Violencia Paramilitar en los Agronegocios <\/span><\/strong><\/h3>\nLa proliferaci\u00f3n de actores armados no estatales en casos de disputas y conflictos territoriales se puede observar en los sectores de la agroindustria, la miner\u00eda, la construcci\u00f3n de represas hidroel\u00e9ctricas y el turismo. Seg\u00fan una base de datos del Monitor<\/a> de Derechos Humanos y Violencia Pol\u00edtica de Honduras, \u201centre 2009 y 2019, cerca del 40 por ciento de todos los casos agrarios involucraron agresiones por parte de actores armados no estatales que resultaron en diversas formas de violaciones de derechos humanos, entre ellas asesinatos\u201d.<\/p>\nComencemos con el sector agroindustrial, particularmente las plantaciones de palma de aceite en el Valle del Bajo Agu\u00e1n. Esta es una de las regiones m\u00e1s f\u00e9rtiles de Am\u00e9rica Latina y tambi\u00e9n la m\u00e1s mort\u00edfera para los defensores de la tierra y el medioambiente. Entre los a\u00f1os setenta y mediados de los noventa, las tierras del Valle del Agu\u00e1n pertenecieron a cooperativas campesinas, hasta que la Ley de Modernizaci\u00f3n Agraria de 1992 revoc\u00f3 las prohibiciones de la venta de tierras de propiedad colectiva (Carasik, 2017).<\/p>\n
Esto, junto con otros factores, permiti\u00f3 la r\u00e1pida toma de tierras de cooperativas por un par de grandes empresas, entre ellas Corporaci\u00f3n Dinant \u2013 propiedad de Miguel Facusse, conocido antes de su muerte como el hombre m\u00e1s rico de Honduras y uno de los partidarios del golpe de Estado contra Zelaya.<\/p>\n
Desde el a\u00f1o 2000 se han formado numerosos movimientos campesinos con el objetivo de disputar la legalidad de estas controvertidas ventas de tierras cooperativas. Gradualmente, representantes de la mayor\u00eda de estos movimientos se unieron para coordinarse bajo la Plataforma Agraria del Valle del Bajo Agu\u00e1n.<\/p>\n
Esta organizaci\u00f3n ha estado exigiendo al gobierno una investigaci\u00f3n adecuada sobre las circunstancias en las que se llevaron a cabo las ventas de tierras en la d\u00e9cada de 1990, la nulidad de los acuerdos de compra y una reforma agraria nacional integral y justa. Dada la falta de respuesta del gobierno a estos llamamientos, los campesinos se han involucrado en acciones directas en forma de ocupaciones para la recuperaci\u00f3n de tierras en disputa.<\/p>\n
El Valle del Bajo Agu\u00e1n fue la ubicaci\u00f3n del Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) financiado por los Estados Unidos, que particip\u00f3 en el entrenamiento de los Contras nicarag\u00fcenses y el Ej\u00e9rcito salvadore\u00f1o desde 1950 hasta 1980. Actualmente, el Valle del Agu\u00e1n sigue siendo un sitio altamente militarizado donde los Batallones 14 y 15 de las fuerzas armadas han establecido una presencia permanente como parte de la Operaci\u00f3n Xatruch II y III (Bird, 2013).<\/p>\n
Leer tambi\u00e9n T-MEC abre puerta a nuevo corredor de despojo entre M\u00e9xico y Norteam\u00e9rica<\/span><\/a><\/h6>\nEl operativo militar-policial de estilo contrainsurgente ha desplegado m\u00e1s de 8.000 efectivos desde 2011, con el objetivo de combatir la violencia relacionada con los conflictos territoriales en la zona. Seg\u00fan un portavoz del operativo: \u201cEsta es una fuerza pacificadora\u2026 Somos una fuerza que escuchar\u00e1 a ambas partes, para ayudarlas a llegar a un acuerdo de convivencia pac\u00edfica apoyado por nosotros de acuerdo con nuestras responsabilidades bajo la ley\u201d. (Ramsey, 2012).<\/p>\n
Sin embargo, el personal del operativo en realidad protege exclusivamente a los grandes propietarios a costa de los peque\u00f1os agricultores. \u201cLas fuerzas de Xatruch protegen las plantaciones de palma de aceite junto con la pertinente seguridad privada, desalojan por la fuerza a los campesinos, intimidan a los residentes locales y acosan sexualmente a las mujeres, sin ofrecer protecci\u00f3n a las v\u00edctimas de la violencia, dijeron en entrevista los miembros del movimiento campesino Plataforma Agraria.<\/p>\n
Seg\u00fan testimonios locales, las fuerzas de Xatruch cosechan el fruto de la palma en la finca Paso Agu\u00e1n, lo que parece ser un pago en especie de Corporaci\u00f3n Dinant, financiada por el Banco Mundial (Bird, 2016).<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/avispa.org\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/signal-2021-01-17-114732_013-1024x768.jpeg\")
Operativo de la polic\u00eda para desalojo de familias campesinas \u03b9 Marzo 2019<\/em><\/p>\nEl Bajo Agu\u00e1n tambi\u00e9n alberga un n\u00famero alarmante de ejecuciones extrajudiciales y otras formas de violaciones de derechos humanos contra miembros de movimientos campesinos locales involucrados en disputas y ocupaciones de tierras. Ha habido m\u00e1s de 150 casos de ejecuciones extrajudiciales de activistas en defensa de la tierra o sus familiares (Defensores en Linea, 2016).<\/p>\n
Adem\u00e1s, asesinatos, palizas, torturas, detenciones ilegales, intimidaci\u00f3n, destrucci\u00f3n de viviendas, cultivos y ganado, y otras formas de agresi\u00f3n han tenido lugar en el contexto de desalojos violentos forzosos, as\u00ed como el ataque a activistas y sus familias en el interior de sus hogares o en espacios p\u00fablicos.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/avispa.org\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/FOTO-5-1-1024x768.jpeg\")
Desalojo de familias pertenecientes a la organizaci\u00f3n campesina Unidos Lucharemos, Valle del Bajo Aguan noviembre 2018<\/figcaption><\/figure>\nEn este entorno altamente militarizado, los actores m\u00e1s comunes que participan en la violencia paramilitar han sido los guardias de seguridad privada y las bandas criminales locales.<\/p>\n
Seg\u00fan las observaciones de 2013 del grupo de trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios, en el Valle del Agu\u00e1n hay una \u201cpresunta participaci\u00f3n de empresas de seguridad privada, contratadas por terratenientes, en violaciones generalizadas de derechos humanos que incluyen asesinatos, desapariciones, desalojos forzosos y violencia sexual\u201d, (HRW, 2014).<\/p>\n
El 15 de noviembre de 2010, cinco integrantes del Movimiento Campesino del Agu\u00e1n (MCA) \u2013 Ra\u00fal Castillo, Jos\u00e9 Luis Sauceda, Ciriaco Monoz, Teodoro Acosta e Ignacio Reyes Garc\u00eda \u2013 fueron masacrados por fuerzas de seguridad privadas de la empresa Ori\u00f3n, contratada por Corporaci\u00f3n Dinant. Dinant admiti\u00f3 p\u00fablicamente que sus guardias de seguridad privada hab\u00edan llevado a cabo la masacre (Bird, 2013; HRW, 2014).<\/p>\n
Al participar en acciones que normalmente est\u00e1n restringidas a las fuerzas de seguridad del Estado (es decir, detenciones, interrogatorios y desalojos), as\u00ed como en acciones que son ilegales, como asesinatos, golpizas y tortura, los guardias de seguridad privada juegan un papel muy importante en el mantenimiento de un clima de miedo entre los residentes locales.<\/p>\n
Un miembro del movimiento Gregorio Ch\u00e1vez, con sede en la comunidad de Panam\u00e1, municipio de Tocoa, da un ejemplo de ello: \u201cal otro d\u00eda la guardia de la corporaci\u00f3n Dinant par\u00f3 a un ni\u00f1o de 12 a\u00f1os y lo tir\u00f3 al suelo y le quit\u00f3 una maletilla que andaba, que anda comprando un fresco iba a dej\u00e1rselo al pap\u00e1, el pap\u00e1 lo hab\u00eda mandado en la ma\u00f1ana a traer un fresco y ya iba con el fresco cuando lo par\u00f3 la guardia de corporaci\u00f3n Dinant y lo tir\u00f3 y lo esculc\u00f3, y le esculc\u00f3 la maleta, \u2018\u00bfQu\u00e9 llevas aqu\u00ed, no le llevas alguna arma a tu pap\u00e1?\u2019, \u2018no\u2019 le dec\u00eda el ni\u00f1o temblando, \u2018no, no, aqu\u00ed est\u00e1 la maleta, mire ve, busque, no llevo armas, yo lo que llevo es un fresco, que le llevo a mi papi\u2019, estas son las cosas\u201d, dijo en entrevista campesino Gregorio Ch\u00e1vez.<\/p>\n
Por supuesto, estos no son casos espec\u00edficos de la regi\u00f3n del Agu\u00e1n sino patrones encontrados en todo el pa\u00eds. El 2 de abril de 2020, Iris Argentina \u00c1lvarez fue asesinada por guardias de seguridad privada de la empresa CRAE\u00b4S, empleada por el Ingenio Azucarero La Grecia en Marcovia, Departamento de Choluteca, durante un desalojo violento de familias de la cooperativa Cerro Escondido que se hab\u00edan asentado en la tierra hace m\u00e1s de un a\u00f1o para cultivar alimentos (Iniciativa Mesoamericana, 2020).<\/p>\n
Comencemos con el sector agroindustrial, particularmente las plantaciones de palma de aceite en el Valle del Bajo Agu\u00e1n. Esta es una de las regiones m\u00e1s f\u00e9rtiles de Am\u00e9rica Latina y tambi\u00e9n la m\u00e1s mort\u00edfera para los defensores de la tierra y el medioambiente. Entre los a\u00f1os setenta y mediados de los noventa, las tierras del Valle del Agu\u00e1n pertenecieron a cooperativas campesinas, hasta que la Ley de Modernizaci\u00f3n Agraria de 1992 revoc\u00f3 las prohibiciones de la venta de tierras de propiedad colectiva (Carasik, 2017).<\/p>\n
Esto, junto con otros factores, permiti\u00f3 la r\u00e1pida toma de tierras de cooperativas por un par de grandes empresas, entre ellas Corporaci\u00f3n Dinant \u2013 propiedad de Miguel Facusse, conocido antes de su muerte como el hombre m\u00e1s rico de Honduras y uno de los partidarios del golpe de Estado contra Zelaya.<\/p>\n
Desde el a\u00f1o 2000 se han formado numerosos movimientos campesinos con el objetivo de disputar la legalidad de estas controvertidas ventas de tierras cooperativas. Gradualmente, representantes de la mayor\u00eda de estos movimientos se unieron para coordinarse bajo la Plataforma Agraria del Valle del Bajo Agu\u00e1n.<\/p>\n
Esta organizaci\u00f3n ha estado exigiendo al gobierno una investigaci\u00f3n adecuada sobre las circunstancias en las que se llevaron a cabo las ventas de tierras en la d\u00e9cada de 1990, la nulidad de los acuerdos de compra y una reforma agraria nacional integral y justa. Dada la falta de respuesta del gobierno a estos llamamientos, los campesinos se han involucrado en acciones directas en forma de ocupaciones para la recuperaci\u00f3n de tierras en disputa.<\/p>\n
El Valle del Bajo Agu\u00e1n fue la ubicaci\u00f3n del Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) financiado por los Estados Unidos, que particip\u00f3 en el entrenamiento de los Contras nicarag\u00fcenses y el Ej\u00e9rcito salvadore\u00f1o desde 1950 hasta 1980. Actualmente, el Valle del Agu\u00e1n sigue siendo un sitio altamente militarizado donde los Batallones 14 y 15 de las fuerzas armadas han establecido una presencia permanente como parte de la Operaci\u00f3n Xatruch II y III (Bird, 2013).<\/p>\n
Leer tambi\u00e9n T-MEC abre puerta a nuevo corredor de despojo entre M\u00e9xico y Norteam\u00e9rica<\/span><\/a><\/h6>\nEl operativo militar-policial de estilo contrainsurgente ha desplegado m\u00e1s de 8.000 efectivos desde 2011, con el objetivo de combatir la violencia relacionada con los conflictos territoriales en la zona. Seg\u00fan un portavoz del operativo: \u201cEsta es una fuerza pacificadora\u2026 Somos una fuerza que escuchar\u00e1 a ambas partes, para ayudarlas a llegar a un acuerdo de convivencia pac\u00edfica apoyado por nosotros de acuerdo con nuestras responsabilidades bajo la ley\u201d. (Ramsey, 2012).<\/p>\n
Sin embargo, el personal del operativo en realidad protege exclusivamente a los grandes propietarios a costa de los peque\u00f1os agricultores. \u201cLas fuerzas de Xatruch protegen las plantaciones de palma de aceite junto con la pertinente seguridad privada, desalojan por la fuerza a los campesinos, intimidan a los residentes locales y acosan sexualmente a las mujeres, sin ofrecer protecci\u00f3n a las v\u00edctimas de la violencia, dijeron en entrevista los miembros del movimiento campesino Plataforma Agraria.<\/p>\n
Seg\u00fan testimonios locales, las fuerzas de Xatruch cosechan el fruto de la palma en la finca Paso Agu\u00e1n, lo que parece ser un pago en especie de Corporaci\u00f3n Dinant, financiada por el Banco Mundial (Bird, 2016).<\/p>\n
Operativo de la polic\u00eda para desalojo de familias campesinas \u03b9 Marzo 2019<\/em><\/p>\nEl Bajo Agu\u00e1n tambi\u00e9n alberga un n\u00famero alarmante de ejecuciones extrajudiciales y otras formas de violaciones de derechos humanos contra miembros de movimientos campesinos locales involucrados en disputas y ocupaciones de tierras. Ha habido m\u00e1s de 150 casos de ejecuciones extrajudiciales de activistas en defensa de la tierra o sus familiares (Defensores en Linea, 2016).<\/p>\n
Adem\u00e1s, asesinatos, palizas, torturas, detenciones ilegales, intimidaci\u00f3n, destrucci\u00f3n de viviendas, cultivos y ganado, y otras formas de agresi\u00f3n han tenido lugar en el contexto de desalojos violentos forzosos, as\u00ed como el ataque a activistas y sus familias en el interior de sus hogares o en espacios p\u00fablicos.<\/p>\nDesalojo de familias pertenecientes a la organizaci\u00f3n campesina Unidos Lucharemos, Valle del Bajo Aguan noviembre 2018<\/figcaption><\/figure>\nEn este entorno altamente militarizado, los actores m\u00e1s comunes que participan en la violencia paramilitar han sido los guardias de seguridad privada y las bandas criminales locales.<\/p>\n
Seg\u00fan las observaciones de 2013 del grupo de trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios, en el Valle del Agu\u00e1n hay una \u201cpresunta participaci\u00f3n de empresas de seguridad privada, contratadas por terratenientes, en violaciones generalizadas de derechos humanos que incluyen asesinatos, desapariciones, desalojos forzosos y violencia sexual\u201d, (HRW, 2014).<\/p>\n
El 15 de noviembre de 2010, cinco integrantes del Movimiento Campesino del Agu\u00e1n (MCA) \u2013 Ra\u00fal Castillo, Jos\u00e9 Luis Sauceda, Ciriaco Monoz, Teodoro Acosta e Ignacio Reyes Garc\u00eda \u2013 fueron masacrados por fuerzas de seguridad privadas de la empresa Ori\u00f3n, contratada por Corporaci\u00f3n Dinant. Dinant admiti\u00f3 p\u00fablicamente que sus guardias de seguridad privada hab\u00edan llevado a cabo la masacre (Bird, 2013; HRW, 2014).<\/p>\n
Al participar en acciones que normalmente est\u00e1n restringidas a las fuerzas de seguridad del Estado (es decir, detenciones, interrogatorios y desalojos), as\u00ed como en acciones que son ilegales, como asesinatos, golpizas y tortura, los guardias de seguridad privada juegan un papel muy importante en el mantenimiento de un clima de miedo entre los residentes locales.<\/p>\n
Un miembro del movimiento Gregorio Ch\u00e1vez, con sede en la comunidad de Panam\u00e1, municipio de Tocoa, da un ejemplo de ello: \u201cal otro d\u00eda la guardia de la corporaci\u00f3n Dinant par\u00f3 a un ni\u00f1o de 12 a\u00f1os y lo tir\u00f3 al suelo y le quit\u00f3 una maletilla que andaba, que anda comprando un fresco iba a dej\u00e1rselo al pap\u00e1, el pap\u00e1 lo hab\u00eda mandado en la ma\u00f1ana a traer un fresco y ya iba con el fresco cuando lo par\u00f3 la guardia de corporaci\u00f3n Dinant y lo tir\u00f3 y lo esculc\u00f3, y le esculc\u00f3 la maleta, \u2018\u00bfQu\u00e9 llevas aqu\u00ed, no le llevas alguna arma a tu pap\u00e1?\u2019, \u2018no\u2019 le dec\u00eda el ni\u00f1o temblando, \u2018no, no, aqu\u00ed est\u00e1 la maleta, mire ve, busque, no llevo armas, yo lo que llevo es un fresco, que le llevo a mi papi\u2019, estas son las cosas\u201d, dijo en entrevista campesino Gregorio Ch\u00e1vez.<\/p>\n
Por supuesto, estos no son casos espec\u00edficos de la regi\u00f3n del Agu\u00e1n sino patrones encontrados en todo el pa\u00eds. El 2 de abril de 2020, Iris Argentina \u00c1lvarez fue asesinada por guardias de seguridad privada de la empresa CRAE\u00b4S, empleada por el Ingenio Azucarero La Grecia en Marcovia, Departamento de Choluteca, durante un desalojo violento de familias de la cooperativa Cerro Escondido que se hab\u00edan asentado en la tierra hace m\u00e1s de un a\u00f1o para cultivar alimentos (Iniciativa Mesoamericana, 2020).<\/p>\n
Operativo de la polic\u00eda para desalojo de familias campesinas \u03b9 Marzo 2019<\/em><\/p>\nEl Bajo Agu\u00e1n tambi\u00e9n alberga un n\u00famero alarmante de ejecuciones extrajudiciales y otras formas de violaciones de derechos humanos contra miembros de movimientos campesinos locales involucrados en disputas y ocupaciones de tierras. Ha habido m\u00e1s de 150 casos de ejecuciones extrajudiciales de activistas en defensa de la tierra o sus familiares (Defensores en Linea, 2016).<\/p>\n
Adem\u00e1s, asesinatos, palizas, torturas, detenciones ilegales, intimidaci\u00f3n, destrucci\u00f3n de viviendas, cultivos y ganado, y otras formas de agresi\u00f3n han tenido lugar en el contexto de desalojos violentos forzosos, as\u00ed como el ataque a activistas y sus familias en el interior de sus hogares o en espacios p\u00fablicos.<\/p>\n En este entorno altamente militarizado, los actores m\u00e1s comunes que participan en la violencia paramilitar han sido los guardias de seguridad privada y las bandas criminales locales.<\/p>\n Seg\u00fan las observaciones de 2013 del grupo de trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios, en el Valle del Agu\u00e1n hay una \u201cpresunta participaci\u00f3n de empresas de seguridad privada, contratadas por terratenientes, en violaciones generalizadas de derechos humanos que incluyen asesinatos, desapariciones, desalojos forzosos y violencia sexual\u201d, (HRW, 2014).<\/p>\n El 15 de noviembre de 2010, cinco integrantes del Movimiento Campesino del Agu\u00e1n (MCA) \u2013 Ra\u00fal Castillo, Jos\u00e9 Luis Sauceda, Ciriaco Monoz, Teodoro Acosta e Ignacio Reyes Garc\u00eda \u2013 fueron masacrados por fuerzas de seguridad privadas de la empresa Ori\u00f3n, contratada por Corporaci\u00f3n Dinant. Dinant admiti\u00f3 p\u00fablicamente que sus guardias de seguridad privada hab\u00edan llevado a cabo la masacre (Bird, 2013; HRW, 2014).<\/p>\n Al participar en acciones que normalmente est\u00e1n restringidas a las fuerzas de seguridad del Estado (es decir, detenciones, interrogatorios y desalojos), as\u00ed como en acciones que son ilegales, como asesinatos, golpizas y tortura, los guardias de seguridad privada juegan un papel muy importante en el mantenimiento de un clima de miedo entre los residentes locales.<\/p>\n Un miembro del movimiento Gregorio Ch\u00e1vez, con sede en la comunidad de Panam\u00e1, municipio de Tocoa, da un ejemplo de ello: \u201cal otro d\u00eda la guardia de la corporaci\u00f3n Dinant par\u00f3 a un ni\u00f1o de 12 a\u00f1os y lo tir\u00f3 al suelo y le quit\u00f3 una maletilla que andaba, que anda comprando un fresco iba a dej\u00e1rselo al pap\u00e1, el pap\u00e1 lo hab\u00eda mandado en la ma\u00f1ana a traer un fresco y ya iba con el fresco cuando lo par\u00f3 la guardia de corporaci\u00f3n Dinant y lo tir\u00f3 y lo esculc\u00f3, y le esculc\u00f3 la maleta, \u2018\u00bfQu\u00e9 llevas aqu\u00ed, no le llevas alguna arma a tu pap\u00e1?\u2019, \u2018no\u2019 le dec\u00eda el ni\u00f1o temblando, \u2018no, no, aqu\u00ed est\u00e1 la maleta, mire ve, busque, no llevo armas, yo lo que llevo es un fresco, que le llevo a mi papi\u2019, estas son las cosas\u201d, dijo en entrevista campesino Gregorio Ch\u00e1vez.<\/p>\n Por supuesto, estos no son casos espec\u00edficos de la regi\u00f3n del Agu\u00e1n sino patrones encontrados en todo el pa\u00eds. El 2 de abril de 2020, Iris Argentina \u00c1lvarez fue asesinada por guardias de seguridad privada de la empresa CRAE\u00b4S, empleada por el Ingenio Azucarero La Grecia en Marcovia, Departamento de Choluteca, durante un desalojo violento de familias de la cooperativa Cerro Escondido que se hab\u00edan asentado en la tierra hace m\u00e1s de un a\u00f1o para cultivar alimentos (Iniciativa Mesoamericana, 2020).<\/p>\n