San Crist\u00f3bal de Las Casas, Chiapas <\/p>\n\n\n\n
27 de febrero de 2026<\/p>\n\n\n\n
Bolet\u00edn No. 02<\/strong><\/p>\n\n\n\n Desplazamiento forzado y criminalizaci\u00f3n contra integrantes del CNI en Jotol\u00e1<\/strong><\/p>\n\n\n\n El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolom\u00e9 de Las Casas (Frayba) document\u00f3 el desplazamiento forzado de 30 personas tseltales, integrantes del Congreso Nacional Ind\u00edgena (CNI), ocurrido el 12 de febrero de 2026 en el ejido Jotol\u00e1, municipio de Chil\u00f3n, Chiapas. Ocho familias campesinas fueron obligadas a abandonar sus hogares con violencia extrema. Entre ellas se cuentan 17 ni\u00f1as y ni\u00f1os, una mujer embarazada, dos personas adultas mayores y dos menores de edad con discapacidad. <\/p>\n\n\n\n A las ocho de la ma\u00f1ana fue la detenci\u00f3n de Francisco Moreno Hern\u00e1ndez (Francisco) por la Polic\u00eda Municipal. En un segundo momento a las 11.00 hrs., aproximadamente cien personas irrumpieron en la tierra donde ten\u00edan sus casas y hac\u00edan la vida las ocho familias que est\u00e1n desplazadas. Entre los agresores se identific\u00f3 la participaci\u00f3n de la Guardia Estatal, la Polic\u00eda Municipal de Chil\u00f3n, funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Ind\u00edgenas (INPI) y del Tribunal Unitario Agrario.<\/p>\n\n\n\n El desplazamiento forzado interno dej\u00f3 cinco casas destruidas, pertenencias robadas y quemadas, animales dom\u00e9sticos asesinados y al menos tres personas sometidas a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, en ese momento fue detenida Mar\u00eda de Jes\u00fas S\u00e1nchez (Maria de Jes\u00fas), durante el traslado fue torturada por un elemento de la Fiscal\u00eda Ind\u00edgena y amenazada con ser desaparecida.<\/p>\n\n\n\n La violencia no termin\u00f3 con el desplazamiento. Se profundiz\u00f3 en actos de criminalizaci\u00f3n y judicializaci\u00f3n contra integrantes del CNI. Ese d\u00eda Francisco y Mar\u00eda de Jes\u00fas fueron puestos a disposici\u00f3n ante el Juzgado de Control de Yajal\u00f3n, en el que se les se\u00f1alo que estaban acusados del delito de despojo agravado.<\/p>\n\n\n\n El martes 17 de febrero continu\u00f3 la audiencia, en la cual el Juez vincul\u00f3 a proceso a las personas imputadas. A Francisco se le impuso la medida cautelar de prisi\u00f3n preventiva justificada, pese a que la Fiscal\u00eda no argument\u00f3 la necesidad de dicha medida, siendo esta la m\u00e1s lesiva. Actualmente se encuentra privado de su libertad en el Centro Estatal de Reinserci\u00f3n Social de Sentenciados de Yajal\u00f3n No. 12. Por su parte, a Mar\u00eda de Jes\u00fas se le impuso la medida cautelar de firma peri\u00f3dica semanal.<\/p>\n\n\n\n Estas acciones forman parte de una estrategia de represi\u00f3n contra quienes defienden la tierra y se niegan a privatizarla. La participaci\u00f3n de estas autoridades y actores locales en este evento constituye una grave violaci\u00f3n a los derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n A lo anterior se suman ocho \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n que buscan legitimar la violencia y el desplazamiento, aumentando la vulnerabilidad de las familias que tuvieron que huir de sus hogares y que actualmente se encuentran en riesgo su libertad y seguridad.<\/p>\n\n\n\n Las consecuencias de este ataque afectan derechos fundamentales: la integridad y seguridad personal, el derecho a la vivienda y a la tierra, el acceso a la salud \u2014incluyendo la salud sexual y reproductiva de las mujeres\u2014 y los derechos de ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes a vivir en condiciones de bienestar y protecci\u00f3n. En particular, se subraya el derecho a la no discriminaci\u00f3n en el caso de Mar\u00eda de Jes\u00fas, mujer desplazada y madre de dos hijos y dos hijas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad que se agrava por la violencia y el desplazamiento.<\/p>\n\n\n\n Los impactos psicosociales son m\u00faltiples: ansiedad, miedo, insomnio, estr\u00e9s, dolores f\u00edsicos y agravamiento de enfermedades cr\u00f3nicas en adultos y personas mayores. Las infancias presentan pesadillas, decaimiento y afectaciones emocionales; un beb\u00e9 de dos meses sufre v\u00f3mito y diarrea, mientras que una mujer embarazada de cuatro meses padece dolores en el vientre.<\/p>\n\n\n\n El Gobierno federal y estatal son responsables de este grave desplazamiento que vulnera los derechos humanos de las familias afectadas. Deben garantizar protecci\u00f3n, investigar los actos de violencia y asegurar justicia para quienes habitaron el ejido por m\u00e1s de 30 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n Exigimos al Estado mexicano la aplicaci\u00f3n inmediata de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU y, en consecuencia, el cumplimiento de la Ley para la Prevenci\u00f3n y Atenci\u00f3n del Desplazamiento Interno en Chiapas. En este marco, es urgente garantizar atenci\u00f3n integral a mujeres embarazadas, personas adultas mayores, ni\u00f1as, ni\u00f1os y personas con discapacidad, quienes enfrentan condiciones de extrema vulnerabilidad tras el desplazamiento forzado. Asimismo, demandamos el cese de la criminalizaci\u00f3n y el retiro de las \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n emitidas contra integrantes del CNI, as\u00ed como la liberaci\u00f3n inmediata de Francisco Moreno Hern\u00e1ndez, actualmente privado de su libertad. Resulta indispensable que se realice una investigaci\u00f3n exhaustiva y se sancione a los perpetradores identificados cuya participaci\u00f3n directa e indirecta en los hechos constituye graves violaciones a los derechos humanos. <\/p>\n\n\n\n Convocamos a la solidaridad nacional e internacional a manifestarse y expresar su apoyo frente a estos actos represivos que buscan desarticular la resistencia de las comunidades ind\u00edgenas en defensa de la tierra y la vida. La violencia ejercida contra las familias tseltales del ejido Jotol\u00e1 es parte de una estrategia sistem\u00e1tica de despojo y represi\u00f3n que vulnera derechos fundamentales y amenaza la dignidad de los pueblos originarios. <\/p>\n\n\n\n\n