{"id":46362,"date":"2023-09-29T12:51:08","date_gmt":"2023-09-29T18:51:08","guid":{"rendered":"https:\/\/radiozapatista.org\/?p=46362"},"modified":"2023-09-29T12:51:08","modified_gmt":"2023-09-29T18:51:08","slug":"peru-lideres-indigenas-entre-persecucion-politica-y-amenazas-de-narcotrafico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radiozapatista.org\/?p=46362","title":{"rendered":"Per\u00fa | L\u00edderes ind\u00edgenas entre persecuci\u00f3n pol\u00edtica y amenazas de narcotr\u00e1fico"},"content":{"rendered":"

Fuente: Avispa Midia<\/a><\/p>\n

Por Javier Bed\u00eda Pardo<\/p>\n

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En portada: \u00c1ngel Pedro Valerio, presidente de la Central Ash\u00e1ninka del R\u00edo Ene<\/sup><\/em><\/p>\n

El proceso contra el ind\u00edgena ash\u00e1ninka \u00c1ngel Pedro Valerio por un caso de desaparici\u00f3n de personas en Per\u00fa, en base a testimonios an\u00f3nimos, es un peligroso precedente para los defensores de territorios que se enfrentan al narcotr\u00e1fico.<\/p>\n

El investigado es presidente de la Central Ash\u00e1ninka del R\u00edo Ene (Care<\/a>), organizaci\u00f3n que representa a 19 comunidades nativas, 25 anexos, dos pueblos en aislamiento y dos en contacto inicial, en la Amazon\u00eda peruana.<\/p>\n

A inicios de septiembre, el Poder Judicial notific\u00f3 al dirigente que se le imputa haber participado en los hechos ocurridos entre el 14 y 15 de abril en el distrito R\u00edo Tambo (regi\u00f3n Jun\u00edn), durante un paro en protesta por el asesinato del l\u00edder ind\u00edgena Santiago Contoric\u00f3n<\/a> a manos del crimen organizado.<\/p>\n

La Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal (Dirincri) de la polic\u00eda pidi\u00f3 al Ministerio P\u00fablico declarar en reserva la investigaci\u00f3n, sostenida por declaraciones de tres supuestos testigos oculares que se\u00f1alan a \u00c1ngel Pedro Valerio en la retenci\u00f3n de los hasta hoy cuatro desaparecidos.<\/p>\n

De esta forma, el \u00f3rgano policial y la fiscal\u00eda evitaron que se le informara sobre la investigaci\u00f3n al imputado hasta la proximidad de la orden de captura. El montaje se descubri\u00f3 al demostrarse que los d\u00edas en que los testigos lo ubican en el escenario del delito el dirigente particip\u00f3 en el Congreso Ordinario Ash\u00e1ninka, celebrado a 12 horas del lugar. Hay videos y testigos que lo confirman.<\/p>\n

\u201cLa Dirincri cre\u00f3 la figura del testigo protegido, (pero) la fiscal\u00eda tiene la obligaci\u00f3n de informar de la investigaci\u00f3n, no emitir directamente una orden de detenci\u00f3n. Es grave, estamos en situaci\u00f3n de que a cualquier persona la declaren testigo protegido y solo basta su testimonio para limitar derechos, como la detenci\u00f3n preliminar. Se pueden crear testigos. Vemos que pasan de defensores a investigados, este es el caso m\u00e1s fuerte, pero no el \u00fanico, hay otras autoridades o jefes que denunciaban tala, deforestaci\u00f3n y ahora los acusan de ello\u201d, se\u00f1al\u00f3 a Avispa M\u00eddia<\/em> Irup\u00e9 Ca\u00f1ari, abogada del dirigente ind\u00edgena.<\/p>\n

Adem\u00e1s, para la defensa de \u00c1ngel Pedro Valerio, llama la atenci\u00f3n que entre los ocho acusados se incluya a dos dirigentes del Valle de los R\u00edos Apur\u00edmac, Ene y Mantaro (Vraem), cuando la protesta fue convocada por l\u00edderes de comunidades fuera de esta zona.<\/p>\n

De momento se le retir\u00f3 la orden de detenci\u00f3n preliminar, pero no se le excluy\u00f3 del proceso.<\/p>\n

Avance de la coca<\/strong><\/h3>\n

El avance de los cultivos de coca en territorios ancestrales de la etnia ash\u00e1ninka crece en los \u00faltimos a\u00f1os. Como resultado, al menos 20 dirigentes de la Care se encuentran bajo amenazas de las mafias de tr\u00e1fico de drogas y tala ilegal. Las comunidades que conforman la organizaci\u00f3n se localizan dentro del Vraem, zona declarada en emergencia, desde 2008, por la actividad del narcotr\u00e1fico en alianza con remanentes de Sendero Luminoso.<\/p>\n

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\u201cDesde hace muchos a\u00f1os luchamos contra el narcotr\u00e1fico, el cultivo ilegal. Denunciamos cuando hay invasiones en territorios comunales, pero no vemos respuestas inmediatas. La semana pasada el Ej\u00e9rcito y la Marina ingresaron a las comunidades, por primera vez, pidieron firmar documentos en blanco. Como pueblo, es una criminalizaci\u00f3n. Queremos que lo excluyan definitivamente de la investigaci\u00f3n\u201d, declar\u00f3 para Avispa M\u00eddia<\/em> Janet Velasco, integrante del consejo directivo de la Care.<\/p>\n

\u201cEl narcotr\u00e1fico se ha agudizado, tiene como fachada a cocaleros pobres, es la fachada. Se ha visto un crecimiento del cultivo de la coca que vulnera territorios ind\u00edgenas. El narcotr\u00e1fico y los cocaleros con influencia en el Estado aprovechan estas desapariciones para evitar la erradicaci\u00f3n (del cultivo ilegal)\u201d, considera la defensa del l\u00edder ash\u00e1ninka.<\/p>\n

Herramientas legales<\/strong><\/h3>\n

Un inminente nuevo instrumento legal para intimidar, estigmatizar y judicializar a la poblaci\u00f3n ser\u00e1 la Polic\u00eda del Orden y Seguridad. El Congreso aprobar\u00eda antes de fin de a\u00f1o la propuesta del Ministerio del Interior (Mininter) de implementar una nueva categor\u00eda de la Polic\u00eda Nacional del Per\u00fa (PNP), integrada por agentes con solo un a\u00f1o de preparaci\u00f3n y licenciados de las Fuerzas Armadas.<\/p>\n

De acuerdo al Mininter, el cuerpo policial brindar\u00e1 \u201cservicio de prevenci\u00f3n de la delincuencia y de proximidad para la convivencia pac\u00edfica\u201d.<\/p>\n

Desde diciembre de 2022, polic\u00edas y soldados asesinaron a 50 personas durante protestas en regiones de mayor\u00edas quechuas y aymaras. En las \u00faltimas marchas masivas contra el gobierno, en julio, se sigui\u00f3 utilizando polic\u00edas de civil para detener a manifestantes y se sumaron las denuncias de torturas.<\/p>\n

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Ante estas formas habituales, los colectivos reunidos en el Comit\u00e9 Nacional Unificado de Lucha advierten que se busca la formaci\u00f3n de un escuadr\u00f3n militarizado, con fines pol\u00edticos.<\/p>\n

Los modelos citados por la c\u00fapula de las fuerzas de seguridad del Per\u00fa son la Esmad de Colombia y los casos recientes de Chile y Francia, donde se registran cientos de asesinatos, mutilaciones y violaciones a los derechos humanos. La brutalidad policial en los estallidos sociales de los \u00faltimos a\u00f1os en estos pa\u00edses es el ejemplo \u201cexitoso\u201d.<\/p>\n

El ministro del Interior, Vicente Romero Fern\u00e1ndez, sostiene que la Polic\u00eda del Orden reforzar\u00e1 la seguridad en zonas rurales. Eso se traduce, para pueblos y colectivos, en m\u00e1s violencia racial aplicada con letalidad en territorios de poblaciones originarias y campesinas. Como ejemplo, la represi\u00f3n estatal contra las manifestaciones massivas en los \u00faltimos meses cuenta con 49 v\u00edctimas en localidades andinas y una en la capital, Lima.<\/p>\n

La violencia racista tambi\u00e9n se reproduce en los discursos p\u00fablicos, en la cabida a mensajes de odio en medios de comunicaci\u00f3n locales, lo que fue denunciado este mes ante el Ministerio de Cultura por parte de la organizaci\u00f3n ash\u00e1ninka, sin respuestas relevantes.<\/p>\n

Desde el Estado, adem\u00e1s, se pretende criminalizar y censurar a la prensa, con un proyecto de ley que considera como instigadores de disturbios a periodistas que informen sobre convocatorias de protestas. El Ejecutivo propone modificar el C\u00f3digo Penal para incluir en este delito a \u201ccomunicadores que utilizando medios de comunicaci\u00f3n han convocado a marchas, incluso incitando la violencia\u201d. La Comisi\u00f3n de Constituci\u00f3n del Congreso aprob\u00f3 el dictamen, que pasar\u00e1 a votaci\u00f3n definitiva.<\/p>\n<\/div>\n

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