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Prensa comunitaria

Nebaj: autoridades indígenas piden al Estado atender causas estructurales de migración

Créditos: Feliciana Herrera

Por: Feliciana Herrera

Las Autoridades Indígenas del pueblo Ixil de Nebaj manifestaron este día que, aunque ven con buenos ojos cualquier tipo de apoyo que sirva para el beneficio de las comunidades, recalcaron que es importante que el Estado se enfoque en acciones estructurales que cambien las condiciones de fondo que hacen migrar a la población, entre ellas la corrupción. Las declaraciones fueron hechas a propósito de un programa impulsado por la agencia de cooperación de EE. UU y un grupo de empresas privadas.

Este martes fue inaugurado en Nebaj un proyecto educativo y técnico denominado Alianza por la Educación, del Proyecto Puentes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) y otras nueve organizaciones, entre ellas Fundación Tigo, que buscan capacitar a 150 jóvenes en el uso del programa de computación Excell, para evitar la migración o para lograr su reinserción laboral luego de una deportación.

El alcalde municipal de Nebaj, Virgilio Jerónimo Bernal, recibió a Mario López vicepresidente de la Fundación Tigo, el embajador de Estados Unidos en Guatemala, William Pop y a la ministra Claudia Ruiz del Ministerio de Educación.

Feliciana Herrera.

Miguel De León, autoridad comunal, manifestó que las autoridades indígenas ixiles se enteraron del evento a través de los medios de comunicación y desconocían mayores detalles del proyecto. “La migración no es porque las personas quieran, es porque no hay empleo ni políticas públicas que vayan dirigidas a resolver las problemáticas como la falta de educación”.

La autoridad añadió que las personas que han migrado a Estados Unidos, principalmente, no ven otra salida a la falta de atención de parte del gobierno. “Eso no se puede solucionar con programas pequeños, se necesitan soluciones grandes y estructurales desde el Estado, y claro que los países amigos puedan contribuir”, indicó.

Otra de las preocupaciones de las autoridades indígenas refiere a que la ministra de educación presente “como un gran proyecto la atención a 150 jóvenes, cuando somos unos 100 mil habitantes. No está malo apoyar a los beneficiarios, pero no es suficiente”, insistió De León.

Para las autoridades indígenas es impostergable que se erradique la corrupción para poder abordar el desarrollo del país. “En un país donde existan corruptos, donde exista la impunidad y donde la justicia no funciona, nada se va a solucionar y los más golpeados seguiremos siendo los que siempre quedamos excluidos”, puntualizó De León.

Capacitación técnica

A través del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP) los jóvenes que han participado en este programa recibieron capacitación en elaboración de “antojitos guatemaltecos” y cursos de computación.

Para el caso de Nebaj recibirán capacitación en Excell y Fundación Tigo aportará internet móvil a la vivienda de los beneficiarios y computadoras.

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Noticias de abajo

Noticias de abajo 2 de febrero 2021

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ROMPIENDO FRONTERAS
-Medio Oriente y la India
INDIA: Protestas campesinas llegan a Nueva Deli, represión y enfrentamientos contra las leyes que benefician a los grandes capitalistas.
PALESTINA: Mujeres bajo bloqueo en Gaza: sus luchas para derribar muros
KURDISTAN: Rojava celebra el 6º aniversario de la victoria de Kobanê
-ESTADOS UNIDOS: Rediit: Jugando en el Mercado Valores y la farsa capitalista. Por Yisus Wero
-Presos Politicos
CHILE: Comunicado de los presos Mapuche Huelga de Hambre en Angol
ESTADOS UNIDOS: Jalil Muntaqim anima a los revolucionarios en todo el país a apoyar a Prison Lives Matter
ESTADO ESPAÑOL: Dictan Prisión a Pablo Hassel por escribir que los reyes de España son unos ladrones. Protestas globales en solidaridad con el músico. Por Armando Soto.

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
CDMX: Protesta de Trabajadores del IMSS por falta de vacunas para el personal. En México se ha priorizado al ejercito y a funcionarios por encima de los trabajadores de la salud.
LUCHA POR LA VIDA: Litio, el oro blanco; A un año del asesinato de Homero Gomez y a 2 del de Samir Flores defensores de la tierra; Y ataque a Yesenia Zamudio. Por Juan Perez
MUJERES: Protestas contra el candidato a gobernador Felix Salgado acusado de violación y protestas en Chiapas por feminicidio en la UNACh

Música:
Pablo Hassel – Juan Carlos El bobon
Leticia Servin – Presos Políticos Homenaje a Judith Reyes
Arauko Rock – Los pacos son unos bastardos

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Avispa Midia

Honduras | El paramilitarismo en el sector energético y el turismo

Por Jasmin Hristov y Karen Spring

A continuación, se presenta un conjunto de cinco artículos que reflexionan sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Un análisis que será publicado en cinco partes.

Lea aquí la 1ra parte de este Especial ⇒ Entre palma, plomo y policías: paramilitarismo el brazo armado del desarrollo


Parte IV

Paramilitar en el Sector Energético

La violencia paramilitar también se ha dirigido a los movimientos sociales que se oponen a los proyectos neoliberales en el sector energético, particularmente en torno a la construcción de represas hidroeléctricas. Uno de los casos emblemáticos es la resistencia indígena a la represa hidroeléctrica Agua Zarca por parte del Consejo Popular Indígena y Popular de Honduras (COPINH) en la región de Río Blanco, en el departamento de Intibucá.

El COPINH fue co-fundada por la activista feminista indígena asesinada y ganadora del Premio Ambiental Goldman, Berta Isabel Cáceres Flores. En 2011, el COPINH comenzó a apoyar a las comunidades Lenca de Río Blanco que se oponían a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca en el río Gualcarque. La empresa hondureña Desarrollos Energéticos SA (DESA) había recibido financiación de varias instituciones financieras internacionales, incluido el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para construir la presa en un terreno para el cual los residentes locales tienen un título de propiedad comunitaria desde 1911 (Bird, 2013a).

El principal propietario de DESA es la poderosa familia hondureña Atala Zablah, que tiene familiares y fuertes lazos comerciales con dos grandes bancos hondureños, Ficohsa y BAC Honduras. Las comunidades se oponen a la represa porque el río Gualcarque es sagrado para el pueblo Lenca y su construcción cortaría el suministro de agua, alimentos y medicinas para estas comunidades pobres y relativamente aisladas (BBC, 2018).

En diciembre de 2015, agentes de investigación de la Policía Nacional Civil detuvieron a García Mejía quien confesó que DESA lo había contratado para silenciar a miembros del COPINH y afirmó que Berta Cáceres era la primera en la lista de personas a eliminar. Mejía fue liberado cuatro días después de que ejecutivos de DESA usaran su influencia sobre la fiscalía y pagaran a un representante legal para defenderlo (Criterio, 2019). Después de su liberación, García Mejía comenzó a trabajar como guardia de seguridad en DESA.

Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su domicilio de La Esperanza a los 44 años de edad (GAIPE, 2017). Después de meses de protestas nacionales e internacionales, las personas vinculadas a DESA finalmente fueron arrestadas. En 2018, siete hombres fueron condenados por el asesinato de Cáceres, entre ellos dos oficiales de DESA, Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo, y el mayor Mariano Díaz, oficial de inteligencia militar del 15° Batallón de las Fuerzas Armadas de Honduras. El tribunal determinó que los tres estaban involucrados en la planificación del asesinato y la contratación de los sicarios que también fueron declarados culpables de asesinato.

El sicario principal, Henrry Javier Hernández, era un ex-militar de las fuerzas especiales destinado en la región del Bajo Aguán y estudió con el mayor Mariano Díaz, también condenado por el asesinato de Cáceres. Antes de su arresto Hernández había trabajado para dos empresas de seguridad privada después de dejar el ejército, incluyendo una empresa que trabaja con empresas de Walmart en Honduras y otra con Corporación Dinant en el Valle del Aguán.

El 2 de mayo de 2018, Roberto David Castillo, presidente ejecutivo de DESA y oficial de inteligencia militar entrenado en Estados Unidos, fue arrestado por estar involucrado en el asesinato de Cáceres (BBC, 2018). Según uno de los miembros del Grupo Asesor Internacional de Expertos (GAIPE) que investiga el caso, existía una “estructura criminal compuesta por ejecutivos y empleados de la empresa, agentes estatales y bandas criminales que utilizaron violencia, amenazas e intimidación” para atacar al COPINH y a Cáceres (citado por Malkin, 2017).

A nivel comunitario, DESA colaboró ​​con familias y personas que se beneficiaron económicamente de la presencia de la empresa en Río Blanco y personas temidas por la población local por sus actividades delictivas y reputación de asesinos (COPINH, 2019a; Bird 2013a). Esto se demostró en extracciones telefónicas presentadas como prueba de caso contra los asesinos de Cáceres. En un mensaje, el ejecutivo de DESA, Castillo, hace referencia al sicario local de Río Blanco, García Mejía, llamándolo “la mejor seguridad en el sitio de la represa” (DPLF et al, 2019).

Desde el asesinato de Cáceres, los miembros del COPINH en Río Blanco han seguido enfrentándose a la violencia. El 10 de diciembre de 2017 desapareció Elvin Saúl Madrid, miembro del COPINH de dieciocho años. Al día siguiente, el cuerpo de Madrid fue encontrado cerca de las casas de los familiares del sicario Olvin García Mejía. En marzo de 2019 fue asesinado Olban Adonay Gómez, hijo del líder comunitario Mauro Gómez (COPINH, 2019). Poco después del asesinato de Berta, Nelson García, miembro del COPINH, recibió un disparo de camino a su casa después de haber acompañado a una comunidad en Río Chiquito en el departamento de Santa Bárbara, que enfrentaba un desalojo violento.

En julio de 2016, el cuerpo de la defensora de derechos humanos y lideresa comunitaria Lesbia Yaneth Urquia Urquia fue encontrada cerca del basurero municipal de Marcala, Departamento de La Paz. Lesbia había desaparecido un día antes alrededor de las cinco de la tarde. Fue miembro del COPINH y estuvo involucrada en la oposición a la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I en el municipio de San José, Departamento de La Paz.

Del mismo modo, en la comunidad de San Isidro del Volcán, Departamento de La Paz, integrantes del movimiento indígena MILPA que se opusieron a la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Chinacla relatan cómo enfrentan los intentos constantes del Estado de imputar a los campesinos por delitos penales: “En el 2015, nos pusieron un operativo militar de 30 militares, 20 de la policía nacional y 20 del ejército del batallón de Marcal y 9 civiles de la comunidad, donde a nosotros nos pedían la droga, a un niño mío le hicieron tres disparos tipos de éstos en punto de las cuatro de la mañana”, Cuentan los miembros de MILPA.

Integrantes de organizaciones indígenas y negras de Honduras protestan frente al Congreso Nacional para repudiar la Ley Nájera.

Violencia Paramilitar en el Sector de Turismo

A lo largo de la costa caribeña del norte de Honduras hay aproximadamente 46 comunidades garífunas afro-indígenas. Muchos poseen títulos ancestrales colectivos sobre la tierra en la que viven y que cultivan. Desde el surgimiento del neoliberalismo, el Estado hondureño ha rechazado sistemáticamente los derechos territoriales indígenas y ha introducido nuevas legislaciones para despojar sistemáticamente a los garífunas de sus tierras.

El turismo residencial, como en el caso de `Indura Beach and Golf Development´ a lo largo de la costa norte, se ha presentado como una industria ecológica sostenible que puede beneficiar a las comunidades locales. En realidad, el desarrollo del turismo en la costa norte ha supuesto el desalojo forzoso de varias comunidades de sus tierras, entre ellas Barra Vieja, Armenia y Castilla. Las políticas y planes de desarrollo turístico han encontrado una fuerte resistencia por parte de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). La organización trabaja con las comunidades garífunas para reclamar tierras ancestrales, desafiando judicialmente el robo de tierras y apoyando proyectos de recuperación de tierras (Gibler, 2017).

Miriam Miranda, Coordinadora General de OFRANEH, ha sido víctima de innumerables “amenazas de muerte, criminalización, persecución, acoso e intimidación” durante sus años de activismo (Spring & Russell, 2017). En diciembre de 2011, el gobierno indígena garífuna de Cristales y Río Negro (es decir, la Bahía de Trujillo) presentó una demanda contra el desarrollador de turismo canadiense, Randy Jorgensen, propietario de Life Vision Development (Schertow, 2012) por la adquisición ilegal de sus tierras y fue “acusado de incautación y posesión ilegal de territorios garífunas” (Soto García, 2016).

En 2015, un juez de un tribunal de Trujillo determinó que no había suficientes pruebas contra Jorgenson, pero le dio al fiscal especial para los pueblos indígenas y los garífunas cinco años para presentar más pruebas. Dos semanas después de la comparecencia de Jorgenson ante el tribunal, miembro de OFRANEH y presidente del Comité de Defensa de la Tierra de Cristales y Río Negro, Vidal Leiva fue disparado frente a su casa en Trujillo (Cuffe, 2015).

Después del ataque, Leiva informó que los tres hombres armados fueron contratados para matarlo, por su participación en la defensa de la tierra garífuna (Cuffe, 2015). En octubre de 2016, en la Bahía de Trujillo, la policía hondureña acompañada de un grupo de sicarios quemó las casas de varias familias garífunas en la comunidad de Guadalupe (OFRANEH, 2016). El terreno en el que vivían estaba destinado al desarrollo del mega-turismo y a proyectos de comunidades cerradas para turistas extranjeros, por Jorgenson y Patrick Forseth de CARIVIDA (OFRANEH, 2016; Spring & Russell, 2017).

La violencia llevada a cabo por actores estatales y no estatales ha ido acompañada de la criminalización de líderes comunitarios garífunas que se oponen a los proyectos turísticos. Dado que la costa norte y el mar Caribe son rutas estratégicas de tránsito para el tráfico mundial de drogas, una de las narrativas dominantes difundidas en los medios de comunicación es sobre los esfuerzos de seguridad nacional para combatir la guerra mundial contra las drogas. Los miembros de la comunidad garífuna son acusados con frecuencia de estar involucrados en el tráfico de drogas.

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Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq

Caravana Solidaria a Nuevo San Gregorio, 1 febrero 2021

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.
A 1 de febrero del 2021.
A las Juntas de Buen Gobierno y Bases de Apoyo del E.Z.L.N.
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Al Concejo Indígena de Gobierno.
Al Congreso Nacional Indígena.
A las Redes de Resistencias y Rebeldías
A los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
A los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen.
A los medios de comunicación nacionales e internacionales.
A la opinión pública.
A la sociedad civil organizada.
Desde la caravana de solidaridad continuamos con nuestra labor en la comunidad de Nuevo San Gregorio, Municipio Autónomo de Lucio Cabañas; partiendo hoy lunes 1 de febrero del 2021 con la finalidad de garantizar la integridad de las mujeres, niños y niñas, varones Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) mientras realizan sus labores en el campo. Estos trabajos en sus tierras son de vital importancia para el autosustento de la comunidad en tanto ejercicio de su derecho a la libre autodeterminación como pueblos autónomos.
En la caravana que está integrada por organizaciones, colectivos y personas a título individual, Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, reafirmamos que nuestra misión es solidarizarnos y hacer documentación como parte del trabajo pacífico que venimos haciendo para que se respeten los derechos humanos de las BAEZLN.
La decisión de continuar con el trabajo de la Caravana es una respuesta a la necesidad de la comunidad de Nuevo San Gregorio para acompañar a las familias a que realicen en paz el trabajo en el campo, además de resguardar la integridad física y emocional de las personas de la comunidad frente a una posible agresión, así como documentar las violencias suscitadas donde las niñas, niños y mujeres zapatistas se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad. [1]
Seguimos contando con el acompañamiento, observación internacional y de derechos humanos del Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba). Este acompañamiento se dará a la vez de manera presencial y a la distancia con el objetivo de realizar un trabajo integral y continuo.
Les pedimos que estén atentas y atentos de los sucesos que puedan ocurrir durante esta caravana de solidaridad y a difundir el contenido público de los hechos ocurridos durante y posterior a la caravana.
Atentamente:
Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, A.C. (CDMCH).
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI).
Desarrollo Tecnológico y Servicios Comunitarios El Puente, S.C.
Enlace Civil, A.C.
Espacio de Lucha Contra el Olvido y la Represión (ELCOR).
Grupo de trabajo No Estamxs Todxs.
Lumaltik Herriak.
Médicos del Mundo, Suiza-México.
Memoria Viva.
Promedios de Comunicación Comunitaria A.C.
Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq.
Salud y Desarrollo Comunitario, A.C. (SADEC).
BIZILUR.
TxiapasEKIN Plataforma.
Y otros Colectivos, organizaciones y personas adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.
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Radio Kurruf

Crimen ambiental en Talcahuano: Empresa destruyó playas en península de Tumbes

Las playas conocidas popularmente como Los Lirios y El Ensueño ubicadas en la Península de Tumbes fueron detonadas con explosivos y destruidas por la empresa de extracción de áridos Santa Fe Ltda. La acción eliminó toda la flora y fauna del sector, así como la arena blanca de las playas, en donde al día de hoy sólo hay desechos rocosos. Documentos oficiales del SEA, fotografías tomadas en terreno por RESUMEN y el testimonio de vecinos y vecinas del sector afectado confirmarían la responsabilidad de la empresa en la destrucción de los ecosistemas.

Imagen muestra la situación en que se encuentran lo que antiguamente eran playas de arenas blancas, destruidas por la empresa de extracción de áridos en la Península de Tumbes, comuna de Talcahuano | Resumen.cl

Las organizaciones socioambientales de la comuna de Talcahuano Tumbes Sustentable, Coordinadora Chorera y Asamblea Ambiental de Talcahuano hicieron llegar a RESUMEN fotografías, documentos oficiales y los testimonios de vecinos y vecinas del sector los cuales aseguran que se ha perpetrado un crimen ambiental que ha pasado desapercibido por las autoridades locales y medios de comunicación.

Imagen muestra la destrucción de la flora y fauna en el lugar, dejando altamente degradado los suelos y cerros del sector, antiguamente se encontraban las playas de arenas blancas Los Lirios y El Ensueño | Resumen.cl

Una pobladora nacida y criada en Caleta Tumbes, trabajadora, mariscadora y recolectora de Algas explicó que «El lugar era mágico. Eran dos playas maravillosas, yo recuerdo cuando era niña íbamos a las castañas, habían unos castaños gigantes. Después con el tiempo salía a caminar, a andar en bote, íbamos a mariscar con las chiquillas, con otras señoras de más edad, íbamos a las ciruelas, recuerdo».

La entrevistada explicó que incluso han sido amenazados con armas de fuego cuando han intentado acercarse al terreno donde antes existían las playas, por lo que prefirió mantener en reserva su identidad.

En el rectángulo la Península de Tumbes, y en el circulo el sector de las antiguas playas destruidas por la empresa de áridos | Google Earth

Además explicó que «siempre íbamos a ahí, había harta luga, harta alga, harto marisco, caracoles, lapas, chapes, locos, de todo lo que tú quieras buscar en el mar, lo encontrabas ahí en esas piedras, en esas playas que habían ahí. También había una vertiente que llegaba al mar. Y eso todo está intervenido ahora, no existe».

Imagen aérea muestra la magnitud de la cantera de la empresa de extracción de áridos en la península de Tumbes y cómo ha afectado al ecosistema del sector, en donde incluso se pueden divisar algunos parches de bosque nativo, entre el monocultivo forestal, los que también han sido afectados | Resumen.cl

La historia comenzó en 2006 cuando fue aprobado el proyecto «Extracción de áridos Fundo Lo Alfaro» en la península de Tumbes. Algunos años después comenzaron las faenas del proyecto presentado por la empresa Maquinarias Solar y Cía Ltda., representada por el Sr. Cristian Solar Price. Lo que nadie se esperaba es que con el transcurso de los años harían estallar con explosivos las playas y cerros circundantes, eliminando una zona recreativa y de sustento económico para muchas familias.

Imagen de las antiguas playas Los Lirios y El Ensueño destruidas por la empresa de áridos, en donde actualmente no hay arena sino que piedras y desechos de la planta de extracción de áridos | Resumen.cl

Según la Declaración de Impacto Ambiental que presentó la empresa de áridos «El proyecto consiste en la explotación de una cantera de rocas intrusivas, del tipo granodioritas y microdioritas, con el objeto de producir material pétreo o áridos para ser utilizados en obras de infraestructura y construcción. Tal actividad incluye el montaje de una Planta Chancadora, con los servicios asociados».

Imagen de Caleta Tumbes. Sus habitantes solían visitar las playas destruidas para recolectar mariscos y algas, sin embargo, afirman que ya no existen por culpa de la empresa de áridos, y que además denuncian que han sido amenazados con armas de fuego al acercarse a la zona | Resumen.cl

El documento afirma que «La operación del proyecto se efectuará de acuerdo a las siguientes actividades: perforación, tronadura, selección, chancado y acopios». Agregando que «La perforación permite introducir en la masa rocosa los explosivos, los que se disponen de acuerdo a un plan previamente trazado por personal experto».

Altamente degradado se encuentra el terreno por la acción de la empresa de áridos / Fuente: Resumen.cl

Un vecino de Tumbes muy conocedor del territorio ya que se desempeña como pescador artesanal, explicó que «Toda la vida fuimos para allá, antiguamente salía harta alga ahí, harto marisco y cuando se empezó a hacer eso… una contaminación de tierra que hubo mató todo eso y como tú te diste cuenta se perdió el terreno de playa igual»

En la imagen se pueden ver camiones, maquinaria y alguna instalaciones de empresa de áridos que destruyó las playas de la zona | Resumen.cl

Además agregó «Como se vio ahora, tú te das cuenta, cuántos árboles se echan abajo, cuánta contaminación, cuánto marisco muerto, cuántas algas muertas. Ahora ya no va gente, antes iba gente a trabajar para allá».

Península de Tumbes | Arauco.org

En 2017 el proyecto cambió de empresa titular por la Sociedad Extractora y Comercializadora de Áridos Santa Fe Ltda, que tiene como representante legal a Francisco Javier Cordero Sepúlveda, como expresan documentos del SEIA.

Imagen de Parque Tumbes que busca conservar parte del ecosistema ubicado en la Península afectada por el proyecto de extracción de Áridos

Cabe destacar que en los documentos del SEIA se establece una vida útil del proyecto de 10 años, sin embargo, ya han pasado 14 desde su aprobación, lo que genera incertidumbres respecto a posibles irregularidades en este sentido.

RESUMEN intentó comunicarse con la empresa Extractora y Comercializadora de Áridos Santa Fe Ltda pero no dieron declaraciones con respecto a la destrucción de estas playas.

Además debe recordarse que en las inmediaciones se encuentra el Parque Tumbes un lugar que pretende conservar parte del ecosistema de la península que ha sido fuertemente intervenido por instalaciones de la Armada y la plantación masiva de monocultivo forestal.

Imagen de Parque Tumbes ubicado en la Península

Las zonas costeras en todo el mundo sufren impactos directos e indirectos de la acción humana, los cuales incluyen la contaminación del agua con desechos industriales o urbanos, contaminación con plástico y basura de todo tipo, procesos de cambio de uso de suelo y erosión. Esto además de la mala gestión territorial, que incluye la privatización de terrenos junto a la costa. Y todo en un contexto general de aumento del nivel del mar derivado del cambio climático.

La destrucción de esta playa es un nuevo golpe para la comuna de Talcahuano, históricamente afectada por la gran cantidad de actividades industriales contaminantes provenientes de siderúrgicas, petroquímicas, pesqueras y metalmecánicas, entre otras.

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Avispa Midia

México y las probabilidades de morir por ser ambientalista

Por Ñaní Pinto y Javier Ruiz

Fidel Heras Cruz era un campesino y ambientalista que se opuso, junto con su pueblo, a la construcción de la presa hidroeléctrica de usos múltiples denominada “Paso de la Reina”, proyectada en el estado de Oaxaca, al sur de México. Un proyecto que ha retomado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde febrero del año 2020. Este campesino fue asesinado, el pasado 21 de enero, alrededor de las 6 de la tarde, a 300 metros de la entrada a la comunidad La Esperanza, del municipio de Jamiltepec, en el mismo estado.

En un comunicado, las autoridades ejidales de Paso de la Reyna, comunidad ubicada en Jamiltepec, y el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER), del cual era miembro, denunciaron que Heras Cruz había sido amenazado en días anteriores. “El agente municipal Filogonio Martínez Merino fue alertado por la presencia de una camioneta sospechosa con dos personas a bordo en el paraje El Zanate, por lo que dio parte a la policía y pidió le acompañaran. Le escoltaron hasta llegar al poblado”, de acuerdo con el documento.

Además, en el comunicado señalaron conflictos vividos en la comunidad. Desde 2019 la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, Celia Rivas Marquez, ha insistido en ingresar al Río Verde para extraer material pétreo. Ante esta acción, la comunidad inicialmente se opuso, sin embargo, se vio obligada a suscribir un convenio de explotación.

Debido a la falta de cumplimiento del mismo, en varias ocasiones los pobladores se negaron a que continuara con la explotación del río. “La crisis más grave ocurrió en agosto de 2020 cuando la familia Iglesias y Rivas Marquez presionaron a las autoridades ejidales para aumentar el volumen de extracción sin hacer los pagos correspondientes, ni presentar ningún permiso ambiental por las afectaciones al río”, sostuvieron los ejidatarios en el documento.

El domingo 17 de enero de 2021 se celebró una asamblea de ejidatarios donde Heras Cruz rindió un informe sobre la situación de la explotación del material pétreo y del avance de la construcción del edificio que albergará la sede del comisariado. En dicha sede, de acuerdo con el comunicado, se acordó invertir los recursos de la extracción. “Algunos ejidatarios señalan que se mencionó un adeudo de más de 500,000 pesos por parte de la familia Iglesias y Rivas Marquez a la comunidad. También se mencionó que era importante que el comisariado cobrara el adeudo”, señalaron los pobladores en dicho comunicado.

Diversas Organizaciones no Gubernamentales (ONG) en México han expresado su indignación por el asesinato. La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) condenó el asesinato y exigió “una investigación a fondo y el castigo para los autores materiales e intelectuales del crimen”.

Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca también se pronunció y condenó el asesinato. Luego que el organismo tuviera conocimiento del hecho que privó de la vida al defensor del Río Verde, inició el expediente DDHPO/CA/022/(09)/OAX/2021. El órgano pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) dictar las medidas de protección necesarias a las personas que resulten víctimas directas e indirectas, para garantizar su integridad.

La hidroeléctrica

A pesar de que el mandatario de México, López Obrador, sostuvo el 20 de enero de 2020 en su conferencia matutina, que “no se construirán nuevas presas” y que “no se realizaría la presa Paso de la Reina en Oaxaca”, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció la fase siguiente de este proyecto. Es así que esta instancia de gobierno aprobó la Manifestación de Impacto Ambiental, en su modalidad regional, para la generación de energía renovable PH Río Verde, promovida por la empresa privada ENERSI S.A. de C.V.

Tras el activismo de Heras Cruz y otros ambientalistas en el proceso de defensa del Río Verde, se ganó un amparo contra el mencionado proyecto, en el cual se determinó salvaguardar 300 cuencas de aguas mexicanas, entre ellas, Paso de la Reina.

México y la probabilidad de morir por ser ambientalista

De acuerdo con datos de la Semarnat, en México existen más de 500 conflictos socioambientales, los cuáles presuponen “una confrontación entre los intereses sociales y los intereses económicos”, según esta instancia de gobierno.

La probabilidad de morir asesinado por oponerse a los intereses económicos, en México, continúa con el gobierno de López Obrador, ya que en su agenda se vienen acelerando complejos que se detuvieron por la resistencia de los pueblo ejercida contra los gobiernos que le precedieron. El inicio de su gobierno, en 2019, quedó marcado por el asesinato del campesino y ambientalista de 36 años, Samir Flores. Este indígena náhuatl se opuso, junto con su pueblo, a la construcción de la central termoeléctrica y un gasoducto en ese estado. Ambos complejos formaban parte del Proyecto Integral Morelos (PIM).

En lo que va del gobierno de López Obrador, por lo menos 20 ambientalistas han sido asesinados en México, incluso en el primer año de la pandemia del Covid-19. Hasta el 24 de septiembre se habían registrado once ambientalistas asesinados: tres en Michoacán, tres en Oaxaca, uno en guerrero. Los demás en Veracruz, San Luis Potosí y Baja California.

La situación de los pueblos en resistencia en México se puede agudizar aún más, ya que el periodo de gobierno de López Obrador casi llega a la mitad y la amplia agenda de proyectos se van acelerando conforme pasa el tiempo. Sus inversiones más ambiciosas se han enfocado hacia el sureste de México con el denominado Tren Maya y el Corredor Interoceánico, una región con una amplia presencia de pueblos originarios de este país.

 

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Congreso Nacional Indígena / Concejo Indígena de Gobierno

Pronunciamiento de la quinta asamblea entre el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno

AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL

A LOS PUEBLOS DEL MUNDO 

A LAS PERSONAS QUE LUCHAN EN LOS CINCO CONTINENTES 

HERMAN@S Y COMPAÑER@S

  

Herman@s del mundo, reciban un saludo de los que constituimos el Congreso Nacional Indígena, nosotr@s somos pueblos y comunidades que habitamos nuestras tierras y territorios desde antes que impusieron eso que le llaman Estado Mexicano, no solo tenemos nuestra propia lengua y vestimenta, sino una forma de gobierno, ver, entender y vivir el mundo diferente al mundo capitalista que ve todo como mercancía, somos pueblos que amamos la tierra, los montes, aguas, cerros,  pájaros y todo ser vivo que habita nuestra madre tierra, para nosotr@s la vida es sagrada, la veneramos. Con el tiempo los mandones, los que tienen por objeto dominar y explotar, han querido acabar con nosotr@s, destruir nuestra cultura, nuestro territorio, somos una historia de despojo, de resistencia y rebeldía y hoy, después de más de quinientos años de la conquista y guerra estamos en peligro de extinción, junto con el mundo entero.

Herman@s zapatistas, herman@s mayores, como siempre sus palabras e iniciativas generan una luz de esperanza y camino para nuestros pueblos, los megaproyectos, las empresas transnacionales, el crimen organizado y su coordinación con el gobierno nos invaden cada vez más para explotar y acabar con nuestro territorio, con la vida. Las palabras mentirosas de López Obrador y su llamada cuarta transformación pretenden crear un muro que oculte la guerra que se arrecia contra los pueblos y la vida de la madre tierra, queriendo aislarnos y presentarnos como los opositores al progreso, algo de lo que los demás gobiernos ya nos acusaban, pero que hoy cobra un sentido más destructor. Nuestra palabra, nuestra realidad, la guerra que vivimos no llega a todos los corazones a donde debe llegar, porque nosotr@s no solo defendemos nuestro territorio, con él defendemos la vida de la madre tierra y el futuro de la humanidad. Toda la fuerza del capital, el Estado y el crimen organizado está sobre nuestros pueblos, dividiéndonos, despojándonos, amenazándonos, encarcelándonos, asesinándonos.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala  que formamos parte del CNI-CIG vivimos la misma guerra de megaproyectos que viven nuestros herman@s en todo el territorio nacional, el Proyecto Integral de Muerte llamado Proyecto Integral Morelos se impone para beneficiar principalmente a las empresas mineras, por encima de la legalidad, desconociendo y violando recursos de amparo, ocupando la Guardia Nacional para concretar la construcción del acueducto y la imposición de consultas indígenas que violentan nuestros derechos fundamentales, las investigaciones del asesinato de Samir, lejos de esclarecerse evidencian la relación que hay entre la Fiscalía del Estado y el crimen organizado, en resumen, vivimos la misma guerra de exterminio que el resto de nuestr@s compañer@s del CNI y de otros pueblos, ciudades y sectores herman@s. Sin embargo, el ataque del gran capital y el gobierno y el asesinato de nuestro hermano Samir, no acaba con nuestra resistencia, al contrario, seguiremos luchando hasta que triunfe la vida sobre la muerte, con nuestras armas más poderosas: la dignidad, la resistencia y la rebeldía.

La imposición del Tren Maya, que va aparejado de la construcción de 15 centros urbanos, del Corredor Interoceánico Salina Cruz-Coatzacoalcos, que contempla 10 corredores urbano-industriales, y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México-Parque Ecológico Lago de Texcoco, junto con el Proyecto Integral Morelos buscan el reordenamiento del país de acuerdo a los intereses económicos del gran capital. Del mismo modo es muy grave el proyecto de construir, para beneficio de diversas empresas extranjeras, tres termoeléctricas -una de ellas ya está concluida-, una red de gasoductos y una megacentral para almacenar combustibles en la cuenca del Río Santiago, al sur de Guadalajara, lo que adicionalmente ocurre en una de las regiones más contaminadas del país; a lo que habría que agregar el proyecto Canal Centenario, actualmente ejecutado por la Guardia Nacional, que en Nayarit pretende trasvasar los ríos San Pedro y Santiago. La minería a cielo abierto amenaza del mismo modo a cientos de territorios de pueblos indígenas ocupando la misma fórmula de división, despojo y destrucción de nuestras comunidades.

Todos estos proyectos están precedidos de infraestructura carretera e hidráulica, numerosos parques eólicos y fotovoltáicos, así como hidroeléctricas, termoeléctricas y gasoductos que invaden ilegalmente los territorios de nuestros pueblos y muchos no cuentan tan siquiera con autorización en materia de impacto ambiental; contemplan la ocupación de miles y miles de hectáreas y el cambio en los usos de suelo de ejidos, comunidades y pueblos indígenas, sin tomar en cuenta la libre determinación de los pueblos sobre su territorio.

Estos grandes megaproyectos y todo el despojo y la explotación provocado por el modelo extractivista del gobierno federal, están siendo protegidos mediante la militarización del país entero y de la seguridad pública, que ahora con las palabras falsas de López Obrador ha avanzado cuando en gobierno anteriores, gran parte de la sociedad se oponía, sin que desaparezca el antecedente y situación real de que los cuerpos militares son violadores sistemáticos de los derechos humanos y se coluden fácilmente con el crimen organizado. La guerra contra los pueblos para imponer los megaproyectos es tan clara, que a los militares se les están asignando obras como el Tren Maya o el Aeropuerto de Santa Lucía, proyectos a los que nos oponemos rotundamente.

En todo este proceso de recolonización de nuestros territorios, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, una imposición más del mal gobierno de la Cuarta Transformación, ha estado cumpliendo las tareas que llevaba a cabo el viejo indigenismo del régimen priista: mediatizar, manipular, fragmentar, dividir a nuestros pueblos y comunidades; sirviendo al capataz en turno para convalidar sus megaproyectos, prestándose para falsas ceremonias oficialistas que ofenden a nuestra Madre Tierra y participando en estrategias contrainsurgentes y de la llamada “ingeniería de conflictos”. Frente a ello la comunidad otomí que reside en la Ciudad de México ha tomado las instalaciones de este Instituto para demandar más allá del derecho legítimo a la vivienda, el respeto y reconocimiento a la autodeterminación de los pueblos sobre su territorio.

La pandemia del Covid-19 ha venido, como dijo el gobierno mentiroso de López Obrador, “como anillo al dedo” para la imposición de los megaproyectos y la militarización del país, estando la mayor parte de la población desmovilizada, a su vez, la pandemia contribuye a la guerra de exterminio contra nuestros pueblos, donde los servicios de salud y la capacidad económica son muy escasas y en muchos casos  nulas.

Vemos que se trata de una crisis global y civilizatoria nunca antes vista que obliga a la humanidad entera a destruir este actual sistema capitalista y patriarcal, responsable de la destrucción de la naturaleza y que se basa en la explotación y el despojo, cada vez más crecientes, de millones y millones de seres humanos. Sistema que para generar ganancias y riqueza se apoya en el crimen organizado, en las guerras y en las epidemias y pandemias.

Por eso es que como Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno y como Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, reunidos en esta QUINTA ASAMBLEA ENTRE EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Y EL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO, tomamos los siguientes

ACUERDOS

UNO.- SUSCRIBIMOS LA DECLARACION POR LA VIDA REALIZADA POR EL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL, PUEBLOS, ORGANIZACIONES, COLECTIVOS Y PERSONAS DEL MUNDO. COMPROMETIÉNDONOS A FORTALECER NUESTRAS LUCHAS EN DEFENSA DE LA VIDA EN NUESTROS TERRITORIOS Y ABRIENDO LA ESCUCHA, LA ORGANIZACIÓN Y LA PALABRA CON NUESTR@S HERMAN@S DE MEXICO Y EL MUNDO QUE LUCHAN CONTRA ESTE SISTEMA CAPITALISTA Y PATRIARCAL CON EL OBJETIVO DE DESAPARECERLO.

DOS.- PARTICIPAR DE MANERA DIRECTA, CONFORME LOS CRITERIOS ACORDADOS EN ESTA ASAMBLEA, CON UNA DELEGACIÓN DEL CNI-CIG Y FPDTA-MPT, EN CONJUNTO CON EL EZLN, EN LA GIRA POR EUROPA PROPUESTA POR NUESTR@S HERMAN@S Y COMPAÑER@S DEL EZLN Y EL MUNDO EN LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DE 2021 Y, EN LA MEDIDA DE NUESTRAS POSIBILIDADES, EN LAS QUE SE REALICEN CON POSTERIORIDAD EN ASIA, AFRICA, OCEANIA Y AMERICA.

TRES.- REALIZAR ACCIONES POR LA VIDA, CONTRA LOS MEGAPROYECTOS Y EN MEMORIA DE NUESTRO HERMANO SAMIR FLORES SOBERANES DEL 19 AL 21 DE FEBRERO, CUMPLIÉNDOSE DOS AÑOS DE SU COBARDE ASESINATO. REALIZANDO UN LLAMADO A NUESTROS HERMAN@S Y COMPAÑER@S EN MEXICO Y EL MUNDO A QUE REALICEN ACCIONES EN ESTAS FECHAS.

CUATRO.- EXIGIMOS EL CESE AL ATAQUE Y HOSTIGAMIENTO A LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS, LA INMEDIATA LIBERTAD DE NUESTROS HERMANOS FREDY GARCÍA RAMÍREZ, VOCERO DE LA ORGANIZACIÓN CODEDI DE OAXACA, Y DE FIDENCIO ALDAMA, MIEMBRO DE LA TRIBU YAQUI; ASÍ COMO LA LIBERTAD DE NUESTROS HERMANOS ADRIAN GOMEZ JIMENEZ, GERMAN LÓPEZ MONTEJO Y ABRAHAM LÓPEZ MONTEJO, INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN LA VOZ VERDADERA DEL AMATE, MARCELINO RUIZ GOMEZ, INTEGRANTE DE VINIKETIK EN RESISTENCIA, ASÍ COMO DE OSMAN ALBERTO ESPINALES RODRÍGUEZ Y PEDRO TRINIDAD CANO SANCHEZ, QUIENES SE ENCUENTRAN INJUSTAMENTE PRESOS EN LOS CENTROS CARCELARIOS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Y COMITÁN, CHIAPAS, ALTO AL ASESINATO DE NUESTROS HERMANOS DEL CIPOG-EZ, LA PRESENTACIÓN CON VIDA DEL HERMANO SERGIO RIVERA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ORGANIZACIÓN MAIZ EN LA SIERRA NEGRA DE PUEBLA, DE LOS 43 ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA Y DE TODOS LOS DESAPARECIDOS Y DESAPARECIDAS.

 

ATENTAMENTE

Enero de 2021.

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos

Nunca Más Un México Sin Nosotros

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA/CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL AGUA MORELOS, PUEBLA, TLAXCALA

radio
Radio Kurruf

«Por la defensa de los DDHH y la libertad», convocan a un marzo de Rebeldía Popular y Mapuche

Las organizaciones abajo firmantes, con el desafío de generar las presiones populares necesarias y contundentes para que el Indulto General por la libertad de los(a) Prisioneros(a) Políticos(a) de la Revuelta se concrete a la brevedad, convocamos y llamamos al pueblo de Chile, al pueblo mapuche y a la solidaridad internacional a lo siguiente:

1.- El debate parlamentario respecto al indulto general se ha dilatado más de la cuenta, quedando trabado en las burocracias y tiempos del hemiciclo, lo cual puede continuar si es que no se genera un contrapeso efectivo desde lo popular. La exigencia de libertad es de carácter urgente, la creación de la Prisión Política es de responsabilidad directa de la democracia y la solución política de ello debe ser concretada a la brevedad, tres aspectos medulares que deben quedar con claridad y contundencia incrustadas en el escenario nacional.

2.- Es inaceptable éticamente que la democracia quiera proseguir con su tren de elecciones para buscar su anhelada normalidad, con la abierta y flagrante violación sistemática de los Derechos Humanos en nuestro país, lisa y llanamente dicha decisión, del todo errada, es construir un país con pilares efímeros y que sólo procuran asegurar la repartija de poderes e instalación de procesos del todo alejados de nuestro Pueblo. No puede haber elección alguna que pretenda validez ética si en el Chile democrático del hoy, cuenta con una de las prisiones políticas más cuantiosas del mundo.

3.- Es en este marco, es que llamamos a que se fije un horizonte de presión en ofensiva hasta el próximo 11 de abril (día de las elecciones), que permita colocar la celeridad correspondiente a la tramitación legislativa como en apurar los procesos de exigencia de la libertad y también la defensa de los DDHH de los Pueblos. En octubre se abrió un tramo para la libertad producto del bregar de todo un año y el cual culmina en abril próximo, es el momento propicio para hacer de marzo un mes de lucha que cualifique e intensifique nuestras propias prácticas para que el abrazo con la libertad sea lo antes posible.

4.- Por ello:

– Convocamos a que el 1 de marzo sea el “Súper lunes” por la libertad de los(a) Prisioneros(a) Políticos(a). Llamamos a nuestro pueblo a que haciendo uso de lo que se tenga y en donde se pueda, aquel día sea un día de protesta popular. Llamamos al estudiantado popular para que aquel día, donde el gobierno intenta de iniciar la locura de las clases presenciales, se movilicen por sus justas demandas como también por la libertad de los(a) Prisioneros(a) Políticos(a) de la Revuelta.

– Llamamos a las organizaciones de mujeres populares del país y del extranjero a que en las conmemoraciones del 8 de marzo se haga presente la realidad de la Prisión Política de nuestro país y la violación sistemática de los DDHH, resaltando la realidad que le ha tocado vivir a centeneras  de mujeres populares por hacer uso del legítimo derecho de luchar por un país totalmente distinto.

– Convocamos al Pueblo de Chile, al Pueblo Mapuche y a la solidaridad internacional, a darle vida a la jornada de Protesta Popular y Mapuche por la Defensa de los DDHH y libertad de los Pueblos para el próximo 18 de marzo. Que en un nuevo mes de Aniversario de la Revuelta, el mundo entero sepa – por la osada insolente de la Protesta extendida en todos los rincones del País y solidarizada en el extranjero – que en Chile existen Prisioneros(a) Políticos(a), se violan sistemáticamente los Derechos fundamentales de los Pueblos y que sus Pueblos se alzan por la dignidad y la justicia.

– Llamamos a que las protestas del 29 de marzo, día del joven combatiente, aparte de conmemorar los hechos nefastos ocurridos, este año también sea convocante para exigir la libertad de la juventud popular combatiente en Prisión de nuestro país.

5.- Llamamos a que los Prisioneros(a) Políticos(a) de la Revuelta a que tengan un mayor protagonismo. Hoy más que nunca se necesita de su actitud de lucha, demostrada con creces en las calles durante la Revuelta. Marzo debe estar impregnado de aquella fuerza.

6.- Llamamos a las Centrales de trabajadores, sindicatos, federaciones y voluntades del mundo del trabajo a que se manifiesten con contundencia en la jornada de movilización del 18 de marzo y que se hagan presente en las exigencias del Pueblo de Chile, que dejen de ser meros espectadores(a). Chile tiene que parar el 18 de marzo; Chile tiene que parar contra la impunidad exigiendo juicio y castigo para los responsables de las violaciones de DDHH; Chile tiene que parar exigiendo la libertad de los(a) Prisioneros(a) Políticos(a).

Enero 2021

·         Agrupación de Familiares de Prisioneros Políticos La Granja

·         Agrupación de Familiares de Prisioneros Políticos Santiago 1

·         Agrupación de Familiares y Amigos de Prisioneros Políticos Guacoldas

·         Familiares Caso UDEC, Concepción

·         Organización de Familiares y Amigxs de Prisionerxs Políticxs (OFAPP)

·         Coordinadora 18 de Octubre Austral

·         Red Austral anti carcelaria feminista

Imagen de portada @josemiguelaraya

 

radio

Pueblo maya tseltal del municipio de Chilón emprende batalla legal contra la militarización de su territorio

  • El pueblo tseltal pide protección de la justicia federal ante la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional y pide a la Fiscalía General del Estado de Chiapas se desista del ejercicio de la acción penal en contra de José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano quienes fueron reprimidos y criminalizados por manifestarse en contra de dicho proyecto.
  • El pueblo tseltal llama al Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez a ordenar la suspensión definitiva para evitar el riesgo de que se consolide un daño irremediable a sus derechos colectivos ante la continuación de la construcción del cuartel.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas y Ciudad de México. 27 de enero del 2021. El día de hoy representantes del pueblo maya tsetal del municipio de Chilón, Chiapas, acompañados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) anunciaron la admisión de la demanda de amparo que interpusieron por la construcción impuesta de un Cuartel General de la Guardia Nacional en su territorio, sin que hayan sido consultados previa, libre y adecuadamente para otorgar o no su consentimiento.

No es la primera vez que el pueblo tseltal de Chilón vive los impactos de la militarización de sus territorios; particularmente, durante la época del conflicto armado en el estado de Chiapas, cuando en 1995 se instaló en su territorio un cuartel del Ejército, el cual no fue retirado sino hasta el año 2007 después de años de una resistencia organizada por parte de la comunidad.

Trece años después, específicamente en el mes de octubre de 2020 los habitantes del municipio de Chilón se enteraron por medios de comunicación sobre el acuerdo entre autoridades municipales, estatales y federales (incluyendo a la Secretaría de la Defensa Nacional-SEDENA), para ceder un terreno dentro de su territorio para la construcción de un Cuartel que albergará a la Guardia Nacional.

Ante esta información el día 15 de octubre de 2020 decidieron ejercer su derecho a la manifestación, que encontró como respuesta un despliegue de más de 300 elementos de diversas corporaciones de seguridad, que con el objetivo de detener la movilización hicieron un uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes. En el desalojo fueron dañados vehículos particulares y varias personas heridas; además de la incomunicación y posterior privación de la libertad de los señores José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, quienes actualmente enfrentan de manera injusta un proceso penal en libertad, por el delito de motín.

Posterior a los hechos de represión y conociendo los impactos que los proyectos militares pueden tener en su vida comunitaria, el pueblo maya tseltal se organizó para iniciar un proceso legal por medio de una comisión nombrada en su asamblea tradicional. Dicha estrategia consistió en la presentación de una demanda de amparo que fue admitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el pasado 9 de diciembre de 2020, bajo el número de expediente 717/2020.

Dicha demanda de amparo, denuncia que la licencia y la construcción del Cuartel se trata de una imposición de un proyecto de militarización que viola los derechos del pueblo maya tseltal del municipio de Chilón a la consulta previa, adecuada, libre e informada, a la autodeterminación, al territorio, al acceso a la información, entre otros derechos protegidos por la Constitución Mexicana, así como por los tratados internacionales de los que México es parte, incluyendo la Convención Americana de Derechos Humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esto, ya que para el pueblo maya tseltal del municipio de Chilón es claro que la Guardia Nacional se trata de un cuerpo de seguridad de facto militar, más allá de que se haya concebido como un cuerpo civil; por lo que el proyecto del cuartel no debió de haberse concebido sin ser consultado con el pueblo maya tseltal debido a que el mismo tendrá afectaciones directas en su derecho a la libre determinación, a la protección de su territorio el cual constituye parte fundamental de su armonía comunitaria y respeto a su identidad. De la misma manera, la presencia de los cuerpos de seguridad militarizados en la zona temen que se fomente la prostitución como ocurrió en el pasado, se acentúe el alcoholismo como medidas de control y división comunitaria.

A pesar de que se expusieron diversos argumentos y contundentes para el que se evitará causar daños irreparables al territorio del pueblo maya tseltal por los cuales el Juzgado Cuarto de Distrito debió ordenar la suspensión de oficio y de plano, sinembargo, el Juez la negó. Por lo que este viernes 29 de enero el Juzgado Cuarto de Distrito tiene una nueva oportunidad para declarar la procedencia de la suspensión definitiva, permitiendo que el pueblo maya tseltal cuente con la seguridad de que su territorio y sus derechos colectivos no se verán permanentemente afectados hasta en tanto no se resuelva el juicio de amparo aludido.

Contacto para prensa:

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C

Comunicación

Narce Santibáñez Alejandre

5585312218

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C

Comunicación

Azalia H. Rodríguez

9671356978

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Pueblo maya tseltal del municipio de Chilón emprende batalla legal contra la militarización de su territorio.

radio
Prensa comunitaria

San Mateo Ixtatán: se aplaza proceso penal en contra de una autoridad indígena del pueblo Chuj

Por Nelton Rivera y Palas Luín

Este martes, el juez contralor, Alberto Calmo Ramírez, atendió y aceptó la solicitud del Ministerio Público (MP) y de la defensa de Julio Gómez para dar un plazo para que pudieran llegar a un acuerdo con los demandantes. La petición fue aceptada por Heriberto Alfonso Ortíz, abogado de la empresa Generadora San Mateo y del abogado José Estuardo Luna Santos abogado de los demandantes.

La audiencia de etapa intermedia se realizó en el Centro de Administración de Justicia (CAJ), en el municipio de Santa Eulalia a dos horas de camino de San Mateo Ixtatán, de donde es originario Gómez. La cita estaba programada para las 9:00 de la mañana, fue breve, y aunque con 20 minutos de retrasó duró 10 tan solo minutos.

Gómez tiene abierto un proceso penal por los delitos de instigación a delinquir, reuniones o manifestaciones ilícitas y agrupaciones violentas. El 26 de enero de 2020 Julio Gómez Lucas fue detenido en la carretera de San Mateo Ixtatán rumbo a Huehuetenango, un juez resolvió iniciar un proceso acusado de participar en una manifestación pacífica en la microrregión de Ixquisis el 19 de junio de 2018.

“Me están acusando por una manifestación, cuando las autoridades comunitarias de Ixquisis entregaron un memorial en el destacamento militar pidiendo el retiro de los soldados. Ese lugar está a 43 kilómetros de distancia de dónde yo vivo, no estuve en ese lugar y estoy en la parte centro de San Mateo”, expresó Gómez.

Un año después, el juez acepta la propuesta de la defensa de Gómez y del fiscal del Ministerio Público (MP), de aplazar la audiencia para que las partes alcancen un acuerdo y reconciliación a través de una salida alterna y así evitar continuar con el proceso penal.

A la audiencia asistieron los demandantes Amílcar Emilio Felipe y Andrés Francisco Mateo, asistidos por Luna Santos, quien presidió la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH), durante el gobierno de Jimmy Morales en 2006.

Emilio Felipe y Francisco Mateo forman parte de la oenegé 13 Democracia, quienes han externado su afinidad por la construcción de hidroeléctricas en el área. Esta organización forma parte del “Consorcio por la Paz, el Desarrollo y la Cultura”, firmante de un acuerdo entre la empresa y el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei y el vicepresidente Guillermo Castillo Reyes al que llamaron “Diálogo”, un día antes de la detención de Gómez. Guatemala, ironía a granel: exguerrilleros operadores políticos de las hidroeléctricas.

A Gómez lo acompañaron los abogados Rudy Juárez, Luis Felipe López, Pedro Robel Toledo y Natalio Rivera, los tres del bufete de a bogados Maya Q’anjob’al, también llegaron familiares y autoridades comunitarias de otros municipios.

“Quiero saludar a quienes me escuchen en esta entrevista, confiamos en la justicia, en que esta sea transparente y logre encontrar la armonía, vemos que hay que defender la vida y los bienes naturales. Confío en el Ajau, a la vida, por la razón de haberse suspendido esta audiencia”, expresó Gómez Lucas.

En San Mateo Ixtatán, un municipio del norte de Huehuetenango, conviven distintos pueblos, mayoritariamente el pueblo chuj, q’anjob’al y mestizo. Julio Gómez Lucas, es un empresario Chuj que por su liderazgo asumió la representación de miles de personas que decidieron rechazar la actividad de empresas como Promoción de Desarrollo Hídricos SA (PDHSA) y la empresa Energía y Renovación S.A. Es el coordinador del Gobierno Plurinacional del pueblo chuj y uno de los principales dirigentes del partido político Winak en ese municipio.

Este no es el primero de los agravios por los que pasa Gómez, en 2019 fue retenido contra su voluntad, fue secuestrado junto a su esposa mientras entregaba materiales para la construcción en una comunidad de San Mateo Ixtatán, durante su secuestro un grupo de personas le recriminaron su oposición contra las hidroeléctricas, amenazándolo de muerte de continuar con esa oposición. Secuestraron y torturaron a Julio Gómez autoridad ancestral Chuj de San Mateo Ixtatán.

Lea más:

https://www.prensacomunitaria.org/2020/01/un-dia-despues-de-la-visita-de-giammattei-a -san-mateo-ixtatan-detienen-a-julio-gomez-autoridad-del-gobierno-plurinacional-de-la-nacion-chuj-en-san-mateo-ixtatan/

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