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(Español) Pese a las promesas de Biden, siguen maltratos a los migrantes menores de edad
Por Vanessa García Navarro
Durante el primer trimestre de 2021, el gobierno de los Estados Unidos Americanos ha reportado un aumento en el flujo de migrantes indocumentados provenientes de México y países del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador). Entre los viajeros destacan, por su extrema vulnerabilidad, los niños y adolescentes que se arriesgan sin algún guardián cuidando de ellos a lo largo de su travesía.
Hace una semana, el representante del congreso de Texas, Enrique Roberto “Henry” Cuellar, reveló fotografías de los menores de edad en el centro de detención de migrantes en la ciudad de Donna, Texas. Las imágenes registran menores aglomerados en “habitaciones” divididas con delgado polímero transparente; aparentemente cobijas isotérmicas y colchonetas forradas en plástico son los exiguos recursos conferidos para su confort.
En los meses de campaña, el mandatario norteamericano Joe Biden, que asumió el cargo de presidente de los EE.UU. en enero de 2021, prometió que, de ser electo, a los inmigrantes que exponen sus vidas en busca del asilo estadounidense su gobierno los tratará “con dignidad y se asegurará de que reciban la justa audiencia legal a la que tienen derecho”. Promesa que contrasta con el escenario que se advierte actualmente.
Las trincheras se vuelven abismos
A diferencia de los adultos solteros y las familias, que al ser detenidos por la patrulla fronteriza estadounidenses son expulsados a México en el menor intervalo posible (salvo algunas excepciones), los adolescente y niños que viajan sin acompañantes mayores de edad son asilados en instalaciones ubicadas dentro del territorio de EE. UU. mientras se estudian sus casos.
Idealmente, el proceso comienza desde el momento en que los agentes de la patrulla fronteriza los aprehenden, en seguida los trasladan a sus instalaciones. Después de resguardarlos por 72 horas (máximo), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés) habría de entregar a estos niños y adolescentes al Departamento de Salud y Servicios Humanos (en inglés HHS) para valorarlos medicamente, someterlos a cuarentena. Simultáneamente se investiga a cada una de las familias a las que se les otorgara la custodia de los menores (80% de los niños y adolescentes cuentan con un patrocinador esperándolos en USA y en el 40% de los casos se trata los padres o algún tutor legal).
Sin embargo, los niños permanecen hacinados en las instalaciones a cargo de patrullas de protección fronteriza – cuya función es impedir que migrantes sin papeles entre en los Estados Unidos – por mucho más de 3 días, porque los albergues carecen de vacantes.
¿Crisis?
El comisionado interino de la CBP, Troy Miller, asevera que los niños dentro de las instalaciones de DHS cuentan con cuidados, comida y la posibilidad de bañarse casa 48 horas. Pero Leecia Welch y Neha Desai (abogadas autorizadas a inspeccionar cuan satisfactorias son las condiciones en las que se resguarda a los menores sin acompañantes) han declarado que no se les admitió la entrada a las instalaciones DHS de Donna, únicamente se les consintió entrevistar a 20 menores dentro de una unidad portátil. Algunos de los adolescentes y niños reportaron que varios de sus compañeros carecen de alguna colcha o tapete para dormir, por lo cual descansan en el suelo y superficies desnudas; así mismo, a veces los menores pasan tres o incluso seis días sin poder higienizarse adecuadamente.
Se habla de una elevadísima cantidad de niños (14 mil según el Diario.es, 15 mil según Forbes), muchos de ellos menores de 10 años, que sufren la merma de su bienestar mientras pasan hasta una semana varados antes de ser transferidos a un albergue. Las autoridades se niegan a ser transparentes y siguen ocultando cifras, en cambio, en medio de la contradicción, el gobierno de Biden prefiere denominar “reto” a lo que resulta una crisis.
¿Qué dice el gobierno de los EE.UU.?
El Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés), Alejando N. Mayorkas, ha realizado algunas declaraciones respecto a la crisis humanitaria en la página web oficial de U.S. Department of Homeland Security. Explica que el incremento de inmigrantes menores no acompañados se debe a diversos factores, tales como la devastación producida por los huracanes que azotaron Centroamérica en 2020, el acrecentamiento de los niveles de delincuencia, impunidad y violencia en los países del Triángulo Norte y México, los estragos colaterales de la pandemia por COVID 19.
En su discurso Mayorkas manifiesta que la administración anterior les transfirió un sistema desarticulado e ineficiente, que continuamente violó los derechos de los inmigrantes, cerrando asilos, expulsando a su suerte a niños sin acompañantes e incluso convirtiéndolos en presa fácil de traficantes. Por otro lado, opositores del nuevo gobierno estadounidense, argumentan que la decisión de eliminar restricciones migratorias, del presidente Biden, imprudentemente alientan a los inmigrantes a intentar cruzar ilegalmente las fronteras.
El secretario de la DHS admite que se exceden las 72 horas de detención estipuladas por la ley federal, y que los espacios para albergar a los inmigrantes detenidos son de hecho limitados (no permiten guardar el distanciamiento social demandado por la pandemia vigente).
Siguiente paso
El pasado 24 de marzo, el presidente Joe Biden asignó a la vicepresidente Kamala Harris la tarea de solucionar la crisis migratoria.
Tan sólo queda esperar el primer movimiento de Harris, sin omitir la posibilidad de que el abismo humanitario simplemente se ensanche. Los miembros del partido republicano y algunos personajes de la facción democrática manifiestan su disconformidad con la crisis humanitaria y las potenciales repercusiones de la agenda migratoria propuesta en la presente administración (detener la construcción del muro fronterizo, brindar estatus migratorio a casi 11 millón de migrantes, reunificar familias) y advierten no facilitarán su apoyo.
(Español) Familiares de Maricela Escorza denuncian re-victimización por parte de medios e instancias jurídicas
Por Sandra Suaste
La Comunidad Indígena Otomí protestó en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Exigen verdad y justicia por el asesinato de Maricela Escorza, otomí de 16 años de edad que estuvo en calidad de desaparecida desde el 26 de marzo de 2021, que se emitió la Alerta Amber. En la carpeta de investigación CI-FICUH/CUH-6/UI-1S/D/294/03-2021 realizada en la Agencia del Ministerio Publico CUH-6, las autoridades señalan que fue atropellada en la esquina de Bucareli y Paseo de la Reforma, de acuerdo con la información emitida en una conferencia de prensa.
La familia tuvo acceso a los videos del sistema C5, con los que corroboraron este hecho. Sin embargo, exigen tener garantía plena de que se trata de Maricela. Debido a las lesiones que se presentan, no existe una certeza. Además denunciaron que los protocolos del Instituto de Ciencias Forenses fueron inadecuados, pues el reconocimiento solo fue posible a través de una vitrina y desde lejos. En el Hospital General de Iztapalapa, lugar al que fue trasladada, el personal desechó la ropa que ella portaba, lo que representa un obstáculo.
Por este motivo, la madre de Maricela solicitó una prueba de ADN, pero la FGJ-CDMX les dijo que ese proceso tardaría de 15 días a un año: “obtener los resultados rápidamente sería una cuestión de suerte”. Durante la protesta se dio a conocer que el cuerpo no había sido entregado y la Comunidad Indígena Otomí está en espera para realizar una ceremonia funeraria de despedida. En entrevista con Regeneración Radio, una de sus familiares manifestó que exigen verdad, pues quieren conocer al responsable de los hechos y que se haga justicia.
La comunidad Indígena Otomí señala que las instancias y los medios de comunicación son parte de un proceso de re-victimización, por el trato deshumanizado y la acción de divulgar información no corroborada o privada.
La familia de Maricela señala que uno de los medios afirmó que el cuerpo fue encontrado en una vecindad y dicen: “Si es verdad, que digan de dónde salió esa información y vengan a declarar en la investigación”.
Reporte Índigo publicó el 29 de marzo: “El pasado 25 de marzo, la menor fue localizada en una vecindad de la zona centro; pero fue hasta este lunes que se entregó el cuerpo a sus familiares.”
Mientras que La silla Rota publicó el 29 de marzo: “En torno a las pesquisas, también se busca asentar si la joven murió al ser atropellada o si se encontraba mal herida sobre la avenida y después fue arrollada”.
La comunidad otomí señaló que la FGJ filtró a los medios de comunicación partes de la carpeta de investigación. Pues el 29 de marzo fueron publicadas noticias con relación al expediente de investigación: “Toda esta información se filtró a Excelsior, Universal, Reporte Índigo y Revista Proceso”.
