Por \u00d1an\u00ed Pinto<\/span><\/p>\n Los desalojos ilegales en Guatemala, as\u00ed como los ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos aumentaron en el contexto de la pandemia por la Covid-19, seg\u00fan testimonios y registros elaborados por la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua).<\/p>\n En el pa\u00eds centroamericano, y bajo el pretexto de frenar los contagios del virus, fueron implementadas medidas de contenci\u00f3n como los toques de queda. Desde el 16 de marzo, este contexto fue aprovechado tanto por el gobierno, como el sector privado, para realizar desalojos ilegales, principalmente en la regi\u00f3n norte de Guatemala, en los departamentos de Alta Verapaz y Pet\u00e9n.<\/p>\n Aunado a ello, de enero a septiembre del presente a\u00f1o, se han registrado 844 agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos. \u201cEs la cifra m\u00e1s alta que hemos registrado, entre ellas hay 14 asesinatos\u201d,\u00a0detall\u00f3 Jorge Santos director de Udefegua<\/a>\u00a0durante el evento \u201cDesalojos Extrajudiciales y Violaciones a Derechos Humanos en Guatemala\u201d.<\/p>\n Santos detall\u00f3 algunos casos violentos sucedidos en plena pandemia.<\/p>\n Por ejemplo, lo sucedido con las comunidades Washington y Dos Fuentes, de Purulh\u00e1, Baja Verapaz, las cuales fueron desalojadas violentamente por un grupo de personas armadas. \u201cTenemos registrado que durante estos desalojos se intent\u00f3 asesinar a dos j\u00f3venes de 15 y 17 a\u00f1os\u201d, subray\u00f3 el integrante de Udefegua.<\/p>\n En diversas ocasiones, la comunidad ind\u00edgena poqomchi\u2019 de Dos Fuentes ha denunciado ataques armados. A su vez, otras organizaciones como el Comit\u00e9 Campesino de Desarrollo del Altiplano (CCDA) han se\u00f1alado el incremento de la violencia a partir de la crisis sanitaria declarada en marzo en Guatemala.<\/p>\n \u201cEste contexto es aprovechado por grupos que quieren generar violencia y asesinatos, el Estado de Guatemala no est\u00e1 brindando seguridad ni apoyo, est\u00e1 solapando y contribuyendo a la impunidad de grupos criminales\u201d, destac\u00f3 Leocadio Jurac\u00e1n, dirigente del CCDA.<\/p>\n En el caso de la comunidad de Washington, \u00e9sta fue desalojada el 31 de marzo por un grupo armado a quienes se ha identificado como miembros de un equipo de seguridad de la familia Thomae. De origen alem\u00e1n y dedicada a la siembra de caf\u00e9, los Thomae tambi\u00e9n son propietarios de la hidroel\u00e9ctrica Jumin\u00e1 S.A., la cual opera en otro sector de la finca donde se ubica Dos Fuentes.<\/p>\n Otro caso sucedido en el contexto de la pandemia es el del intento de desalojo de 200 familias en Tierra Blanca, municipio de Sayaxch\u00e9, Pet\u00e9n.<\/p>\n El 13 de abril, a las 7:30am, 45 miembros de un comando de seguridad privada\u00a0vinculada con Industria Chiquibul, S.A.<\/a>, empresa dedicada a la cosecha y extracci\u00f3n de aceite de palma, se presentaron en la comunidad sin previo aviso y sin una orden judicial que autorizara el desalojo.<\/p>\n Tras ingresar a la comunidad, el comando dispar\u00f3 armas de fuego para intimidar a las familias y echarles de sus hogares. Aunque en esta ocasi\u00f3n la comunidad logr\u00f3 defenderse y resistir ante las fuerzas de seguridad privada, Iz\u00e1is Tiul Pop, un miembro de la comunidad de 30 a\u00f1os, result\u00f3 gravemente herido durante el intento de desalojo fallido.<\/p>\n Ocho miembros de la Polic\u00eda Nacional Civil (PNC) fueron testigos de lo ocurrido y no hicieron nada para evitarlo. \u201cLa falta de acci\u00f3n protectora por parte la Polic\u00eda Nacional Civil es a\u00fan m\u00e1s preocupante a la luz de la pandemia de Covid-19 (\u2026) Desde hace varios a\u00f1os, las empresas de aceite de palma que operan en la regi\u00f3n se han apropiado de tierras de comunidades ind\u00edgenas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad utilizando medidas turbias, coactivas y, a veces, hasta ilegales\u201d\u00a0se\u00f1ala Lara Dom\u00ednguez<\/a>, integrante de Minority Rights Group.<\/p>\n Entre los d\u00edas 9 y 10 de diciembre, miembros de la PNC quemaron las viviendas de 200 familias q\u2019eqchi de la comunidad Tres Lagunas,\u00a0cuenta el abogado Juan Carlos Pel\u00e1ez<\/a>\u00a0para Prensa Comunitaria.<\/p>\n De acuerdo a los testimonios de los campesinos, durante el desalojo la polic\u00eda quem\u00f3 las viviendas, rob\u00f3 animales, ropa, instrumentos de labranza, arrancaron las siembras y detuvieron a tres personas, miembros de las comunidades ind\u00edgenas de Oxlajuj Qej y de Tres Lagunas, acusados de usurpaci\u00f3n a la propiedad privada.<\/p>\n Cabe destacar que la Procuradur\u00eda de los Derechos Humanos (PDH) de la Libertad, Pet\u00e9n, a trav\u00e9s del funcionario Diego Gonz\u00e1les, asegur\u00f3 que el desalojo se realiz\u00f3 apegado a los protocolos, pese a que varias de las personas afectadas con el desalojo aseguraran todo lo contrario.<\/p>\nTambi\u00e9n te puede interesar \u21d2<\/span>\u00a0\u201cQueremos el retorno a nuestras tierras\u201d: Campamento de Laguna Larga a 28 meses de desplazamiento forzado<\/span><\/a><\/h6>\n
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Palma de aceite, un factor m\u00e1s para los desalojos<\/span><\/strong><\/h3>\n
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Desalojos \u201cen apego a la ley\u201d<\/span><\/strong><\/h3>\n