Avispa Midia<\/a><\/p>\n\n\n\nPor Sare Frabes<\/p>\n\n\n\n
Las demandas de inversores extranjeros contra Estados de Am\u00e9rica Latina y Caribe se han multiplicado en las \u00faltimas dos d\u00e9cadas. Eso es lo que revela la s\u00e9ptima edici\u00f3n del informe Impactos de las demandas de arbitraje de inversores contra Estados de Am\u00e9rica Latina y el Caribe<\/em>, realizado por TNI (Transnational Institute<\/em>).<\/p>\n\n\n\nEn 1996 fueron registrados seis casos de demandas bajo tratados comerciales en todo el mundo. A finales de 2023 lleg\u00f3 a 1,332 casos. De ese total, los pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina y Caribe fueron demandados en 380 ocasiones, lo cual representa un 28,5% de las demandas inversor-Estado conocidas a nivel mundial. <\/p>\n\n\n\n
De los 42 pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina y Caribe, 23 ya han sido demandados en el sistema internacional de arbitraje. M\u00e9xico, Argentina, Venezuela, Per\u00fa y Ecuador son los pa\u00edses m\u00e1s demandados de la regi\u00f3n. Conjuntamente acumulan lo que representa casi dos tercios del total de las demandas. <\/p>\n\n\n\n
El 2023 fue el a\u00f1o con m\u00e1s demandas en la historia del arbitraje en Am\u00e9rica Latina y Caribe, con 28 demandas registradas, de las cuales 11 corresponden a M\u00e9xico. <\/p>\n\n\n\n
La organizaci\u00f3n alerta que los Estados han sido los grandes perdedores en los sistemas de arbitraje de inversiones a nivel mundial. De las 380 demandas conocidas contra pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina y Caribe, en 239 ocasiones existi\u00f3 una resoluci\u00f3n del caso. De las 239 demandas resueltas, el inversor sali\u00f3 beneficiado en casi el 60% de los casos. Las demandas relacionadas con miner\u00eda, gas y petr\u00f3leo suman el 22,4% del total de los casos.<\/p>\n\n\n\n
Los gobiernos han sido condenados a pagar a inversores extranjeros la suma de 33.629 millones de d\u00f3lares. Esa cifra es superior a toda la inversi\u00f3n extranjera directa que recibieron juntos los seis pa\u00edses de Centroam\u00e9rica, los 15 del Caribe, Uruguay, Paraguay y Ecuador en 2022.<\/p>\n\n\n\n
Los pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina y el Caribe firmaron cientos de tratados internacionales, a partir de la d\u00e9cada de 1990. Estos tratados protegen a la inversi\u00f3n extranjera y \u201cotorgan a los inversionistas derechos sin precedentes, incluyendo el de demandar a los Estados ante tribunales internacionales cuando consideran que sus ganancias han sido afectadas de alguna manera por las acciones de los gobiernos\u201d, contextualiza el informe, ya sean por leyes, regulaciones, decisiones judiciales u otras medidas tomadas por el Estado.<\/p>\n\n\n\n
Los pa\u00edses de la regi\u00f3n ten\u00edan la expectativa de que la firma de estos Tratados Bilaterales de Protecci\u00f3n de Inversiones fuera decisiva en la atracci\u00f3n de inversi\u00f3n extranjera, sostiene. Sin embargo, 30 a\u00f1os despu\u00e9s, \u201cla evidencia muestra que los tratados han estado lejos de ser un instrumento que contribuya a atraer inversiones y mucho menos a promover el desarrollo; por el contrario, han tenido efectos nocivos para los pa\u00edses de la regi\u00f3n\u201d, se\u00f1ala.<\/p>\n\n\n\n
La organizaci\u00f3n subraya que los impactos negativos de estos tratados son poco conocidos y debatidos, tanto en los c\u00edrculos de pol\u00edticos y parlamentarios como en la sociedad civil, la academia y los movimientos sociales.<\/p>\n\n\n\n