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Tierra y Territorio

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Congreso Nacional Indígena

Acción urgente. Denuncia de agresiones y detención arbitraria contra integrantes del Congreso Nacional Indígena en Ocosingo, Chiapas

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Ocosingo, Chiapas, México.

15 de febrero de 2021

Al pueblo de México

A las organizaciones defensoras de los derechos humanos

A los medios de comunicación

Al Congreso Nacional Indígena y su Concejo Indígena de Gobierno

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional

Nosotros, compañeros en resistencia JOSÉ ESPINOZA GÓMEZ, JOSÉ ALFREDO ESPINOZA PÉREZ, JUAN ESPINOZA PÉREZ, MARIO ESPINOZA PÉREZ, CARLOS HERNANDEZ MÉNDEZ, JUAN RAMON GUTIÉRREZ ESPINOZA Y MIGUEL ESPINOZA HERNÁNDEZ, de las rancherías Jolmuc’ulha y Taquinton, perteneciente al ejido Peña Limonar, municipio de Ocosingo, Chiapas, y miembros del Congreso Nacional Indígena. Denunciamos enérgicamente la detención arbitraria e injusta de nuestros compañeros Fernando Espinoza Pérez y Baldemar Espinoza Pérez, presos injustamente en el cereso 16 de Ocosingo, llevados a esta instancia por autoridades ejidales, derivado de los hechos que se suscitaron el día 10 de febrero del año en curso, cuando nuestros compañeros antes mencionados junto a Miguel Espinoza Hernández salieron del ejido El Tumbo, municipio de Ocosingo, hacia la ciudad de Palenque en una camioneta Nissan cargada con 25 bultos de café orgánico para su venta, a la altura del crucero Peña Limonar les bloquearon el paso un grupo de cincuenta personas que portaban armas de fuego, palos y machetes, liderados por Manuel López Gutiérrez, Juan Gutiérrez Cruz, Narciso Gutiérrez Pérez y Pedro Hernández Jiménez, presidente del comisariado, concejo de vigilancia, secretario del comisariado y agente auxiliar municipal, valiéndose de una tabla con clavos que atravesaron en el camino obligaron a detener el vehículo en el que viajaban, con lujo de violencia y abuso de autoridad fueron esposados, haciendo uso excesivo de la fuerza los trasladaron al ejido Peña Limonar, donde fueron violentamente agredidos por policías rurales, dichas autoridades abusando de su poder les quitaron su café, dinero y pertenencias, posteriormente fueron remitidos a la cárcel municipal de Ocosingo donde se encuentran actualmente en condiciones de vulnerabilidad.

Este acto totalmente violatorio de los derechos humanos, no es un hecho aislado, es la consecuencia de una constante e ininterrumpida guerra de baja intensidad contra las comunidades en resistencia que viene siendo operada desde 1994, pues esta agresión se inscribe a una serie de violaciones de derechos humanos, detenciones injustas, ataques armados a nuestras casas, tala ilegal de árboles, robo de madera, incursiones armadas a nuestros trabajaderos, con la actuación y protección de las autoridades ejidales, que desde hace más de diez años han trastocado la paz y la vida colectiva comunitaria, dichas acciones evidentemente reflejan una agudización de los conflictos y hostilidades hacia las comunidades zapatistas y del Congreso Nacional Indígena, que apuntan hacia el despojo de nuestro territorio.

Ante este escenario de violencia, nos manifestamos y hacemos responsables a los tres niveles de los malos gobiernos de la integridad física y psicológica de nuestros compañeros presos, así como la de sus familias y de quienes integramos la organización.

Exigimos la liberación inmediata de nuestros compañeros, reparación de los daños ocasionados, así como se investigue y castigue a los responsables de tales abusos e injusticias cometidas.

¡ALTO AL HOSTIGAMIENTO Y AGRESIÓN EN TERRITORIOS INDÍGENAS!

¡LA TIERRA ES DE QUIEN LA TRABAJA!

¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!

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Avispa Midia

Monsanto es enjuiciada por fabricar ‘agente naranja’, responsable por millones de víctimas en Vietnam

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Por Eugenia López

Entre 2,1 y 4,8 millones de vietnamitas estuvieron expuestos directamente al químico cancerígeno. Otros millones más de personas fueron contaminadas indirectamente a través de la cadena alimentaria y de la leche materna. La previsión es de que hasta mayo se tenga un resultado del juicio

“Soy hija del Mekong, del colonialismo y de la guerra, hija de una tierra mágica y envenenada”, resume Tran To Nga en su libro intitulado Mi tierra envenenada. Esta franco-vietnamita de 78 años está a la raíz de un juicio que empezó el 25 de enero pasado en Francia, contra catorce de las empresas – incluyendo a Monsanto (hoy propiedad de Bayer) y Dow Chemical –  responsables de haber fabricado y vendido al gobierno de Estados Unidos el “agente naranja”, un potente químico herbicida utilizado por el ejército estadounidense como parte de su programa de guerra química durante la Guerra de Vietnam.

Se estima que entre 1961 y 1971, 80 millones de litros de herbicidas han sido arrojados al territorio vietnamita, con el objetivo de destruir los bosques donde se refugiaban los combatientes del Viet-Cong, así como destruir los cultivos y dejar hambrientos al pueblo y los rebeldes.

El 20% del suelo de Vietnam del Sur recibió, según estimaciones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, entre 170 y 500 kilogramos de dioxina pura, el compuesto químico más peligroso del agente naranja, clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como sustancia cancerígena. La molécula, que perdura en los organismos a largo plazo, también es conocida por provocar afecciones cutáneas, digestivas, nerviosas y cardiovasculares, así como diabetes.

Millones de víctimas

Según un estudio publicado en el 2003, entre 2,1 y 4,8 millones de vietnamitas estuvieron expuestos directamente al “agente naranja”, además de miles de camboyanos, laosianos, civiles y soldados estadounidenses y sus diversos aliados. Otros millones más de personas fueron contaminadas indirectamente a través de la cadena alimentaria y de la leche materna

El “agente naranja” no sólo devastó la salud de quienes vivieron la guerra, sino también la de sus descendientes: los efectos de la intoxicación se sienten hoy hasta la cuarta generación: al menos 100.000 niños tienen graves anomalías congénitas. “Si pudiera invitar a los jueces y abogados de las empresas a verlos, no tendrían más valor para defender a los delincuentes”, expresó Tran To Nga.

De hecho, ella es una de las víctimas. Sufre de nódulos subcutáneos, así como de diabetes, cloracné, una enfermedad genética de la hemoglobina, y una malformación cardíaca transmisible. Todas estas enfermedades están en la lista de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, establecida en 1996, de condiciones asociadas a la exposición al agente naranja. En cuanto a sus hijas y nietas, todas tienen problemas de salud similares y su primera hija murió en 1969 por una malformación cardíaca.

Ecocidio

Además de sus terribles efectos sobre la salud, según datos de la Unesco, el herbicida contaminó a  400 mil hectáreas de tierras agrícolas, 2 millones de hectáreas de bosques y 500 mil hectáreas de manglares, lo que representa el 20% de los bosques de la zona sur del país.

A esto se suma la destrucción de más de un millón de hectáreas de bosque tropical y la desaparición de una abundante fauna: elefantes, tigres, rinocerontes, antílopes, pájaros, serpientes, mariposas y una multitud de insectos. La defoliación de grandes árboles perturbó los complejos ecosistemas, provocando la destrucción de la vegetación. En cambio, el bambú y los pastos altos llamados “pastos americanos”, invadieron los suelos empobrecidos.

Además, como lo argumentó André Bouny en su ensayo Agente Naranja, Apocalipsis Vietnam, estas destrucciones tuvieron un impacto desastroso sobre la población al destrozar su conexión espiritual con la naturaleza: “El doble trauma que sufren las familias es aún más considerable si se toma en cuenta que se enfrentan a una gran pérdida de sentido, ya que los espíritus de los bosques y de los ríos, de las plantas y de los animales sagrados desaparecieron, destruidos por el agente naranja que también destruyó su representación del mundo”.

Impunidad selectiva

En Estados Unidos, las víctimas militares del “agente naranja” ya han sido indemnizadas. En la década de 1980, Monsanto y otras 6 empresas productoras de herbicidas fueron condenadas a pagar 180 millones de dólares a un fondo de compensación destinado a los soldados nacionales. En 1999, cerca de 16.000 veteranos emprendieron acciones legales individuales reclamando el equivalente a 3.400 millones de euros en daños económicos. Sin embargo, cuando, en 2004, víctimas vietnamitas agrupadas en la Asociación Vietnamita de Víctimas del Agente Naranja / Dioxina (Vava) decidieron demandar a 11 fabricantes de herbicidas antes los tribunales estadounidenses por Crimen de Lesa Humanidad y Crimen de Guerra, basándose en el protocolo de Ginebra de 1925, el cual prohíbe el uso de armas químicas, recibieron una serie de decisiones negativas. Los jueces determinaron que un herbicida no era veneno según el derecho internacional.

Una lucha incansable

Las injusticias han alimentado los ánimos de Tran To Nga para luchar por la verdad. A pesar de los años, nunca consideró darse por vencida. “Aunque estoy cansada, sigo luchando por los millones de otras víctimas”, expresó.

Seis años después de que interpusiera su demanda en 2014 ante el tribunal de Evry, su lugar de residencia en Francia – y después de que su audiencia fuera aplazada 19 veces -, el pasado lunes 25 de enero, por fin, pudo enfrentar a algunos de los responsables de la tragedia y su veintena de abogados.

Ese día, las empresas estadounidenses sacaron su armada de abogados para desarrollar sus argumentos durante casi cuatro horas, basando su línea de defensa en tres pilares: primero, impugnar la jurisdicción de los tribunales franceses y solicitar la inmunidad de jurisdicción, luego cuestionar la condición de víctima del “agente naranja” de la denunciante. Finalmente, trataron de demostrar que las empresas solo obedecieron las órdenes del Estado estadounidense en tiempo de guerra.

A principios de la década de 1960, bajo la presión del gobierno de los Estados Unidos, los fabricantes entregaron cantidades gigantescas de productos al ejército en un corto período de tiempo, descuidando las precauciones destinadas a eliminar las impurezas tóxicas de fabricación.

Sin embargo, existen pruebas de que las decisiones tomadas por los fabricantes fueron en plena libertad y conocimiento de la peligrosidad del producto que estaban vendiendo, como lo demuestra una nota interna confidencial de Dow Chemical del 1965, año del primer uso del “agente naranja” en Vietnam, en la cual viene escrito “esta sustancia es extraordinariamente tóxica y tiene un enorme potencial en términos de generación de cloracné y enfermedades sistémicas”.

Un juicio histórico

Para la abogada francesa Amélie Lefebvre, “este es un juicio histórico, porque la prioridad es obtener una decisión judicial que reconozca por
primera vez la responsabilidad de las empresas estadounidenses hacia las víctimas. Si ganamos esta ronda, podría sentar un precedente legal en el que otras víctimas podrían confiar para iniciar otros procedimientos, en Francia o en otros lugares”.

La decisión del tribunal es esperada para el próximo 10 de mayo. Y cualquiera que sea el veredicto, lo más probable es que de lugar a una apelación, ya sea de las empresas que no pueden permitirse perder, o de Tran To Nga, quien no tiene nada más que perder.

“La pelea acaba de empezar (…) Mi nombre empieza a ser conocido, pero yo solo soy un polvito, hay que hablar de todas las personas que luchan en silencio. Para ganar contra esas empresas millonarias, muy poderosas, necesitamos miles de seguidores. (…) Mi salud es cada vez más frágil, pero vamos avanzando, paso a paso. Sé que después de la audiencia pueden haber solicitudes de peritajes médicos, segundas opiniones, posiblemente apelaciones … Todavía tenemos batallas que librar y me estoy preparando para ellas ”, confiesa la franco-vietnamita.

Con información de Politis, Reporterre y Mediapart.

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Avispa Midia

(Español) Estudio de la UNAM comprueba que metales pesados provocan mutación genética

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Por Sare Fabres

Una investigación de la Facultad de Ciencias (FC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) vincula la mutación genética en moscas de fruta y el agua contaminada por metales pesados – aluminio, cobre y zinc -,  de la presa La Estanzuela, que abastece a los municipios de Pachuca y Mineral del Chico, una zona históricamente minera en el estado de Hidalgo. “Los resultados indican que el agua de la presa es genotóxica, capaz de inducir mutaciones en el modelo biológico”, señaló Alejandra del Rocío Rivera Estrada, una de las cuatro jóvenes científicas que llevaron a cabo la investigación.

De acuerdo con Ana Cecilia Luis, que también participó de la investigación, “si a ella [la mosca de fruta] esta agua la mutó implica que, a nosotros, como seres humanos, que tenemos muchas homologías genéticas con la mosca de la fruta, nos producirá un nivel de genotoxicidad; aunque aún es necesario averiguar de qué manera”, explicó. De acuerdo con los datos obtenidos, “es muy claro que afecta, solo habría que ver exactamente qué enfermedad o efectos tendría en la salud humana”, añadió.

Además de Cecilia Luis y Rivera Estrada, Elena Flores Callejas, María Fernanda Olivares Flores, todas alumnas de la carrera de Biología de la FC participaron del proyecto ¿El agua contaminada puede ocasionar mutaciones en los genes?, investigación que se originó en el Laboratorio de Genética y Evolución de la FC, con la asesoría de la académica Diana Patricia Ascencio Gorozpe. La investigación obtuvo el primer lugar en el concurso Expociencias CDMX 2020, en el área de biología.

Por la obtención del primer lugar en Expociencias CDMX 2020 representarán a la UNAM y a México en la International Science and Invention Fair (ISIF) 2021, que se efectuará en Indonesia en noviembre próximo.

A su vez, María Fernández Olivares expuso que existe evidencia de la contaminación de la presa en un estudio, por la presencia de distintos compuestos químicos. No obstante, sus efectos en modelos biológicos han sido poco estudiados, y precisamente “eso fue lo que hicimos con Drosophila melanogaster”.

Para este estudio las universitarias aplicaron el ensayo de mutación y recombinación somática (SMART, por sus siglas en inglés) en el organismo de la mosca de la fruta, lo cual permitió evaluar la existencia de los metales.

Las jóvenes científicas efectuaron tres muestreos del agua superficial y profunda en diferentes épocas del año, de la presa ubicada en el municipio de Mineral del Chico. A partir de las muestras del agua realizaron el ensayo empleando dos cruzas del insecto. “Drosophila tiene marcadores genéticos localizados en sus alas, y si éstos se alteraban al someter a la mosca de la fruta a esa agua, implicaba que en esa presa existe un potencial genotóxico”, explicó Alejandra del Rocío Rivera Estrada. Esta hipótesis de las alumnas fue comprobada por los resultados del estudio.

Con informaciones de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM.

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Mujeres y la Sexta

Campaña contra la política feminicida en Turquía y el Mundo

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Campaña Contra la política feminicida en Turquía y el Mundo

#AltoPoliticaFeminicida

#JuicioAErdoganPorFeminicida

#FeminicidioCrimenContraLaHumanidad

#QueremosJusticiaReal

💫 Desde México y toda América Latina apoyamos la campaña internacional contra el feminicidio lanzada por el Movimiento de Mujeres Kurdas.

💜 Queremos unir nuestras voces con las de todas las mujeres del mundo que son sometidas a violencia.
✨ ¡Queremos una justicia real!
🔥 Nombramos a todos los responsables y perpetradores de feminicidios en cualquier parte del mundo.
🔥 Y exigimos el enjuiciamiento de Recep Tayip Erdogan, dictador de Turquía.

✌🏾¡Necesitamos 100 mil firmas!

🖌Firma en http://www.100-reasons.org/petition
🖌O envía tu firma a signatures@100-reasons.org

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Red Ajmaq

(Español) Videos de la campaña de difusión caravana solidaria a la comunidad zapatista de Nuevo San Gregorio, Municipio Autónomo rebelde Zapatista Lucio Cabañas

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Campaña de difusión caravana solidaria Video 5: Agresiones al trabajo colectivo.

 

Video 4: Violencia hacia la economia autónoma y la destrucción de la Madre Tierra.

Video 3: Difamación y calumnia hacia las comunidades zapatistas (Realizado durante la Misión Civil de Observación)

 

Video 2: Invasión, cercamiento de la madre tierra y ambiente de balazos.

 

Video 1: Mecanismos de la violencia hacia los cuerpos – territorios de las mujeres

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La Zarzamora

(Español) Chile | Los Mapuche no somos parte del patrimonio $hileno

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Los Mapuche no somos parte del patrimonio $hileno.

Lonco Pedro Catrilef Antilef del territorio Llanquihue, hace llamado a pu lamngen a estar atentos y rechazar toda iniciativa que pretenda romantizar la cultura Mapuche en la instalación de museos.

Por: La Zarzamora

Inmediato rechazo generó en territorio Mapuche Williche de Llanquihue la noticia de que se presentaría en consejo municipal la iniciativa de instalación de un Museo en la localidad. Varios pu lamngen quedaron sorprendidos ya que previamente no existió ninguna consulta o socialización de tal proyecto a las comunidades existentes en el territorio.

Se trataría de un Museo Mapuche, razón mas que suficiente para ser rechazado, pues el pueblo nación Mapuche no necesita de “un homenaje” si no del reconocimiento de sus demandas ancestrales territoriales, es un Pueblo vivo que resiste, que para conocerlo no se requiere de un Museo.

Lonco Pedro Catrilef Antilef llama a que se levante la conversación y el debate con respecto a este tema y a todos los temas que involucren al Pueblo y al territorio.

En este caso, favorablemente en el consejo municipal de la comuna no se acepto tal proyecto y se realizaron observaciones e indicaciones, como mínimo se les exige vinculación a las comunidades, situación que hasta la fecha no es efectiva. Independiente de la postura municipal, son los involucrados quienes en su derecho a la autodeterminación deben decidir y pu lamngen mapuche se han manifestado con el siguiente comunicado:

COMUNICADO PUBLICO

A nuestro Pueblo Nación Mapuche y opinión pública en general.

Ante el hecho ocurrido en consejo municipal de Llanquihue el día jueves 21 de enero 2021 sobre la presentación de un proyecto de museo Mapuche Williche en la comuna de Llanquihue. Inche Longko Pedro Catrilef Antilef haciendo uso de mi facultad como autoridad ancestral de este territorio declaro lo siguiente:

Kiñe: Ante la imposición de un proyecto de ese tipo me opongo rotundamente debido a que rechazo ser materia de estudio, que se nos cosifiqué, folclorice y lucren, aún más con nuestro territorio, identidad y cultura Mapuche Williche.

Epu: Además, este proyecto es preocupante para nuestro territorio ya que no debemos olvidar que fuimos víctima de genocidio y no seremos exhibidos como trofeo de los colonizadores ni del estado de Chile. Este tipo de acciones lo único que pretende es generar más dolor y divisiones entre los habitantes del territorio.

Küla: Exijo que este tipo de proyectos no se levante en nuestro territorio ya que solo viene a negar nuestra existencia hoy como pueblo y nuestra identidad, más aún que se vea profanado nuestros espacios significativos, nuestra espiritualidad y saqueo de estos para obtener algo que exhibir en un museo, ya que no somos parte del patrimonio chileno.

Meli: Como pueblo mapuche williche vamos a exigir nuestro derecho consuetudinario. Sin embargo dejamos claro que no aceptaremos ninguna iniciativa que sea susceptible de afectarnos como pueblo y no daremos marcha atrás en defender nuestro territorio desde que hemos emprendido nuestra libre determinación y autonomía de nuestro pueblo nación Mapuche.

Kechu.- Hago este llamado a Pu lamuen, Pu peñi y a todo el pueblo chileno consiente a unirse a esta defensa de nuestra dignidad e historia como pueblo.

MARICHIWEW

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Radio Kurruf

En «democracia» hay prisión política!

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Por Asamblea Anarquista del Biobío

(versión en inglés aquí)

La prisión política en Chile no es nueva; sin embargo, desde la revuelta popular y la enorme cantidad de presxs que ésta dejó, el debate ha tomado mayor fuerza. Por una parte existe una disputa sobre el número de presxs y personas judicializadas en la revuelta, ya que desde el gobierno afirman que han interpuesto 531 querellas contra 1774 imputadxs por distintos delitos y que 219 de ellas fueron por Ley de Seguridad del Estado contra 1073 imputadxs.

De esos 1073 imputadxs, tres están en prisión preventiva, 61 con arresto domiciliario, 441 con otras medidas cautelares, 59 condenadxs, dos sobreseídxs y 489 que no han sido formalizadxs. Por su parte, la Fiscalía informa que a octubre de 2020 se habían formalizado 5084 personas, 648 de ellas seguían en prisión preventiva y 725 habían sido condenadas. Según las organizaciones que apoyan a lxs presxs, la diferencia de cifras se debe a que el gobierno sólo informa de las personas querelladas por la Ley de Seguridad del Estado, siendo que la mayoría está judicializada por la Ley de Armas.

Más allá de las cifras, vemos la prisión política contra la revuelta como parte de una respuesta del Estado y el poder ante la rebelión popular, ya que además de la prisión como castigo a manos del poder judicial, el gobierno desplegó una fuerte represión que incluyó asesinatos y mutilaciones, además de las leyes en contra de las manifestaciones, como la ley anti-barricadas que promulgó el parlamento.

Esta política represiva para enfrentar al «enemigo poderoso», como invocó Piñera desde su podio a los medios de comunicación, involucra una serie de acciones judiciales e irregularidades en los procesos de detención, que incluyen pruebas falsas, declaraciones de policías como única fuente de información y extensivas prisiones preventivas que han durado meses e incluso más de un año en algunos casos, ya que el gobierno se querella con la Ley de Seguridad Interior del Estado, lo que en la práctica opera como un castigo anticipado y sin juicio.

Por otra parte, desde el poder intentan instalar en el debate público que todo se trata de delincuencia común y no de prisión política, basándose en que ciertos casos se tratan de robos producto de los saqueos a multitiendas; no obstante, ese argumento desconoce el ambiente social y el contexto político en que suceden las manifestaciones, ya que en el escenario de la revuelta disruptiva era recurrente que parte de las personas descargara su rabia contra instituciones usureras y pilares del modelo neoliberal. Desde el poder intentan separar entre manifestantes buenas y malas, pacíficos y violentos, proyectando un ideal (su ideal) de movilización servil, pasiva y monótona, frente a lo que cualquier manifestación disruptiva significaría mera delincuencia común.

El trato que han tenido las personas privadas de libertad nunca ha sido bueno en Chile, las cárceles están colapsadas y las precarias condiciones de higiene han sido un tema recurrente en las denuncias sobre la situación carcelaria. Esta realidad recrudece producto de la pandemia, donde no existen medidas de control y el aislamiento se suma a las ya duras condenas, ya que desde la llegada del coronavirus no se puede visitar a las personas presas. Esta difícil situación contrasta con la impunidad y el trato indulgente que el poder demuestra hacia la clase alta en los casos de corrupción y fraude al fisco como el Caso Cascadas o la suavidad con que tratan a los grupos de ultraderecha que amenazaron a la fiscal Chong.

Gracias a la movilización social se ha logrado instalar la problemática e incluso liberar a varixs presxs de la revuelta a lo largo del país, abriendo el debate en la clase política sobre si lxs presxs durante el contexto de revuelta deben ser denominadxs con el adjetivo de “políticxs” o no, incluso algunos sectores parlamentarios impulsan un proyecto de indulto que no ha tenido mayor impacto en el Estado, lo que demuestra que será la presión popular la que logre visibilizar la prisión política y liberar a nuestrxs compañerxs.

Entre el proceso constituyente iniciado con el plebiscito de octubre y la carrera presidencial en curso, el proceso de movilización popular no ha podido instalar la libertad de lxs presxs de la revuelta como requisito para negociar con el poder, lo que demuestra las debilidades de la revuelta y las tareas pendientes de la movilización.

Libertad a lxs presxs de la revuelta!

#laprotestanoesdelito

Asamblea Anarquista del Biobío

biobioanarquista.org

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Red Ajmaq

(Español) Comunicado sobre la situación de la Comunidad Nuevo San Gregorio, Municipio Autónomo Rebelde Zapatista Lucio Cabañas

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11 de Febrero de 2021.

A las Juntas de Buen Gobierno y Bases de Apoyo del EZLN
Al Concejo Indígena de Gobierno
Al Congreso Nacional Indígena
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A los organismos de derechos humamos nacionales e internacionales
A los medios libres, independientes, autónomos
A los pueblos de México y del mundo

Organizaciones, colectivos y personas a título individual, todas Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejercicio Zapatista de Liberación Nacional, hemos llevado a cabo desde el mes de octubre Caravanas de Solidaridad con los Pueblos Zapatistas. En estás caravanas se ha realizado un trabajo de acompañamiento y observación de derechos humanos de niños, niñas, mujeres y hombres Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) en la comunidad Nuevo San Gregorio (NSG), se ha documentado la presencia y los daños que un grupo invasor está provocando a las tierras recuperadas ubicadas en esta comunidad, así como el hostigamiento constante a las familias zapatistas.

Durante los hechos, que desarrollaremos más adelante, hemos presenciado que los tres niveles de gobierno no han intervenido para frenar las agresiones, el despojo y las provocaciones del grupo de invasores hacia las BAEZLN. Pudimos observar la complicidad que tiene este grupo de invasores con los tres niveles de gobierno para despojar del territorio a las BAEZLN y controlar los bienes naturales, así como la estrategia de abrir paso a proyectos gubernamentales individualizados, como “Sembrando Vida” (entre otros programas), que agreden el proceso de autonomía e intentan romper con formas organizativas comunitarias.

Ante el hostigamiento de los invasores y para resistir a las provocaciones, las familias zapatistas han dejado sus casas y se han concentrado en el Centro de la comunidad, abandonando sus pertenencias y en algunos casos, sus animales (algunos de ellos ya han muerto por el abandono forzado). El trabajo de siembra de maíz y frijol que las BAEZLN tenían previsto del 1 al 4 de febrero no se realizó
, lo que amenaza la alimentación y la salud de las familias para los próximos meses. Esto significa atentar directamente contra la vida de las Bases de Apoyo, por una perspectiva de seguridad a corto plazo.

Parte de este grupo de invasores proviene de los ejidos San Gregorio de Las Casas, Duraznal, Rancho Alegre y San Andrés Puerto Rico, algunos de ellos con cargos ejidales y eclesiales. Nos preguntamos qué hace gente de otras comunidades en el territorio de las BAEZLN , quién los trajo aquí y con qué propósito.

Aquí presentamos la lista de hechos ocurridos entre el 1 y el 9 de febrero, documentados por la Caravana de Solidaridad:

1.- Desde hace un año y tres meses, el grupo de invasores ha cercado con alambre de púas y postes de madera 145 hectáreas de las 155 que hay en las tierras recuperadas. Han tomado posesión de la llamada “Casa Grande” (antigua finca) que es parte de los terrenos de la Escuela Secundaria Autónoma. Señalan las Bases de Apoyo: “Se decidió conservarla porque fue fruto del trabajo de nuestras abuelas y abuelos que fueron peones acasillados en la finca”. Como parte de los trabajos colectivos se ha invertido dinero y trabajo en arreglarla. Entre el 1 y el 9 de febrero fue utilizada como campamento por parte de los invasores, los cuales han estado haciendo cortes con motosierra detrás de la Casa Grande y la han estado usando para vigilar desde allí las actividades de las BAEZLN con binoculares, celulares y radios.

2.- A partir del 1 de febrero, los invasores instalaron 5 posiciones de guardia (2 de ellas a tan solo 50 metros de distancia del Centro de la comunidad, 3 de ellas a 250 metros), portando machetes, cuchillos, navajas, resorteras, macanas con punta, celulares, radios de comunicación y binoculares. Entre ellos se encuentra Felipe Henriquez Gómez de Rancho Alegre; Nicolás Pérez Pérez de San Gregorio Las Casas; Esteban Miguel Moshan, Manuel Moshan Moshan, Javier Gómez Mendez, Miguel Bolom Ara (ex policía municipal de Huixtán), Mario Bolom Ara, Alejando Pérez Pérez, Alonso Ara Moshan, Sebastián Ara Moshan y Pedro Pérez Pérez (sobrino de uno de los líderes de la ORCAO).

3.- Dentro de la comunidad se desarrollan varios trabajos colectivos, los cuales permiten diversificar la alimentación, así como la prevención y curación de enfermedades. El grupo de invasores ha impedido que estos trabajos se lleven a cabo. Las BAEZLN tienen un estanque de tilapia colectivo para alimento de la comunidad y un espacio donde las niñas y los niños se reúnen para jugar. Los invasores desconectaron varios tramos de la tubería que surte el agua al estanque, provocando la muerte de los peces, ya que las encargadas y encargados de alimentarlos no pudieron acercarse al lugar entre el 1 y el 6 de febrero por la presencia de los invasores.
Por parte de los y las estudiantes de la Secundaria Autónoma se tenía un trabajo colectivo de colmenas, ubicado detrás de la Casa Grande, pero también debido a la presencia de los invasores y al no poder cuidarlas, éstas ya no están.
Las Bases de Apoyo relataron algunos de los daños provocados por los invasores: “Nicolás Pérez Pérez quemó el monte seco de un trabajadero que suelen usar como abono. El fuego se descontroló y casi se queman unos borregos que tenemos en colectivo. Hay berro sembrado alrededor del estanque, los invasores lo cortaron. “Tenemos colectivo de ganado, hay que ir a cuidar hasta tres veces al día para moverlo del lugar, para que coma, para darle agua y sal”. Los invasores movieron varios ganados, los ganados sufrieron con el paso de los tractores y la presencia de tanta gente. Las compañeras han tenido que encargarse de los ganados y borregos, porque los compañeros no pueden abandonar sus guardias y por miedo de ser atacados. Cuando van a cuidar los animales, los invasores las vigilan, juguetean con el machete para intimidarlas y las alumbran con focos”.

4.- La Educación, como parte de las áreas de la autonomía zapatista, también ha sido afectada por los invasores. “El 18 de enero era la fecha de inicio de las clases de la Secundaria Autónoma, las clases no han podido iniciar ya que los invasores usan seguido la Casa Grande y las y los estudiantes tienen que pasar demasiado cerca del grupo invasor para llegar a la escuela”.

5.- La invasión de las tierras recuperadas también ha afectado el abastecimiento de agua y electricidad: “Se acumuló basura en la captación de agua y estaba entrando poca agua, por la cercanía con el grupo invasor no se ha podido limpiar. Se tiene un tanque de almacenamiento de agua desde el que bombean agua a las tomas del Centro de la comunidad y la Casa Grande. Normalmente bombean agua cada 3 días. En esta ocasión, por la presencia del grupo invasor en los terrenos cercanos al tanque, tuvieron que esperar 5 días para bombear el agua. Las compañeras son quienes han ido a bombear el agua y van con miedo porque hay invasores que las vigilan”. En la comunidad se cuenta con un transformador de luz, pero hay riesgo de que en la temporada de lluvias se caiga, y no se ha podido componer porque está en los terrenos cercados por los invasores.

6.- Entre el 1 y 9 de febrero el grupo de invasores contrató 2 tractores para arar las tierras. Al momento han afectado 12.5 hectáreas, se calcula un costo de 23,000 pesos por la renta de los tractores y 2300 por hectárea arada, más unos estimados 6 mil pesos por 320 litros de diesel comprados. Pedro López, comisariado ejidal de Los Llanos, es el encargado de los tractores. Mientras trabajan los tractores, entre 8 y 12 invasores hacen guardia. Las mangueras que proveen agua al ganado colectivo, así como al estanque de peces han sido desconectadas. Realizan quema de tierras, en algunos casos hay pelibueyes amarrados para la pastura. En algunos de los terrenos en los que ha entrado el tractor había trabajo colectivo de hortalizas y plantas medicinales. Con el paso del tractor, además de dañar parte de las mangueras, se destruyó el camino que lleva a la hortaliza colectiva; en ella dejaron varias macanas con punta clavadas, y esto es interpretado como provocación.

Toda esta serie de hechos no son menores. Como habíamos mencionado anteriormente, forman parte de una estrategia para despojar de las tierras recuperadas a nuestras compañeras y compañeros zapatistas, es también una estrategia de desgaste y un intento para romper el proceso de autonomía. Esta invasión ha provocado innumerables daños a las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional: desplazamiento de familias, despojo de la tierra y el territorio, destrucción de trabajos colectivos, impidiendo el acceso al derecho a la educación y a la salud, ejes de la autonomía zapatista. En palabras de las BAEZLN: “Los invasores no tienen interés en cultivar la tierra, tienen dinero, carros, ganados y derechos en sus ejidos. Si realmente tuvieran necesidad, que vengan a trabajar en común, pero no quieren. La tierra es para luchar, no para hacer negocio”.

Como Caravana de Solidaridad, reiteramos que no dejaremos de acompañar a nuestras compañeras y compañeros zapatistas, no dejaremos de denunciar la complicidad de los tres niveles de gobierno, que es parte de una estrategia de contrainsurgecia para frenar la lucha del EZLN. Ha quedado claro que el cambio que prometía desde el inicio este gobierno, auto llamado de la Cuarta Transformación, no ha sucedido. Al contrario, bajo la legitimidad de los votos ha continuado con los proyectos de muerte de los gobiernos anteriores. Pero pese a su política de muerte seguiremos luchando por la vida, aquí “abajo y a la izquierda”; seguiremos defendiendo a la madre naturaleza, la tierra y el territorio; seguiremos luchando por un mundo más justo “donde quepan muchos mundos”.

Nuestra labor ha sido pacífica y con el objetivo de hacer valer los derechos humanos y libre autodeterminación de los pueblos y hemos contando con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). Este acompañamiento se da de manera presencial y a la distancia con el objetivo de realizar un trabajo integral y continuo.

Organizaciones y colectivos firmantes…

Atentamente:
Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, A.C. (CDMCH)
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI)
Desarrollo Tecnológico y Servicios Comunitarios El Puente, S.C.
Enlace Civil, A.C.
Espacio de Lucha Contra el Olvido y la Represión (ELCOR)
Grupo de trabajo No Estamxs Todxs
Lumaltik Herriak
Médicos del Mundo, Suiza-México
Memoria Viva
Promedios de Comunicación Comunitaria A.C.
Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq
Salud y Desarrollo Comunitario, A.C. (SADEC)
BIZILUR
TxiapasEKIN Plataforma
Colectivo Anarcista El Pueblo
Y otros Colectivos, organizaciones y personas adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona

radio
La Zarzamora

(Español) Chile | Colchane: Crisis humanitaria

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La grave situación humanitaria que se vive en estos momentos en Colchane,en donde miles de personas cruzan la frontera en condiciones infrahumanas, sometidos al calor, sed, fríos en la noche y personas inescrupulosas que les cobran por cruzarlos, estafadores que les roban su dinero y los proxenetas, que ya se les ha visto en ese lugar.

Es urgente que se promuevan políticas desde una orientación humanitaria , en la cual la vida humana este en el centro, no el racismo, la xenofobia y la desprotección ante usureros y coyotes que lucran con estas crisis.

La humanidad se ha caracterizado por estar en un permanente movimiento, sin embargo, en la actualidad centenares de niños y niñas además de personas adultas yancianas, se ven forzadas a abandonar sus hogares, ya que los estados capitalistas-patriarcales ponen su centro en el humano como objeto, y no como sujeto, obligándoles a desplazarse ya sea por devastación ecológica, guerras, mafias, esclavitud , racismo entre otros.

La paradoja de este mal gobierno, es que el 2019, Piñera dice que seguiremos recibiendo venezolanos, sin embargo, en esta fecha las solicitudes de visas de responsabilidad democrática han sido rechazadas masivamente.

Desde Colchane han habido voces que exigen un manejo humanitario de esta crisis , ya que niñas, niños y mujeres con embarazo de término son parte de las caravanas que ingresan a esa ciudad por pasos, en las cuales, el desierto es muchas veces mortal.

A continuación nos relatan como se vive esta emergencia humanitaria desde una perspectiva del personal de salud:

Colchane, es un comuna ubicada en la región de Tarapacá, en la zona de los Andes, frontera directa con Bolivia, cuyo clima en estos días es de lluvia, frío, viento y sol con altos niveles de radiación por la altura que rodea los 3.800 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, lo que genera un habitad inhóspito para quienes deciden
cruzar la frontera por pasos irregulares durante estos meses. Como nunca, este último tiempo se ha escuchado sobre ella en los medios de comunicación, inclusive en los medios locales. Es habitada por comunidades Aymaras, quienes viven en este territorio ancestralmente, y cuyas edades son principalmente adultos/as mayores, quienes
viven de la ganadería, agricultura y del comercio fronterizo.
El problema migratorio que sucede hace unos meses, especialmente con personas de nacionalidad venezolana, ha ido en crecimiento exponencial durante el último tiempo, situación que fue notificada a los cargos públicos respectivos desde agosto del año pasado por parte del equipo de salud de la Comuna, en donde nos declaramos como equipo insuficiente para cubrir las necesidades, tanto de la población migrante como de la comunidad propiamente tal. Hoy, aproximadamente 5 meses después, nos encontramos en una situación de violación indiscutible a los derechos humanos, al derecho a migración y al respeto por los pueblos originarios que demuestra el racismo del estado Chileno. Desde nuestra labor y accionar diario en este lugar, hemos podido observar y escuchar: hipotermias, crisis hipertensivas, deshidrataciones, fatiga por falta de alimentos, desabastecimiento de alimentos, hacinamientos en casas tomadas de hasta 60 personas, amenazas de partos prematuros, abortos espontáneos, sobreexigencia al equipo, sentimientos de inseguridad, muertes, demora en los procesos de traslado, esperanzas rotas, desilusiones, separaciones de los grupos familiares, niñxs, gestantes, abuelxs, jovenes y adultxs.

“Desde el derecho a migrar y al movimiento, creemos que la responsabilidad es directa del Estado y no de las municipalidades y/o regiones, urge hacer una reforma migratoria que ofrezca protección a las personas que se muevan buscando una mejor calidad de vida en vez de un rechazo y abandono a quienes toman la decisión de arriesgar su vida por refugio y alimento. Una vez más, se demuestra que los responsables de solucionar esta problemática no están preocupados y capacitados en la realidad de las personas, protegiendo al estado y sus intereses. Carabineros, un ente ineficiente y no preparado para ejercer sus funciones legales. Agradecemos que los militares no se han puesto a disparar como soldados de guerra, situación que por este mismo contexto ha sucedido en fronteras vecinas.”

“Es importante recordar que estamos en un territorio Aymara, que por años se ha visto discriminado y aislado, este lugar no es espacio donde establecer un refugio, sino un lugar de transito para entrar al país, la comunidad y su gente hoy siente miedo, y sus animales (llamas y alpacas) están comiendo basura y no alimento. Esperamos que este territorio no sea olvidado cuando esta crisis migratoria llegue a su fin, sino que se considere como un lugar originario que debe ser respetado, acompañado y aceptado como una ruta migratoria permanente dentro de las olas que se han generado y que se generaran con el paso del tiempo.”

“Hacemos un llamado a lxs colegas que trabajan en salud, a entregar una atención de calidad y digna donde sea que estén, porque las mismas personas que hoy transitan por este lugar, en unas semanas estarán por todo chile necesitando de nosotros/as, los invitamos a una realidad mas humanitaria, empática y alejada de la indolencia porque mañana puede ser nuestra familia, nuestrxs hijxs, y nosotrxs mismos.”

radio
Prensa comunitaria

(Español) Guatemala | CC: los crímenes de lesa humanidad y genocidio no pueden ser amnistiables

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Por Regina Pérez

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó ayer un amparo definitivo a varios ciudadanos que accionaron en contra de la iniciativa de ley 5377 que buscaba reformar la Ley de Reconciliación Nacional, debido a la amenaza ante la posibilidad de que entrara en vigor, ya que buscaba amnistía militares responsables de delitos que constituyen graves violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, que fueron cometidos durante el Conflicto Armado Interno.

La decisión del máximo Tribunal conformado por los magistrados Gloria Porras, José Francisco de Mata Vela, María Cristina Fernández, Rubén Gabriel Rivera Herrera y Roberto Molina Barreto, quien emitió un voto razonado disidente, fue recibido de manera satisfactoria por organizaciones de derechos humanos y sobrevivientes del conflicto armado interno, que manifiestan que la sentencia los alienta a seguir impulsando los casos y reivindica el derecho de las víctimas a tener acceso a la justicia.

El amparo definitivo fue otorgado a los ciudadanos Paulina Ixpatá, Pedrina López de Paz, Sergio Vi Escobar, Helen Mack y Oswaldo Samayoa, que accionaron en la CC, con lo que dejó sin efecto la sanción y promulgación de dichas reformas a la Ley de Reconciliación Nacional.

Foto: Nelton Rivera.

Este proyecto legislativo fue impulsado desde 2017 en el Congreso por los exdiputados Fernando Linares Beltranena, Jaime Regalado, Estuardo Galdámez y otros congresistas que avanzó en el Legislativo durante el 2019, año en que la CC otorgó un amparo provisional que había dejado en suspenso la sanción y promulgación de la iniciativa.

¿Qué dictó la Corte?

El abogado experto en derecho constitucional Oswaldo Samayoa, quien fue uno de los amparistas, destacó tres puntos de la resolución que dictó la Corte: primero, señaló que la ley de Reconciliación Nacional que está vigente es clara en que los delitos relacionados a tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y genocidio no pueden ser amnistiables.

Por lo tanto todos los casos que se han llevado a Tribunales y las personas que ya están condenadas, más los casos que están en proceso, no puede decirse que se van a eliminar, eso da certeza a la Ley de Reconciliación Nacional que se obtiene a partir de los acuerdos de Paz, dijo el abogado.

Segundo, la Corte pone en evidencia que vivimos en un Estado constitucional de derecho, es decir que la Constitución tiene un contenido político y jurídico en torno a los derechos humanos y que le da prioridad a la protección de los derechos fundamentales, indicó.

Y el tercer impacto es que resuelve que el Congreso no puede continuar con este tipo de discusión parlamentaria observando que este tipo de legislación es contraria a los Acuerdos de Paz, a la Constitución y a los intereses del Estado en construir el bien común, agregó.

Samayoa señaló que el amparo fue presentado antes de que la Ley entrara en vigencia, (aún estaba en segunda lectura) debido a que existía el peligro de que personas que ya estuvieran condenadas o en proceso, guardando prisión preventiva, salieran libres.

Si esta ley entraba en vigencia, uno de sus artículos decía que las personas que ya estuvieran condenadas y que estuvieron guardando prisión, o procesadas en prisión preventiva, debían inmediatamente obtener su libertad, explicó.

“Con un día que hubiera estado vigente la ley, si los efectos hubieran surgido, luego no se podría retrotraer al proceso para volverlos a encerrar, porque la ley no puede ser retroactiva en perjuicio del reo, con medio día que hubiera estado vigente, hubieran quedado libres personas que ya estaban condenadas y eso hubiera sido una burla a las víctimas y al sistema de justicia”, expresó.

Sentencia reivindica derecho de las víctimas a la justicia

Manuel Farfán, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Guatemala (Famdegua) señaló que están satisfechos con la resolución de la CC a favor de las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno.

Farfán señaló que esta resolución favorece a las víctimas, tanto de masacres y desapariciones, como a familiares sobrevivientes y especialmente a las que han fallecido con la esperanza de ver justicia y de conocer la verdad; es muy importante que la CC nos haya brindado ese amparo, indicó.

Agregó que esto alienta a seguir trabajando en la búsqueda de la verdad, “creo que eso es el sentido de las familias de las personas detenidas y desaparecidas y de las personas masacradas a quienes nosotros representamos como parte de esa búsqueda”.

Famdegua señaló que la iniciativa debe archivarse, “porque en el Congreso existen intereses de protección a personas que han sido señaladas de violaciones a derechos humanos. Creo que es un proceso muy grande para la historia que nos fortalece en la búsqueda de la verdad y la justicia”, subrayó Farfán, cuyo tío, Rubén Amílcar Farfán, fue detenido y desaparecido el 15 de mayo de 1984.

Por su parte, el abogado Edgar Pérez, director del Bufete de Derechos Humanos, señaló que con la iniciativa se pretendía reformar la Ley de Reconciliación, decreto 145-96, dejando abierta una amnistía general y que incluso hacía responsables a jueces que no dieran trámite inmediato a las solicitudes. Pérez ha llevado casos emblemáticos de justicia transicional como la masacre de la Embajada de España y el caso de genocidio contra Ríos Montt, en el que fue querellante.

Con esto, asegura el abogado, se violentaban no solo las garantías fundamentales de las víctimas sino obligaciones internacionales del Estado, así como los Acuerdos de Paz que establecen que el Estado no debía tomar medidas legislativas para impulsar la impunidad.

Pérez señaló que la sentencia, aunque dividida por un voto razonado, reivindica las obligaciones internacionales del Estado guatemalteco y los derechos de las víctimas a tener acceso a la justicia sin que existan obstáculos.

El abogado Pérez manifiesta que en Guatemala es difícil llevar casos relacionados al conflicto armado al sistema de justicia. “Hoy precisamente fue la audiencia de apelación del segundo juicio por genocidio, eso sucedió en los años 82, 83, estamos en el 2021, estamos hablando de 42 años de los hechos y apenas estamos conociendo en segunda instancia un juicio histórico pero que llevó muchos años prepararlo y esperar el momento que los Tribunales pudieran abrir las puertas para el acceso a la justicia”, indicó.

A pesar de que el número de casos que se ha logrado llevar a la justicia es mínimo, el abogado señala que por la lucha de las víctimas y organizaciones de derechos humanos ha habido casos emblemáticos, que representan ese patrón sistemático generalizado de políticas de Estado como la tierra arrasada, el desplazamiento forzado, las masacres y el genocidio.

Al preguntarle si esta es una sentencia histórica, Pérez señaló: “Todas las sentencias que hay hasta hoy en el sistema judicial guatemalteco relacionadas con el conflicto armado interno son históricas y representan a cada una de las víctimas que sufrieron las atrocidades cometidas durante el conflicto”.

Organizaciones como Impunity Watch Guatemala también se pronunciaron sobre la sentencia. “La resolución de la CC sobre la iniciativa 5377 es consecuente con el derecho internacional y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Guatemala tiene la obligación internacional de juzgar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y no puede otorgar amnistía en este tipo de casos”, indicó en su cuenta de Twitter.

Voto razonado disidente de Molina Barreto

El amparo tuvo el voto razonado disidente del magistrado Roberto Molina Barreto, quien busca ser reelecto como magistrado constitucional para el periodo 2021-2026 de la CC, por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde presentó su expediente.

Molina Barreto fue nombrado como magistrado constitucional por los magistrados de la CSJ, para sustituir la vacante que dejó Neftaly Aldana.

Su nombramiento fue adversado por organizaciones de derechos humanos que recordaron que como magistrado de la CC, Molina emitió resoluciones contrarias a la ley como en el caso por genocidio, cuando se anuló la condena contra el general Efraín Ríos Montt, en mayo de 2013.

Para acceder a la sentencia completa:

https://drive.google.com/file/d/1hqueYTG6gIcQmjvGNgzTkZYHOmJ33MvJ/view

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