La movilizaci\u00f3n masiva de organizaciones campesinas, ind\u00edgenas, mineras y de trabajadores en Bolivia demanda la renuncia del presidente, Rodrigo Paz, a medio a\u00f1o de que asuma el cargo.<\/p>\n\n\n\n
En la crisis convergen una serie de factores: defensa de las tierras agr\u00edcolas comunitarias, alza de precios de combustibles, opacidad en torno a la explotaci\u00f3n de litio<\/a>, la injerencia de intereses privados vinculados a Estados Unidos y la ultraderecha regional. Lo anterior, en un contexto de inflaci\u00f3n y devaluaci\u00f3n salarial, en el que los gremios piden 20% de aumento de sueldos, mientras que el mandatario elimin\u00f3 el impuesto a la riqueza.<\/p>\n\n\n\n La poblaci\u00f3n se opone, tambi\u00e9n, a otras pol\u00edticas neoliberales como la negociaci\u00f3n de un pr\u00e9stamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), instituci\u00f3n a la que Paz asegur\u00f3 que no recurrir\u00eda. Asimismo, generan desconfianza el retorno de la Administraci\u00f3n de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en ingl\u00e9s) al pa\u00eds tras 17 a\u00f1os de ausencia, el contrato con Starlink, compa\u00f1\u00eda de internet satelital de Elon Musk, y las relaciones reestablecidas con Israel.<\/p>\n\n\n\n Todo esto en medio de una situaci\u00f3n econ\u00f3mica cr\u00edtica heredada de la administraci\u00f3n anterior, con las reservas nacionales en n\u00fameros de emergencia.<\/p>\n\n\n\n En abril empezaron las protestas que desencadenaron la inestabilidad pol\u00edtica que llev\u00f3 a Paz, quien alcanz\u00f3 la presidencia mediante una alianza centroderechista, a abandonar el pa\u00eds durante unos d\u00edas en esta \u00faltima semana. Al cierre de esta edici\u00f3n, debido a los bloqueos de v\u00edas, se reportan cinco personas fallecidas por falta de asistencia m\u00e9dica, m\u00e1s de cien detenidos y denuncias de violenta represi\u00f3n estatal.<\/p>\n\n\n\n En principio, poblaciones de los departamentos amaz\u00f3nicos Beni y Pando marcharon hacia la ciudad capital, La Paz, en rechazo de la Reforma Agraria aprobada sin consulta previa por el gobierno. La Ley 1720 planteaba autorizar al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la conversi\u00f3n de peque\u00f1os predios rurales titulados en medianas propiedades, para integrarlas a la Funci\u00f3n Econ\u00f3mica Social (FES). Seg\u00fan el Ejecutivo, se facilitaba el acceso a pr\u00e9stamos bancarios para los peque\u00f1os productores, con sus terrenos como garant\u00eda.<\/p>\n\n\n\n Los movimientos campesinos cuestionaron la posibilidad de reconcentraci\u00f3n de tierras por parte de sectores privados, as\u00ed como riesgos de hipotecas o acumulaci\u00f3n de territorios en beneficio de la agroindustria. De fondo, advert\u00edan un ataque a la tradici\u00f3n de proteger la peque\u00f1a propiedad rural en Bolivia. Finalmente, la Asamblea Legislativa derog\u00f3 la norma ante la presi\u00f3n en las calles.<\/p>\n\n\n\n La manifestaci\u00f3n ind\u00edgena coincidi\u00f3 con un paro nacional de transportistas contra la escasez y el aumento del costo de los hidrocarburos, que llegaron a duplicarse. Hacia 2025, Bolivia, entre los principales productores de gas natural de Latinoam\u00e9rica, pas\u00f3 a importar el 80% de di\u00e9sel de consumo interno. A estas protestas se sumaron la Federaci\u00f3n Departamental \u00danica de Trabajadores Campesinos de La Paz T\u00fapac Katari y la Central O<\/a>b<\/a>rera Boliviana<\/a> (COB), organizaciones hist\u00f3ricamente cercanas al Movimiento al Socialismo (MAS).<\/p>\n\n\n\n \u201cNo ha habido respuestas claras a la poblaci\u00f3n, nos han criminalizado, no hay voluntad de solucionar los problemas del pa\u00eds. Hay un esp\u00edritu revolucionario de luchar por nuestra poblaci\u00f3n, no solo de la COB, tambi\u00e9n de los autoconvocados, porque sufren d\u00eda a d\u00eda el encarecimiento de la canasta familiar, el combustible de mala calidad. Los bloqueos est\u00e1n creciendo, es una lucha por las reivindicaciones de la poblaci\u00f3n, no es un conflicto pol\u00edtico\u201d, declar\u00f3 desde la clandestinidad el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo.<\/p>\n\n\n\n La COB declar\u00f3 \u201cemergencia permanente\u201d por la posible r\u00e9plica de reformas laborales de Argentina y la soberan\u00eda econ\u00f3mica nacional comprometida a causa de los pr\u00e9stamos. Mientras, el gobierno excluy\u00f3 al sindicato del di\u00e1logo al que convoc\u00f3 a las organizaciones campesinas.<\/p>\n\n\n\n El crecimiento econ\u00f3mico de Bolivia entre 2006 y 2018 se sostuvo por el gas natural. Al reducirse a la mitad la producci\u00f3n, los precios internacionales cayeron y este modelo colaps\u00f3. La deuda externa en diciembre de 2025 equival\u00eda al 25% del PIB. El Estado boliviano tiene condenas de pagos por 480 millones de d\u00f3lares en 26 arbitrajes internacionales perdidos -de 28 procesos abiertos-.<\/p>\n\n\n\n En una d\u00e9bil posici\u00f3n financiera y pol\u00edtica, en minor\u00eda dentro de la Asamblea Legislativa, el gobierno de Paz emiti\u00f3 decretos ejecutivos que pasaron sobre el debate parlamentario y p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n El nepotismo apunta, principalmente, a la presencia del asesor personal de Paz, Fernando Cerimedo, consultor argentino cercano al entorno de Donald Trump y las c\u00fapulas de la ultraderecha regional. Las cr\u00edticas indican que este y otros personajes influyen en decisiones de la administraci\u00f3n p\u00fablica, sin cargos oficiales ni rendici\u00f3n de cuentas.<\/p>\n\n\n\n Cerimedo asesor\u00f3 la estrategia digital de Javier Milei en 2023 y fue el segundo aportante individual de la campa\u00f1a de La Libertad Avanza en Argentina. En Chile, su empresa Numen SpA fue se\u00f1alada de desplegar campa\u00f1as de desinformaci\u00f3n sobre el plebiscito constitucional. Los v\u00ednculos de Cerimedo tambi\u00e9n alcanzan a empresas de tecnolog\u00eda cuya presencia en el pa\u00eds es cuestionada.<\/p>\n\n\n\n En diciembre de 2025, en el segundo mes de gesti\u00f3n, el gobierno promulg\u00f3 un decreto supremo que autoriz\u00f3 las operaciones de la compa\u00f1\u00eda de internet satelital de \u00f3rbita baja, entre ellas Starlink, prohibida durante a\u00f1os por razones de soberan\u00eda digital. La firma de Elon Musk, operadora del polo digital de El Alto, conforma un ecosistema de poder tecnol\u00f3gico-gubernamental junto a plataformas de an\u00e1lisis de datos como Palantir.<\/p>\n\n\n\n El riesgo de establecer la infraestructura de conexi\u00f3n de Starlink radica, de acuerdo a la experiencia en Estados Unidos y Ucrania, en la consiguiente aplicaci\u00f3n de sistemas de inteligencia artificial para implementar pol\u00edticas de seguridad, migraci\u00f3n o fiscalizaci\u00f3n. As\u00ed como en la disposici\u00f3n de datos del Estado por parte de privados extranjeros, relacionados a Trump y agencias de inteligencias de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n A pesar de las implicancias, el gobierno decidi\u00f3 el ingreso de Starlink sin mayor debate parlamentario. Entre tanto, la Asamblea Legislativa posterga el debate de tres proyectos que regulan las operaciones de sistemas de inteligencia artificial, su uso en vigilancia masiva y decisiones sobre empleo de fuerza letal.<\/p>\n\n\n\n En Am\u00e9rica Latina, Ecuador es el primer pa\u00eds que firm\u00f3 un contrato con Palantir para emplear sistemas de an\u00e1lisis de seguridad.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/avispa.org\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Protestas-en-bolivia-reuters.webp\")
Nepotismo y soberan\u00eda digital<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
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EEUU en disputa por litio<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
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