San Crist\u00f3bal de Las Casas, Chiapas, M\u00e9xico<\/p>\n\n\n\n
23 de mayo de 2026<\/p>\n\n\n\n
Bolet\u00edn no. 07<\/strong><\/p>\n\n\n\n Fiscal\u00eda y Jueces en Chiapas criminalizan a integrantes del Congreso Nacional Ind\u00edgena de la Comunidad de Jotol\u00e1, mediante la f\u00e1brica de culpables<\/strong><\/p>\n\n\n\n El 21 de mayo de 2026, nueve personas de la familia Moreno Hern\u00e1ndez, integrantes del Congreso Nacional Ind\u00edgena (CNI), comparecieron ante el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Yajal\u00f3n para la formulaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n dentro de la causa penal 41\/2025, en la que se les acusa injustamente del delito de despojo agravado. A pesar de que durante la audiencia la Fiscal\u00eda present\u00f3 peritajes con graves inconsistencias, el Juez de Control Agust\u00edn L\u00f3pez decidi\u00f3 vincular a proceso a todas las personas imputadas, incluidas dos adultas mayores, una mujer y un hombre de 73 y 85 a\u00f1os, respectivamente, con debilidad auditiva y quien no sabe leer ni escribir. Asimismo, fueron vinculadas a proceso tres mujeres ind\u00edgenas, madres responsables del cuidado de 12 hijas e hijos menores de edad.<\/p>\n\n\n\n En esta audiencia no se impuso ninguna medida cautelar, como detenci\u00f3n o firma peri\u00f3dica, gracias al amparo promovido por abogados del CNI. Sin embargo, el proceso de judicializaci\u00f3n contin\u00faa y persiste el riesgo de que, una vez que el Juez federal emita su resoluci\u00f3n, el Juez de Control de Yajal\u00f3n imponga medidas cautelares.<\/p>\n\n\n\n Preocupa la parcialidad y la arbitrariedad con las que se ha conducido el proceso jur\u00eddico, as\u00ed como la actitud tendenciosa del Ministerio P\u00fablico, orientada a imponer las medidas m\u00e1s lesivas contra las personas imputadas, como ya ocurri\u00f3 con Francisco Moreno Hern\u00e1ndez, quien contin\u00faa privado de su libertad de manera injusta por la f\u00e1brica de culpables. Lo anterior constituye una violaci\u00f3n al derecho de acceso a la justicia, al debido proceso y a la seguridad jur\u00eddica, as\u00ed como a lo establecido en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos y dem\u00e1s instrumentos internacionales y regionales firmados y ratificados por el Estado mexicano.<\/p>\n\n\n\n Cabe se\u00f1alar que las nueve personas imputadas, m\u00e1s Francisco Moreno Hern\u00e1ndez, junto con otras 25 personas, incluidas ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes, son v\u00edctimas de desplazamiento forzado tras las acciones represivas ocurridas el 12 de febrero de 2026, en el ejido de Jotol\u00e1, municipio de Chil\u00f3n, hechos perpetrados en tierras recuperadas leg\u00edtimamente en el contexto del levantamiento del Ej\u00e9rcito Zapatista de Liberaci\u00f3n Nacional en 1994. Desde entonces, esas tierras fueron ocupadas de forma pac\u00edfica, continua y p\u00fablica durante 30 a\u00f1os por la familia Hern\u00e1ndez Moreno.<\/p>\n\n\n\n En el operativo mencionado se incurri\u00f3 en pr\u00e1cticas estatales orientadas a intimidar, silenciar y coaccionar a la poblaci\u00f3n, -mediante actos de tortura y uso excesivo de la fuerza p\u00fablica. En estos hechos participaron la Guardia Estatal, la Fiscal\u00eda de Justicia Ind\u00edgena, el Tribunal Agrario y el Instituto Nacional de los Pueblos Ind\u00edgenas. Tambi\u00e9n se vulner\u00f3 el derecho a la propiedad comunal y ancestral de los pueblos ind\u00edgenas, reconocido en normas internacionales como el Convenio 169 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo, la Declaraci\u00f3n de las Naciones Unidas y la Declaraci\u00f3n Americana sobre los Derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas, as\u00ed como en el art\u00edculo 2 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicanos.<\/p>\n\n\n\n Por lo anterior, exhortamos: a los jueces federales a tomar en cuenta las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el presente caso y resolver a favor de las 35 personas v\u00edctimas de desplazamiento forzado interno, incluidas ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes; al Juzgado de Control a abstenerse de ejecutar cualquier acto de detenci\u00f3n o reaprehensi\u00f3n en contra de las nueve personas.<\/p>\n\n\n\n Llamamos con urgencia a la solidaridad nacional e internacional para acompa\u00f1ar a las familias tseltales criminalizadas y desplazadas, exigiendo el cese inmediato de la persecuci\u00f3n judicial. Es necesario que organizaciones, colectivos, comunidades, medios libres, personas defensoras de derechos humanos y sociedad civil se mantengan atentas, se pronuncien p\u00fablicamente y act\u00faen para impedir que la represi\u00f3n y la impunidad sigan avanzando contra los pueblos que est\u00e1n en la defensa de su territorio.<\/p>\n\n\n\n\n
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