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<\/a><\/div>\nLa defensa de los derechos humanos en M\u00e9xico, es una tarea cada vez m\u00e1s dif\u00edcil en un contexto de violencia generalizada y sistem\u00e1ticas violaciones a los derechos humanos. El aumento de la desaparici\u00f3n forzada de personas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura ha provocado miedo e inseguridad en la poblaci\u00f3n y el desplazamiento forzado.<\/p>\n
Las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas en M\u00e9xico, no es un tema nuevo, nos remite a los tiempos de la llamada guerra sucia, donde el ej\u00e9rcito de forma masiva deten\u00eda, torturaba, desaparec\u00eda y ejecutaba extrajudicialmente a personas por el solo hecho de disentir, criticar o luchar por sus derechos y por mejores condiciones de vida.<\/p>\n
As\u00ed, las fuerzas armadas tuvieron un papel mayor en la vida y seguridad p\u00fablica del pa\u00eds, participando en acciones para contener el avance de movimientos sociales y de protesta. El estado de Guerrero fue uno de los m\u00e1s militarizados luego de la irrupci\u00f3n de movimientos sociales y armados ante la pobreza y la represi\u00f3n que viv\u00edan d\u00eda a d\u00eda. En las \u00faltimas d\u00e9cadas, fuimos testigos de masacres como la de Aguas Blancas, El Charco, la detenci\u00f3n y tortura de luchadores sociales y la ejecuci\u00f3n de decenas que anhelaban un pa\u00eds democr\u00e1tico.<\/p>\n
La historia no muestra que el papel de las fuerzas armadas genera violaciones sistem\u00e1ticas a los derechos humanos, que lejos de resolver los problemas sociales del pa\u00eds, lo agrava.<\/p>\n
El panorama se torna m\u00e1s grave por la inminente aprobaci\u00f3n en la C\u00e1mara de Senadores de la Ley de Seguridad Interior (LSI), misma que pretende legalizar la militarizaci\u00f3n del pa\u00eds, bajo el argumento de que est\u00e1 en riesgo la Seguridad Interior, d\u00e1ndole a las fuerzas armadas la funci\u00f3n de participar en actividades de seguridad p\u00fablica y otorg\u00e1ndole el poder de investigaci\u00f3n, detenci\u00f3n y espionaje \u201cpara controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia\u2026bajo la vigencia de una declaratoria de afectaci\u00f3n a la seguridad interior\u2026\u201d.<\/p>\n
En los \u00faltimos diez a\u00f1os hemos visto el papel cada vez mayor de las fuerzas armadas en tareas de seguridad p\u00fablica para el combate del crimen organizado, sin embargo, lejos de combatirlo, queda a la vista la ineficiencia, aquiescencia o participaci\u00f3n de las fuerzas armadas en las estructuras del crimen organizado. Situaci\u00f3n que ha agudizado las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas y generando mayores niveles de impunidad en el pa\u00eds. Es claro que la participaci\u00f3n de las fuerzas armadas en actividades de seguridad, tienen como objetivo inhibir la participaci\u00f3n de la sociedad en acciones de protesta, negando el ejercicio pleno de sus derechos humanos, violentando los acuerdos y tratados internacionales que M\u00e9xico ha Firmado y ratificado en materia de derechos humanos.<\/p>\n
El presente informe, presenta casos de violaciones graves a los derechos humanos que la Red Solidaria D\u00e9cada Contra la Impunidad ha documentado a los largo de estos doce a\u00f1os, la Masacre de El Charco, perpetrada en junio de 1998, donde las fuerzas militares fueron cometiendo una serie de violaciones a los derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales a personas sometidas y rendidas, tortura a los sobrevivientes, adem\u00e1s de ser presentados ante un Ministerio P\u00fablico Militar, violentando desde el inicio el debido proceso. Hechos que hasta la fecha est\u00e1n en total impunidad.<\/p>\n
Presentamos el caso de los hermanos Tzompaxtle Tecpile, ind\u00edgenas nahuas originarios del estado de Veracruz, detenidos de manera arbitraria en enero de 2006 y posteriormente fueron arraigados, imposibilitando una defensa eficaz y violando el derecho al debido proceso y el juicio justo. El arraigo es en M\u00e9xico una pr\u00e1ctica violatoria a los derechos y garant\u00edas individuales, porque la persona arraigada se encuentra incomunicada mientras se investiga si es o no responsable de alg\u00fan\u00a0 \u00a0delito, hay una ausencia total de garant\u00edas propiciando la impunidad del estado.<\/p>\n
El caso del activista social Arturo Hern\u00e1ndez Cardona, dirigente de la Unidad Popular de Iguala, quien fue desaparecido de manera forzada el 30 de mayo de 2013 y ejecutado extrajudicialmente, as\u00ed como Nicol\u00e1s Mendoza Villa, quien tambi\u00e9n fue desaparecido, torturado y es testigo de la ejecuci\u00f3n de Arturo\u00a0 Hern\u00e1ndez Cardona.<\/p>\n
El caso Jorge Cort\u00e9s Carmona, estudiante de Veterinaria de la Universidad Aut\u00f3noma de Guerrero, desaparecido el 29 de octubre del a\u00f1o en curso, encontrado en una fosa clandestina el 7 de noviembre con huellas de tortura.<\/p>\n
El caso de los trabajadores despedidos del Sindicato \u00danico de Trabajadores de la Universidad Aut\u00f3noma de Sinaloa Secci\u00f3n Administrativos, Manuales y de Intendencia, que encabeza el Ing. Marco Antonio Medrano Palazuelos, a qui\u00e9n a pesar de haber ganado dos veces la elecciones, no le han permitido la Toma de Nota.<\/p>\n
Por \u00faltimo el caso de experimentaci\u00f3n sin autorizaci\u00f3n por parte del Instituto Nacional de Neurolog\u00eda y Neurocirug\u00eda \u201cManuel Velazco\u201d.<\/p>\n
Para leer el informe completo:<\/p>\n