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En este NotiFrayba compartimos esta problemática, un poco de su contexto local a través de Gloria Flores, coordinadora del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas. Traemos a la memoria las violaciones de derechos humanos focalizadas a las mujeres en un contexto de contrainsurgencia, a través de la ventana de Minerva Guadalupe Pérez Torres y la Masacre de Acteal, a 20 años de distancia:

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•  Que hagan una búsqueda hasta encontrar a nuestro padre Alonso López Luna
•  Que se ejecuten las órdenes de aprehensión pendientes en contra de los responsables de la desaparición forzada de Alonso López Luna y el desplazamiento forzado que venimos sufriendo y que haya justicia de todos los responsables.
•  Generar condiciones para el retorno inmediato y definitivo de nuestras familias en Banavil, actualmente somos 21 personas, que nos garanticen seguridad en el momento del retorno y después del retorno, así mismo que nos garantice el estado mexicano que esto no se va a repetir.
•  Cancelación de las órdenes de aprehensión contra Antonio y Pedro López Girón
• Reparación de daño por el tiempo que hemos estado en desplazamiento y todos los bienes que hemos perdido en Banavil.
• También exigimos la presentación de nuestros 43 compañeros estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Guerrero, entre otras hermanas y hermanos que están luchando por la justicia y verdad por la desaparición forzada.
• Justicia para Acteal.

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Por Kau Sirenio

Las cuerdas chillantes del violín hacen que la noche sea más triste de lo normal en San Totolcintla, municipio de Mártir de Cuilapan, mientras que las mujeres y hombres apurados tejen sus cintas de palma; frente al violinista yacen dos ataúdes, uno de color azul tenue y el otro de blanco. Son los cuerpos mortales de las dos jornaleras que fallecieron en Jalisco en un accidente automovilístico.

Al olor de copal y flores, ante el altar que la familia montó para despedir a Fresnia Juárez Domínguez y Diana Juárez Villegas. Lo acompañan las luces titilantes de las velas que dibujan un funeral de campesinas que murieron en los campos agrícolas para no morir de hambre en su pueblo donde la miseria se asoma todos los días.

Los papás, hermanos, cuñadas y cuñados se abrazan entre ellos para darse ánimo para no desmayar por el dolor que los acompaña desde el viernes cuando se enteraron del accidente en que viajaban sus familiares.

«Mi hija salió temprano el viernes a las seis de la mañana al corte de tomate pero ya no regresó, nos avisaron que la camioneta que las trasladaban se accidentó, así que dejamos nuestros quehaceres y nos fuimos a preguntar qué fue lo que pasó con nuestra familia», contó Isaac Juárez Carlos, papá de Diana.

El jornalero habló de su vivencia en Jalisco donde trabajaba en el corte de caña, mientras que su esposa e hija lo hacían en el corte de tomate por una paga de 15 pesos por arpilla, «en la jornada cuando mucho alcanzaban cortar cinco o siete arpilla».

Durante la plática, del interior de la casa sale el sonido del violín y la guitarra que van formando en el oído el canto del más allá de los nahuas de Guerrero, su música fúnebre que se combina con el religioso.

En la casa de la familia Juárez Villegas y Juárez Domínguez los vecinos llegan con la ayuda, maíz y despensas son depositados ante el altar; de ahí lo toman las mujeres que apoyan en la cocina para preparar la cena y el almuerzo.

La población de esta comunidad habla el náhuatl, lengua que aún conservan a pesar de la fuerte movilidad social hacia los campos agrícolas donde se va la familia completa a trabajar en temporadas de otoño-invierno en el corte de chile, tomate, caña, aguacate, angú, espárrago o zarzamora. Otras familias se van a las ciudades turísticas a ofrecer las artesanías que elaboran.

La mayoría de los habitantes de las comunidades asentadas en la ribera del río Balsas, son jornaleros agrícolas, quienes se van por temporadas a los campos agrícolas de los estados de Morelos, Michoacán, Colima, Jalisco, Sinaloa y Baja California, toda la familia. Y también emigran a los Estados Unidos.

Para los trabajadores agrícolas, el peligro que enfrentan cada vez que salen de su pueblo se hizo costumbre: «nuestro panteón está lleno de paisanos que han muerto en los surcos de los campos agrícolas», señala Melquiades García Ríos, comisariado de Bienes Comunales de San Juan Totolcintla.

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Tecpatán despierta. La resistencia zoque frente a los proyectos de muerte en Chiapas

Por Dos Puntos

La tarde del lunes 13 de febrero del presente año, comenzaron a circular en redes sociales y periódicos digitales de Chiapas, fotos y videos de la quema de la alcaldía de Tecpatán, cabecera del municipio homónimo, ubicado en territorio zoque, en la zona oriental de dicha entidad. La información vertida en las notas, no ayuda a aclarar la dinámica de los acontecimientos. En algunas, se habla del hartazgo de la población que reclama servicios de agua, alumbrado, drenaje, recolección de basura y seguridad. Un grupo de pobladores se habría reunido frente a la alcaldía y, al no ser atendido por el presidente Armando Pastrana Jiménez, bloquea la presidencia y quema el interior del inmueble. En otras, el edil amenaza a los inconformes con demandarlos por secuestro, argumenta que en la cabecera la gente no votó por él y por eso no tiene ninguna obligación de cumplirles y responde a las acusaciones con gas lacrimógeno y balazos.

Muchas preguntas quedan en el aire. ¿Qué fue lo que pasó realmente en Tecpatán? ¿Quién es Armando Pastrana Jiménez? Si la gente de la cabecera no votó por él, ¿quién lo hizo? Y sobretodo, ¿por qué los acontecimientos del lunes tienen relevancia si, como lo define un diario local, Tecpatán es sólo “otro municipio Chiapaneco fuera de control”?

***

El 6 de septiembre de 2016 los habitantes de Tecpatán se enteraron que en su poblado estaba a punto de celebrarse una reunión a puerta cerrada sobre la extracción de hidrocarburos en la región. “Ya eran como las 8 de la noche y no nos dio tiempo para organizarnos”, recuerda un poblador, “pero el día siguiente, a las 9 de la mañana, ya había como sesenta o setenta mujeres del pueblo –porque los hombres se fueron a trabajar— que querían ver qué estaba pasando y al mediodía ya eran más de cien, y también estaban una treintena de hombres”.

Esta presión hizo que una comisión de ciudadanos de la cabecera lograra asistir a dicha reunión, que tuvo lugar el mismo día en la sede de la Asociación Ganadera “Los Volcanes” y en la cual estaban presentes funcionarios de la Secretaría General del Estado de Chiapas; de la Secretaría de Energía (Sener) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); de la Agencia de Seguridad Industrial Energía y Ambiente(ASEA); además de los representantes de varias agencias y ejidos del municipio de Tecpatán. “De esta manera nos enteramos que se estaba planeando la extracción y explotación de hidrocarburos en tierras del municipio y que nosotros, por no ser considerados indígenas, no habíamos sido avisados y ni teníamos derecho a la consulta”.

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Febrero de 2017.

A los Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Al Pueblo de México
A los colectivos y activistas
A la sociedad civil

Los que integramos la Red Europea de Colectivos por México vemos con profunda preocupación la inminente aprobación de la Ley de seguridad Interior. Esta iniciativa de ley vulnera no sólo nuestras garantías individuales, hasta ahora protegidas por nuestra Constitución, sino que otorga total poder de acción y decisión al Ejecutivo y a las fuerzas armadas de nuestro país. La propuesta ley neutraliza al Congreso en la aprobación de decisiones tomadas por el Presidente y no prevé ningún filtro que garantice el respeto a nuestra Constitución y a nuestros derechos.

Hemos visto y sabemos de primera mano que las medidas ejercidas para disminuir la violencia (la militarización sistemática que se ha venido dando desde 1994 y que vio su punto más álgido en el sexenio de Calderón), no ha logrado su objetivo. Al contrario, el ambiente de inseguridad e impunidad que recorre nuestro país es cada día más grande. El excesivo uso de las fuerzas militares ha llevado a México a una crisis de Derechos Humanos. Ahora nos enfrentamos además con la creación de fuerzas paramilitares que actúan allá, dónde el ejercito aún no ha podido actuar. Nuestro pueblo vive en medio de una guerra por el control del tráfico de drogas.
Las reformas que se discuten ahora en el Congreso, creadas y apoyadas por el PAN-PRI-PRD, están fuera de las facultades que pueden ejercer los diputados y senadores. Es decir, el Congreso no está legalmente autorizado para tomar decisiones en materia de seguridad interior. Sin embargo, la discusión e inminente aprobación de la propuesta Ley de seguridad Interior sigue adelante.

Según lo estipulado en el artículo 21 de nuestra Constitución, la seguridad pública está a cargo de autoridades civiles. Esto significa que, al ser aprobada dicha iniciativa de ley, se estaría otorgando competencias civiles a las fuerzas militares. Se les estaría dando luz verde para el pleno uso de tácticas y métodos militares con el fin de llevar a cabo investigaciones que deberían ser realizadas por el poder judicial. Esto resulta altamente preocupante porque desgraciadamente ha habido actividades del ejército en el pasado que han sido acusadas de mostrar una sistemática violación a los derechos humanos. Ninguno de esos casos han sido aclarados satisfactoriamente. Los militares no han tenido que responder por sus actos. La propuesta Ley de Seguridad Interior abre una brecha para que ese tipo de acciones ocurran en futuro incluso dentro de un marco legal.

Aunado a esto, se pretende reformar la Ley reglamentaria del artículo 29. De esta forma se pretende dotar al Ejecutivo del poder para suspender las garantías individuales de manera que el ejercito pueda actuar libremente (Estado de Excepción), siendo posible prorrogar el tiempo de actuación de dicha medida por periodos indeterminados, según el ejecutivo lo considere necesario. Además de debilitar al Congreso y al Poder Judicial, la iniciativa de ley bloquea la vigilancia y la actuación ante cualquier posible violación a los D.D.H.H.

Frente a esto, Los colectivos abajo firmantes EXIGIMOS A LOS DIPUTADOS Y SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN DESESTIMAR COMPLETAMENTE LAS REFORMAS A LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR Y DECIR NO AL ESTADO DE EXCEPCIÓN. Les recordamos que juraron representar los intereses del pueblo. En su lugar proponemos la creación de un plan de mejoramiento del aparato judicial del Estado, con instituciones más fuertes y capaces, libres de corrupción, así como el fortalecimiento del poder legislativo para hacer frente a este tipo de iniciativas que alejan al país de la democracia. También les EXIGIMOS seguir las recomendaciones realizadas por la Oficina del Alto Comisionado de los D.D.H.H. en México sobre la desmilitarización paulatina del territorio nacional. El territorio nacional al PUEBLO MEXICANO.

¡No a la Ley Golpista!
¡Alto a la Militarización del territorio Nacional!
¡Por una Democracia Real!

#Nomilitarizacion #Noalaleygolpista #defendamosnuestrasgarantiasindividuales

Red Europea de Colectivos por México.
ACTIVISTAS INTERNACIONALES EUROPA-MEXICO (AIEM) (Euskal Herria, Catalunya, Paris, Oakland, Chiapas, Belgica.)
SHEFFIELD MEXICO SOLIDARITY (Reino Unido)
MANCHESTER FOR AYOTZINAPA (Reino Unido)
BORDAMOS POR LA PAZ-PARIS (Francia).
¡ALERTA! LATEINAMERIKA GRUPPE DÜSSELDORF (Alemania)
SMX COLLECTIVE (Paises Bajos)
SOLIDARIDAD CON AYOTZINAPA (Suecia)
NODO MXM (Madrid, España)
COCHEHUA-COLECTIVO DESPERTAR (Suiza)

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Adrián Gómez Jiménez:

Me llamo Adrían Gómez Jiménez, nací el 5 de marzo del año 1981 en Paraje Romerillo, municipio de San Juan Chamula. Mis padres se llamaron: Domingo Gómez Hernández y Rosa Jiménez Hernández . Mis padres fueron a vivir a San Cristóbal de las Casas (Chiapas) en donde crecí y trabajé como obrero.

En 1994 fallece mi querida madre, y cuatro años más tarde mi padre fallece en un accidente automovilístico. Así que a los 17 años me quedé huérfano de padre y madre y así que tuve que sostenerme por mi propia cuenta y con la ayuda de mis hermanos salimos adelante.

Pero a los 22 años me incriminan en una participación de un secuestro, permítanme contarles como pasó:

Como trabajador en la obra conocí a Felipe en una obra de construcción, hicimos amistad y convivíamos. Pero cierto día un martes 3 de febrero del año 2004, cuando yo regresaba de mi trabajo, siendo las cuatro de la tarde me tope con Felipe, me invitó y me pidió de favor que le acompañara a el y a Agustín López Pérez a una comunidad llamada Zaclamantón, municipio de San Juán Chamula por motivo de que Agustín estaba enferma su mamá y Felipe conoce un curandero que tiene experiencia en curar enfermedades graves y yo les acepté su invitación e hicieron la parada de un taxi marca Wolsvagen conocido como “vocho”, servicio público, y le preguntaron cuento cobraría por un viaje redondo a Zaclamantón y el conductor del taxi dijo que iba a cobrar cien pesos, les pareció bien el precio así que nos fuimos, llegando a ese lugar Felipe bajó del taxi. Fue a ver al curandero, pero el curandero no está a esa hora (como a las 5 p.m.) y le dimos tiempo al ver que no llegaba el señor (entre 15 y 20 minutos). Al ver que no llegaba el señor Felipe sugirió regresar a Sam Cristóbal y volver otro día. Cuando nos subíamos al taxi, de pronto, se atraviesa un centra color plateado nos bajan del taxi y los señores nos interrogan que hacíamos ahí. Se explicó el motivo, pero los señores nos achacan de mentirosos y nos involucran en la desaparición de un tal señor que lo habían encontrado su coche precisamente dónde andábamos en Zaclamantón, nos arrestan, nos trasladan en San Juan Chamula, en donde nos interrogan y nos torturan con golpes.

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Columna 1

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Por Makito. América Leatina desde Abajo (05/02/17)

Ningún habitante puede vivir tranquilo rodeado de pinos y eucaliptos, con una temperatura de 34 a 40 grados, cambio climático generado por el capitalismo y a merced de políticas que no protegen el medio ambiente ni resguardan el bosque nativo, ni la flora, la fauna, ni acuíferos, glaciares, lagos, islas, ríos; hacen desaparecer montañas que salen por un tubo y entran a sus barcos al igual que el resto de los bienes comunes.

Hoy, en medio de una crisis incendiaria nos enteramos que “nuestro” Estado es el que subsidia a las empresas forestales, que son las principales causantes de esta catástrofe y, además las beneficia con leyes idóneas para que superexploten “nuestra” tierra instalando monocultivo de pinos y eucaliptos a gran escala, que acaba con nuestro bosques nativos, suelos y agua, y con eso generan la aridez necesaria para que estos tipos de árboles se constituyan en el verdadero combustible de los megaincendios que afectan a Chile.

Son miles las hectáreas quemadas, hasta el momento se calculan que son seis veces la superficie de Santiago, y aún no se dimensiona lo que ha de significar para la vida, las nuestras y las del resto de los animales y la de los que vienen.

El Estado chileno compra 16 aviones F-16, con un valor de 15 millones de dólares cada uno (¿para la parada militar o para pelear contra Bolivia?); invierte en miles de bombas lacrimógenas que se las compra a Israel -como queriendo seguir su ejemplo colonizador-, y también les compra carros lanza aguas y zorrillos. ¿Por qué el Estado no se interesa en comprar aviones para el combate de incendios? ¿Falta de previsión? ¿Indolencia? ¿Irresponsabilidad política? O es que los que nos quemamos o perdemos nuestras casas somos parte de ese 80% de la población excluida, a quienes les toca sufrir, luchar, trabajar y morir en los pueblos, barrios y comunidades, por terremotos, aluviones, temporales, tsunamis, allanamientos, represión o por este devastador incendio.

Han dicho que la mayoría de los incendios, casi un 99% son intencionales, pero no han dicho que existe un modelo forestal que fortalece que todo se queme junto, vorazmente, pues hay puro monocultivo esperando arder, que es lo mismo que tener combustible dentro de una botella encendida.

Nos convirtieron en la “zona de sacrificio” del modelo, desde la vela encendida que mata a abuelos o niños al interior de una vivienda, hasta pueblos cercados y asfixiados por las celulosas, hasta la Araucanía militarizada. Nos hicieron herederos de un modelo, donde siete familias son los patrones de un largo fundo con hidroeléctricas, forestales, represas, salmoneras, mineras, pero sin educación, ni salud, ni vivienda, ni trabajo digno. Vivimos en este fundo cercado con cámaras de vigilancia, controles de identidad y medios masivos que insertan el miedo y la desconfianza en nuestras mentes y en nuestra vida cotidiana. Pululamos y sobrevivimos apartados –los esclavos de este siglo– ya no compramos en sus pulperías como antaño, pero lo hacemos en malls y supermercados, cambiaron las fichas redondas, por rectángulos magnéticos de plástico e incluso, ahora nos dan crédito.

Todo cocinado por las siete familias y su élite de políticos, tecnócratas e ideólogos del Estado neoliberal. Ellos nos quieren así, encerrados, cansados, desencantados, apartados y sin fuerzas ¡enfermos! amarrados al cepo de mentiras de la TV, subcontratados por las empresas forestales que en cinco años acumularon ganancias superiores a 1.269 millones de dólares controlando 1,2 millones de hectáreas, mientras el pueblo mapuche lucha por recuperar las nueve millones de hectáreas  que desde 1973 el Estado de Chile le arrebató para entregárselo a las forestales. Rodrigo Cisterna, trabajador de 26 años, luchó por un salario sobre los $60.000, y terminar con el subcontrato en las forestales, y murió acribillado por Fuerzas Especiales de Carabineros.

En los noticieros siguen buscando a los causantes de la tragedia, al parecer los sistemas de radares de los F 19, solo funcionan para ubicar pirómanos o personas en “situación de calle” sindicados como los responsables, solo que la lógica indica que donde existen fortunas, hay intereses, y donde hay intereses también hay ingeniería comercial, o sea números.

La catástrofe desnuda al modelo que ya tiene sus fisuras, pero el fuego no termina con él, es la junta de rabias, manos y solidaridades, como ahora, las que abren ranuras que ellos también van taponeando con elecciones y represión. Por eso, no basta con solidaridad, ni en un cambio de gobierno, la crisis es profunda, estructural, y no se soluciona por arriba. Definitivamente, otra humanidad nos tiene que nacer si queremos sobrevivir a esta crisis terminal del capitalismo, otra relación del género humano con el medio ambiente y ecosistema que nos rodea y nos alimenta. Es obligación generar condiciones para que nosotros, los de abajo, los originarios, y otras  generaciones retomen el sentido de lo social, lo humano y lo divino.

Aquí por abajo, en la tierra quemada doña Carmen, de Santa Olga, dice que desde los rescoldos nos levantáremos, porque en los rescoldos esta nuestra historia, de ahí venimos todos, y nos sonríe cariñosa.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. México.
2 de Febrero de 2017

Boletín Conjunto.- En riesgo la libertad personal de Roberto Paciencia Cruz

El Grupo de Trabajo No Estamos Todxs y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC, manifestamos nuestra preocupación por el riesgo a la libertad personal del compañero Roberto Paciencia Cruz (Roberto Paciencia), indígena tsotsil, de Chenalhó, Chiapas; adherente de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.

Roberto fue detenido el 9 de agosto de 2013 acusado de secuestro. Durante el momento de la detención y de su encarcelamiento se documentaron actos de tortura, detención arbitraria y un juicio injusto, violando los derechos a la libertad personal, a la integridad, seguridad personal y el acceso a un debido proceso.

Desde su detención, y a lo largo de un proceso judicial que duró tres años y tres meses, Roberto no cesó de luchar contra las injusticias del sistema de justicia mexicano corrupto, hasta que el 26 de noviembre de 2016, fue liberado por reconocimiento de inocencia por parte del Juez del Ramo Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas, mediante sentencia absolutoria.

Sin embargo, el ministerio público, a pesar de no haber podido sostener la acusación en contra del compañero Paciencia durante el juicio, y a pesar de las violaciones mencionadas contra su persona, interpuso un recurso de apelación contra dicha sentencia absolutoria.

La detención arbitraria e injusta de la que fue objeto Roberto trajo consecuencias físicas y psicológicas tanto para él como para su familia, rompiendo con su proyecto de vida y generando el empobrecimiento familiar.

Según información con la que se cuenta, el estudio del caso y la propuesta de sentencia de apelación estará a cargo del Ponente C, de la Sala Regional Colegiada Mixta Zona 03 de San Cristóbal de Las Casas, cuyo titular es el Magistrado Ramiro Joel Ramírez Sánchez; la propuesta será votada por los magistrados que integran la sala a mediados del mes de febrero.

La probabilidad de que pueda modificarse la sentencia absolutoria de Roberto Paciencia genera una situación de incertidumbre, estrés y ansiedad para él, así como para su familia. Durante los meses posteriores a su liberación, el compañero Roberto ha migrado a San Cristóbal de Las Casas, en donde trata de continuar un proyecto de vida junto a su familia. Actualmente está trabajando y sigue en la lucha.

Durante los años que estuvo detenido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados No. 5 (CERSS No. 5), en San Cristóbal de Las Casas se caracterizó por defender los derechos de las personas detenidas, se solidarizó y
comprometió con presos sobrevivientes de tortura y criminalizados por motivos políticos y no se cansó de denunciar los abusos y atropellos cometidos tanto por las autoridades como por el propio sistema penitenciario y judicial, corrupto e injusto, que discrimina a las personas solo por el hecho de ser pobres e
indígenas.

El Grupo de Trabajo No Estados Todxs y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC, reiteramos nuestra preocupación por el riesgo a la libertad personal de Roberto Paciencia y exhortamos al magistrado Ramiro Joel
Ramírez Sánchez y a los integrantes de la Sala Regional Colegiada Mixta Zona 03 de San Cristóbal de Las Casas a confirmar la sentencia absolutoria, por no contar con elementos jurídicos para revocar dicha sentencia.

A los adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y a la sociedad civil nacional e internacional les pedimos estar atentos a la resolución de la Sala Regional Colegiada Mixta y en su momento realizar acciones de solidaridad para Roberto Paciencia Cruz y su familia.

Grupo de Trabajo No Estamos Todxs
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC

Foto: Frayba

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