{"id":50356,"date":"2025-03-21T16:58:59","date_gmt":"2025-03-21T22:58:59","guid":{"rendered":"https:\/\/radiozapatista.org\/?p=50356"},"modified":"2025-03-22T05:38:10","modified_gmt":"2025-03-22T11:38:10","slug":"chiapas-la-espiral-de-violencia-y-la-inaccion-del-estado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radiozapatista.org\/?p=50356","title":{"rendered":"Chiapas: la espiral de violencia y la inacci\u00f3n del Estado"},"content":{"rendered":"\n

Fuente: Avispa Midia<\/a>
Por Aldo Santiago<\/p>\n\n\n\n

Un nuevo informe<\/a> elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolom\u00e9 de Las Casas (Frayba) registra la continuaci\u00f3n de la crisis humanitaria en Chiapas, caracterizada por la violencia armada y criminal en un contexto de inacci\u00f3n del Estado, que permite la sucesi\u00f3n de desplazamientos forzados, desapariciones y ataques contra defensores de derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n

El documento titulado \u201cChiapas en la espiral de la violencia armada y criminal\u201d, presentado la tarde de este mi\u00e9rcoles (19) en la ciudad de San Crist\u00f3bal de las Casas, enfatiza que existen regiones enteras del Estado que se han convertido en un sitio donde el crimen organizado ha consolidado el control sobre el territorio, las poblaciones e, incluso, estructuras pol\u00edticas.<\/p>\n\n\n\n

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Para las y los miembros del Frayba, el caso en el sureste mexicano no es un fen\u00f3meno aislado, sino parte de una tendencia nacional en la que, al menos, 19 de los 32 estados que conforman el pa\u00eds se encuentran en medio de la violencia criminal generada por la delincuencia organizada. <\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

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Familias de la regi\u00f3n fronteriza entre Guatemala y Chiapas huyeron rumbo al pa\u00eds centroamericano debido a la exacerbaci\u00f3n de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado.<\/sup><\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

No obstante, destacan que \u201cen Chiapas, la situaci\u00f3n se agrava debido a la colusi\u00f3n entre estructuras estatales y criminales, la falta de acceso a la justicia y la militarizaci\u00f3n como una estrategia fallida para contener la violencia\u201d.  <\/p>\n\n\n\n

La organizaci\u00f3n de derechos humanos sostiene que el caso de Chiapas demuestra la crisis de derechos humanos y violencia que vive el pa\u00eds, donde no hay ningun actor ni instituci\u00f3n que detenga la \u201csituaci\u00f3n de terror\u201d en la que viven pueblos y comunidades enteras.<\/p>\n\n\n\n

Paz simulada<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

El documento, elaborado por el Frayba a partir de datos documentales provenientes de fuentes directas en los territorios, tiene el objetivo de constatar la urgencia de reconocer las atrocidades que ocurren en el periodo reciente chiapaneco.<\/p>\n\n\n\n

Sostienen que la respuesta del Estado, mediante la militarizaci\u00f3n, consituye una \u201cestrategia fallida, una tragedia con resultados sumamente desproporcionados\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Frayba argumenta que, lejos de ser una soluci\u00f3n, la militarizaci\u00f3n en Chiapas ha exacerbado la violencia. \u201cLa Guardia Nacional y el Ej\u00e9rcito no han disminuido los niveles de criminalidad, sino que han generado un clima de desconfianza y complicidad<\/a>\u201d, dice en el informe.  <\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan casos documentados por el centro de derechos humanos, el Estado mexicano, a trav\u00e9s de sus funcionarios, tiene responsabilidad directa en cr\u00edmenes como la desaparici\u00f3n de personas, desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, torturas y privaciones arbitrarias de la libertad. <\/p>\n\n\n\n

En ese contexto, se ha registrado un incremento en las quejas por violaciones a los derehos humanos. Seg\u00fan los datos presentados desde el Sistema Nacional de Alerta de Violaci\u00f3n a los Derechos Humanos de la Comisi\u00f3n Nacional de Derechos Humanos, en el periodo entre 2019 y 2024, la Secretar\u00eda de la Defensa Nacional (Sedena) acumula 2, 284 reclamos por violaciones a derechos; le sigue la Guardia Nacional (cuerpo de seguridad militar bajo el mando de Sedena), con 1,917 expedientes; mientras la Secretar\u00eda de la Marina (Semar) suma 599.<\/p>\n\n\n\n

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Defensores de derechos humanos en Chiapas alertan sobre contexto de riesgo por su labor. La ind\u00edgena tsotsil Pascuala L\u00f3pez (al frente, izquierda) particip\u00f3 de reuniones con organizaciones internacionales que visitaron el estado sure\u00f1o mexicano en abril del 2023.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

El Frayba asevera que en Chiapas existe una ausencia total de gobernabilidad donde se afecta la protecci\u00f3n y garant\u00eda de los derechos humanos, debido a que estos territorios son controladas por lo que denomina \u201cun cuarteto del mal\u201d integrado por la DO, empresas nacionales e internacionales, gobiernos de los tres niveles cuyos funcionarios, instituciones y estructuras \u201ctrabajan para que fluyan los negocios criminales\u201d y, actualmente, organizaciones corporativas que, entrelazados, act\u00faan con total impunidad.<\/p>\n\n\n\n

\u201cTodas estas circunstancias est\u00e1n ampliamente documentadas por el Frayba, ahora con el impulso de un discurso gubernamental basada en una paz simulada y usurpaci\u00f3n de narrativas de la sociedad civil que constituye un gobierno sustentado en la mercadotecnia y una pr\u00e1ctica cosm\u00e9tica en la administraci\u00f3n gubernamental\u201d, denuncia el informe.<\/p>\n\n\n\n

M\u00e1s que cifras<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

En el marco de su 36 aniversario en la labor de defensa de derechos humanos, el informe elaborado por el Frayba recopila datos y cifras que dan un panorama sobre el ambiente de terror criminal que se vive en Chiapas. Por ejemplo, el documento destaca el desplazamiento forzado de miles de personas sin acceso a refugio o apoyo humanitario.<\/p>\n\n\n\n

S\u00f3lo entre enero del 2023 y junio del 2024, el centro de derechos humanos registr\u00f3 20 eventos que afectaron a un aproximado de 15,780 personas, resaltando que varias regiones como los Altos, Frontera y Sierra, adem\u00e1s de la Selva fueron las m\u00e1s afectadas, entre ellos los municipios de Pantelh\u00f3, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Oxchuc, Las Margaritas y Ocosingo. Destaca el caso de la Frontera y Sierra<\/a> donde 8,190 personas fueron desplazadas debido a la violencia armada y criminal.<\/p>\n\n\n\n

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Otro de los aspectos m\u00e1s alarmantes que muestra el informe es el referente al incremento de las desapariciones en Chiapas, particularmente de mujeres y adolescentes, en un contexto donde no se realizan denuncias oficiales ante el temor de las familias a las represalias por parte del crimen y los funcionarios involucrados quienes operan con total impunidad. <\/p>\n\n\n\n

\u201cConsiderando las desapariciones que el gobierno de Chiapas ha colocado en el RNPDNO (Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas), el 45% de estos reportes son de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, lo que posicionaba a Chiapas en el cuarto lugar nacional de menores de 18 a\u00f1os desaparecidos\u201d, dice el informe. <\/p>\n\n\n\n

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Los municipios con mayor incidencia son Tuxtla Guti\u00e9rrez, San Crist\u00f3bal de las Casas, Tapachula, Comit\u00e1n de Dom\u00ednguez y Palenque.<\/p>\n\n\n\n

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A lo anterior, el Frayba se\u00f1ala que, a pesar de un discurso p\u00fablico \u201cprogresista\u201d y favorable a la justicia desde la gubernatura de Chiapas, y a nivel nacional con la autodenominada \u201cCuarta Transformaci\u00f3n\u201d, el Estado ha sido incapaz de garantizar los derechos humanos y, al mismo tiempo, de proteger a las personas defensoras. <\/p>\n\n\n\n

Registros de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TdT) se\u00f1alan la violencia en la regi\u00f3n sur de M\u00e9xico donde los estados de Oaxaca y Chiapas evidencian los mayores n\u00fameros de casos de ejecuciones extrajudiciales de personas defensoras de derechos humanos sucedidas entre el 1 de diciembre del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2023.<\/p>\n\n\n\n

A su vez, destacan que en Chiapas, \u201cel sector minero ejemplifica la colusi\u00f3n entre grandes intereses econ\u00f3micos y pol\u00edticos, y c\u00f3mo estos vulneran el derecho a defender la vida\u201d, al se\u00f1alar su implicaci\u00f3n en la masacre ocurrida en la comunidad de Nueva Morelia<\/a>, municipio de Chicomuselo, el 12 de abril de 2024, en contra de 11 personas (seis hombres y cinco mujeres) quienes se habian opuesto p\u00fablicamente a la violencia criminal en el contexto de explotaci\u00f3n ilegal de barita.<\/p>\n\n\n\n

Como enfatiza la Di\u00f3cesis de San Crist\u00f3bal de Las Casas en un comunicado posterior a los hechos, la regi\u00f3n se encuentra arrasada \u201cpor la violencia generada por el control del territorio y el inter\u00e9s latente de continuar con la explotaci\u00f3n minera por grupos criminales que han operado en total impunidad\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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