Por \u00d1an\u00ec Pinto<\/p>\n
El Congreso de la Uni\u00f3n aprob\u00f3 reformas a la Ley de V\u00edas Generales de Comunicaci\u00f3n que criminaliza el derecho a la protesta social. La actualizaci\u00f3n legislativa penaliza con c\u00e1rcel de hasta siete a\u00f1os y multas a quienes interrumpan el tr\u00e1nsito de los medios de transporte y la operaci\u00f3n de los servicios de peaje.<\/p>\n
Tambi\u00e9n sanciona quienes interrumpan la construcci\u00f3n de dichas v\u00edas o que interrumpan los servicios que operen en estas v\u00edas. As\u00ed que no se necesita que las v\u00edas de comunicaci\u00f3n ya est\u00e9n en funcionamiento, porque tambi\u00e9n se consideran como parte de estas v\u00edas \u201clos servicios auxiliares, obras, construcciones y dem\u00e1s dependencias y accesorios de las mismas\u201d, d\u00f3nde el ejercito y la Guardia Nacional ya est\u00e1n custodiando.<\/p>\n
Esto implica que los campesinos e ind\u00edgenas, quienes han protestados en las v\u00edas generales de comunicaci\u00f3n, como los opositores a las megaobras del Tren Maya y el Tren Interoce\u00e1nico, o las nuevas carreteras que ya se est\u00e1n construyendo, incurrir\u00e1n en un delito.<\/p>\n
Tras la aprobaci\u00f3n de la reformas, Organismos de la Sociedad Civil para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas <\/em>y el Frente por la Libertad de Expresi\u00f3n y la Protesta Social (FLEPS) <\/em>alertaron que \u201cla aprobaci\u00f3n de esta reforma por ambas C\u00e1maras contribuye al discurso punitivista hacia el ejercicio de derechos y estigmatiza a quienes ejercen el derecho a la manifestaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n