’urhépecha a efectuarse el miércoles 16 de julio a las 11 horas en el auditorio del Centro Cultural Clavijero en Morelia (Calle El Nigromante No. 79, Col. Centro) donde realizaremos actividades culturales y políticas, para llevar a cabo un llamado atento, enérgico y urgente a la CIDH, para que no retrase más el dictamen de fondo de la familia Guzmán, toda vez que el caso fue admitido desde el 12 de julio de 2013, posteriormente, el 7 de julio de 2017 se llevaron a cabo las audiencias públicas y actualmente el caso se encuentra en espera del dictamen de fondo. No los olvidamos, seguiremos luchando hasta el final.

TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI
JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

DENUNCIAMOS TORTURA Y AGRESIONES SEXUALES
EN CONTRA DE INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA ÑHÖÑHÖ (OTOMÍ)
DE SANTIAGO MEXQUITITLÁN, QUERÉTARO.

A nuestras hermanas y hermanos del pueblo ñhöñhö (otomí) de Santiago Mexquititlán, Querétaro:
Al Concejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán:

A los pueblos de México y del mundo,
A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,
A las Redes de Resistencia y Rebeldía,
A la Sexta Nacional e Internacional,
A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde.

El Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional repudiamos la violencia policiaca con la que fueron arrestados y torturados nuestros hermanos ñhöñhö Estela Hernández, Sergio Chávez, Jesús Torres, Leonardo García y Martín Álvarez y dos personas más cuya identidad no hemos podido establecer; en cuyos cuerpos se concentraron el odio y el racismo que caracterizan al gobierno de Mauricio Kuri en Querétaro, así como se concentran en nuestra Madre Tierra y en los pueblos originarios el despojo y la destrucción que nacen del estado mexicano y sus instituciones.

El día de ayer, miércoles 4 de junio, en la comunidad de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco, Querétaro, la Policía Estatal de Querétaro (POES),realizó una redada totalmente ilegal. en la cual realizó la detención arbitraria de 6 personas, la mayoría jóvenes, sin haber cometido delito alguno.

Ante este abuso de autoridad, la compañera Estela Hernández, miembro del Concejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán, delegada del Congreso Nacional Indígena e integrante de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida se trasladó al DIF municipal, lugar a donde los detenidos fueron trasladados. Al preguntar por el motivo de la detención y por la integridad física de los compañeros detenidos, un grupo de al menos 10 policías detuvo y agredió física y sexualmente a la compañera. Además de los golpes, le expresaron violentamente que “ya estaban hartos de ella”, lo cual evidencia que el ataque tiene claras intenciones de amedrentar el trabajo de defensa del territorio y de los derechos humanos que nuestra compañera realiza.

 Casi 5 horas después, todos los compañeros fueron liberados gracias a la acción del pueblo y a la solidaridad de organizaciones, colectivos y personas que mostraron su indignación y exigieron su libertad inmediata.

El Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán ha sido reprimido y agredido sistemáticamente por evitar la privatización del agua en Querétaro, por frenar la devastación de su territorio y por no someterse a los proyectos coloniales de muerte. Hoy nuevamente es agredido con el sello del desprecio, unas horas después de haber anunciado su asamblea comunitaria en defensa del agua para el sábado 14 de junio, lo que parece incomodar a quienes desde el poder actúan como criminales.

¿Por qué detuvieron a la compañera Estela y a los demás compañeros de Santiago Mexquititlán? Porque en Querétaro el racismo es el protocolo policiaco por excelencia. Porque el mal gobierno sólo conoce desprecio hacia los pueblos originarios. Porque al mal gobierno sólo le gustan los indígenas sumisos y funcionales a sus crímenes, no los que luchan por la vida. Porque para el mal gobierno la dignidad es peligrosa.

Para los jóvenes la cárcel y levantones, para las mujeres indígenas que defienden su territorio y construyen autonomía en sus comunidades los golpes y la tortura física y sexual. Vivir en comunidades indígenas, trabajar honestamente, documentar violaciones a los derechos humanos, defender al territorio y levantar la voz son delitos para el estado.

La presencia del ejército en la manifestación pacífica que pobladores de Santiago Mexquititlán y comunidades aledañas realizaron en las inmediaciones del DIF de Amealco, Querétaro, para exigir la libertad de nuestros compañeros, es una muestra más de la guerra generalizada que se vive en el país, la muestra de que las fuerzas armadas están para callar al pueblo organizado en defensa de la vida y la libertad. Es esta la verdadera cara de la cuarta transformación, la que exhibió hace unas semanas al secuestrar y detener arbitrariamente a nuestros compañeros Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez en la comunidad tzotzil de Cotzilnam, municipio de Aldama, Chiapas.

Exigimos un alto total a la violencia racista y de género por parte del Estado, a la guerra de exterminio desatada contra los pueblos de México; llamamos a los pueblos de México y del mundo, a los organismos y colectivos defensores de derechos humanos, a las Redes de Resistencia y Rebeldía, a la Sexta Nacional e Internacional, a l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes y a la Europa Insumisa, Digna y Rebelde, a estar alertas y organizados en contra de esta guerra y de estas acciones represivas dirigidas hacia los pueblos originarios que en México y el mundo entero resisten la tormenta capitalista.

Esta violencia se da en un momento en que la llamada “4T” festina a un ministro supuestamente indígena y presume el respeto a los derechos de los originarios.  Ese señor, junto con su cómplice Adelfo, es otro “indígena” de maniquí en el aparador de la 4T, parte de la escenografía de cartón piedra que la nueva comedia de “La Señora Presidenta” presenta allá arriba para su propio consumo.  Sin importar el color político, allá arriba es el mismo PRI de siempre.  El cambio es que pasaron de lo obsceno a lo francamente pornográfico, como sus chats de redes sociales.  La compañera Estela es quien, hace años, acuñó la frase de “hasta que la dignidad se haga costumbre”, pero en los malos gobiernos la costumbre sigue siendo la hipocresía.

Seguirá siendo la fuerza de los pueblos la que arranque la libertad de nuestros hermanos y hermanas, la que sostenga la dignidad ante esta guerra de exterminio. Abrazamos a nuestros hermanos ñhöñhö que luchan y resisten incansablemente por el agua, la vida y la libertad.

ATENTAMENTE
JUNIO DE 2025

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

A los pueblos de México y del mundo

A los Organismos y Colectivos defensores de Derechos Humanos

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Sexta Nacional e Internacional

A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde

Herman@s Tod@s

Hoy, 5 de mayo, en el marco de la Convocatoria que hiciera el Congreso Nacional Indígena-Consejo Indígena de Gobierno, CNI-CIG, respecto a “REALIZAR LAS JORNADAS GLOBALES POR LA LIBERTAD INMEDIATA DE BALDEMAR SÁNTIZ SÁ NTIZ Y ANDRÉS MANUEL SÁNTIZ GÓMEZ, BASES DE APOYO DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL MEDIANTE ACCIONES EN CADA UNA DE NUESTRAS GEOGRAFÍAS Y DE ACUERDO A NUESTROS MODOS.” Distintos colectivos, organizaciones, pueblos comunidades e individu@s, nos encontramos frente a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, para EXIGIR Verdad y Justicia para nuestros hermanos zapatistas, pues sabemos que ésta, siempre vendrá desde abajo y a la izquierda. De los malos gobiernos, solo esperamos muerte, mentira y destrucción.

DENUNCIAMOS: Que el Narco-Estado Capitalista de la Cuarta Transformación y su actual Capataz, que encabeza Claudia Sheinbaum, y el gobernador morenista de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar son los directamente responsables de la irrupción militar y paramilitar en Territorio Zapatista; son responsables de violar la Autonomía de los Pueblos Zapatistas; son responsables de la detención arbitraria de Baldemar y Andrés; son responsables de la desaparición forzada y secuestro a la que fueron sometidos durante 55 horas y son responsables de su encarcelamiento. Esta acción da cuenta clara de la mentira con que opera la Cuarta Transformación en todo el territorio nacional y, sobre todo, contra los pueblos y comunidades que se organizan y luchan en defensa de la vida, el territorio y su autonomía.

Falsas fueron las acusaciones en contra de nuestros compañeros Baldemar y Andrés, como falsos son los discursos con los que desde el gobierno Federal pretenden negar la desaparición forzada y sistemática que se vive en todo el país; falso es el llamado «bienestar» que esconde el despojo, la entrega del territorio al capital y la precarización de la vida para todos; falsos son también, los mal llamados Planes de Justicia y como falso es también, el anuncio que hoy hiciera la CapatAz de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, respecto a que emitirá un Decreto para restituir 2 mil 471 Hectáreas de tierra al Pueblo Wixárikas; Falsas son las declaraciones gubernamentales de estabilidad ante el clima de violencia que se sufre, crece y agudiza en las comunidades de Santo Domingo Petapa, San Juan Mazatlán, Oaxaca en contra de compañeros de UCIZONI; Falsas son las supuestas intenciones que plantea el mal gobierno del Estado de Puebla para resolver el problema del Basurero en la región cholulteca, Puebla; así como falso es el discurso del mal gobierno ante el combate al narcotráfico pues la constante violencia que se vive en la comunidad de Santa María Ostula, por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación dan cuenta de ello.

Las mentiras del mal gobierno con las que fueron criminalizados los compañeros Baldemar y Andrés fueron desenmascaradas por los compañeros zapatistas, como lo señalan en el comunicado que lleva por nombre, INOCENTES; “Mientras el supremo gobierno jugaba con la vida, libertad y bienes de los dos detenidos ilegalmente, las autoridades autónomas zapatistas llevaron adelante su propia investigación con la guía de Verdad y Justicia en común.»

Los compañeros zapatistas secuestrados y encarcelados fueron liberados no por acción y buena voluntad del mal gobierno sino por la acción colectiva de pueblos y organizaciones solidarias nacionales e internacionales, organizaciones de Derechos Humanos y por la Justicia Autónoma Zapatista que en común abrió paso a la verdad.

Es la verdad la que surge desde las entrañas de la tierra en la acción colectiva de los pueblos zapatistas, de las madres y familias buscadoras, de los pueblos originarios.

Es y será la verdad la que sostenga la memoria y el mañana.

Es la verdad con raíces profundas que se encarna en quienes defienden la vida, en quienes buscan incansablemente y construyen día con día su Autonomía.

En colectivo se arrebató la libertad de los compañeros, pero persiste una gran deuda con la justicia: la intrusión del ejército en territorio zapatista violentando su Autonomía, el robo de vehículos y dinero de bases de apoyo, los cateos ilegales, la desaparición forzada, la imposición de la Guerra, la Contrainsurgencia, la militarización y la criminalización de la lucha social dirigida a los compañeros, son afrentas graves que como Congreso Nacional Indígena repudiamos y responsabilizamos a la Cuarta Transformación y directamente a su CapatÁz.

Hoy desde estas oficinas que siempre han estado cerradas para los pueblos de México exigimos:

-Justicia cabal y devolución íntegra e inmediata de las pertenencias robadas a los compañeros y compañeras bases de apoyo zapatista.

-Alto a los ataques en contra de las comunidades zapatistas.

-Alto a la guerra contra los pueblos originarios de todo el país

-Alto a los ataques dirigidos a las madres y familias buscadoras

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA-CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO, CNI-CIG

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
A los pueblos que luchan y resisten
A la población de este México en guerra

La Autonomía y el Común que construyen día con día las bases de apoyo zapatistas y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hoy, son el objetivo de la violencia de Estado encabezada por el mal gobierno de la cuarta transformación con su representante ejecutiva Claudia Sheinbaum y en el estado de Chiapas Eduardo Ramírez.

El día 24 de abril del 2025, un fuerte operativo integrado por al rededor de 39 vehículos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal, la Agencia de Investigación de Inteligencia Ministerial, Policía Estatal Preventiva, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, acompañados de 2 vehículos con civiles armados, realizaron cateos a casas de compañeros bases de apoyo zapatista privando de su libertad y desapareciendo de manera forzada a los compañeros José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez. Hasta el momento de publicación del presente comunicado no se conoce su paradero.

Estos hechos se suman a los actos de hostigamiento e intimidación que el ejército, la Guardia Nacional y el grupo de operaciones especiales llamado Pakal realizaron en el cierre del encuentro de arte (Revel y Rebel) Arte convocado por el EZLN.

La creación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) por parte del actual gobernador, y este tipo de ataques abiertos son muestra clara de que la prioridad para el gobierno es someter a la población a una constante violencia, intimidación y represión, así como atacar directamente a los pueblos organizados como son los pertenecientes al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

En medio de esta guerra abierta en contra de quienes defienden la vida y luchan contra el capitalismo y su sangriento despojo, nuestras hermanas y hermanos zapatistas nos llaman a construir esperanza y las bases para el mañana. A través del arte, bases de apoyo de todas las edades nos invitan a imaginar, sentir y soñar con ese mundo donde la vida digna sea asegurada. Esos sueños son los que el mal gobierno quiere destruir.

Vemos ahora que el enemigo más grande de este narco estado capitalista es la esperanza que construyen los pueblos, es la fuerza de las familias que buscan incansablemente a quienes les fueron arrebatados, son las y los defensores del territorio que inspiran rebeldía, son las personas que simplemente nacieron en un México donde las vidas son mercancía.

La detención arbitraria y posible desaparición forzada de nuestros compañeros José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez se suma a los ataques dirigidos a compañeros y compañeras defensores del territorio, familias buscadoras y población en general:

• 27 de marzo: Asesinato de Teresa González integrante del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco.
• 3 de abril: Ataque al compañero David Peralta en Eloxochitlán de Flores Magón.
• 18 de abril: Ataque armado al compañero Marco Suástegui, líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), quien falleció el 25 de abril a causa de las heridas recibidas.
• 24 de abril: Ataque a la comunidad de Santa María Ostula por parte del CJNG.
• 25 de abril: Asesinato de María del Carmen Morales y a Jaime Daniel Ramírez integrantes de Guerreros buscadores.
• Más de 127 mil personas desaparecidas cuya búsqueda no es prioridad para el gobierno y que continúa creciendo dramáticamente día con día.

Ante estos cobardes actos de violencia que este narco estado capitalista ejerce contra nuestros hermanos zapatistas, familias buscadoras, compañeros de los pueblos originarios que defienden su territorio así como la constante y sistemática desaparición forzada a la que somos sometidos en todo el territorio mexicano, los pueblos, organizaciones, colectivos e individuos que integramos la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida exigimos:

• PRESENTACIÓN INMEDIATA Y CON VIDA DE JOSÉ BALDEMAR SÁNTIZ SÁNTIZ Y ANDRÉS MANUEL SÁNTIZ GÓMEZ, BASES DE APOYO ZAPATISTA
• Alto a los ataques, hostigamiento e intimidación en contra de las comunidades zapatistas
• Alto a los ataques en contra de la comunidad de Santa María Ostula
• Alto a las agresiones contra David Peralta y el pueblo de Eloxochitlán de Flores Magón
• Justicia para Marco Suástegui
• Justicia para Teresa González
• Justicia para María del Carmen Morales y Jaime Daniel Ramírez Morales

No concebimos la justicia desde un Estado mexicano criminal que desaparece miles de jóvenes, pero sí del pueblo organizado y de buen corazón por ello convocamos a los pueblos originarios comunidades, barrios, colectivos e individuos a manifestarse amplia y urgentemente en exigencia por la aparición con vida de los compañeros bases de apoyo (comunicados, pintas, manifestaciones, mítines, volanteos, videos, ilustraciones, etc), así como firmar la acción urgente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

¡ALTO A LA GUERRA EN CONTRA DEL EZLN!
¡ALTO A LA GUERRA EN CONTRA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!
¡ALTO AL EXTERMINIO!

¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON VIVOS LOS QUEREMOS!

TIERRA AGUA Y LIBERTAD

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y LA VIDA

Link para firmar acción urgente Frayba Derechos Humanos
https://frayba.org.mx/fuerzas-de-seguridad-y-militares-desaparecen-2-bases-de-apoyo-zapatistas

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A los medios de comunicación
A la opinión pública nacional e internacional
A las organizaciones sociales, solidarias y de derechos humanos
Al Congreso Nacional Indígena y al Concejo Indígena de Gobierno
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A los pueblos indígenas de México y del mundo

En el marco de los 15 años del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola:

Hoy se cumplen 15 años de impunidad. Quince años desde el asesinato de Bety y Jyri. Y, fieles a la costumbre —y a la necedad necesaria de mantener viva la memoria— volvemos a esta fecha con la misma dignidad herida, pero inquebrantable.

En esta era digital, nuestros compañeros han sido convertidos en un código QR, un mensaje de WhatsApp, una aplicación, una canción, un video que recorre el mundo, una foto desgastada, una exposición gráfica. Pero no son solo eso: son una voz que resiste en el tiempo, en la memoria de quienes nos negamos a olvidar.

En estos 15 años hemos transitado el abecedario entero —de la A a la Z— recorriendo cada rincón donde nos fue posible estar, pidiendo justicia. A veces hallamos un espacio cálido, un rostro amable que supo escuchar lo que debía ser Justicia; pero la mayoría de las veces solo encontramos la eterna burocracia, la mentira, la indiferencia. Las banquetas fueron nuestro lugar de diálogo, nuestras aulas, nuestras plazas públicas: en huelgas de hambre, en marchas, en bloqueos, en esperas interminables ante funcionarios públicos y “autoridades” de cualquier nivel. De ellos nunca esperamos nada. Y el tiempo solo nos ha confirmado que la justicia institucional en México es un fracaso.

Han pasado 5475 días, casi nada, para decir —con palabras firmes y heridas abiertas— que el sistema judicial, en el que aún millones de mexicanos depositan su esperanza, está diseñado para perpetuar el ciclo de la eterna impunidad. ¿Qué nos dirán en otros 5475 días? Tal vez, si acaso, algo resuelva la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Hoy sabemos que si no hubiéramos vivido esta injusticia, tal vez seguiríamos creyendo en el cambio posible, en la escucha, en la reparación. Pero no: esa justicia no ha llegado y no llegará de quienes ocupan el poder. Gobiernos van y vienen, pero las prácticas siguen siendo las mismas: censurar, amordazar, criminalizar la palabra de quienes luchan y exigen justicia.

Y mientras tanto, la guerra contra los pueblos indígenas no se detiene: se agudiza, se profundiza. Denunciamos el ataque constante contra los territorios autónomos, contra quienes defienden la vida frente a los megaproyectos de muerte. Hoy, en particular, exigimos el alto inmediato a la guerra contra las comunidades zapatistas en Chiapas, contra la comunidad de Ostula en Michoacán, y contra todas las resistencias indígenas del Istmo y todo México.

Arde la rabia al ver cómo los que alzan la voz son asesinados o desaparecidos: Marco Antonio Suastegui , María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez, Alin Isaday Salas Isidro, Samir Flores Soberanes, Sergio Rivera Hernández… y tantos, tantos nombres más.

¿Qué puede cosechar un país que siembra violencia, sangre e impunidad?

A 15 años, con memoria viva, con la dignidad intacta y con la rebeldía que no se rinde, seguimos exigiendo:

¡Justicia para Bety y Jyri!
¡Alto a la guerra contra los pueblos indígenas!
¡Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas y contra Ostula!
¡Justicia para todos los luchadores y luchadoras sociales!
Justicia para los asesinatos!
¡Presentación con vida de los desparecidos!
¡Libertad a los presos políticos!
¡Ni olvido ni perdón!

JORNADAS GLOBALES: ¡JUSTICIA PARA SAMIR FLORES SOBERANES!
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22 de febrero de 2025
06:00 horas