{"id":53460,"date":"2026-02-05T11:31:12","date_gmt":"2026-02-05T17:31:12","guid":{"rendered":"https:\/\/radiozapatista.org\/?p=53460"},"modified":"2026-02-05T11:31:14","modified_gmt":"2026-02-05T17:31:14","slug":"corredor-interoceanico-criminaliza-mujeres-en-chiapas-para-imponer-la-linea-k","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radiozapatista.org\/?p=53460","title":{"rendered":"Corredor Interoce\u00e1nico criminaliza mujeres en Chiapas para imponer la L\u00ednea K"},"content":{"rendered":"\n

Por Aldo Santiago<\/a> | Avispa Midia<\/a><\/p>\n\n\n\n

En portada: En noviembre del 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum inaugur\u00f3 un tramo de la L\u00ednea K del Corredor Interoce\u00e1nico, el cual recorre desde Ixtepec, en el istmo de Tehuantepec hacia Tonal\u00e1, en Chiapas.<\/sup><\/em><\/p>\n\n\n\n

Familias de los municipios de Arriaga y Pijijiapan, en la costa de Chiapas, son objeto de una denuncia penal por el presunto delito de invasi\u00f3n de bienes nacionales, en lo que el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa (Cdh Digna) denuncia como un proceso de criminalizaci\u00f3n ejecutado por Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT) y el Corredor Interoce\u00e1nico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) para desplazar a las personas que viven en las inmediaciones de las v\u00edas implementadas para el megaproyecto.<\/p>\n\n\n\n

Mediante comunicado difundido el pasado jueves (29), el Cdh Digna detalla que los  organismos federales -encargados por la operaci\u00f3n de las l\u00edneas f\u00e9rreas que integran el proyecto-, junto con la Secretar\u00eda de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte  (SCIT), interpusieron la demanda penal ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) contra tres mujeres del municipio de Pijijiapan, as\u00ed como cuatro mujeres y un hombre del municipio de Arriaga con el objetivo de exigir la entrega del derecho de v\u00eda ferroviaria.<\/p>\n\n\n\n

Para el centro de derechos humanos, la acci\u00f3n penal constituye un acto de criminalizaci\u00f3n contra poblaci\u00f3n civil en situaci\u00f3n de vulnerabilidad, en su mayor\u00eda mujeres, en el contexto de la implementaci\u00f3n del CIIT.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n

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Viviendas dentro del derecho de v\u00eda de la L\u00ednea K. Foto: Orsetta Bellani<\/em>.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

En entrevista con Avispa M\u00eddia<\/em>, Nataniel Hern\u00e1ndez N\u00fa\u00f1ez, miembro del centro, sostiene que la criminalizaci\u00f3n de las familias, quienes viven desde hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os en el lugar, tiene su base en el decreto presidencial, emitido en mayo del 2023 por el expresidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, para catagolar a los megaproyectos de infraestructura como el CIIT y el Tren Maya bajo el concepto de seguridad nacional y as\u00ed acelerar su construcci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El abogado se\u00f1ala que dicha maniobra dio margen a la modificaci\u00f3n posterior de la Ley de Bienes Nacionales, particularmente el art\u00edculo 150, el cual establece y tipifica el delito de invasi\u00f3n o de ocupaci\u00f3n, \u201ccomo en este caso particular, sobre el derecho de v\u00eda que reclama el megaproyecto ferroviario\u201d y cuya dimensi\u00f3n total es de 30 metros de ancho.<\/p>\n\n\n\n

Para Hern\u00e1ndez, el andamiaje jur\u00eddico, posibilitado por el decreto presidencial, hace uso de dicho delito como una medida preventiva para asegurar el avance de la construcci\u00f3n y puesta en marcha del CIIT. Espec\u00edficamente, en la costa de Chiapas atraviesa la L\u00ednea K<\/a>, una v\u00eda de 472 kil\u00f3metros que conectar\u00e1 el Istmo oaxaque\u00f1o con infraestructura portuaria en Tapachula, frontera con Guatemala. \u201cPreviendo el escenario, en caso de que la gente se opusiera a entregar de manera voluntaria, ten\u00edan que proceder legalmente ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica; eso es lo que est\u00e1 pasando\u201d, detalla el litigante.<\/p>\n\n\n\n

Criminalizaci\u00f3n<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Aunque oficialmente las obras para la rehabilitaci\u00f3n de la v\u00eda f\u00e9rrea comenzaron en 2023, desde hace cuatro a\u00f1os funcionarios del CIIT intentaron negociar con las familias para desocupar sus casas que se ubican dentro del derecho de v\u00eda. No obstante, habitantes de Arriaga y Pijijiapan se han resistido debido a que, argumentan, se les ha querido imponer el plan de reubicaci\u00f3n sin contar con condiciones dignas de vivienda.<\/p>\n\n\n\n

Entre sus quejas, se\u00f1ala el abogado, se encuentra el hecho de que familias enteras han sido reubicadas en fraccionamientos con viviendas \u201cen p\u00e9simas condiciones\u201d, e incluso otras han sido relocalizadas sin considerar si les conven\u00eda a las personas desplazarse de un ambiente rural hacia la cabecera municipal o viceversa, alterando con ello sus modos de vida.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa situaci\u00f3n se complic\u00f3 a finales del a\u00f1o pasado, cuando en noviembre presentaron la denuncia penal ante la FGR. Lo que identificamos en esta criminalizaci\u00f3n es que se trata de mujeres en su mayor\u00eda, se\u00f1oras en condiciones de edad que oscilan arriba de los 50 a\u00f1os, jefas de familia en condiciones que, b\u00e1sicamente, son el sost\u00e9n econ\u00f3mico y que les ha costado por muchos a\u00f1os poder tener su patrimonio\u201d, complementa Hern\u00e1ndez.<\/p>\n\n\n\n

Acorde al abogado, la estrategia del gobierno federal busca dos cosas: someter a las personas a un proceso judicial donde se les impondr\u00e1 una pena, lo que implicar\u00eda hasta prisi\u00f3n preventiva y que, adem\u00e1s, un juez federal ordene un desalojo por la fuerza sin poder garantizar la recuperaci\u00f3n del patrimonio de las familias.<\/p>\n\n\n

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M\u00faltiples comunidades han protestado contra los planes de reubicaci\u00f3n de viviendas por las obras de la L\u00ednea K en Chiapas.<\/sup><\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

El Cdh Digna reclama que estos hechos configuran un patr\u00f3n de criminalizaci\u00f3n de la pobreza, al utilizar el sistema penal para presionar, intimidar y desplazar a familias en situaci\u00f3n de vulnerabilidad, lo cual contraviene los principios de proporcionalidad, m\u00ednima intervenci\u00f3n penal y justicia social. \u201cRecordamos que los desalojos forzosos sin garant\u00edas procesales, sin consulta previa, sin alternativas de reubicaci\u00f3n digna y sin reparaci\u00f3n del da\u00f1o constituyen violaciones graves a derechos humanos, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos\u201d, sostiene.<\/p>\n\n\n\n

Para los defensores chiapanecos, estos hechos se inscriben en un contexto m\u00e1s amplio de implementaci\u00f3n de megaproyectos federales, en el cual diversas comunidades han denunciado la falta de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, as\u00ed como riesgos de despojo territorial, desplazamiento forzado, ruptura del tejido comunitario y afectaciones a medios de vida.<\/p>\n\n\n\n

Nataniel Hern\u00e1ndez detalla que, a pesar de que se han realizado reuniones con funcionarios del CIIT y ayuntamientos, no existe el compromiso del gobierno para desistirse de la denuncia penal e incluso, denuncia el \u201cuso maquiav\u00e9lico\u201d del sistema de justicia al mantener mesas de di\u00e1logo pero continuando con la acci\u00f3n penal.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan el abogado, durante la implementaci\u00f3n y operaci\u00f3n del CIIT -cuyo tr\u00e1nsito est\u00e1 suspendido desde el pasado 28 de diciembre tras el descarrilamiento sucedido en Oaxaca<\/a>-, el megaproyecto ha presentado irregulares, tanto en la polanificaci\u00f3n como su ejecuci\u00f3n. Como ejemplo, menciona las problem\u00e1ticas al pretender dejar solo un par de pasos de v\u00edas en las cabeceras municipales, lo cual obtuvo resistencia de comunidades para mantener sus cruces por donde atraviesan las v\u00edas f\u00e9rreas. <\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n se\u00f1ala que, en el municipio de Pijijiapan existe una resistencia ciudadana que ha frenado el avance de las obras que buscan conectar la l\u00ednea f\u00e9rrea en direcci\u00f3n del municipio de Huixtla. Sobre todo, pobladores de la regi\u00f3n denuncian que la manera en que se han construido las v\u00edas elevadas est\u00e1 provocando el bloqueo de los drenes fluviales con lo cual, prev\u00e9n encharcamientos o incluso inundaciones para la pr\u00f3xima temporada de lluvias. <\/p>\n\n\n\n

Por \u00faltimo, el abogado Hern\u00e1ndez hace \u00e9nfasis en un llamado de solidaridad con el caso de las familias criminalizadas, pues se\u00f1ala que esta es una m\u00e1s de las consecuencias por el despojo que deriva del megaproyecto, en el cual adem\u00e1s tampoco se realiz\u00f3 una consulta libre, previa e informada, imponiendo por la fuerza y con argumentos como el de seguridad nacional con las consecuencias que impactan actualmente en las poblaciones campesinas de la costa chiapaneca.<\/p>\n\n\n\n

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