Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

PRONUNCIMIENTO

Los Grupos de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y de Protección a Personas Defensoras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se unen a las condolencias por el asesinato del lider indígena Santiago Contoricón , quien en vida fue un acérrimo defensor de su territorio y ambiente, tomando una posición activa a través de su paso como dirigente del Comité de Defensa del Río Tambo, alcalde de Río Tambo y años más tarde, consejero regional por la provincia de Satipo.

Al respecto, advertimos que pese a las alertas realizadas por la sociedad civil hacia diversas entidades del Estado (Interior, Justicia y Cultura) sobre el crecimiento de actividades ilegales en Puerto Ocopa, estas escalaron a un nivel incontrolable estructuralmente, posibilitando el atentado contra integridad física y vida del dirigente asháninka. Además, actualmente sigue existiendo una latente vulnerabilidad de líderes y lideresas indígenas, los cuales, luchan por salvaguardar sus territorios ancestrales ante el narcotráfico, terrorismo, presiones territoriales y cultivo ilícito de hoja de coca.

En ese sentido, invocamos al Estado a escuchar lo indicado por la Central Asháninka del Río Tambo – CART, que, mediante su pronunciamiento del domingo 9 de abril y respaldando la labor social de Santiago Contoricón, ha informado a la opinión pública que esperan: (i) contar con explicaciones del gobierno nacional sobre la total desidia hacia el Puerto Ocopa; (ii) retiro inmediato de los oficiales de la base de la Marina de Guerra, ya que no ha podido brindar seguridad y tranquilidad; (iii) limitación al tránsito por el río Tambo hasta que las autoridades puedan atrapar a los asesinos; y, (iv) conocer el avance de la Fiscalía de la Nación sobre la investigación preliminar del caso.

Frente a lo expuesto, nos sumamos al llamado del movimiento indígena por que se dé inmediatamente un proceso de investigación transparente, se capture a los culpables, se desmilitarice la zona y que el Estado, invierta en el crecimiento económico de las comunidades de la zona.

Lamentablemente, el asesinato de Santiago Contoricón se suma a una larga lista de defensores y defensoras asesinados en los últimos años, que han significado que Perú se convierta en unos de los diez países más peligrosos en el mundo para la defensa del ambiente y el territorio. Por ello, exigimos una efectiva implementación del Mecanismo Intersectorial de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, con la debida dotación de recursos para garantizar los derechos de defensores y defensoras, y con participación real de todos los sectores que lo incluyen. Demandamos la aprobación de los «Lineamientos de Actuación para la implementación de medidas de protección» a cargo del Ministerio del Interior y tomar medidas desde el más alto nivel para asegurar la protección de defensores indígenas en nuestro país.

En señal de adhesión, firmamos las siguientes organizaciones:

1. Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS)
2. Fundación Ecumenica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
3. IDLADS Perú
4. OXFAM
5. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
6. Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCICC
7. Red Muqui
8. Paz y Esperanza
9. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
10. GRUFIDES
11. Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
12. Asociación Servicios Educativos Rurales, SER,)
13. Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF)
14. Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH)
15. PROÉTICA
16. Kené Instituto de Estudios Forestales y Ambientales
17. Instituto del Bien Común (IBC)
18. Instituto de Defensa Legal (IDL)
19. Grupo Impulsor de Mujeres y Cambio Climático (GIMCC)
20. Cooperacción- Campaña Nacional Permanente Defensores y Defensoras

Comunidad De Alcozacan, Municipio de
Chilapa de Álvarez a 13 de abril 2023
ASUNTO: falsas acusaciones del obispo
emérito, amigo del narco.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

A la Comisión Sexta del EZLN

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A los Pueblos del Mundo que resisten la hidra capitalista

A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios

Originarios que nunca fueron conquistados

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde

A quienes firmaron la Declaración por la Vida

A los medios libres, independientes, alternativos o como se
llamen…

A los medios de Comunicación y

Al pueblo en general

El Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) es objeto nuevamente de ataques y calumnias, nosotros como promotores y Defensores de Derechos Humanos y en coordinación de autoridades comunitarias, comisarios, policías comunitarios de las CRAF-PC-PF y pobladores de las comunidades negamos categóricamente las acusaciones realizadas por el OBISPO EMERITO SALVADOR RANGEL, personaje de escasa calidad moral, que cuenta con una entrañable cercanía a los grupos criminales de Guerrero, y que existen infinidad de declaraciones de su propia voz que así lo demuestran, realiza señalamientos nuevamente contra nuestra organización, por ser quienes hemos puesto alto al grupo criminal de los Ardillos en nuestro territorio, territorio liberado de grupos criminales, nuevamente abre la boca para injuriar en contra de nosotros, acusándonos de los supuestos asesinatos de un ex director y un oficial
municipal de tránsito.

Es de dominio publico la forma en que se conduce este personaje quien pacta con el mejor postor y se exalta de ser amigo de lideres y jefes de plazas en la entidad, todo esto con la seguridad de no ser investigado por las autoridades que debieran de fincarle responsabilidades por todas y cada una de sus declaraciones de propia voz a los medios de comunicación, que en cada una señala actos constitutivos de delitos, con la seguridad de sentirse intocable por ser un representante, un mal representante, de la iglesia católica en la entidad, que actúa de manera contraria a los principios de a quien dice venerar.

Por lo cual exigimos alas autoridades competentes que finquen responsabilidades sobre esta persona que descaradamente manifiesta pactar con los grupos de la delincuencia organizada, que negocia las plazas para no perder ingresos.

En cuanto a las acusaciones realizadas le exigimos al OBISPO EMERITO SALVADOR RANGEL, que, si tiene pruebas para acreditar sus dichos, las presente en la instancia correspondiente, demostrado que, al no tener pruebas acredita que solo hace señalamientos sin tener la certeza y difamando, o dos, si las tiene y no la hace publicas es cómplice de asesinato de personas.

Nosotros nos deslindamos de los asesinatos que ha señalado, en primer término, nosotros no tenemos control ni podemos entrar a la Ciudad de Chilapa de Álvarez, cabecera del municipio del mismo nombre, que es un bastión del grupo paramilitar “los Ardillos” quienes tienen controles de acceso en la ciudad, cuyos lideres son amigos del mismo obispo emérito, lugar donde ocurrieron dichos asesinatos, y que dichos crímenes, tratan de achacarnos debido a las denuncias públicas que realizamos, mismos crímenes que obedece a la finalidad de no dejar cabos sueltos, sobre la función de Halcones que realiza la policía municipal de Chilapa para “los Ardillos”, desconocemos si este supuesto asesinato de policías de tránsito corresponde al mismo policía de tránsito que fungió como “halcón” y quien diera aviso al sicario que asesino a nuestros compañeros los promotores de Derechos Humanos, cabe aclarar que no fungían como policías comunitarios, eran promotores de Derechos Humanos, GUILLERMO HILARIO MORALES quien contaba con medidas por acciones urgentes del COMITÉ CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA (CED, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU), ADAN LINARES SILVERIO (Beneficiario del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a cargo de la Secretaria de Gobernación, en la cual sus Medidas de protección fueron modificadas y disminuidas por el Mecanismo; nunca se les notifico de dicha revisión de medidas y omitieron generar la evaluación de riesgo y MOISES CUAPIPISTENCO este último compañero que capto la imágenes que lograron evidenciar el actuar de la policía municipal de transito al servicio de los “Ardillos».

Cabe aclarar que nosotros nos regimos por los siete principios del zapatismo, para construir un mundo donde quepan todos los mundos, en ese tenor de ideas nosotros buscamos justicia, no venganza.

¡NO NOS RENDIMOS!

¡NO NOS VENDEMOS!

¡NO CLAUDICAMOS!

¡VIVAN LAS COMUNIDADES QUE SE ORGANIZAN!

¡NUNCA MÁS UN MEXICO SIN NOSOTROS!

ATENTAMENTE
Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOGEZ)

Por Diego Estebanez García

MADRID – A menudo se hace referencia como un “proyecto faraónico” y, en efecto, el Tren Maya que se está tendiendo a través de la península mexicana de Yucatán puede compararse con las obras de los faraones del antiguo Egipto.

El Tren Maya es un plan de infraestructuras que abarca 1500 kilómetros, atraviesa cinco Estados mexicanos y 41 municipios, y tiene siete tramos. Se calcula que costará unos 230.000 millones de pesos mexicanos, unos 12.700 millones de dólares.

El Tren Maya es la gran apuesta en infraestructuras del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Su gobierno asegura que el proyecto ha traído ya más de 100.000 empleos y que impulsará el desarrollo de una región históricamente olvidada de México a través de la atracción de turismo.

AMLO tiene como prioridad que el tren esté terminado para finales de 2023, tanto que este año aumentó su presupuesto en casi 116 por ciento. Ahora costará 146 mil millones de pesos (8 mil millones de dólares) terminar las obras que, en este momento, llevan casi 44 por ciento de avance según la Secretaría de Turismo.

No obstante, el proyecto que inició en 2018 ha desatado polémica y enojo de diversos grupos, como ambientalistas, biólogos y académicos, e incluso de la sociedad civil. Pero uno de los grupos más ignorados en esta lucha contra el megaproyecto, que es sólo una parte del más grandioso Plan Nacional de Desarrollo de AMLO, es el pueblo maya que llamó a Yucatán su hogar por más de mil años.

“No es un tren, ni es maya”, afirma Ángel Sulub, activista maya y miembro del Congreso Nacional Indígena, un movimiento nacional de pueblos indígenas de todo México. El grupo se fundó en 1996 tras el levantamiento zapatista en el sureño estado de Chiapas dos años antes.

Sulub se encuentra en Madrid una tarde de mediados de marzo dando una conferencia sobre el riesgo y los peligros que supone el proyecto del tren no sólo para el medio ambiente o los yacimientos arqueológicos locales, sino para el propio pueblo maya y su forma de vida.

“Es un megaproyecto que articula muchos otros proyectos extractivos que ya están en la península”, explica.

Mientras muestra una presentación que detalla la historia de la lucha del pueblo maya a lo largo de las décadas, Sulub también recita cómo se han puesto en marcha las iniciativas de desarrollo desde los años 70, cuando Cancún y Playa del Carmen pasaron de ser pequeños pueblos pesqueros a los grandes reclamos turísticos al dia de hoy.

“En este contexto de 53 años de políticas que apuntan hacia el hiperturismo, se han desmantelado las prácticas tradicionales de pueblos como la Milpa Maya”, afirma.

Y no sólo se han visto afectadas las prácticas tradicionales. El turismo masivo ha provocado una destrucción a gran escala del mundo maya durante décadas.

“Está la agroindustria, que ha devastado gran parte de la selva y ha contaminado terriblemente el agua y el suelo, con el uso de agroquímicos que están presentes en el agua, incluso en la leche materna y en la orina de los niños, según los últimos estudios que se han realizado. Especialmente con el glifosato de Monsanto”, explica Sulub.

El movimiento popular maya teme que esto no haga más que agravar la situación. Los daños al medio ambiente en la zona de la Riviera Maya han sido ampliamente documentados, especialmente debido a la reciente construcción del Tren Maya. Oficialmente, el gobierno afirma que se han talado 3,4 millones de árboles para construir las vías del tren, aunque los grupos conservacionistas afirman que la estimación real podría rondar los 10 millones, todo ello a pesar de las promesas del presidente de que ningún árbol se vería afectado.

“Hay una producción increíble de madera, sobre todo la que se está serrando para la construcción. Vemos restos de árboles gigantes de caoba, y no sabemos qué se está haciendo con ellos. Vemos árboles de caoba, de zapote, de ceiba y de granadillo, que son muy valiosos y caros en el mercado y, la verdad, nadie sabe qué está pasando”, dice Sulub.

Funcionarios del gobierno han explicado en el pasado que en realidad no se han talado todos los árboles. Algunos se han trasladado a otros lugares, y dicen también que por cada árbol talado se plantará uno. También afirman que la madera se está utilizando como fertilizante orgánico.

Un referéndum en duda

En diciembre de 2019 se realizó un referéndum por parte del gobierno mexicano para consultar a los pueblos indígenas sobre la construcción y desarrollo del proyecto. Se dice que participaron unas 10.000 personas, de unas mil comunidades indígenas.

El resultado fue una aprobación abrumadora de más del 90 por ciento, aunque la votación fue criticada por grupos de la oposición e incluso denunciada por el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Sulub afirma que no hubo una verdadera campaña de información sobre las repercusiones negativas que tendría el proyecto, y se denunció la falta de participación de los grupos indígenas.

Sulub afirma que, en realidad, aunque el Tren Maya goza de un fuerte apoyo entre los mexicanos que viven dentro de los cinco estados implicados, una gran parte del pueblo maya está en contra o expresa su preocupación por las consecuencias negativas a largo plazo que tendrá el tren.

“No podemos decir con certeza cuánta gente está en contra de este proyecto. La mayoría de la población dentro de la Península de Yucatán está a favor, pero esa aprobación hay que analizarla con su complejidad. Esa gente que en su mayoría está a favor, lo único que sabe es que necesita trabajo. El argumento de los empleos ha sido muy poderoso porque hay mucho empobrecimiento en la zona”, explica Sulub.

Uno de los principales argumentos del movimiento indígena contra el modelo de desarrollo “neoliberal”, que se ha implantado en toda la región, es que los únicos empleos que se ofrecen a los mayas son los de servidumbre.

Para los propios mayas significa convertirse, una vez más, en lacayos de una poderosa industria turística que se aprovecha y explota laboralmente a través de salarios indignos, falta de seguridad social y condiciones de vivienda deprimentes marcadas muchas veces por el hacinamiento infrahumano. Emigran de sus comunidades a las ciudades y se enfrentan a una realidad para la que no estamos preparados: inseguridad, delincuencia, trata de seres humanos”, afirma Sulub.

Añade que los impactos negativos inmediatos de las obras, así como los problemas relacionados con las drogas y la violencia que rodean a las grandes ciudades de Quintana Roo, son una gran preocupación para los mayas que viven en el sur de la península, quienes temen que esas miserias se extiendan a sus zonas.

“Existe el temor de un debate frontal en torno a estos temas, como los impactos ambientales o la violencia. Porque cuando vamos a las comunidades, hablamos con los ancianos sobre la devastación de la selva, y nos dicen: ‘No queremos eso’. Y hablamos con las madres de familia y nos dicen: ‘No quiero que mis hijas vivan lo que se vive en Cancún’, refiriéndose a la ola de narcoviolencia y feminicidios. Pero no hay protestas ni críticas directas”, se queja Sulub.

Militarización e intimidación

Este temor generalizado entre la población maya puede deberse a un cambio en la estrategia de seguridad que AMLO ha implementado en todo el país. La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se ha visto reforzada en los últimos años, abarcando desde la administración y construcción del aeropuerto más nuevo de Ciudad de México, el Internacional Felipe Ángeles, hasta la recién creada Guardia Nacional y la estrategia general del país para combatir a los cárteles de la droga.

Aunque al principio el ejército mexicano sólo se encargaba de la seguridad del proyecto, con el tiempo los militares han ido adquiriendo un control cada vez mayor sobre el mismo, llegando incluso a convertirse en los constructores de los próximos sexto y séptimo tramos de la vía férrea y de parte del quinto, después de que la empresa Grupo México abandonara el proyecto el año pasado debido al apretado calendario del gobierno. Ahora el ejército se convertirá en el administrador y operador general del Tren Maya una vez que comience a funcionar. El Secretario de Turismo anunció que los ingresos del tren se destinarán directamente al fondo de pensiones de los soldados.

“Es una continuación de la militarización que reprime la disidencia de las comunidades indígenas, que comenzó con el Movimiento Zapatista en 1994 y que llega hoy en forma de este tren”, dice Sulub, quien también sostiene que la intimidación contra los compañeros activistas se ha intensificado durante la actual administración.

Él y otros mayas también se sienten defraudados por el sistema judicial en su lucha contra este proyecto. Aunque se han presentado más de 30 recursos judiciales contra la continuación y el desarrollo de las obras por parte de grupos ecologistas como Selvame del Tren, debido a la falta de estudios ambientales o de permisos para el cambio de uso del suelo, entre otras cosas, el gobierno ha encontrado la manera de continuar con el proyecto.

La última decisión judicial fue la suspensión total de la construcción del quinto sector del ferrocarril por falta de un permiso. Sin embargo, para los activistas mayas, el daño ya estaba hecho.

Montzquesisalta: #SelvameDelTren @SalvameTrenBot https://t.co/KUhEfCADZS

— Selvame del Tren Maya Bot (@SalvameTrenBot) March 21, 2023

Una de las estrategias del gobierno es promover el trabajo comunitario que se realiza junto al proyecto del Tren Maya.

#SúbeteAlTren 🚄 La artesanía es una gran expresión cultural de los pueblos; en Palenque, punto de arranque del Tren Maya, encontramos una de las más bellas muestras en los trajes regionales, bordados y pirograbados con figuras y elementos de la cultura maya#SúbeteALaHistoria 🔍 pic.twitter.com/9lRaPYLF6M

— Tren Maya (@TrenMayaMX) March 30, 2023

Una plataforma internacional

Aunque Sulub ve la lucha como la de David contra Goliat, no tiene intención de rendirse. Vino a Madrid en marzo para explicar a los españoles la implicación de la principal compañía ferroviaria española, Renfe, que ha asesorado el proyecto. Subraya lo que puede ayudar a la causa hablar de la implicación de empresas extranjeras.

“Las empresas intentan mantener su reputación y su estatus en la comunidad europea, y están participando en un proyecto que está violando los derechos humanos, que está cometiendo un ecocidio”, afirma. “Debemos trabajar colectivamente. Hay empresas de Portugal, China, Francia, España que participan en un megaproyecto que viola los derechos humanos.”

Las presiones han llegado desde dentro y fuera de México. Incluso el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha hablado continuamente de los problemas medioambientales.

En las últimas semanas, un tribunal civil reunido en la ciudad de Valladolid, en el estado de Yucatán, llamado Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza -formado por expertos, activistas y conservacionistas de varias partes del mundo- señaló las diversas violaciones cometidas contra las comunidades mayas por el Tren Maya.

En su veredicto, el tribunal, cuyo propósito es investigar las luchas climáticas en todo el mundo, afirmó que el megaproyecto pone a los ecosistemas y a las comunidades mayas en grave peligro de destrucción, y acusó al gobierno mexicano de violar los derechos de la naturaleza, los derechos humanos individuales y colectivos, y los derechos bioculturales del pueblo maya, configurando así delitos de “ecocidio y etnocidio”.

“Tenemos que articular nuestro movimiento no sólo dentro de nuestras comunidades y territorios, sino también a nivel internacional, para que la demanda venga de todas partes, para poder sacudir el sistema económico y político que realmente está detrás de este proyecto”, dice Sulub.

***

Diego Estebanez García es un periodista mexicano afincado actualmente en Madrid. Su trabajo ha aparecido en El País y El Periódico. Twitter: @DEstebanezG

El 8 de abril de 2023, Alberta “Bety” Cariño Trujillo cumpliría 50 años. Fue asesinada el 27 de abril de 2010, cuando paramilitares emboscaron a una caravana en su camino a la comunidad indígena de San Juan Copala, Oaxaca, México. En el ataque murió también Jyri Jaakkola, un activista finlandés, y varias personas resultaron heridas.
Recordamos a Bety con esta video-entrevista y seguimos exigiendo justicia:
Sembrando sueños, cosechando esperanzas: Bety Cariño

Campaña internacional “Semillas que florecen. Justicia para Bety y Jyri”

¡El Sur Resiste Va! Caravana y encuentro internacional 2023 | Un llamado global por la vida y contra el despojo en nuestros territorios

Del 25 de abril 2023 al 5 de mayo, diversos pueblos recorrerán las regiones y comunidades afectadas y amenazadas por los megaproyectos en México, buscando tejer alternativas de resistencia

Recorrido de la Caravana:

ABRIL
25 Pijijiapan – Tonala, Chiapas
26 Puente Madera, Oaxaca
27 Guichicovi, Oaxaca
28 Oteapan, Veracruz
29 Villahermosa – El Bosque,Tabasco
30 Candelaria, Campeche

MAYO
1 Valladolid, Yucatán
2 Carrillo Puerto, Quintana Roo
3 Xpujil, Campeche
4 Palenque, Chiapas

5 Llegada a San Cristóbal de las Casas

6 y 7 ENCUENTRO INTERNACIONAL, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Estamos en la recta final, para información, donaciones y más, puedes escribir a elsurresiste@riseup.net o por Telegram a @asambleaistmo

Comunicados y pronunciamientos rumbo a la Caravana:

3ra LLAMADA ENCUENTRO INTERNACIONAL ¡EL SUR RESISTE 2023!.

2da LLAMADA.

1ra LLAMADA.

NO HABRÁ PAISAJE DESPUÉS DE LA TRANSFORMACIÓN…

LAYÚ BEE.

La carrera por el Istmo de Tehuantepec.
Guidxi Rucaalú.

#ELSURRESISTE

Haz que la caravana suceda: dona aquí

Toda la info de la Caravana: https://www.elsurresiste.org

Se cumplen doce años desde que un pequeño pueblo de catorce mil habitantes y su comunidad indígena organizaran un grito de rabia en la meseta michoacana, México. El 15 de abril de 2011 pusieron fin a la violencia estatal, a las extorsiones, los secuestros, las violaciones y asesinatos. Y es que ya desde comienzos del siglo XXI, el pueblo indígena purépecha de ese territorio, tuvo que hacer frente al narcotráfico que comenzaba a controlar y dominar completamente la región, abriéndose un conflicto social con terribles consecuencias para el municipio de Cherán. Sometidos a una situación descontrolada de continuada extorsión, estos grupos narcotraficantes actuaban con la connivencia de las propias autoridades mexicanas.

El negocio de la tala de montes para el narcotráfico mexicano

Grupos del narco expropiaban y saqueaban los terrenos, fundamentalmente sus tierras de bosques de encinos. Los denominados «talamontes» llegaban a la región, y talaban cientos de hectáreas de árboles para conseguir madera y, por consiguiente, arrasaban el territorio. Estos grupos armados abusaban continuadamente del pueblo de Cherán de manera muy violenta, les obligaban a ponerse bajo sus órdenes y establecían un pacto obligado de silencio, con la colaboración o permisividad de las autoridades políticas del territorio, que también se llevaban su parte del pastel.

Entre 1976 y 2005 se perdió un total de 20 mil hectáreas de bosque en la meseta purépecha michoacana, y se calcula que representaba el 71.24% de su cobertura forestal. A partir de 2006, con la aparición de un cártel narcotraficante en Michoacán, el incremento de esa pérdida de bosque fue de 1.500 hectáreas cada año. El narcotráfico en Michoacán tiende a vincularse con la deforestación de los ecosistemas forestales a través de dos finalidades: primeramente la tala clandestina para habilitar los narco laboratorios y crear rutas seguras. En segundo lugar, como lavado de dinero a partir de la tala ilegal y la expansión de plantaciones comerciales.

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Por Isaín Mandujano | Chiapas Paralelo

Obispos de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas alertaron hoy del aumento de la narcoviolencia en Chiapas y la descomposición social que se vive en al menos 28 municipios del estado.

Ante ello, pidieron la intervención inmediata de las autoridades estatales y federales para frenar también la persecución y las amenazas en contra la población civil ajena esta lucha por el territorio, pero sobre todo, demandaron que se cese la persecución contra defensores de derechos humanos.

En una conferencia de prensa, el obispo Rodrigo Aguilar Martínez, el obispo auxiliar, Luis Manuel López Alfaro y su equipo pastoral de esta Diócesis, señalaron hoy que “se ha escuchado fuertemente como un grito en el desierto la situación de violencia estructural e institucionalizada con la presencia del crimen organizado, la proliferación de grupos armados, algunos haciendo la tarea de grupos de choque en Chiapas”.

Indicaron que “la disputa del territorio en Chiapas va deteriorando cada día más el tejido social, la explotación desmedida de los bienes naturales -como la reactivación de extracción minera; venta ilegal de madera, material pétreo y la gasolina-, la manipulación y el despojo de la dignidad de los pueblos originarios.

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Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

El bosque en la ciudad

Dos años de defensa forestal en Atlanta, Georgia

La campaña para defender el bosque en Atlanta, Georgia, se ha convertido en uno de los movimientos más vibrantes de la era posterior a Trump, entrelazando el ambientalismo, el abolicionismo y la lucha contra la gentrificación. Sin embargo, a medida que la policía pasa a emplear violencia letal y cargos de terrorismo indiscriminado, ha llegado a un punto crítico. Los participantes exploran cómo se ha desarrollado esta lucha durante el último año, reflexionando sobre las prácticas que le han dado fuerza y ​​analizando los desafíos que enfrenta.

Lo que está en juego en la lucha

Nuestra sociedad está en un punto de crisis. Décadas de creciente presión económica han creado una desigualdad y una desesperación desenfrenadas. En lugar de abordar las causas profundas de estos, los políticos de todo el espectro político continúan canalizando más y más dinero a la policía, confiando en ellos para reprimir los disturbios solo por la fuerza. Esta dependencia ha permitido que los departamentos de policía y sus aliados consuman una gran cantidad de recursos públicos. Mientras tanto, impulsado por las mismas presiones económicas, el cambio climático catastrófico está generando huracanes, incendios forestales, sequías y un colapso ecológico generalizado.

En este contexto, a partir de abril de 2021, un movimiento audaz se dispuso a defender un bosque en Atlanta, Georgia, donde los políticos locales y los especuladores corporativos quieren construir un complejo de entrenamiento policial y un escenario sonoro para la industria del cine. El complejo de entrenamiento, conocido como Cop City, sería el centro de entrenamiento policial más grande de los Estados Unidos. Devastaría el South River Forest, también conocido como Weelaunee Forest en honor al pueblo de Muscogee Creek que vivió allí hasta que fueron deportados en el Trail of Tears (Sendero de Lágrimas).

El movimiento para defender el Bosque de Weelaunee ha reunido a una amplia gama de grupos y estrategias. Organizaciones de defensa legal como South River Forest Coalition, que está entablando una demanda contra el gobierno del condado de Dekalb, trabajan en paralelo con grupos como SRY Campaign, un colectivo anónimo de investigadores que publican las direcciones de las casas y oficinas de quienes buscan destruir el bosque. . . Mientras que los abolicionistas y los ambientalistas radicales han establecido campamentos y casas en los árboles en el bosque, una red de preescolares y padres han construido jardines comunitarios y organizado eventos de divulgación pública. Otros han organizado raves y eventos culturales en el bosque, conectando a los artistas más ambiciosos con el espíritu incontenible del movimiento. (* Raves: fiestas libres, autogestionadas)

Entre los que desean que se construya Cop City se encuentran la Fundación de la Policía de Atlanta (APF), el alcalde Andre Dickens y las diversas corporaciones que se beneficiarán del desarrollo. Al mismo tiempo, gracias a un acuerdo clandestino con el gobierno de la ciudad, el magnate inmobiliario y ejecutivo de la industria cinematográfica Ryan Millsap se prepara para destruir un parque público en una parcela de tierra adyacente dentro del mismo bosque.

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