{"id":51385,"date":"2025-07-31T17:39:45","date_gmt":"2025-07-31T23:39:45","guid":{"rendered":"https:\/\/radiozapatista.org\/?p=51385"},"modified":"2025-08-02T11:42:23","modified_gmt":"2025-08-02T17:42:23","slug":"chiapas-onu-exige-liberacion-inmediata-de-presos-politicos-tzeltales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radiozapatista.org\/?p=51385","title":{"rendered":"Chiapas: ONU exige liberaci\u00f3n inmediata de presos pol\u00edticos tzeltales"},"content":{"rendered":"\n

Fuente: Avispa Midia<\/a>
Por Aldo Santiago<\/p>\n\n\n\n

En portada: Pobladores de San Juan Cancuc participan de una peregrinaci\u00f3n rumbo al CERSS No 5 para exigir la liberaci\u00f3n inmediata de los defensores tzeltales. Foto: Sipaz<\/sup><\/em><\/p>\n\n\n\n

El Grupo de Trabajo sobre la Detenci\u00f3n Arbitraria de la ONU emiti\u00f3 semana pasada un dictamen dirigido al gobierno de M\u00e9xico en el cual confirm\u00f3 la criminalizaci\u00f3n y detenci\u00f3n arbitraria de los defensores de derechos humanos tzeltales Manuel Santiz Cruz, Agust\u00edn P\u00e9rez Dom\u00ednguez, Juan Velasco Aguilar, Mart\u00edn P\u00e9rez Dom\u00ednguez y August\u00edn P\u00e9rez Velasco.<\/p>\n\n\n\n

Te puede interesar – En Chiapas, condenan a 25 a\u00f1os de prisi\u00f3n a tzeltales por defender su territorio<\/a><\/p>\n\n\n\n

Originarios del municipio de San Juan Cancuc, en los Altos de Chiapas, los cinco presos pol\u00edticos permanecen recluidos, desde hace m\u00e1s de tres a\u00f1os y dos meses, en el Centro Estatal de Reinserci\u00f3n Social para Sentenciados (CERSS) n\u00b0 5, acusados, sin pruebas contundentes y en medio de irregularidades<\/a>, por el asesinato de una persona, sucedido en mayo del 2022.<\/p>\n\n\n\n

El organismo de las Naciones Unidas emiti\u00f3 su opini\u00f3n acerca del caso el 4 de abril del 2025, despu\u00e9s de un an\u00e1lisis derivado de una visita al estado de Chiapas realizada en septiembre del a\u00f1o 2023 y, tras recibir informaci\u00f3n de diferentes fuentes, transmiti\u00f3 sus alegatos a las autoridades mexicanas durante julio del 2024. <\/p>\n\n\n\n

Criminalizaci\u00f3n<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Acorde a una misiva<\/a> firmada por nueve organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, entre ellas, Amnist\u00eda Internacional, Front Line Defenders y el Movimiento Sueco por la reconciliaci\u00f3n (SweFOR), la opini\u00f3n del pasado abril destaca una serie de violaciones a los derechos humanos contra los cinco presos, desde su arresto como durante el desarrollo de sus procesos judiciales.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Destaca que la detenci\u00f3n de los cinco tzeltales ocurri\u00f3 sin una orden de aprehensi\u00f3n y sin que los detenidos fueran informados sobre los cargos imputados en su contra. Adem\u00e1s, una vez arrestados no fueron presentados a un juez, incluso, en el caso de Manuel S\u00e1ntiz Cruz, Agust\u00edn P\u00e9rez Dom\u00ednguez y Juan Velasco Aguilar fueron sometidos a desaparici\u00f3n forzada durante las 24 horas posteriores a su detenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

A su vez, destacan la parcialidad del juez en el desarrollo del proceso penal, esto debido a que la orden de aprehensi\u00f3n fue emitida posteriormente a los arrestos, pero antes de que la Fiscal\u00eda chiapaneca la solicitara. \u201cLa orden de aprehensi\u00f3n fue aparentemente solicitada por la Fiscal\u00eda el d\u00eda 31 de mayo de 2022 a las 15h41 al juez de control. El juez otorg\u00f3 la orden de aprehensi\u00f3n ese mismo d\u00eda a las 15h40, es decir, un minuto antes de que existiera una solicitud\u201d, destaca el documento con las opiniones aprobadas en abril por el Grupo de Trabajo sobre la Detenci\u00f3n Arbitraria.<\/p>\n\n\n\n

Entre otras violaciones al proceso, y pese a que el gobierno de Chiapas sostiene lo contrario, subrayan la falta de acceso a un int\u00e9rprete espa\u00f1ol-tzeltal, ni en el momento de la detenci\u00f3n ni durante el proceso judicial. <\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Aunado a ello, destacan las incongruencias en las pruebas presentadas por la Fiscal\u00eda de Chiapas durante los dos juicios, tales como la falta de datos sobre la ubicaci\u00f3n de la v\u00edctima durante un per\u00edodo clave, la omisi\u00f3n de protocolos y deficiencias en la determinaci\u00f3n de la causa de la muerte; contradicciones entre la necropsia y los dict\u00e1menes periciales; adem\u00e1s de la participaci\u00f3n de peritos sin c\u00e9dula profesional y conclusiones m\u00e9dicas que no corresponden con el contenido del dictamen, ya que las lesiones descritas no coinciden entre los distintos informes ni con el cad\u00e1ver.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n sostienen que no exist\u00edan razones para la aplicaci\u00f3n de la prisi\u00f3n preventiva oficiosa, \u201crevelando la aplicaci\u00f3n arbitraria de un mecanismo que debe ser la excepci\u00f3n y no la normal\u201d, acusan las organizaciones de derechos humanos. <\/p>\n\n\n\n

Reconocidos los cinco detenidos tzeltales como defensores de derechos humanos, el Grupo de Trabajo considera que su criminalizaci\u00f3n est\u00e1 motivada precisamente por su labor en la defensa de la tierra y el territorio. Dentro de su opini\u00f3n, enmarca las detenciones arbitrarias en el contexto de San Juan Cancuc, municipio tzeltal \u201cdonde hist\u00f3ricamente la poblaci\u00f3n se ha opuesto a megaproyectos como la presa hidroel\u00e9ctrica y la \u2018supercarretera\u2019, adem\u00e1s de oponerse a la militarizaci\u00f3n de su territorio\u201d. <\/p>\n\n\n\n

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Acorde al organismo de Naciones Unidas, la detenci\u00f3n de los cinco defensores obedece a una pol\u00edtica de criminalizaci\u00f3n de la defensa del territorio. \u201cA trav\u00e9s de este patr\u00f3n, el Estado busca generar miedo, inhibici\u00f3n y desmovilizaci\u00f3n de las comunidades ind\u00edgenas\u201d, enfatiza. <\/p>\n\n\n\n

Una vez concluido un primer juicio, el 17 de mayo del 2023, los detenidos recibieron una condena de 25 a\u00f1os por homicidio calificado. Tras una apelaci\u00f3n de la defensa legal, un nuevo enjuiciamiento fue concluido el 19 de abril del 2024, en el cual se les ratific\u00f3 la sentencia. Actualmente, los cinco defensores tzeltales est\u00e1n a la espera de la resoluci\u00f3n a un recurso de apelaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La condena contra los presos pol\u00edticos acontece, seg\u00fan el an\u00e1lisis jur\u00eddico del Grupo de Trabajo de la ONU, a\u00fan cuando la Fiscal\u00eda \u201cno ha podido establecer, ni durante la vinculaci\u00f3n a proceso ni en la sentencia del 19 de abril, la causa de la muerte de la persona fallecida. Seg\u00fan la fuente, el perito de la Fiscal\u00eda carece de especializaci\u00f3n y no examin\u00f3 el cad\u00e1ver. Esta incertidumbre impide confirmar si hubo un delito y qui\u00e9n ser\u00eda responsable\u201d, sostiene.<\/p>\n\n\n\n

Libertad inmediata<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

La Federaci\u00f3n Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Organizaci\u00f3n Mundial Contra la Tortura (OMCT) son otras de las organizaciones que se sumaron a la exigencia para la liberaci\u00f3n inmediata e incondicional de los cinco defensores tzeltales de San Juan Cancuc. <\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, tambi\u00e9n exigen la investigaci\u00f3n de las autoridades responsables de su criminalizaci\u00f3n, y la reparaci\u00f3n integral de todos los da\u00f1os causados a los defensores y sus familias acorde al marco de obligatoriedad al que el Estado mexicano se adhiere como miembro activo de las Naciones Unidas.<\/p>\n\n\n\n

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Resaltan tambi\u00e9n la preocupaci\u00f3n por las violaciones a derechos humanos observados por SweFOR, organizaci\u00f3n que ha atestiguado y documentado el desproporcionado uso de la fuerza durante las detenciones, los tratos discriminatorios por parte del tribunal hacia los defensores durante su juicio y la sistem\u00e1tica obstaculizaci\u00f3n del proceso judicial, manifestado en constantes cancelaciones de audiencias o en la negaci\u00f3n del acceso a observadoras internacionales y prensa. <\/p>\n\n\n\n

\u201cEs remarcable el impacto que SweFOR ha podido contemplar en los cinco defensores a lo largo de sus visitas al penal: la situaci\u00f3n de criminalizaci\u00f3n y las condiciones de vida en la c\u00e1rcel han derivado en afectaciones m\u00e9dicas cuyo abordaje no ha sido en absoluto facilitado por las autoridades carcelarias, mientras que los cambios en los protocolos de visitas han restringido enormemente las posibilidades de las familias de poder acompa\u00f1arlos, con el impacto impacto psicol\u00f3gico que ello conlleva\u201d, destaca la organizaci\u00f3n sobre las afectaciones a los detenidos y sus parientes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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