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San Crist\u00f3bal de Las Casas, Chiapas, M\u00e9xico<\/p>\n
21 de febrero de 2022<\/p>\n
Bolet\u00edn No. 05<\/strong>\n<\/p>\n \n La CIDH present\u00f3 el caso Antonio Gonz\u00e1lez M\u00e9ndez ante la Corte IDH<\/p>\n * La desaparici\u00f3n forzada en Chiapas parte de <\/strong>la estrategia contrainsurgente contra los pueblos originarios.<\/p>\n El 22 de enero del 2022, la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) present\u00f3 el caso Antonio Gonz\u00e1lez M\u00e9ndez (Antonio Gonz\u00e1lez) contra M\u00e9xico, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre su responsabilidad internacional frente a la falta de investigaci\u00f3n, identificaci\u00f3n de los responsables, juzgamiento y sanci\u00f3n de la desaparici\u00f3n forzada de Antonio Gonz\u00e1lez, originario del pueblo maya Ch\u2019ol y de la comunidad El Calvario, municipio de Sabanilla. Los hechos sucedieron el 18 de enero de 1999, y fueron cometidos por un integrante del grupo paramilitar Organizaci\u00f3n Desarrollo Paz y Justicia.<\/p>\n La desaparici\u00f3n se enmarca en el contexto de guerra contrainsurgente implementada por el Estado mexicano para acabar con la lucha del Ej\u00e9rcito Zapatista de Liberaci\u00f3n Nacional (EZLN), sus bases de apoyo y contra la sociedad civil en la regi\u00f3n. Tras la creaci\u00f3n y actuaci\u00f3n de los grupos paramilitares en Chiapas, que operaban con el respaldo y consentimiento del Estado, tan solo en la zona Norte se documentaron privaciones arbitrarias e ilegales de la libertad, tortura, 85 asesinatos, 37 desapariciones forzadas y m\u00e1s de 4500 personas desplazadas.<\/p>\n Los familiares de Antonio Gonz\u00e1lez y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolom\u00e9 de Las Casas (Frayba), saludamos la decisi\u00f3n de la CIDH al considerar que el Estado mexicano es responsable por la violaci\u00f3n de los derechos a la integridad personal, garant\u00edas judiciales y protecci\u00f3n judicial en relaci\u00f3n a su obligaci\u00f3n de respetar los derechos y su deber de adoptar disposiciones de derecho interno consagrados en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jos\u00e9),[1] adem\u00e1s de incumplir con su obligaci\u00f3n de sancionar en el \u00e1mbito de su jurisdicci\u00f3n a los autores, c\u00f3mplices y encubridores del delito de desaparici\u00f3n forzada de personas, as\u00ed como la tentativa de comisi\u00f3n del mismo establecido en la Convenci\u00f3n Interamericana sobre Desaparici\u00f3n Forzada de Personas.[2]<\/p>\n La presentaci\u00f3n del caso ante la Corte IDH evidencia la falta de mecanismos para la investigaci\u00f3n de las desapariciones forzadas en nuestro pa\u00eds abonando a la impunidad y a la crisis de derechos humanos. Recientemente el Subsecretario de Derechos Humanos, Poblaci\u00f3n y Migraci\u00f3n de la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n, Alejandro Encinas Rodr\u00edguez se\u00f1al\u00f3 en el municipio de Sabanilla que en M\u00e9xico \u201cexisten m\u00e1s de 95 mil desaparecidos y no localizados que reclaman justicia\u201d. Hay reconocimiento de la crisis de derechos humanos en M\u00e9xico por este gobierno, lo que falta son hechos contundentes para que se logre avanzar en los temas de Memoria, Verdad y Justicia.<\/p>\n En el presente caso la Fiscal\u00eda contra la Desaparici\u00f3n Forzada de Personas y la Cometida por Particulares, dependiente de la Fiscal\u00eda General del Estado de Chiapas, no ha tenido ning\u00fan avance para la ubicaci\u00f3n del paradero de Antonio Gonz\u00e1lez, as\u00ed como la falta de herramientas y acciones progresivas para el desarrollo de su trabajo dejando la responsabilidad a los familiares. La propia CIDH ha establecido que \u201cel deber de investigar debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, y debe tener un sentido y ser asumida por los Estados como un deber jur\u00eddico propio y no como una simple gesti\u00f3n de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la v\u00edctima o sus familiares o de la aportaci\u00f3n privada de los elementos probatorios, sin que la autoridad p\u00fablica busque efectivamente la verdad\u201d.[3]<\/p>\n La justicia sigue latente, suspendida en el limbo institucional, desde Sabanilla en la zona Norte de Chiapas hay clamor de justicia que cimbrar\u00e1 el territorio donde la resistencia y la rebeld\u00eda son un solo coraz\u00f3n, es por ellos que el Frayba reafirma su compromiso de acompa\u00f1ar a la familia de Antonio Gonz\u00e1lez M\u00e9ndez en la b\u00fasqueda de la verdad, la justicia, la reparaci\u00f3n integral y la no repetici\u00f3n de estos graves cr\u00edmenes. La justicia llega tarde a Sabanilla uno de los municipios con m\u00e1s alto indice de marginaci\u00f3n en Chiapas.<\/p>\n -*-<\/p>\n [1]\u00a0\u00a0\u00a0 Art\u00edculos 5.1, 8.1 y 25.1 en relaci\u00f3n al 1 y 2 de la Convenci\u00f3n Americana.
\n[2]\u00a0\u00a0\u00a0 Art\u00edculo I b) de la Convenci\u00f3n Interamericana sobre Desaparici\u00f3n Forzada de Personas.
\n[3]\u00a0\u00a0\u00a0 Corte IDH. Caso Alb\u00e1n Cornejo y Otros vs Ecuador. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C. No. 171.p\u00e1rr. 62<\/p>\n<\/div>\n