Por Vanessa Garc\u00eca Navarro<\/p>\n
En una sesi\u00f3n ordinaria que se llev\u00f3 a cabo en l\u00ednea el 7 de octubre, el Congreso Nacional de Honduras modific\u00f3 el c\u00f3digo penal e increment\u00f3 las penas por el delito de usurpaci\u00f3n de 4 a 6 a\u00f1os.<\/p>\n
El delito de usurpaci\u00f3n se puede definir constitucionalmente como apoderarse de una cosa inmueble con el objetivo de causar un perjuicio a otro, que ahora se extiende \u201cse trate de bienes del Estado o destinados al servicio p\u00fablico como son el derecho de v\u00eda, carretera, calle, jard\u00edn, parque, \u00e1rea verde, paseo u otros lugares de uso o domino p\u00fablico o de cualquier otro bien ra\u00edz del Estado\u201d, que se ve agravado cuando \u201ccuando intervengan dos o m\u00e1s personas\u201d. En reducidas palabras, se restringe el derecho a la manifestaci\u00f3n social.<\/p>\n
A menos de dos semanas de las elecciones populares que se celebrar\u00e1n el 28 de noviembre (para elegir jefe de Estado, diputados, alcances y vicealcaldes), parece evidente que el Estado se est\u00e1 blindando para evitar movilizaciones como las que se observaron en 2017, cuando hubo acusaciones de elecciones fraudulentas. Si antes el gobierno fue capaz de reprimir a los manifestantes violentamente, ahora se coloca en una posici\u00f3n donde la brutalidad ispo facta<\/em> es \u00fanicamente la antesala de una posible condena de c\u00e1rcel por ejercer el derecho a manifestarse.<\/p>\n Al deslegitimizar el derecho a las protestas se intenta infundir miedo para la ciudadan\u00eda en general, pero sobre todo es una amenaza contra los campesinos, pueblos ind\u00edgenas, pueblos negros, activistas y v\u00edctimas de delitos que encuentran en la manifestaci\u00f3n su arma m\u00e1s efectiva para defenderse no s\u00f3lo de sus agresores, sino del mismo gobierno que se niega a hacerles justicia o a veces es el propio victimario.<\/p>\n Justamente el delito por usurpaci\u00f3n ha sido el pretexto predilecto para cometer injusticias en contra de las minor\u00edas y organizaciones civiles. En marzo de este a\u00f1o, las lideresas de la Organizaci\u00f3n Fraternal Negra Hondure\u00f1a (OFRANEH), Marianela Mej\u00eda Sol\u00f3rzano y Jennifer Mej\u00eda Sol\u00f3rzano, fueron interceptadas por la polic\u00eda nacional acusadas del delito de usurpaci\u00f3n, sin siquiera especificarles las caracter\u00edsticas de los cargos que se les imputaban (a quien o en donde fue el da\u00f1o).<\/p>\n Estas privaciones de la libertad sucedieron justamente un d\u00eda antes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos diera seguimiento a una sentencia que ten\u00eda como responsable al Estado por violar el derecho de propiedad colectiva de la comunidad Gar\u00edfuna. Finalmente fue la difusi\u00f3n internacional del caso lo que ayud\u00f3 a la liberaci\u00f3n de las mujeres.<\/p>\n En tanto, el Consejo C\u00edvico de Organizaciones Populares e Ind\u00edgenas de Honduras (COPINH) se ha manifestado a trav\u00e9s de su cuenta de Twitter que este hecho \u201ces una acci\u00f3n para arremeter en contra de las luchas emblem\u00e1ticas que lideran los pueblos originarios por la defensa de los territorios\u201d.<\/p>\n La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) externaliza igualmente una enorme preocupaci\u00f3n por los posibles actos de criminalizaci\u00f3n que se orquestaran si esta reforma no es discutida \u201cen condiciones y tiempos que permitan el debate y el escrutinio p\u00fablico, instando a que se reconsideren estas normas\u201d.<\/p>\n Por su parte la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras ha lanzado un comunicado para hacer un llamado a la comunidad internacional para enfocar su atenci\u00f3n en lo que acontecer\u00e1 en el pa\u00eds centroamericano en las pr\u00f3ximas semanas.<\/p>\n Entre otras alarmantes reformas se encuentra el hecho de que la lucha por la corrupci\u00f3n se ha entorpecido deliberadamente, dado que a partir de ahora se limita el acceso a informaci\u00f3n de casos de tal \u00edndole.<\/p>\n<\/div>\n <\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por Vanessa Garc\u00eca Navarro En una sesi\u00f3n ordinaria que se llev\u00f3 a cabo en l\u00ednea el 7 de octubre, el Congreso Nacional de Honduras modific\u00f3 el c\u00f3digo penal e increment\u00f3 las penas por el delito de usurpaci\u00f3n de 4 a 6 a\u00f1os. 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