tierra y territorio
Libertad para la guardiana de los bosques María Cruz Paz: Consejo Supremo de Mujeres Indígenas de Michoacán
A LAS MUJERES QUE LUCHAN
A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
AL PUEBLO DE MÉXICO Y MICHOACÁN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL ESTADO MEXICANO
Comunidades originarias y afromexicanas de Michoacán, a 2 de marzo de 2026.
El día de hoy se cumple un año del nacimiento del Consejo Supremo de Mujeres Indígenas de Michoacán (CSMIM), conformado por compañeras autoridades tradicionales, Consejeras de Gobierno, Jefas de Tenencia, Comisariadas Comunales y Ejidales y mujeres indígenas que luchan, es por ello que alzamos la voz en el marco del DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, jornada global de lucha, reflexión y movilización para visibilizar las desigualdades, la violencia de género, las injusticias en contra de las mujeres y en general, por un mundo más justo.
En este contexto, pedimos la LIBERTAD de nuestra hermana MARÍA CRUZ PAZ ZAMORA, quien desde el 5 de junio de 2024 fue privada de su libertad, DETENIDA INJUSTAMENTE, mujer indígena originaria de la comunidad de Ocumicho, defensora de los bosques, impulsora de los derechos de las mujeres, p’urhépecha enraizada en su comunidad, en la cual día tras día trabajaba por el bien común.
Exigimos al Poder Judicial de Michoacán que cese de criminalizar a las defensoras del medio ambiente, y que conceda la libertad a Maricruz, toda vez que proteger a la Madre Naturaleza y luchar por el Territorio y los derechos de las Mujeres NO ES UN DELITO.
NO A LA REPRESIÓN, NO ALA DISCRIMINACIÓN, las mujeres no debemos de ser blancos fáciles de un sistema de justicia racista, clasista y deficiente, que las autoridades judiciales no esperen años para que Mari obtenga su libertad. A la compañera Maricruz la esperan sus raíces, su comunidad, su familia, pero sobre todo, sus hijos, ella es padre y madre, mujer autónoma y trabajadora, debe de estar al lado de sus hijos forjando su educación y el devenir de su comunidad.
Maricruz merece como todas las mujeres, el derecho de vivir en paz y libre de violencia en todos los espacios que habitamos, el derecho de que nadie nos cause daños o sufrimientos psicológicos, físicos, patrimoniales, económicos o sexuales. Todas las autoridades deben de condenar la violencia en contra de las mujeres y aplicar las medidas apropiadas para erradicarla.
El caso de la compañera María Cruz Paz Zamora, ejemplifica como este sistema en que vivimos., reprime, encarcela y aísla a las mujeres por ser indígenas, por ser pobres y por luchar. Libertad para la defensora de los bloques Maricruz.
CONSEJO SUPREMO DE MUJERES INDÍGENAS DE MICHOACÁN #CSMIM
Foto de portada: CSIM
Desplazamiento forzado y criminalización contra integrantes del CNI en Jotolá
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
27 de febrero de 2026
Boletín No. 02
Desplazamiento forzado y criminalización contra integrantes del CNI en Jotolá
- Libertad inmediata a Francisco Moreno y María de Jesús integrantes del CNI y cancelación de las ocho ordenes de aprehensión.
- Condiciones precarias en el lugar de refugio de 8 familias, 30 personas, tseltales, entre los que se encuentran 17 menores de edad.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó el desplazamiento forzado de 30 personas tseltales, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), ocurrido el 12 de febrero de 2026 en el ejido Jotolá, municipio de Chilón, Chiapas. Ocho familias campesinas fueron obligadas a abandonar sus hogares con violencia extrema. Entre ellas se cuentan 17 niñas y niños, una mujer embarazada, dos personas adultas mayores y dos menores de edad con discapacidad.
A las ocho de la mañana fue la detención de Francisco Moreno Hernández (Francisco) por la Policía Municipal. En un segundo momento a las 11.00 hrs., aproximadamente cien personas irrumpieron en la tierra donde tenían sus casas y hacían la vida las ocho familias que están desplazadas. Entre los agresores se identificó la participación de la Guardia Estatal, la Policía Municipal de Chilón, funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y del Tribunal Unitario Agrario.
El desplazamiento forzado interno dejó cinco casas destruidas, pertenencias robadas y quemadas, animales domésticos asesinados y al menos tres personas sometidas a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, en ese momento fue detenida María de Jesús Sánchez (Maria de Jesús), durante el traslado fue torturada por un elemento de la Fiscalía Indígena y amenazada con ser desaparecida.
La violencia no terminó con el desplazamiento. Se profundizó en actos de criminalización y judicialización contra integrantes del CNI. Ese día Francisco y María de Jesús fueron puestos a disposición ante el Juzgado de Control de Yajalón, en el que se les señalo que estaban acusados del delito de despojo agravado.
El martes 17 de febrero continuó la audiencia, en la cual el Juez vinculó a proceso a las personas imputadas. A Francisco se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, pese a que la Fiscalía no argumentó la necesidad de dicha medida, siendo esta la más lesiva. Actualmente se encuentra privado de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados de Yajalón No. 12. Por su parte, a María de Jesús se le impuso la medida cautelar de firma periódica semanal.
Estas acciones forman parte de una estrategia de represión contra quienes defienden la tierra y se niegan a privatizarla. La participación de estas autoridades y actores locales en este evento constituye una grave violación a los derechos humanos.
A lo anterior se suman ocho órdenes de aprehensión que buscan legitimar la violencia y el desplazamiento, aumentando la vulnerabilidad de las familias que tuvieron que huir de sus hogares y que actualmente se encuentran en riesgo su libertad y seguridad.
Las consecuencias de este ataque afectan derechos fundamentales: la integridad y seguridad personal, el derecho a la vivienda y a la tierra, el acceso a la salud —incluyendo la salud sexual y reproductiva de las mujeres— y los derechos de niñas, niños y adolescentes a vivir en condiciones de bienestar y protección. En particular, se subraya el derecho a la no discriminación en el caso de María de Jesús, mujer desplazada y madre de dos hijos y dos hijas en situación de vulnerabilidad que se agrava por la violencia y el desplazamiento.
Los impactos psicosociales son múltiples: ansiedad, miedo, insomnio, estrés, dolores físicos y agravamiento de enfermedades crónicas en adultos y personas mayores. Las infancias presentan pesadillas, decaimiento y afectaciones emocionales; un bebé de dos meses sufre vómito y diarrea, mientras que una mujer embarazada de cuatro meses padece dolores en el vientre.
El Gobierno federal y estatal son responsables de este grave desplazamiento que vulnera los derechos humanos de las familias afectadas. Deben garantizar protección, investigar los actos de violencia y asegurar justicia para quienes habitaron el ejido por más de 30 años.
Exigimos al Estado mexicano la aplicación inmediata de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU y, en consecuencia, el cumplimiento de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en Chiapas. En este marco, es urgente garantizar atención integral a mujeres embarazadas, personas adultas mayores, niñas, niños y personas con discapacidad, quienes enfrentan condiciones de extrema vulnerabilidad tras el desplazamiento forzado. Asimismo, demandamos el cese de la criminalización y el retiro de las órdenes de aprehensión emitidas contra integrantes del CNI, así como la liberación inmediata de Francisco Moreno Hernández, actualmente privado de su libertad. Resulta indispensable que se realice una investigación exhaustiva y se sancione a los perpetradores identificados cuya participación directa e indirecta en los hechos constituye graves violaciones a los derechos humanos.
Convocamos a la solidaridad nacional e internacional a manifestarse y expresar su apoyo frente a estos actos represivos que buscan desarticular la resistencia de las comunidades indígenas en defensa de la tierra y la vida. La violencia ejercida contra las familias tseltales del ejido Jotolá es parte de una estrategia sistemática de despojo y represión que vulnera derechos fundamentales y amenaza la dignidad de los pueblos originarios.
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