Mexico
(Español) Pronunciamiento de la reunión extendida del CNI-CIG en la Casa de los Pueblos «Samir Flores Soberanes» septiembre 2022, Ciudad de México
A los pueblos de México y del mundo,
A los pueblos originarios,
A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,
A la Sexta Nacional e Internacional,
A las Redes de Resistencia y Rebeldía,
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde,
A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida,
A los medios de comunicación nacionales e internacionales.
Reunidos en la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes el día 24 de septiembre de 2022, nos dimos cita los pueblos maya, rarámuri, otomí, nahua, mixteco, chontal, mazateco, chinanteco, náyeri, tepehuano, totonaco, zoque, purépecha, mazahua, zapoteco, coca, mayo y yaqui de los estados de Campeche, Ciudad de México, Colima, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quinta Roo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán.
Compartimos palabra con quienes acompañan el caminar de los pueblos que somos el CNI, como el Colectivo Llegó la Hora, Coordinadora Metropolitana Anticapitalista, Red Universitaria Anticapitalista, Mujeres y la Sexta, Red MyCZ, Frente del Pueblo Resistencia Organizada, Red de Apoyo Iztapalapa Sexta, Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, Colectivo Grietas del Norte, Tejiendo Organización Revolucionaria, Doce Pueblos de Tecamac, Partido de los Comunistas, Coordinación de Pueblos, Barrios y Colonias de Xochimilco y la Coordinadora de Colonias de Ecatepec.
Desde nuestra asamblea escuchamos la palabra digna de los padres y madres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raul Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que fueron desaparecidos por el gobierno mexicano, por las policías municipales, estatal de Guerrero y por el ejército mexicano, que siendo uno solo con distintas bandas delictivas, siguen protegidos descaradamente por el gobierno federal.
Escuchándonos, nos vemos en todo el territorio nacional como pueblos que resisten a la guerra abierta, militar, paramilitar y a través de los cárteles criminales; y entendemos que este gobierno en turno no solo garantiza la impunidad a las fuerzas armadas, sino que, militarizando peligrosamente al país, las pone al frente de la seguridad y de actividades que deberían ser tarea de civiles, las pone a proteger los grandes megaproyectos capitalistas y los intereses de los Estados Unidos de América, mientras permite que las bandas criminales se apropien del territorio nacional con el propósito de sembrar el miedo y la desorganización para permitir la proliferación de jugosos negocios mineros, energéticos, inmobiliarios o de tráfico de seres humanos en una abierta GUERRA EN CONTRA DE TODOS LOS PUEBLOS DE MÉXICO. Estos megaproyectos y estos negocios son apostados en la geografía nacional y, sobre todo, en los territorios indígenas; espacios en los que desde hace algún tiempo crecen galopantes la criminalidad, el alcoholismo, la drogadicción y, por supuesto, la destrucción de la Madre Tierra, así como la pobreza y la explotación humanas.
En medio de esta realidad el gobierno federal llama a la mentira planes de justicia indígenas, y en ellos habla de la lucha que los pueblos han hecho durante años, sin tocar lo que ha dado lugar a la injusticia, sin afectar los intereses de las empresas mineras, de los especuladores de tierras, de las industrias extractivas; sin modificar su tradicional política indigenista. Con engaños, chantajes y programas clientelares, pretende ahondar la división y generar el apoyo masivo a la destrucción que traen consigo los megaproyectos y obras de infraestructura estratégicos. Dividiendo a nuestras comunidades entre quienes, cediendo al chantaje oficial, suman su voz para avalar el exterminio de otros pueblos; y quienes se resisten a ser exterminados en favor del gran capital, se resisten a ser despojados, criminalizados, asesinados o desaparecidos.
El capataz autoritario se ha querido valer de un descompuesto indigenismo, que ante la entereza de nuestros pueblos, no ha funcionado, y que es representado por el Instituto Nacional de los Pueblos indígenas (INPI).
La diferencia entre sus cálculos y la realidad, es que la dignidad hoy es una necesidad urgente, pues la agencia administradora del territorio mexicano a favor de las corporaciones capitalistas, que es el gobierno de la 4T, tiene emplazado al poder mundial sobre el territorio nacional y a los militares distribuidos en todo el país mientras aumenta la violencia en contra de los pueblos de México. Su objetivo no es el de la seguridad del país, sino el de la seguridad de los dueños del dinero, el de favorecer el extractivismo transnacional y es por eso la indiferencia descarada ante los asesinatos, las desapariciones, la violencia patriarcal creciente en contra de las mujeres, de los migrantes, de las y los diferentes; y la presencia de grupos delictivos que gozan de impunidad.
Al mismo tiempo los gobiernos de arriba pretenden desarticular las policías comunitarias y guardias comunales a lo largo y ancho del país, utilizando a las fuerzas armadas, condicionando el reconocimiento de los grupos de seguridad comunitaria a someterse al poder corrupto y garantizando el avance de las empresas mineras, agroindustriales, energéticas o inmobilirias y de los cárteles a su servicio.
En ese contexto, por acuerdo de esta reunión ampliada de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional indígena nos pronunciamos de la siguiente forma:
Repudiamos la guerra militar y paramilitar que mantiene cercadas a las comunidades zapatistas, que tiene por objeto el debilitamiento del gran proceso organizativo y de conciencia colectiva anticapitalistas que representan en México y el mundo, con cuyos fines somo uno y en ello no nos rendimos, ni nos vendemos, ni claudicamos.
Exigimos verdad y justicia a 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que fiueron desaparecidos por el gobierno de México y que hoy protege a los culpables escondidos en los cuarteles militares, mientras se reprime y desprecia la lucha digna de los padres y madres de los compañeros, así como de los estudiantes normalistas que siguen demandando justicia.
Rechazamos la simulación a la que los gobiernos llaman “planes de justicia” en los territorios indígenas, pues de manera clientelar pretenden callar las exigencias auténticas y legítimas de los pueblos, al mismo tiempo que protegen y garantizan las ganancias e impunidad a las empresas y cárteles de la droga que mantienen el terror como constante en beneficio de las ganancias de unos cuantos.
Exigimos el pleno respeto a la decisión de la asamblea de la comunidad de Santa María Coapan, municipio de Tehuacán, Puebla, misma que, conforme a sus usos y costumbres, ordenó el cierre definitivo del basurero que opera en su territorio, y que los gobiernos se abstengan de fomentar la división, confrontación comunitaria y la violencia contra quienes se oponen a la reapertura del basurero ilegal.
Ante los reciente sismos, cuyo epicentro fue la costa michoacana, llamamos a la solidaridad urgente con la comunidad de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, donde fueron seriamente dañadas más de 700 viviendas, así como la iglesia que resguarda la imagen principal de la comunidad; a través de la cuenta bancaria número 6524900664, CLABE 021097065249006643, del Banco HSBC, a nombre de SERGIO CIRINO FLORES; lo anterior no sin dejar de señalar que esta emergencia, derivada de un fenómeno natural, se suma a la grave situación que actualmente vive dicha comunidad debido a que el gobierno del estado pretende la desarticulación de su Guardia Comunal y el desmantelamiento del sistema de Seguridad Comunitaria en el municipio de Aquila; lo anterior en un clima creciente de acoso y violencia en las regiones y estados aledaños por parte del crimen organizado.
Llamamos a detener la criminalización de la práctica de la partería tradicional, que es propia de nuestros pueblos, pero despreciada y discriminada por la Norma Oficial Mexicana 035-SSA3-2012, que hace obligatoria la existencia de un certificado de nacimiento por parte del sistema de salud, pretendiendo negar el registro a las niñas y los niños nacidos con nuestras formas ancestrales.
Convocamos para que según sus tiempos, modos, calendarios y geografías, de cada quien, el día 12 de Octubre de 2022, llevemos a cabo una ACCIÓN GLOBAL CONTRA LA MILITARIZACIÓN Y LA GUERRA CAPITALISTA Y PATRIARCAL HACIA LOS PUEBLOS DE TODO MÉXICO Y DEL MUNDO, HACIA EL EZLN Y LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS Y HACIA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE MÉXICO. Llamamos a los pueblos de México y del mundo que resisten contra la muerte y el olvido, a las organizaciones sociales, civiles y políticas, a la Sexta Nacional e Internacional, a las redes de resistencia y rebeldía, a l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes, a las mujeres y hombres de buen corazón, para que junt@s alcemos la voz contra la guerra en México y en el mundo.
Atentamente
Septiembre de 2022
Nunca más un México sin Nosostros
Por la Reconstitución Integral De Nuestros Pueblos
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA/CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO.
Nuevos ataques en el Istmo por imposición de parque industrial
Fuente: Avispa Midia
Por Ñaní Pinto
En portada: Vías del tren en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Foto: Santiago Navarro F.
La Asamblea Comunitaria de Puente Madera denunció que el pasado viernes 30 de septiembre, César Octavio Morales Toledo, actual Comisariado de Bienes Comunales del municipio de San Blas Atempa, ordenó a personas a su cargo a insultar, golpear y amenazar de muerte a Ismael Luis López, habitante de dicha comunidad zapoteca.
Esta acción es la más reciente registrada y denunciada por la Asamblea de Puente
Madera y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), quienes mediante comunicado aseguraron que la razón de las agresiones se debe a la resistencia de la comunidad zapoteca contra la imposición de un parque industrial en tierras comunales.
Te puede interesar – Istmo: Sancionan a Puente Madera por no aceptar parque industrial
“Estas agresiones al compañero Ismael Luis López se dan como continuidad de los sucesos que hemos venido denunciando, como parte de la criminalización que como comunidad hemos venido recibiendo, al rechazar rotundamente la instalación del PODEBI (Polo de Desarrollo para el Bienestar) en nuestras tierras colectivas”, enfatizan mediante comunicado.
Las organizaciones indígenas denuncian que días antes, el 25 de septiembre, se realizó una supuesta asamblea de comuneros, “que acomodó una pieza más para la continuidad de la imposición del Parque Industrial del Corredor Interoceánico sobre nuestras tierras de Uso Común del Pitayal, con la imposición de Cesar Octavio Morales Toledo” como representante del Comisariado.
Las asambleas recuerdan que desde finales del mes de agosto habían alertado sobre el posible nombramiento de las nuevas autoridades agrarias, cuya urgencia “responde a las necesidades del Antonino Morales Toledo para continuar con la intimidación y criminalización que como comunidad de Puente Madera hemos venido sufriendo desde el 2021”, debido a su rechazo al parque industrial.
Te puede interesar – Corredor Interoceánico: industrialización y privatización de tierras
A su vez, señalan que César Octavio, conocido en la región como “Santa”, es hermano de Antonino Morales Toledo, ex presidente municipal y mano derecha del gobernador electo en el Estado, Salomón Jara Cruz. En el testimonio de López, el indígena zapoteco asegura que Morales le agredió tirándole al suelo mientras declaró que el parque “se va a ejecutar porque él ahora es la autoridad y que el pueblo de Puente Madera no va a impedir que este Parque Industrial se lleve a cabo”, detalla el comunicado.
Vínculos con crimen organizado
Las organizaciones indígenas subrayan que, debido a los antecedentes penales de Cesar Octavio Morales Toledo, se debe llevar a cabo una revisión de la legalidad en su nombramiento como Comisariado de Bienes Comunales.
Destacan que Morales ha sido detenido en dos ocasiones. La primera de ellas por elementos de la Policía Federal ocurrida en el año de 2018, en el marco del operativo “Fuerza Especial de Seguridad Oaxaca”, por la portación de $250,000 en efectivo, de los cuales no pudo acreditar su procedencia legal. Mientras, la segunda detención, documentada por la revista Proceso, ocurrió en enero de 2022, cuando elementos militares le detuvieron por la portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
Cesar Octavio Morales Toledo opera a través de la organización Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas (FUCO), movimiento político que consolidó su hermano Antonino Morales como apoyo a la candidatura del ahora gobernador electo, Salomón Jara.
De acuerdo a una investigación publicada por El Muro MX en mayo de este año, el gobierno estadounidense solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), congelar las cuentas de mil 669 personas vinculadas al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Una de estas personas relacionadas al crimen organizado es Antonino Morales Toledo, principal operador financiero de Salomón Jara desde hace seis años.
Violencia continúa
Otra de las denuncias de las asambleas indígenas retoma las agresiones contra David Hernández Salazar y su familia, quienes el 19 de julio fueron violentados físicamente por Mariano de la Rosa Jiménez, Roberto Trinidad Jiménez y Faustino de la Rosa Quecha, personas quienes operan al interior de la comunidad en favor del Parque Industrial y por la venta de tierras de uso común.
Te puede interesar – David Hernández Salazar San Blas Atempa y el Parque industrial en su comunidad
Las organizaciones indígenas responsabilizan del clima de violencia en la comunidad Binnizá de Puente Madera a funcionarios locales, estatales y federales. Entre ellos a los hermanos Antonino y Cesar Morales Toledo, así como a Gonzalo Villalobos López, representante de la Procuraduría Agraria en Oaxaca, y Rafael Marín Mollinedo, director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Por último, exigen respeto a la libre determinación de Puente Madera en su rechazo a la construcción del Podebi en las tierras de uso común, así como al cese de los hostigamientos y criminalización contra sus habitantes y representantes.
