Fuente: caminoalandar.org

Ciudad Universitaria, a 19 de febrero de 2025

A la Comunidad Universitaria

A los firmantes de la Declaración por la Vida
A los pueblos de México y del Mundo
A las autoridades del Estado mexicano
A las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México

Este 20 de febrero se conmemora el sexto aniversario del asesinato de Samir Flores Soberanes, compañero, padre, esposo, amigo, comunicador popular, activista, defensor del territorio y de los derechos humanos. Samir se oponía junto a miles de personas, al Proyecto Integral Morelos (PIM), un proyecto que incluye un gasoducto, un acueducto y dos plantas termoeléctricas y que atraviesa los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Samir fue uno de los primeros defensores del territorio asesinados del nuevo régimen gubernamental. Su asesinato no sólo constituye un mensaje claro de una guerra neoliberal inacabada y continuada en contra de los pueblos y comunidades, también demuestra la criminalización y deshumanización de las personas que intentan frenar el despojo y la devastación de esa guerra.

Hoy hace 6 años, el 19 febrero de 2019, mientras Samir Flores se manifestaba contra Hugo Erick Flores (por aquel entonces superdelegado del gobierno federal en el estado de Morelos), sus compañeros acudían a una charla en Ciudad Universitaria con docentes y estudiantes para sumar argumentos en contra de dicho proyecto. Para ese entonces ya existía una estrecha relación entre Samir, el pueblo de Amilcingo, la lucha contra el PIM y la comunidad Universitaria de la UNAM. Al menos desde 2009, profesores y profesoras, estudiantes hombres y mujeres acudieron a Amilcingo para apoyar en proyectos pedagógicos y de comunicación. Estuvieron presentes también en 2017 para apoyar la limpieza y reconstrucción frente a las afectaciones que dejó el terremoto de septiembre de aquel año, e igualmente han apoyado a la comunidad en su rechazo del PIM con sólidos argumentos científicos.

Al día siguiente del foro del 19 de febrero, nos despertamos con la lamentable noticia del asesinato de Samir. Un crimen que todavía hoy permanece impune y que nos duele profundamente.

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Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes

^{En portada: Campesinos de la cooperativa El Chile dentro de la recuperación de tierras que mantienen desde enero del 2023. Foto: Santiago Navarro F}

Región norte de Honduras, en las entrañas del Valle de Aguán, hombres fuertemente armados y vinculados al crimen organizado emplean una serie de estrategias de hostigamiento hacia campesinos que han recuperado las tierras de sus ancestros y que estaban en manos de empresas de la industria de la palma aceitera. 

Mientras las fuerzas del orden fungen como meros espectadores, la violencia arrecia, dejando como saldo el asesinato de tres activistas, más de 160 familias desplazadas y cientos de personas viviendo en refugios temporales. Diversas organizaciones alzan la voz desde Europa y responsabilizan a varias empresas.

El escenario de violencia se desencadenó desde finales de 2024, donde figura la Corporación Dinant, productora de aceite de palma, como la principal demandante de las tierras que, arguye, son de “su propiedad”. 

Las acusaciones contra Dinant no son nuevas. La empresa ha estado en el centro de controversias durante más de una década. Ha sido acusada de tener una vinculación con actos de violencia, asesinatos y amenazas hacia líderes campesinos y defensores de los derechos humanos. Organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han denunciado estos abusos, pero las medidas concretas por parte del gobierno de Honduras, bajo la administración de Xiomara Castro, siguen siendo insuficientes.

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Fuente: Avispa Midia
Por Ñaní Pinto

^{En portada: Militares de EEUU cargan una bomba Mark 84 en un avión de combate F-15 Eagle durante una competencia de tripulación de carga en 2018}

Un cargamento de bombas MK-84 de 2.000 libras procedente de Estados Unidos ha llegado a Israel, según anunció este domingo (16) el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, coincidiendo con la primera visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al país. Con este acontecimiento el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, levanta la pausa en el suministro de este tipo de armamento a Israel, que la administración Joe Biden había impuesto por nueve meses.

“El cargamento de municiones que llegó a Israel, liberado por la administración Trump, representa un activo significativo para la fuerza aérea y las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y sirve como una prueba más de la fuerte alianza entre Israel y Estados Unidos”, señaló el ministro de Defensa Israel Katz.

El envío se produjo en un momento en que Israel ha estado considerando la posibilidad de reanudar la guerra en Gaza en las próximas dos semanas en caso de que el grupo armado Hamás deje de entregar rehenes según los acuerdos establecidos.

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Fuente: Avispa Midia
Por Javier Bedía Prado

^{En portada: Para las tareas de vigilancia en comunidades, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampíscuenta con el grupo de control socioambiental Charip.}

El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) denuncia el intento, por parte de la empresa estatal Petroperú y el Gobierno Regional de Loreto, de imponer la explotación de un lote petrolero en su territorio.

En las últimas semanas, el gobierno regional y la Petroperú organizaron reuniones en comunidades amazónicas, con el fin de convencerles de participar en una consulta previa para la ejecución del lote 64 del oleoducto, comprendido en el proyecto Situche.

El GTANW, que reúne a 85 comunidades y representa a 16.000 personas, ya posee un historial de lucha contra las operaciones del oleoducto norperuano, una muestra del desastre ambiental, social y cultural causado por la actividad petrolera en la Amazonía. 

Esta infraestructura cruza los territorios de siete pueblos indígenas, afectando en su trayecto a 95 comunidades nativas, desde la Amazonía hasta la costa norte peruana. 

Te puede interesar – Perú: El levantamiento de la Amazonía contra la contaminación petrolera

Entre 1997 y 2023, el oleoducto norperuano registró 139 derrames, de las 1.462 emergencias reportadas por instituciones públicas en este período, según un informe del Grupo de Trabajo de Impactos de Hidrocarburos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. 

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• PUELMAPU ARGENTINA: Cobertura Especial sobre los incendios y la represión al pueblo Mapuche en El Bolsón. Detenciones, allanamientos, y criminalización de los pueblos que luchan por la vida, el territorio y la esperanza. Fuente: FM Quimunche, FM Alas en Bolsón y la Red enfoques.

• CDMX: Entrevista sobre la Feria del Libro Anarquista en la Ciudad de México. Entrevistamos a Matias, el compa de la FAM que han promovido y organizado esta Feria de libros y publicaciones anarquistas que llega a su edición catorce y realizada en el centro de la ciudad. https://www.facebook.com/FederacionAnarquistadeMexico | https://federacionanarquistademexico.org

• OAXACA: La violencia de los grupos criminales solapados por el Estado aumenta en Santo Domingo Petapa, Oaxaca. Hay al menos confirmadas 3 personas asesinadas de la comunidad indígena Ayuuk. (Ver Pronunciamiento del CNI y EZLN | La violencia de los grupos criminales solapados por el Estado aumenta en Santo Domingo Petapa Oaxaca. Hay al menos confirmadas 3 personas asesinadas de la comunidad indígena Ayuuk)

• OAXACA Y GUERRERO: Platicando con el Observatorio Memoria y Libertad sobre las y los presos políticos en la región mexicana. La injusta prisión de dos profesores indígenas de San José Independencia en Oaxaca y el caso de Kenia Hernández, mujer indígena presa de la 4T por protestar junto a su comunidad en el Estado de Guerrero. Fuentes: Observatorio Memoria y Libertad | Presos políticos de San Jose Independencia | Libertad para Kenia

• GLOBAL: Jornada Justicia para Samir Flores Soberanes. 6 años de impunidad. Personas, Grupos, Colectivos, Organizaciones, Movimientos de México y el mundo convocan a realizar actividades por Samir Flores Soberanes defensor del territorio asesinado en el marco de la imposición del Proyecto Integral Morelos. Convocaoria abierta a sumarse a las Jornadas Globales: ¡Justicia para Samir Flores Soberanes! 6 Años de Impunidad.

ALTO A LOS ATAQUES CONTRA LA UCIZONI

PRONUNCIAMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
Y EL EZLN EN APOYO A QUIENES RESISTEN EN EL ISTMO.

A los pueblos indígenas de México y del mundo
A las organizaciones en resistencia
A la sociedad civil nacional e internacional

Hermanas y hermanos:

Desde el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el EZLN condenamos la emboscada ocurrida en la zona limítrofe entre Santo Domingo Petapa y San Juan Mazatlán, Oaxaca, en la que fueron asesinados tres compañeros de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI).

Denunciamos que esta violencia no es un hecho aislado, sino parte de la guerra de exterminio que los malos gobiernos, los caciques y los intereses capitalistas imponen contra nuestros pueblos. Buscan despojarnos de nuestras tierras con terror, persecución y muerte, al servicio de intereses oscuros.

Exigimos justicia para nuestros hermanos caídos, el respeto a la autonomía de las comunidades indígenas y la garantía de seguridad para la población de El Platanillo. Responsabilizamos a los gobiernos estatal y federal por su omisión y complicidad en esta escalada de violencia.

Todo aquel que no baja la cabeza y se convierte en siervo de la 4T es perseguido, desplazado, encarcelado y asesinado.  Son lo mismo y son los mismos.  Frente a sus golpes: ¡resistencia y rebeldía! en defensa de la madre tierra y sus guardianes.

Nos solidarizamos con UCIZONI y con todas las comunidades indígenas que, a pesar de la represión, siguen en pie de lucha, defendiendo la vida y la dignidad.

¡Alto a la guerra contra los pueblos indígenas!
¡No al despojo, no a la represión!
¡Justicia para las víctimas de Santo Domingo Petapa!

Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno
Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

México, 13 de febrero de 2025

Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio

Las familias de personas desaparecidas en Chiapas que integran el colectivo Madres en Resistencia dieron el plazo de un mes a Jesús Jubilian Sarmiento Santos, fiscal Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares, para que inicie las investigaciones de los casos de desaparecidos, de lo contrario exigirán su renuncia. 

Las madres, hermanas e hijas de personas desaparecidas se reunieronel 23 de enero con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para el diálogo, que lograron tras un mes de hacer manifestaciones, entre ellas, una huelga de hambre de una semana. 

Entre otros temas, cuestionaron al gobernador la permanencia de Jubilian Sarmiento y de Néstor Fabián Mejía Sarmiento en la Fiscalía de Personas Desaparecidas, el último es el policía de investigación a cargo de los casos del colectivo Madres en Resistencia.

“Él [el gobernador] puso cara de asombro. Le dijo a sus asistentes, apúntame los dos nombres, el de Jubilian y de su primo [Néstor]”, sostiene Isabel Torres, madre de Cassandra Arias e integrante del colectivo.

“El gobernador dijo que si Jorge Luis Llaven Abarca [fiscal general]dejó ahí a Jubilian, es por algo. El gobernador nos pidió que le diéramos una oportunidad”, pero la respuesta contundente del colectivo fue, “no queremos a Jubilian”.

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Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes

Este viernes 7 de febrero 2025, la Corte Suprema de Justicia de Honduras confirmó la sentencia a 30 años de prisión contra Sergio Rodríguez Orellana, uno de los autores del asesinato de la ambientalista lenca Berta Cáceres ocurrido en marzo de 2016.

Rodríguez se desempeñó como gerente ambiental y social de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), la cual buscó imponer el proyecto Agua Zarca, que consistía en una hidroeléctrica en el río Gualcarque, afluente sagrado de la población lenca. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), el cual coordinaba Cáceres, mantuvo una férrea oposición al proyecto y detuvo su construcción.

En un comunicado tras la difusión de la sentencia, el Copinh sostuvo que Rodríguez es parte de una estructura criminal que aterrorizó a la comunidad lenca de Río Blanco, desde el año 2013, con la intención de imponer la hidroeléctrica Agua Zarca en beneficio económico de la familia Atala Zablah, la mayor promotora de DESA a través de la empresa “Inversiones Las Jacarandas”.

Tras la confirmación de esta sentencia, en total han sido condenadas ocho personas por su participación en el homicidio de Cáceres. Seis de ellas como autores materiales, así como Roberto David Castillo Mejía, en el grado de autoría material intermedia y, ahora, contra Rodríguez Orellana como autor por inducción, es decir, aquél que no comete el delito, pero quien induce o instiga para que sea cometido.

“Su rol, disfrazado de gerente ambiental y social, era el de infiltrar, enemistar y agredir a la comunidad lenca y de vigilar e identificar los liderazgos como objetivo de ataque de la empresa criminal de los Atala”, enfatiza el Copinh, organización que exige sean investigados diversos miembros de la familia Atala involucrados con la promoción del proyecto Agua Zarca.

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Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes

Al cumplirse cinco meses de la represión ocurrida el 5 de septiembre del 2024, durante la cual manifestantes fueron agredidos por grupos de choque y policías en las alcaldías de Xochimilco y Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, este miércoles (5), personas heridas aquel día se presentaron a una audiencia para exigir el desistimiento de la acción penal que, acusan, realizan funcionarios locales para criminalizar la protesta social.

Activistas, estudiantes, periodistas e integrantes de la comunidad Otomí – quienes fueron atacados en dos distintos momentos durante una jornada violenta de casi 12 horas – se presentaron en la Fiscalía de Investigación Territorial de Tlalpan donde se les informó el cierre de las indagatorias en un plazo de, máximo, dos semanas. Esto se debe a que, un día antes, funcionarios de Xochimilco, quienes señalaban a los detenidos por los delitos de resistencia de particulares, motín y lesiones, se presentaron para desistir de las acusaciones penales.

“No hay pruebas suficientes para poder seguir con el proceso”, anunció la joven Otomí Anselma Margarito, quien también fue objeto de agresiones durante el 5 de septiembre pasado, cuando en una jornada en solidaridad con la activista xochimilca Hortensia Flores –también criminalizada-, un grupo de choque atacó violentamente a los manifestantes, mientras los policías se negaron a intervenir y sólo actuaron, posteriomente, para detener a las y los agredidos.

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Pronunciamiento Conjunto. Criminalización en contra del defensor Mario Gómez López

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México,

30 de enero de 2025

Pronunciamiento Conjunto

Criminalización en contra del defensor Mario Gómez López

La situación en Chiapas es compleja y preocupante. El gobierno ha implementado acciones para combatir la criminalidad, que han generado violaciones graves de los derechos humanos como la detención del defensor Mario Gómez López, que se da en medio de un esquema de seguridad enfocado en la creación de un cuerpo policía militarizado, detenciones masivas, cateos y despliegues llamativos de fuerza, junto con un discurso de paz, cero impunidad y una sociedad civil profundamente impactada por la violencia y control que emana de grupos de la delincuencia organizada.

Mario Gómez López (en adelante Mario) es un maya tsotsil, defensor de derechos humanos que fue privado de su libertad el 24 de enero del 2025, por policías municipales de San Cristóbal de Las Casas. Forma parte de la comunidad Santa Cruz, del ejido Cuxtitali El Pinar, también es pareja de Pascuala López López, (en adelante Pascuala) defensora de derechos humanos. Su detención se dio mientras se dirigía a su trabajo como albañil alrededor de las 8.00 am.; fue puesto a disposición en la policía ministerial dos horas después, y trasladado inmediatamente al Centro de Reinserción Social de Sentenciados Número 14 (CERSS No. 14) el Amate, del municipio de Cintalapa, acusado de Atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, daños y los que resulten; delitos que son eminentemente políticos. En esta detención se han generado violaciones al debido proceso, obstruyendo el derecho a la comunicacion con sus abogados y su pareja, Pascuala.

El trasfondo de esta detención es la lucha por la exigencia de justicia impulsada tanto por Pascuala como por Mario frente a la ejecución su hijo Mateo Gómez López, ocurrida la noche del 3 de febrero de 2021, hecho que cuenta con la carpeta de investigación número 0440-078-1001-2021. Este asesinato se da tras un proceso de intimidación, hostigamiento, y la oposición de parte de Mateo de ser reclutado por un grupo delincuencial que opera en el municipio de San Cristóbal de Las Casas. La lucha, además de la criminalización actual, les ha valido también para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgara la Medida Cautelar No. 892-22 desde el 26 de enero de 2023, que ordena implementar medidas de protección para la defensora Pascuala López y su familia.[1] El caso es un ejemplo de cómo la población civil queda en medio de la violencia generada por la disputa de los territorios de parte de grupos delincuenciales, la que acarrea amenazas constantes, hostigamientos, acoso, intimidación, hasta violencia física y psicológica.

Pascuala también es beneficiaria de las medidas de protección Caso 210-2023 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), debido a diversas violencias que emanan desde grupos criminales locales, hasta estructurales vinculadas a la administración y procuración de justicia, quienes lejos de acatarse a los protocolos de actuación con perspectiva de género y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, han empleado contra Pascuala una violencia misógina heteropatriarcal y racista.

La defensa de los derechos humanos impulsada por la madre y el padre de Mateo, Mario y Pascuala respectivamente, tiene como característica central la exigencia de que las autoridades del estado de Chiapas investiguen, den con el paradero y castigue al autor o autores materiales del hecho, a quienes también se les ha señalado de manera directa. 

En distintos momentos Pascuala ha sufrido agresiones físicas, como el intento de feminicidio ocurrido el pasado 8 de abril del 2022, cuando aproximadamente 20 personas rodearon su casa, fue sacada a golpes, pateada, asfixiada y agredida con armas de fuego; todo esto a manos del mismo grupo delincuencial que le arrebató la vida a su hijo, como represalia por su exigencia de justicia y señalar a los responsables. Las propias autoridades chiapanecas le han cerrado las puertas a la justicia, negándole información e intimidándola; También, ha sido difamada y señalada en redes sociales con adjetivos racistas, misóginos y discriminatorios.

Insistimos que la detención de Mario, responde a una represalia directa por los señalamientos a los grupos criminales responsables del asesinato a su hijo; también pone en alto riesgo la vida e integridad personal tanto de Pascuala como del propio Mario a quien se le acusa de ser una de las personas que llevó a cabo la quemas de casas el 17 de abril de 2023 en la comunidad Santa Cruz, sin embargo, se omite, que dentro de las viviendas afectadas está también la de Mario y Pascuala, hechos que no han desembocado en la identificación de quienes cometieron el delito, así como tampoco en investigaciones que profundicen en los hechos.[2]

Todo este marco de violencia ha sido notificado a los gobiernos estatal y federal, por la alta vulnerabilidad hacia Pascuala, Mario y su familia, también se dio parte a la CEDAW y CIDH con la finalidad de reforzar y garantizar sus medidas cautelares.

Por todo lo anterior, manifestamos nuestra preocupación por la criminalización a la defensa de los derechos humanos, y exigimos la liberación inmediata de Mario Gómez López, garantizando el respeto irrestricto a sus garantías judiciales y en general del debido proceso.

Atentamente

Colectivos y Organizaciones

Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los Derechos para todas, todos y todes.

Colectivo Oaxaqueños Buscando a los Nuestros A.C.

Vendaval, cooperativa panadera y algo más

Grupo de Trabajo No Estamos Todxs

Jornadas contra la criminalización y por la libertad

Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)

Grupo de Solidaridad con Chiapas, Innsbruck Austria

Espacio de Mujeres y la Sexta Jovel

Mujeres y Disidencias de la Sexta en la Otra Europa

Abya Yala, RRR.

Groupes CafeZ, Liege Belgica

Casa Nicaragua

Red Nacional de Organismos Civiles  de derechos humanos Todos los derechos para todas, todos y todes

Servicios y Asesorías para la Paz – SERAPAZ-

IMDEC

Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA

Consorcio Oaxaca

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)

Colectivo de DDHH Tejiendo Dignidad, Memoria y Justicia

Colectivo Kuu

SweFOR México

Raíces en resistencia

Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq

Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic

Nodo de Derechos Humanos

Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán

Rizoma

Red Morelense de apoyo al CIG/CNI

Movimiento de discapacitados y tercera edad de la 4T. MODISTE4T

Colectivo tierra y libertad

Mexicanos Unidos

Instituto Cultural Autónomo “Rubén Jaramillo Ménez”, México

Colectivo Transdisciplinario de Investigaciones Criticas – COTRIC

Tlapaltik B’e Cooperativa

Red Morelense de Apoyo al CNI-CIG

Colectividad Nuestra Alegre Rebeldía

(RAIS) Red de Apoyo Iztapala Sexta

Colectivo de Profesorxs en la Sexta

Comunidad de Tlanezi Calli en Resistencia

Comunidad de Xochitlanezi

Colectivo Gavilanas

Colectivo de Trabajo Cafetos

Colectivo Cuaderno Común

Asociación de Exploración Científica y Recreativa Brújula Roja

Colectivo la Otra Justicia

Colectivo Panadero la Grieta

Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los volcanes

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

Personas

Lorena Méndez Barrios

Nataniel hernandez

Gabriella Piccinelli Bocchi

David Jimenez

Silvia Resendiz Flores

Geneviève Michel

Odette Goffard

Marc  Imberechts

Elise Imberechts

Mauricio Salazar

Hector Tomás Zetina Vega

Yesica Sánchez Maya

Gorki Cuauhtemoc Buentello Pastrana

Jacinta Francisco Marcial y Estela Hernández

Luisa Riley , Ciudad de México

Calixto Trinidad Carbajal Balderas

Larisa Fuentes

Jesús Batta

Efraín Rojas Bruschetta

Dara Vilchis

Carolina Díaz

Margara Millan

Alfredo Lozano Ortega

Armando Soto Baeza

Gabriela villarreal

Oralba Castillo Nájera

Alfredo Lozano Ortega

Hugo Molina

Teresa González Molina

Matilde  Belem Huerta Lastra

Elena Morúa, San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Ernesto González Orduña

Ernesto Lucero Flores.
 

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[1] Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2023/res_3-23_mc_892-22_mx_es.pdf

[2]    Véase la Acción Urgente 005 emitida por la Red TDT, disponible en: https://redtdt.org.mx/archivos/18178

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