En portada: <\/em>Polic\u00edas antimotines prepar\u00e1ndose para desalojar a la comunidad de San Isidro.<\/em> Foto: Witness for Peace<\/em><\/p>\n Este martes (21), bajo un contexto de terror y fuertes amenazas, 1,500 elementos de seguridad, en su mayor\u00eda miembros de las Fuerzas Especiales Cobras, quienes han sido entrenadas y financiadas por Estados Unidos, realizaron el desalojo de 252 familias campesinas integrantes de la Cooperativa Remolino ubicada en el municipio de Trujillo, departamento de Col\u00f3n, costa norte de Honduras.<\/p>\n Esta acci\u00f3n violenta es la m\u00e1s reciente en una serie de desalojos ocurridos durante la \u00faltima semana y en donde al menos cuatro comunidades han sido despojadas de sus tierras.<\/p>\n Los operativos comenzaron el pasado 16 de diciembre y han sido dirigidos contra cooperativas de la Reforma Agraria, quienes tienen documentaci\u00f3n legal que les respalda su derecho al acceso a tierra, y otras familias de escasos recursos, as\u00ed lo denunci\u00f3 la Plataforma Agraria Regional del Valle del Agu\u00e1n.<\/p>\n Te puede interesar \u2192 Tierras en Honduras, un tema de seguridad nacional para Estados Unidos<\/a><\/p>\n En comunicado, la Plataforma Agraria recalc\u00f3 que la orden de desalojo ilegal y fraudulenta contra la Cooperativa Remolino busca favorecer a la empresa Inversiones Ceibe\u00f1a, productora de palma aceitera. \u201cLos jueces han abusado de su autoridad y dado \u00f3rdenes ilegales de desalojo para beneficiar empresas agro-extractivas como las familias Facuss\u00e9, Canales y Morales, dejando sin techo y sin alimentaci\u00f3n a las familias campesinas\u201d, denuncia la Plataforma Agraria.<\/p>\n De acuerdo a un reporte del equipo del Colectivo Solidaridad Testigo por la Paz, quien se encuentra monitoreando los desalojos violentos, \u201clas comunidades sienten que esto es un acto de represalia, y tal vez uno de los \u00faltimos movimientos de represi\u00f3n por parte del r\u00e9gimen de Hern\u00e1ndez [presidente Juan Orlando Hern\u00e1ndez, que cumple su mandato hasta enero de 2022] y sus amigos de las familias terratenientes de Honduras\u201d.<\/p>\n Por su parte, Yoni Rivas vocero de la Plataforma Agraria manifest\u00f3 que \u201cuna vez m\u00e1s se demuestra que el poder judicial en Honduras se vende al mejor postor, hemos visto su confabulaci\u00f3n de los jueces y fiscales con las familias Facuss\u00e9, Morales, Canales y P\u00e9rez; otro ejemplo muy claro es el caso de Guapinol donde la justicia hondure\u00f1a se ha encaprichado en mantener privados de libertad a los ocho defensores del rio Guapinol y San Pedro para favorecer a los inter\u00e9s de las familia terratenientes y mineras que tienen poder e influencia en todo el poder judicial\u201d.<\/p>\n Te puede interesar \u2192 A 26 meses, y sin justificaci\u00f3n legal, defensores del r\u00edo Guapinol son retenidos en prisi\u00f3n<\/a><\/p>\n La Plataforma Agraria Regional del Valle del Agu\u00e1n se\u00f1ala que las acciones recientes violan el Protocolo de las Naciones Unidas sobre Desalojos Forzosos que establecen \u201cel Estado debe garantizar la reubicaci\u00f3n, alimentaci\u00f3n y atenci\u00f3n m\u00e9dica a las familias que han sido desplazadas\u201d, por lo cual exigieron el cese inmediato de los mismos.<\/p>\n Desalojos<\/strong><\/p>\n Familias pertenecientes a la cooperativa San Isidro y la cooperativa La Confianza fueron las primeras en ser desalojadas durante los operativos iniciados el 16 de diciembre. Un d\u00eda despu\u00e9s, la comunidad Palma Sol R\u00edo Claro, quien no hace parte de la Plataforma Agraria, tambi\u00e9n fue desalojada.<\/p>\n El operativo ocurri\u00f3 a pesar de que la cooperativa de San Isidro posee un t\u00edtulo de propiedad definitivo de la finca San Isidro y ocup\u00f3 durante dos a\u00f1os dichas tierras. No obstante, la Corporaci\u00f3n Dinant afirma ser la propietaria de dicho territorio. En ese espacio, las familias de la cooperativa hab\u00edan eliminado peque\u00f1as secciones de las plantaciones de palma para plantar yucca, ma\u00edz, frijoles, pl\u00e1tanos y otros cultivos de subsistencia.<\/p>\n \u201cUna fuente nos dijo que hab\u00eda al menos 800 polic\u00edas y fuerzas especiales presentes para el desalojo de la comunidad. Observamos que esto inclu\u00eda a los \u2018Tigres\u2019, las Fuerzas \u2018Rurales\u2019, la DPI y la Polic\u00eda Nacional. Sabemos que los Tigres y la Polic\u00eda Nacional reciben financiamiento y entrenamiento de Estados Unidos. Algunos llevaban viejas mochilas verdes con el sello \u2018US\u2019, otros ten\u00edan parches militares estadounidenses que parec\u00edan llevar como una especie de recuerdo\u201d, se\u00f1ala el Colectivo Solidaridad Testigo por la Paz.<\/p>\n En el informe de Testigo por la Paz tambi\u00e9n destacan la presencia y colaboraci\u00f3n de guardias de seguridad privados contratados por Dinant, pertenecientes a la empresa Servicios Especiales de Col\u00f3n (SEC). \u201cDespu\u00e9s del desalojo, vimos a los guardias repartiendo comida y bebidas a la polic\u00eda desde la parte trasera de una camioneta, y en general siendo muy amables con la polic\u00eda durante todo el d\u00eda. Las relaciones entre la polic\u00eda y los guardias del SEC, donde trabajan juntos para reprimir y criminalizar campesinos en recuperaci\u00f3n de tierra, han sido denunciadas por la Plataforma en numerosas ocasiones. Tras marcharse, la polic\u00eda dej\u00f3 a los guardias a cargo del terreno\u201d.<\/p>\n Ante la situaci\u00f3n de alerta, integrantes de las cooperativas y de la Plataforma se reunieron con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), con quien se\u00f1alaron la recomendaci\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los conflictos de tierras del Agu\u00e1n que insta al Estado de Honduras a no realizar desalojos en la regi\u00f3n, y buscar un di\u00e1logo para resolver el conflicto de terreno.<\/p>\n En el mismo martes (21), otras 60 familias de La Brea Chapaguita fueron desalojadas despu\u00e9s de tres a\u00f1os de la recuperaci\u00f3n de sus tierras. Esta es la cuarta comunidad campesina del Bajo Agu\u00e1n en ser desplazada desde el inicio de los operativos.<\/p>\n Conflicto<\/strong><\/p>\n La regi\u00f3n conocida como el Bajo Agu\u00e1n ha estado marcada por las luchas por la tierra de organizaciones campesinas quienes disputan el usufructo de las mismas contra grandes terratenientes, empresas de aceite de palma y de la agroindustria como la Corporaci\u00f3n de Dinant.<\/p>\n Fue en la d\u00e9cada de los setentas cuando el Estado hondure\u00f1o distribuy\u00f3 tierras f\u00e9rtiles a cooperativas agr\u00edcolas en el valle del Bajo Agu\u00e1n e incluso estas organizaciones campesinas recibieron t\u00edtulos de propiedad. No obstante, durante las d\u00e9cadas de los ochenta y noventas estas cooperativas sufrieron el ataque y despojo de sus tierras por parte de empresas productoras de aceite de palma, quienes contaron con apoyo del gobierno para adquirir contratos ilegales de uso de la tierra del Instituto de la Propiedad (INA).<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/avispa.org\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/12_23_En_el_aparcamiento_de_una_gasolinera_cercana_se_preparo\u0301_un_camio\u0301n.jpg\")
<\/a><\/figure>\n![\"\"](\"https:\/\/avispa.org\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/12_23_Fuerzas_especiales_de_la_polici\u0301a_honduren\u0303a_se_situ\u0301an_frente_a_la.jpg\")
<\/a><\/figure>\n
![\"\"](\"https:\/\/avispa.org\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/12_23_Los_miembros_de_la_Cooperativa_San_Isidro_se_situ\u0301an_detra\u0301s_de_la.jpg\")
<\/a><\/figure>\n