{"id":41933,"date":"2022-03-23T18:34:58","date_gmt":"2022-03-24T00:34:58","guid":{"rendered":"https:\/\/radiozapatista.org\/?p=41933"},"modified":"2022-03-23T21:10:01","modified_gmt":"2022-03-24T03:10:01","slug":"la-puya-10-anos-de-resistencia-a-la-mineria-en-guatemala","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radiozapatista.org\/?p=41933","title":{"rendered":"La Puya: 10 a\u00f1os de resistencia a la miner\u00eda en Guatemala"},"content":{"rendered":"

Fuente: Avispa Midia<\/a><\/p>\n

En portada: Mujeres del plant\u00f3n en La Puya reciben apoyo y solidaridad de colectivos y organizaciones feministas de Centroam\u00e9rica. Foto: Radio Victoria<\/sup><\/em><\/p>\n

Este mes de marzo marc\u00f3 el cumplimiento de una d\u00e9cada en la lucha de las comunidades integrantes de la resistencia pac\u00edfica de La Puya, en Guatemala. Fue el d\u00eda 2 de marzo del 2012, cuando habitantes de las comunidades pertenecientes a los municipios de San Jos\u00e9 del Golfo y San Pedro Ayampuc, al atestiguar el tr\u00e1nsito de maquinaria pesada por su territorio, se enteraron de las actividades del proyecto minero Progreso VII Derivada, a ser explotado por una filial de la norteamericana Kappes, Cassiday y Asociados (KCA).<\/p>\n

Ante ello, una a una, las personas se congregaron con el af\u00e1n de proteger sus fuentes de agua, tierras y el medioambiente. Para detener las operaciones extractivas, instalaron un plant\u00f3n permanente, el cual, pese a reiterados ataques, ha bloqueado efectivamente el acceso a la mina de oro por m\u00e1s de una d\u00e9cada.<\/p>\n

\u201cNuestra preocupaci\u00f3n fue tan grande que nos indujo a que hicieramos esa acci\u00f3n, la cual fue sujeto de una serie de intimidaciones de parte de la empresa y tambi\u00e9n con apoyo de las autoridades de Guatemala\u201d, relata para Avispa Midia<\/em> Jos\u00e9 \u00c1ngel Llamas, integrante del movimiento que se ha caracterizado por su resistencia no violenta.<\/p>\n

Llamas recalca que, en esta regi\u00f3n, ubicada en el altiplano central de Guatemala, la escasez de agua ya es una realidad. Por esto, los pobladores, alertados por los da\u00f1os a la naturaleza y la contaminaci\u00f3n de mantos acu\u00edferos que provocar\u00eda la operaci\u00f3n de la industria minera, han mantenido el plant\u00f3n permanente.<\/p>\n

\u201cEstar todav\u00eda de pie, unidos, no ha sido f\u00e1cil ya que la actitud de criminalizaci\u00f3n ha sido fuerte\u201d, comparte Llamas cuando se le pregunta sobre el trayecto recorrido en la lucha. \u00c9l enfatiza que los ataques han sido desproporcionales, los actos de intimidaci\u00f3n han sido una constante e incluso dos personas han sufrido intentos de asesinato. Tambi\u00e9n sucedieron operativos violentos que, pese al desproporcionado uso de la fuerza, han fracasado en su objetivo de desalojar el campamento.<\/p>\n

Ilegalidad<\/strong><\/h3>\n

Jos\u00e9 \u00c1ngel Llamas enfatiza que la operaci\u00f3n de la mina siempre ha sido desde la ilegalidad. Sobre ello, ejemplifica las irregularidades de la empresa norteamericana, desde la obtenci\u00f3n de la licencia \u201ca base de compras de conciencias y sobornos\u201d, hasta c\u00f3mo fue que la empresa \u201cfalse\u00f3\u201d el estudio de impacto ambiental para obtener el permiso de explotaci\u00f3n por el Ministerio de Energ\u00eda y Minas, para 25 a\u00f1os a partir de 2011, en un \u00e1rea de 18 kil\u00f3metros cuadrados.<\/p>\n

Esta licencia permit\u00eda la operaci\u00f3n a la subsidiaria de Kappes, Cassiday y Asociados (KCA), Exploraciones Mineras de Guatemala S.A. (Exmingua), para la extracci\u00f3n de oro y plata en los terrenos que integran el proyecto Progreso VII Derivada, adem\u00e1s de abarcar un \u00e1rea mayor que incluye un \u00e1rea de m\u00e1s de 100 mil hect\u00e1reas.<\/p>\n

Llamas se\u00f1ala a la empresa KCA, con sede en el estado de Nevada, EEUU, como la responsable de los ataques, quien adem\u00e1s ha contado con el apoyo del aparato gubernamental para reprimir a los integrantes del movimiento pac\u00edfico.<\/p>\n

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La polici\u0301a y personal de seguridad de la minera intentan desalojar violentamente y reprimen a los manifestantes. Foto de GHRC, 2014<\/sup><\/em><\/figcaption><\/figure>\n

\u201cLa Polic\u00eda Nacional Civil de Guatemala fue utilizada, comprando a las autoridades de alto mando para darnos la represi\u00f3n que se ha sufrido\u201d, denuncia el comunitario, quien tambi\u00e9n form\u00f3 parte de un grupo de personas quienes fueron objeto de una demanda por difamaci\u00f3n contra la empresa minera.<\/p>\n

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A la par de los ataques f\u00edsicos, la empresa minera intent\u00f3 contrarrestar la resistencia de La Puya mediante estrategias legales. As\u00ed, en reiteradas ocasiones, comunitarios fueron judicializados, acusados por delitos como detenciones ilegales, los cuales no prosperaron en las cortes. \u201cCont\u00e1bamos con pruebas de no haber incurrido en ning\u00fan delito\u201d, asegura Llamas quien menciona que, pese a los intentos de criminalizaci\u00f3n, los integrantes de la resistencia continuaron en el fortalecimiento del plant\u00f3n.<\/p>\n

Suspensi\u00f3n<\/strong><\/h3>\n

Los integrantes del movimiento pac\u00edfico tambi\u00e9n recurrieron a las demandas legales para exigir el cierre de la mina. \u201cCuando nosotros como comunidades alegamos nuestros derechos, falta de consulta y de licencia municipal, fue suspendido el proyecto\u201d, sostiene Jos\u00e9 \u00c1ngel Llamas.<\/p>\n

El comunitario hace referencia a la suspensi\u00f3n de la licencia ordenada en 2016 por la Corte Suprema de Justicia de Guatemala con el argumento de que la licencia viol\u00f3 el derecho a la consulta de las comunidades.<\/p>\n

A pesar de la decisi\u00f3n de la Corte, la minera se neg\u00f3 a detener operaciones y fue hasta mayo de 2016 cuando, mediante acci\u00f3n de las comunidades, se logr\u00f3 la captura de trabajadores de Exmingua y el decomiso de costales con concentrado mineral<\/a> con un valor estimado de casi 2 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

Desde entonces, asegura Llamas, cesaron los intentos de la minera de reiniciar sus operaciones por la fuerza. Sin embargo, de acuerdo al comunitario, actualmente existe presencia de trabajadores mineros quienes aseguran realizan trabajos de mantenimiento en la mina. Aunque pese a las peticiones de los habitantes al Ministerio P\u00fablico para esclarecer sus actividades, no han obtenido respuesta del por qu\u00e9 de su presencia.<\/p>\n

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Protesta ante el Ministerio de Minas y Energi\u0301a. Foto de GHRC, 2016<\/sup><\/em><\/figcaption><\/figure>\n

\u201cSeg\u00fan los tribunales guatemaltecos, las operaciones de KCA siempre fueron ilegales\u201d, escribe Jen Moore<\/a>, miembro del Instituto de Estudios Pol\u00edticos. Acorde a Moore, la empresa nunca tuvo apoyo local, carec\u00eda de licencia de construcci\u00f3n para edificar la mina y violaba la normativa medioambiental.<\/p>\n

Para junio de 2020, la Corte de Constitucionalidad confirm\u00f3 la suspensi\u00f3n de la operaci\u00f3n del proyecto minero debido a que violent\u00f3 el consentimiento previo de las comunidades, por lo que orden\u00f3 la realizaci\u00f3n de una consulta comunitaria, la cual a\u00fan no se lleva a cabo.<\/p>\n

En ese contexto, Llamas destaca que a\u00fan persisten los esfuerzos de la mina por reiniciar sus operaciones. Por ejemplo, cada dos meses su personal anuncia que ser\u00e1 reabierta la mina, para lo cual ofrecen trabajo a los pobladores, labor que el comunitario identifica como un \u201cplan para seguir dividiendo a las comunidades\u201d, pues no tienen fundamento legal para continuar la extracci\u00f3n minera e incluso existe una demanda internacional en curso.<\/p>\n

Arbitraje<\/strong><\/h3>\n

Ante la suspensi\u00f3n de sus operaciones, la empresa KCA recurri\u00f3 a otra estrategia, esta vez ante organismos internacionales. A pesar de las violaciones a los derechos humanos documentadas a trav\u00e9s de los a\u00f1os, la empresa norteamericana present\u00f3 una demanda contra el Estado de Guatemala ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).<\/p>\n

En la demanda, basada en los t\u00e9rminos del Tratado de Libre Comercio entre la Rep\u00fablica Dominicana y Centroam\u00e9rica con los Estados Unidos (DR-CAFTA), la minera KCA exige a Guatemala el pago de una indemnizaci\u00f3n de m\u00e1s de 400 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

De acuerdo con Jen Moore, ex coordinadora de Mining Watch Canad\u00e1 en Latinoam\u00e9rica, una revisi\u00f3n realizada por dicha organizaci\u00f3n y por el Centro para el Derecho Ambiental Internacional, sobre los casos de arbitraje presentados por empresas mineras contra gobiernos en Am\u00e9rica Latina, revel\u00f3 que los inversionistas mineros frecuentemente presentan esas demandas contra medidas que son el resultado de las luchas de las comunidades.<\/p>\n

\u201cDe los 38 juicios mineros presentados desde 1998 hasta 2019, la mayor\u00eda tiene como centro la resistencia de las comunidades a los proyectos mineros\u201d, remarc\u00f3 Moore durante el foro virtual denominado \u00bfDespojo por Arbitraje?<\/em>.<\/em><\/p>\n

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En el evento organizado por Mining Watch Canad\u00e1, Moore destac\u00f3 que este marco jur\u00eddico fue creado por empresas petroleras como Shell, en un intento por asegurar el control de recursos estrat\u00e9gicos en el contexto de procesos y luchas de descolonizaci\u00f3n posteriores a la segunda guerra mundial.<\/p>\n

\u201cEse sistema tambi\u00e9n busca disciplinar o contener los esfuerzos de importantes movimientos de base y comunidades organizadas que trabajan para defender sus vidas y territorios de los impactos devastadores de la miner\u00eda y otras industrias extractivas\u201d, remarc\u00f3 Moore durante el evento en el que tambi\u00e9n abordaron el caso de La Puya.<\/p>\n

La relevancia de este marco jur\u00eddico est\u00e1 representada en 2,800 acuerdos de protecci\u00f3n de inversiones a nivel global. Adem\u00e1s, la mayor\u00eda de esos casos son llevados por empresas con domicilios en pa\u00edses de altos ingresos en contra de pa\u00edses en el sur global. \u201cCasi 70% de los casos han sido presentados por empresas de tan solo cinco pa\u00edses: EEUU, Canad\u00e1, Reino Unido, Paises Bajos y Australia\u201d, enfatiz\u00f3 Moore.<\/p>\n

Por su parte, Jos\u00e9 \u00c1ngel Llamas reclama que solo despu\u00e9s de la demanda ante el CIADI, el Estado de Guatemala, a trav\u00e9s de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n (PGN), se acerc\u00f3 a las comunidades para solicitar pruebas de las ilegalidades en que incurri\u00f3 la empresa minera.<\/p>\n

\u201cLo debi\u00f3 de haber hecho en otro momento, cuando nosotros ped\u00edamos el apoyo para la suspensi\u00f3n del proyecto\u201d, enfatiza Llamas. No obstante, las comunidades accedieron en el aporte de pruebas para con ello evitar el pago de la sanci\u00f3n exigida por la empresa norteamericana.<\/p>\n

Seg\u00fan Llamas, el movimiento de resistencia condicion\u00f3 su participaci\u00f3n en el arbitraje internacional. Demandaron a la PGN que sus integrantes tambi\u00e9n formen parte del descargo de testimonios para evidenciar \u201clos atropellos que origin\u00f3 la empresa y el mismo Estado contra las comunidades\u201d.<\/p>\n

Otra de las exigencias del movimiento es la cancelaci\u00f3n definitiva de la mina, aunque el comunitario lamenta que eso no garantiza que resurja el proyecto bajo otra empresa, con otro nombre y licencia. Por ello, el movimiento tambi\u00e9n analiza demandar que su territorio sea declarado como un \u00e1rea protegida para blindarla de futuros proyectos mineros.<\/p>\n

\u201cEn la finca donde est\u00e1 establecido el proyecto hay una extensi\u00f3n de 100 kil\u00f3metros cuadrados en la cual est\u00e1n divididos otros 18 proyectos. Este proyecto Progreso VII Derivada es como la puerta hacia todos los dem\u00e1s\u201d, comparte el comunitario sobre la preocupaci\u00f3n de no permitir el reinicio de la extracci\u00f3n minera en el \u00e1rea.<\/p>\n

Resistencia\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><\/h3>\n

A 10 a\u00f1os de distancia, la lucha de las comunidades que integran el movimiento pac\u00edfico de La Puya reconocen el haber frenado la devastaci\u00f3n de su territorio. \u201cEn este momento creo que las comunidades m\u00e1s cercanas, como La Chole\u00f1a, ya tendr\u00edan que haber sido desplazadas ya que as\u00ed lo contempla en el estudio de impacto ambiental del proyecto. Esperamos que nunca vayan a ser desplazadas\u201d, cuenta alegre Jos\u00e9 \u00c1ngel Llamas.<\/p>\n

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Celebraci\u00f3n del tercer aniversario del plant\u00f3n de La Puya<\/sup><\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n

Para Llamas es importante resaltar las afectaciones de los proyectos mineros no solo en Guatemala, sino en todo el mundo, impulsados por lo que \u00e9l denomina \u201cun falso desarrollo\u201d que beneficia \u201cunicamente a las trasnacionales\u201d.<\/p>\n

\u201cSolo queda la destrucci\u00f3n, la divisi\u00f3n y la pobreza para las comunidades y, por eso, es el llamado a toda la poblaci\u00f3n para que esteamos pendientes de esos proyectos que nunca van a dejar nada bueno para nuestro planeta principalmente\u201d, finaliza.<\/p>\n

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