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La cárcel no sólo castiga a quien la habita, también dentro de su perverso mecanismo de dolor hay madres, esposas, hijas, hermanas que tienen que ver como toda la vida que conocián hasta ese momento cambia de manera drástica para luchar y acompañar la vida de un ser querido privado de libertad.

Ésta es la historia de la madre y la hermana de uno de los compañeros que el 15 de marzo pasado decidió emprender una huelga de hambre, junto con 5 compañeros más, en la lucha por su libertad. Es también la historia de su propia lucha desde fuera de los muros en contra de la injustica del encierro. Una historia de fuerza y de dignidad que rompe con el estigma de la prisión y con el papel de víctima que la sociedad espera para una mujer presa. O para las familiares, principalmente mujeres, de una persona presa.

Fortaleza, coraje dignidad y valentía contra los grises muros de las prisiones.

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#DíaDeLasMadres #Chiapas #presos #presosenlucha

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Estamos aquí «para que no se pierdan en la soledad del olvido, ni sus sueños, ni sus cuerpos. Sin nada que festejar porque no les hemos recuperado» afirman las madres de las víctimas de desaparición forzada en un mitin realizado al pie del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, después de marchar desde el Monumento a la Madre.

«Hijo, escucha, tu madre está en la lucha» se escucha mientras caminan. Con lágrimas en los ojos, flores en las manos, un bebé en la espalda, una fotografía que cargan en un viaje de más de 24 horas, un bordado que cuenta una historia, una manta con características físicas y la esperanza de encontrar, mujeres de diferentes puntos del país claman el regreso de sus hijos: algunas los esperan con vida, otras exigen, al menos el cuerpo para velarlo con dignidad.

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Redes de Resistencia y Rebeldía en Apoyo al CNI-CIG, individuos y colectivos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, así como organizaciones que luchan contra el capitalismo y el mal gobierno en México y el mundo, reunidos en la Ciudad de México, el 8 de mayo de 2019, DENUNCIAMOS que:

A tan solo 5 meses de gobierno, Andrés Manuel López Obrador ha declarado una guerra en contra de las comunidades autónomas zapatistas y de los integrantes del CNI-CIG, aumentando la presencia de efectivos y operaciones militares en territorios zapatistas; permitiendo el asesinato de Samir Flores Soberanes, defensor del agua y opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM); así como los recientes secuestros y asesinatos del concejal José Lucio Bartolo Faustino y del delegado Modesto Verales Sebastián, ambos integrantes del Congreso Nacional Indígena y promotores del Concejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata.

Existe una guerra contrainsurgente llevada a cabo por el ejército, la policía y los grupos narco paramilitares que operan en el país con el propósito de continuar con las políticas de despojo del territorio a los pueblos originarios; evidencia de esto son el incremento de la frecuencia y agresividad de estos grupos y la incursión de espías e informantes en territorio zapatista, así como la reaparición de sobrevuelos de aviones, helicópteros militares y vehículos artillados.

Con falsas consultas y violando el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas a cuidar y conservar su territorio, el mal gobierno se empeña en imponer el “Tren Maya”, el Corredor Transístmico, el Proyecto Integral Morelos, la siembra de monocultivos en territorios indígenas y los megaproyectos mineros e hidroeléctricos; pese a la oposición de los pueblos que se han declarado en contra, porque sólo traerán beneficios económicos a los empresarios; porque las fuentes de empleo que estos proyectos generarán, solo ofrecen a los hombres y a las mujeres indígenas trabajos como servidumbre y mano de obra barata;  porque significa la destrucción y contaminación de la tierra.

La guerra contra la vida se extiende por todo el país y es una guerra contra los pueblos originarios, contra las mujeres, contra la infancia, contra nuestra madre tierra. Es una guerra que nos afecta a todas y a todos. Es por ello que frente a esta terrible guerra que padecemos es necesario organizarnos para la defensa de la vida, del camino de la autonomía y de la digna resistencia que encabezan el EZLN y el CNI-CIG contra los megaproyectos de muerte.

Por todo lo anterior colectivos y colectivas de la Sexta nacional e internacional, redes de resistencia y rebeldía de México y el mundo, hombres y mujeres anticapitalistas y antipatriarcales, nos conformamos como COMITÉ ORGANIZADOR y anunciamos que damos inicio a las JORNADAS POR LA VIDA Y CONTRA LA GUERRA, con el fin de llevar adelante tareas que en conjunto, nos permitan visibilizar esta guerra de despojo, explotación, desprecio y represión. Es por esto que

CONVOCAMOS

A las Redes de Resistencia y Rebeldía en Apoyo al CNI-CIG, a las y los colectivos Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona,  a las organizaciones que luchan contra el capitalismo y el mal gobierno en México y el mundo, a todos los hombres y las mujeres honestas y de buen corazón; a formar parte y fortalecer entre tod@s las  JORNADAS POR LA VIDA Y CONTRA LA GUERRA, a partir de las siguientes

ACCIONES

UNO: Tal como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, salir a las calles a informar, visibilizar y denunciar –con perifoneos, volanteo, exposiciones, teatro, música, cine, utilizando las ciencias y las artes– este escenario de guerra. Instalar mesas informativas en diversos puntos de la Ciudad de México, en otras ciudades del país y fuera de México. (Continuar leyendo…)

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• El Estado mexicano omiso frente a la acción de grupos civiles armados de corte paramilitar.

Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra preocupación por el incremento de la violencia en Los Altos, en Chiapas, México, situación que arriesga la vida de integrantes de comunidades de pueblos originarios. La población viven con temor ante el accionar de grupos civiles armados de corte paramilitar, perpetradores de desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos en la región.

En este contexto, el día 6 de mayo, el cuerpo de Ignacio Pérez Girón, síndico municipal de Aldama, fue encontrado sin vida a un costado de la carretera libre San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, a la altura de la comunidad Yalebtay, en el municipio de Zincantán. Su familia lo reportó como desaparecido desde el pasado 4 de mayo del presente año.

Desde febrero de 2018, la población del municipio de Aldama vive una situación de crisis humanitaria. Las comunidades de Tabak, Koko’, San Pedro Cotsilnam, Stselej Potop, Xchuchte y Puente son víctimas de ataques con armas de fuego por parte de grupos civiles armados de corte paramilitar, procedentes del ejido Manuel Utrilla del municipio de Chenalhó, responsables del desplazamiento forzado masivo de 2036 personas.

Entre las agresiones se encuentran también las amenazas a los representantes comunitarios que han denunciado la omisión por parte de las autoridades del gobierno mexicano; y un ataque al anterior presidente municipal de Aldama, Marcelino Patishtán de la Cruz, en el tramo carretero Tzajaltetik´, en el municipio de San Juan Chamula, el 28 de marzo de 2018: «Lo persiguieron, quisieron sacarlo de la carretera, pero al ver que no pudieron actuaron con disparos de arma de fuego(1)».

En este escenario enrarecido de la desaparición y asesinato de Ignacio Pérez Girón el Estado mexicano no ha implementado las medidas suficientes y adecuadas para cesar la violencia desbordada en Los Altos de Chiapas. La impunidad persiste y la omisión protege a los agresores. Las medidas como la instalación de Bases de Operaciones Mixtas en Chalchihuitán y Aldama, consideradas por el gobierno como única solución, son inoperantes y contradictoriamente se desmantelaron de manera unilateral.

Existe un gran riesgo hacia la vida e integridad de las persona, porque las violaciones a derechos humanos son constantes, especialmente a mujeres, niñas y niños cuya vida cotidiana se impacta en un entorno de terror.

Por lo anterior, hacemos un llamado al Estado mexicano para:

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La militarización de Chiapas se da en el contexto de una apuesta del Estado mexicano por el paradigma de la guerra. El Frayba ha documentando hostigamientos en contra de pueblos que construyen autonomía y defienden su derecho al territorio. En esta región históricamente el Ejército mexicano es responsable de crímenes de lesa humanidad.

The Highest Bidder Takes It All: The World Bank’s Scheme to Privatize the Commons details how the Bank’s prescribes reforms, via a new land indicator in the Enabling the Business of Agriculture (EBA) project, promotes large-scale land acquisitions and the expansion of agribusinesses in the developing world. This new indicator is now a key element of the larger EBA project, which dictates pro-business reforms that governments should conduct in the agricultural sector. Initiated as a pilot in 38 countries in 2017, the land indicator is expected to be expanded to 80 countries in 2019. The project is funded by the US and UK governments and the Bill and Melinda Gates Foundation.

The EBA’s main recommendations to governments include formalizing private property rights, easing the sale and lease of land for commercial use, systematizing the sale of public land by auction to the highest bidder, and improving procedures for expropriation. Countries are scored on how well they implement the Bank’s policy advice. The scores then help determine the volume of aid money and foreign investment they receive.

Amidst myriad flaws detailed in the report is the Bank’s prescription to developing countries’ governments, particularly in Africa, to transfer public lands with “potential economic value” to private, commercial use, so that the land can be put to its supposed “best use.” Claiming that low-income countries do not manage public land in an effective manner, the Bank pushes for the privatization of public land as the way forward. This ignores the fact that millions of rural poor live and work on these lands, which are essential for their livelihoods while representing ancestral assets with deep social and cultural significance.

The Highest Bidder Takes It All is released as part of the Our Land Our Business campaign, made up of 280 organizations worldwide, demanding an end to the Enabling Business of Agriculture program.

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